Con un Gobierno aturdido y el PP elaborando su programa electoral a golpe de telediario, no es de extrañar que la sociedad perciba a los políticos más como un problema que como una solución, como ratificó el barómetro del CIS de ayer. En ese clima de descrédito crecen y se multiplican nuevos fenómenos políticos que pueden acabar marcando el rumbo de los grandes partidos tradicionales.
De momento UPyD es la formación que saca más rédito de esta situación, al haber conseguido que un buen número de personas perciban la formación de Rosa Díez como algo ajeno al stablishment partidista. El barómetro del CIS sitúa a la ex socialista como la política mejor valorada y otorga a su formación un salto de casi un punto porcentual, el mismo espacio que cede el PP.
Los de Rajoy observan el fenómeno con creciente preocupación y ya están dando muestras de saber en qué terreno se disponen a disputar el voto que se les fuga hacia esa joven formación: la arriesgada carrera de la demagogia.
La Comunidad de Madrid es un laboratorio perfecto para probar los efectos perniciosos de la desafección. Gobierna un PP roto por la sempiterna lucha entre Aguirre y Gallardón, aderezada ahora por los casos de corrupción y de espionaje político en vías de ser juzgados. Y enfrente hay una oposición que no acaba de asentarse como alternativa real de gobierno.
Madrid será la estrella del partido que se jugará en junio de 2011. El PP no puede permitirse perderla y el PSOE necesita soñar con ganarla.
Las encuestas que manejan los conservadores (otras anteriores del Partido Socialista de Madrid daban similares resultados) predicen que el partido de Rosa Díez entrará en el Parlamento regional con entre 7 y 9 escaños, y eso que ni siquiera tiene candidato. La irrupción de UPyD en la Asamblea de Madrid, en su mejor resultado previsto, amenaza una mayoría absoluta que ahora es más imprescindible que nunca para el PP, necesitado de preservar en la comunidad todos los resortes del poder para arrostrar sin lesiones graves los juicios de la Gürtel y de las gestapillos.
La maquinaria de Esperanza Aguirre ha tomado nota. La presidenta ya se ha puesto al frente de las propuestas más populistas, esas que también propugna la ex socialista Díez y que están siendo apoyadas por parte de ese electorado hastiado de los grandes partidos nacionales.
Endurecimiento penal, estigmatización de la inmigración y radicalización del mensaje centralista y antinacionalista ya están en el discurso. Todo vale para preservar los 67 escaños actuales.
¿Y la izquierda? Rosa Díez no sólo es un riesgo para la derecha, los socialistas también temen el mordisco de esa fuerza emergente, aunque están convencidos de que la herida en el PP será mayor. Hasta Izquierda Unida, inmersa en un eterno proceso de renovación interna, puede salir perdiendo en el reparto de escaños al entrar otra fuerza en la Asamblea.
En Madrid no hay más alternativas con posibilidades. Al menos no hasta ver si cristaliza el tibio amago de los ecosocialistas catalanes de ICV por construir una plataforma de izquierdas.
Es difícil imaginar ahora al Partido Popular participando de forma entusiasta en la elaboración de un modelo educativo que perdure lo suficiente como para trascender los tiempos electorales. Y es difícil pese a que las líneas maestras del que presentó el martes el ministro Ángel Gabilondo destilan una clara voluntad de acercarse a las posiciones que los conservadores hicieron públicas hace apenas una semana.
La deriva populista en la que ha entrado de lleno el PP no parece el caldo de cultivo más adecuado para negociar un asunto de tanto recorrido como la educación. De tanto calado y que tan escaso rédito inmediato proporciona. Cuando un partido político propone o defiende en el plazo de 15 días excluir del padrón a los inmigrantes sin permiso de residencia, instaurar la cadena perpetua en el Código Penal, rebajar la edad penal para los menores y promover la energía nuclear siempre que los residuos que genera se los queden otros, queda en evidencia que no se encuentra en un periodo reflexivo, sino en plena efervescencia demagógica para recabar apoyos electorales inmediatos.
Pese a esos impedimentos objetivos, de los que el titular de Educación es perfectamente consciente, Gabilondo se ha empeñado en llevar adelante la misión que le encomendó el presidente Zapatero cuando le pasó la cartera: una reforma educativa que sea útil para las próximas generaciones, no para las próximas elecciones.
Gabilondo pretende nada menos que pactar un sistema educativo que no pueda ser derogado al calor de las urnas, como ha ocurrido desde la instauración de la democracia: el nuevo modelo será el sexto para profesores y alumnos en 25 años desde la reforma de la enseñanza posfranquista. Si triunfa en su empeño, la educación quedará tan blindada como la Constitución, para cuya reforma son necesarios dos tercios de los votos del Congreso.En esa voluntad de permanencia reside el mayor potencial para que el sistema dé frutos.
Es imprescindible para todos. El 30% de los jóvenes abandona los estudios al finalizar el periodo obligatorio de enseñanza a los 16 años. Y eso que lo que les espera fuera es un erial. El paro se ceba en ellos. Entre los que quieren trabajar y tienen entre 16 y 30 años, un 43,8% no encuentra empleo, según la última Encuesta de Población Activa. El doble de la media de sus compañeros de la Unión Europea.
La tibieza con la que los consejeros autonómicos del Partido Popular recibieron la propuesta del Gobierno puede ser una buena señal. Al menos no la destrozaron antes de estudiarla. La voluntad del ministro por adecuar el modelo a los postulados conservadores ha quedado patente. En las próximas semanas veremos si los de Rajoy son capaces de aparcar sus atavismos ideológicos: la religión, el castellano y los intereses de los colegios privados/concertados. Y de discutir fórmulas para atajar la sangría de talentos entre el alumnado y el desencanto del profesorado. Es hora de que la política de corto alcance salga de la educación. Es hora de hacer política para los que tardarán muchos años en votar.
El brote xenófobo del Ayuntamiento de Vic demuestra hasta qué punto eran atinadas las protestas de los colectivos que ayudan a los inmigrantes contra el endurecimiento de la Ley de Extranjería aprobada hace unas semanas. Aquel cambio normativo, aunque no supone cobertura legal para el veto al empadronamiento de sin papeles que se propone aprobar el consistorio de Vic, abrió una espita peligrosa: la de considerar al extranjero como mera mercancía que se acepta o rechaza en función de las necesidades del mercado. La concreción de esa visión insolidaria del fenómeno migratorio no se ha hecho esperar.
El mercado no asume ya más mano de obra. Y los ayuntamientos son las entidades públicas más afectadas por la falta de recursos, porque a la actual crisis suman una histórica financiación deficiente y la obligación de atender las necesidades de asistencia social de sus ciudadanos, pese a que la mayoría de esas competencias correspondan a las autonomías. La precariedad económica y la expectativa de que la crisis tarde en resolverse son las disculpas esgrimidas por los que justifican la normativa xenófoba que prepara Vic.
La situación es propicia para los brotes xenófobos. Sin embargo, estos no se han producido en la sociedad, ni siquiera en la propia Vic, donde la mayoría declara que los vecinos (de los que un 25% son inmigrantes) conviven pacíficamente. Lo alarmante es que la norma xenófoba surge de la iniciativa de los gobernantes, no es una demanda social fruto de la conflictividad.
Ni la Ley de Extranjería recientemente endurecida por los socialistas (con el apoyo de CiU, que ostenta la alcaldía de Vic) ni la Ley de Bases del Régimen Local justifican que se niegue el padrón a los extranjeros. Ese registro es la única prueba legal de que disponen los inmigrantes para hacer constar su existencia. Resulta imprescindible para recibir servicios básicos como la sanidad y la educación; y negárselo a los de fuera es, además de repugnante, ilegal.
CiU, PSC y ERC sostienen el Gobierno municipal de Vic, presidido por Josep Maria Vila d’Abadal (Unió). Plataforma per Catalunya, una formación abiertamente xenófoba (ellos la definen como “identitaria”), lidera la oposición con cuatro concejales. La pasada legislatura sólo tenía uno. Los tres que ganó en 2007 se los arrebató al PSC (uno) y a CiU (dos).
En esa cuenta se encierra la verdadera razón del coqueteo de las formaciones mayoritarias catalanas con las ideas xenófobas que propugna Josep Anglada, el líder de la Plataforma. El mensaje de dureza contra los de fuera siempre funciona entre los sectores menos favorecidos y menos informados de la sociedad, y más en época de vacas flacas y proximidad electoral. Imitarlo evidencia la falta de escrúpulos de los tres partidos. La ausencia absoluta de contundencia de las direcciones de esas formaciones, que deberían haber atajado las veleidades xenófobas de sus correligionarios municipales, pone los pelos de punta. No es creíble que no puedan meterlos en vereda en un sistema político dominado por la disciplina de partido. Han traspasado la línea roja: esa del todo vale para mantener o ganar el poder.
Me pregunto por qué mi Gobierno protege al padre católico que reclama clases de Religión para sus hijos en un colegio público y no hace lo propio con el progenitor que exige para los suyos un aula confesionalmente aséptica, aunque sea en un colegio concertado de ideario católico. Ambos centros se sufragan con dinero de todos los ciudadanos, procedente de los impuestos de laicos y religiosos. Para el primero de los padres, el Estado y los sucesivos gobiernos de la democracia han venido destinando millones de euros que permitieron pagar a los profesores de Religión que imparten la doctrina católica. Para los segundos, ni siquiera tiene previsto dejar claro en la nueva Ley de Libertad Religiosa la prohibición de exhibir crucifijos en las aulas públicas. Y eso que ambos tienen el mismo derecho constitucional a que la educación de sus hijos se imparta conforme a las convicciones de los padres.
Me pregunto por qué mi Gobierno anuncia una ley que regulará la presencia de símbolos religiosos en los ámbitos públicos para cumplir la promesa electoral de “avanzar en la laicidad del Estado” y después sólo encuentra inconvenientes para llevarla a cabo.
Me pregunto por qué mi Gobierno prefiere gastar 25 millones de euros de mis laicos impuestos en sufragar la visita de Benedicto XVI en 2011, en lugar de gastarlos en una educación pública que pide a gritos más medios para llegar a la media europea de gasto.
Me pregunto cuántas manifestaciones tendrán que convocarse desde los púlpitos para que el Gobierno
reaccione.
Primero supimos que el millón doscientas mil personas (o más, según los organizadores) que llenaron el centro de Madrid con gritos en contra del aborto eran poco más de 50.000 ciudadanos. Después nos enteramos de que el apoyo del PP a la protesta era un respaldo sólo a medias y estaba cargado de culpabilidad por haber gobernado ocho años sin encarcelar a las mujeres por interrumpir su embarazo, que es lo que reclaman los ultras del movimiento antiabortista.
Llegó luego la realidad parlamentaria y desmintió el bulo de que esta ley sólo la apoya la izquierda. Esta misma semana, el otrora católico PNV anunció su apoyo a una reforma que consolida el derecho de la mujer a decidir cuándo quiere ser madre.
Los datos sociológicos que aporta la encuesta que hoy ofrece Público demuestran que sólo el 12,5% de los ciudadanos considera el aborto un delito y aboga por prohibirlo.
Y para rematar, ahora sabemos que los días previos a la marcha antiaborto de Madrid (ese “grito masivo por la vida”, como la definió la derecha más ultra) los líderes de las principales organizaciones convocantes estaban inmersos en una encarnizada discusión. En su edificante intercambio de correos electrónicos descubrimos su auténtica preocupación: era la bolsa, no la vida.
Uno de los argumentos más extendidos entre los representantes de la derecha templada para oponerse a la reforma de la Ley del Aborto (con el resto, los que se oponen al derecho de la mujer, es imposible razonar sobre esta cuestión) es que “no hay demanda social de un cambio” porque la actual despenalización “permite abortar a todas aquellas mujeres que lo necesitan”.
La afirmación es cierta sólo en parte. Es verdad que en los últimos 25 años (los que lleva en vigor la despenalización del aborto en tres supuestos) son contados los casos en que una mujer se ha visto obligada a llevar a término un embarazo no deseado. Pero también es cierto que no es fácil abortar cuando y donde una desea. Y que es prácticamente imposible hacerlo gratis (con cargo a la sanidad pública).
El Estado, junto a buena parte de la sociedad, ha estado mirando hacia otro lado sobre esta cuestión y también sobre la aberración que supone interrumpir embarazos en un momento de la gestación que supera con creces lo que estiman como razonable todos los expertos (22 semanas).
La virulencia con la que se ha abierto el debate sobre el aborto desde que se anunció la reforma obliga a poner la máxima atención para que la norma que salga del Parlamento sea lo más perfecta posible, de modo que la cuestión del aborto pueda quedar aparcada del debate público al menos otros 25 años. Es de todos sabido que el PP hace mucho ruido cuando la izquierda gobierna e implanta nuevos derechos, pero después se cuida de derogar aquellos que aprueba (y utiliza) buena parte de su electorado.
La norma que ha redactado el Gobierno (aborto libre hasta la semana 14 de gestación y con supuestos tasados hasta la 22) sirve para garantizar que no habrá excesos. Y da seguridad jurídica a las mujeres y los doctores, porque ya nadie podrá culparlos de realizar abortos ilegales en las 14 primeras semanas de gestación (el 89% de los que se llevan a cabo), como ha ocurrido con varios ginecólogos y 25 mujeres que habían acudido a la clínica Isadora.
Pero en su redacción actual, la nueva Ley del Aborto deja lagunas que deben subsanarse mediante la aceptación de enmiendas, la mayor parte de ellas planteadas por Izquierda Unida y ERC.
Es imprescindible que la ley garantice a las mujeres la asistencia sanitaria pública. Actualmente, el 97% de las interrupciones de embarazo se realizan en clínicas privadas a las que derivan a las mujeres desde los hospitales públicos. Hay casos escandalosos, como Extremadura y Navarra, donde ni siquiera se puede abortar en clínicas privadas. La ley debe garantizar la igualdad geográfica y erradicar el latrocinio para el erario público que supone tener sanidad pública y pagar ese servicio a la privada.
Pero sobre todo, debe responder a su nombre (Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo) y asegurar una educación sexual completa, además del acceso subvencionado a los anticonceptivos y a la píldora del día después, imprescindible para reducir los embarazos no deseados en adolescentes que concluyen cada año con 15.000 abortos.
Señor Aznar, ¿usted exactamente contra qué se manifestará mañana? No tendrá el cuajo de responder que lo hace “contra el aborto” y por “el derecho a la vida”. Porque es de todos conocido que usted gobernó España durante ocho años y no derogó la despenalización del aborto vigente. También se sabe por el Instituto Nacional de Estadística que en esas dos legislaturas se produjeron en España 650.000 abortos y que ni los diputados del PP que mañana prevén acompañarlo, ni los obispos que ahora arengan desde los púlpitos por la protección del no nacido se conmovieron ante esas espeluznantes cifras.
Así, pues, exactamente, ¿contra qué se manifiesta? Quizá considere inaceptable que se apruebe una ley para dotar a las mujeres de la seguridad jurídica que ahora se les hurta, para permitirles que decidan tranquilas si quieren interrumpir un embarazo, para librarlas de la necesidad de mentir a un psicólogo hasta ajustarse a uno de los supuestos despenalizadores.
Quizá no soporte erradicar la hipocresía.
La manifestación de mañana será un éxito de convocatoria, porque la derecha católica no ha escatimado esfuerzos para llenar la calle (esta vez, hasta han encargado miles de abortitos de plástico tamaño 14 semanas para impresionar a los indecisos). Pero no se engañe, señor Aznar, será un disparo sin pólvora.
El Gobierno ha atendido la demanda social y el Parlamento ya está tramitando la nueva Ley del Aborto, que estará en vigor en febrero. Las fuerzas parlamentarias que la apoyan ya superan con creces la mitad de la Cámara. Son una mayoría plural, sólida, imparable. La misma que ha dicho dos veces “no” a lo que usted representa.
Desconcierto, estupor, desacuerdo, vergüenza… son algunos de los sentimientos que expresan dirigentes socialistas cuando se les pregunta por la reforma de la Ley de Extranjería que ha llevado al Congreso el Gobierno al que sustentan. “No sé qué hacemos apoyando esto”, confiesa un dirigente del grupo parlamentario mayoritario. “Voy a tener que estudiarlo, porque no paro de recibir mensajes alarmantes de las ONG”, admite otra relevante socialista.
La norma se ha ganado la crítica unánime de la izquierda y el desprecio de cuantas organizaciones trabajan en la integración de los inmigrantes. La razón es sencilla: endurece las condiciones actuales para vivir y trabajar legalmente en España, trata a los inmigrantes como mera mano de obra en lugar de verlos como personas y establece cuantas barreras exigen quienes sostienen el discurso xenófobo de que los de fuera vienen a quitarnos el pan de la boca.
Entonces, ¿por qué apoya la reforma el Grupo Socialista? La respuesta es tan simple como descorazonadora: los diputados cumplen siempre con la disciplina de voto, ni se plantean oponerse a una propuesta de su Gobierno. Pero, ¿por qué la promueve el Gobierno? Para entenderlo hay que volver a principios de 2008, cuando el PP incluyó en su programa electoral la propuesta de exigir un “contrato de integración” para conceder la residencia a los extranjeros. El PSOE, alarmado por los primeros indicios de una crisis económica que no quiso reconocer y agobiado por amarrar esos votos indocumentados en los que suelen prender los mensajes populistas, se subió al carro de la xenofobia conservadora y empezó a perpetrar el endurecimiento legal que ahora está en trámite.
Pasaron las elecciones. Arreció la crisis. Los inmigrantes dejaron de venir a un país en el que ya no encuentran trabajo… pero la burocracia siguió su curso y la estrechez de miras impidió al Gobierno aparcar el proyecto con el que el ministro Celestino Corbacho sustituyó al peligroso Jesús Caldera, aquel ministro que cometió la atrocidad de sacar a un medio millón de personas de la economía sumergida y hacer que empezaran a cotizar a la Seguridad Social.
La reforma de la Ley de Extranjería es de todo menos socialdemócrata. Pero tiene otros defectos más prosaicos: es innecesaria, injusta e incoherente. Innecesaria porque en 2009 ha caído estrepitosamente la llegada de extranjeros a causa de la crisis (el verdadero efecto llamada, no nos engañemos, es la bonanza económica) y crece el número de ciudadanos que retornan a sus países. Es injusta porque trata al inmigrante como un delincuente potencial (permite alargar su internamiento sin cargo penal alguno) y multa a quien le dé cobijo como a un cómplice. Y es incoherente con las políticas de integración y de ampliación de derechos de las que el Gobierno socialista ha hecho bandera desde 2004.
Repugna a todos, menos al PP, que en su escalada populista aún la encuentra blanda. Ya ha recibido 500 enmiendas, muchas de ellas del propio PSOE. Ojalá el trámite parlamentario la deje irreconocible, aunque sea a costa de malgastar el tiempo de los diputados en una batalla que podría haberse evitado.
La reacción más inmediata de los compañeros periodistas cuando surge el debate sobre si los medios de comunicación deberían prescindir de los anuncios de prostitución es poner gesto de incomodidad, vestirse el traje de empresario de prensa y concluir que “en esta tesitura sería suicida”.
La realidad es que esos anuncios, como la prostitución misma, existían en la prensa española que presume de seria (en el resto de Europa este fenómeno es residual, para nuestra vergüenza) desde mucho antes de que la crisis se instalara entre nosotros. Y estoy por apostar desde aquí que con la recuperación económica que los expertos ya ven avecinarse tampoco desaparecerán esos explícitos contactos de las páginas de algunos de los más reputados diarios.
Salvo que un medio lo decida por sí mismo (como hizo Público desde su nacimiento), los diarios no dejarán de publicar anuncios de prostitución hasta que se les prohiba hacerlo. El Gobierno tiene un informe de los servicios jurídicos del Estado (encargado en la pasada legislatura) que asegura que no se puede prohibir la publicidad de una actividad que no está prohibida.
Señor Zapatero, se impone pedir una segunda opinión. ¿No se han dado cuenta esos servicios jurídicos de que ya no hay anuncios de tabaco o alcohol pese a que ni fumar ni beber está terminantemente prohibido?
¿No será que falta voluntad para decir a los dueños de las empresas de comunicación que deben prescindir de pingües ingresos? ¿O será que falta valor para ponerse a esos medios en contra?
Pero si no hay valor para hacer eso, ¿cómo atreverse a prohibir un negocio que mueve en España 18.000 millones de euros anuales?
Soy la visitante número 100.485 del vídeo en YouTube. Son imágenes en blanco y negro. Cine mudo. En 11 minutos, cuatro agentes de los Mossos dEsquadra (Policía Autonómica catalana) reciben, golpean, patean, reducen, cachean, esposan y se llevan en volandas a un detenido. Los hechos tuvieron lugar a las 8.20 horas del 31 de marzo de 2007 en la Comisaría del barrio barcelonés de Les Corts. No sólo fueron denunciados por la víctima, sino que propiciaron que el conseller de Interior del Gobierno de la Generalitat, Joan Saura, decidiera instalar cámaras de vídeo en varias dependencias de las comisarías catalanas.
La valiente decisión del responsable de la Policía catalana nunca fue bien vista por sus subordinados, que achacaron a su jefe una desconfianza generalizada en sus métodos y lo acusaron en privado de haber repartido el vídeo entre los medios de comunicación para desacreditarlos.
La prueba de que había algo que vigilar es que en los dos últimos años los mossos acumulan al menos siete condenas por maltratar a detenidos. A este periodo corresponde la condena de seis años de cárcel para tres agentes por meter una pistola en la boca de un detenido al que acusaban por error de un atraco y que se empecinaba en negar los hechos. O la que castigó a aquella agente que abofeteó y lanzó al suelo a una ciudadana rusa. El vídeo también es un éxito de visitas en Youtube.
Esta semana, la Audiencia de Barcelona ha sentenciado que esos cuatro agentes protagonistas del exitoso corto son inocentes de los cargos de maltrato y falsificación del atestado policial que había apreciado la acusación particular y la fiscalía. Lo que hemos visto ya más de cien mil personas en Internet es, según los jueces, a cuatro agentes de la ley cumpliendo con su deber y a un detenido (al que habían apresado por insultar a un ciudadano, no por un delito de sangre o un robo con violencia) que no podía controlar su agresividad y tenía que ser reducido. Los jueces consideran “probado” el relato de los mossos, en el que estos echan mano del viejo truco de que el detenido empezó primero. En consecuencia, reducen lo ocurrido a una falta por “extralimitación en el uso de la reducción e inmovilización” del detenido y saldan el asunto con una multa de 600 euros.
El fallo sería uno más de los muchos en los que los jueces parecen no ser de este mundo si no fuera porque tiene consecuencias perniciosas que exceden con mucho la decepción que sentirá el vapuleado detenido para con el sistema de garantías español. Por lo pronto, cabrea a quien haya visto el vídeo y al leer la sentencia descubra que lo que parecía una somanta de hostias en el suelo de una sala de interrogatorios son sólo técnicas de inmovilización que pueden sernos aplicadas a cualquiera si tenemos la mala suerte de tropezar con agentes a los que les sobren 600 euros.
Los jueces añaden un par de perlas al fallo que lo hacen aún más indignante. Exculpa a los agentes de haber falsificado el atestado, donde se sostiene la tesis de que el detenido agredió a un agente. Ante la evidencia de que eso no ocurrió (el vídeo no engaña), añade el dato preocupante de que los policías suelen “exagerar” en sus atestados la violencia que atribuyen al detenido para justificar la que ellos aplican para reducirlo. ¡Y no lo condenan! Como remate, presumen sus señorías de no haberse dejado convencer por el “tan difundido” vídeo y de no ser “hombres medios”, de esos con mentes tan vulgares como para apreciar una paliza donde sólo había eficacia policial.
Los mossos han salido absueltos esta vez, pero mejor es que dejen de pavonearse. En las comisarías catalanas (gracias, señor Saura) hay 2.000 cámaras que los vigilan (y los protegen contra denuncias falsas). A los que no estamos en Catalunya, sólo nos queda exigir a Rubalcaba que cumpla ya su promesa de instalar videovigilancia. Algunos jueces son como son, pero para recurrir es mejor contar con una grabación.
