Al PP se le acaban las disculpas para el boicot

14 Jul 2010
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Hace la friolera de 26 años que desapareció de la legislación española el recurso previo de inconstitucionalidad, aquel que servía a los políticos para parar en los tribunales lo que no lograban evitar en el Parlamento.

La técnica, añorada por el PP hasta límites enfermizos –lo recurre todo–, permitía eludir la falta de representación parlamentaria (es decir, de votos de los ciudadanos) y bloquear la aplicación de las normas aprobadas en las Cortes. Es decir, servía para violentar (al menos temporalmente) la voluntad popular.

El PP lleva los seis años de Gobierno socialista practicando la impugnación o recurso ante el Tribunal Constitucional con todas aquellas normas que suponen avances sociales incompatibles con su esencia conservadora (asignatura de Educación para la Ciudadanía, Ley de Matrimonios Homosexuales, Estatut, Ley del Aborto), pero sólo con el aborto se ha atrevido a intentar que el alto tribunal suspendiera la aplicación de la ley, aun a sabiendas de que los togados no podrían haber tomado esa decisión por ilegal.

Con el auto de ayer, que rechaza la suspensión cautelar de la aplicación de la Ley del Aborto que pedía el PP, debe quedarle claro lo que para los demás ya era evidente: que hay una nueva Ley del Aborto (mejor que la anterior) que es obligatorio aplicar en toda España, sin esas excepciones territoriales que tanto incomodan a la derecha. Navarra, Murcia y Galicia amagaron con boicotearla. Valencia directamente pretende coaccionar a las mujeres mostrándoles fotos de fetos en 3D. Todas son autonomías con gobiernos conservadores.
Eso es ilegal y el Gobierno debe utilizar todos los medios a su alcance para frenar los pulsos soberanistas de las autonomías. ¿O no, señor Rajoy?


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