La Ley de Libertad Religiosa y de Conciencia que prepara el Gobierno es aún un misterio en muchos de sus detalles, pero ya asoma la intención del Ejecutivo de multiplicar las religiones en lugar de reforzar la precaria aconfesionalidad del Estado que propugna la Constitución. Es la solución típica de quien quiere contentar a muchos… que suele terminar con todos cabreados.
Los símbolos religiosos desaparecerán de las tomas de posesión de cargos de la Administración, dicen en Justicia. La cruz y la Biblia ya no presidirán las fotos de los ministros en la Zarzuela. Pero ¿y si alguno quiere jurar?, ¿habrá una segunda mesa católica?, ¿tendrá que disponer el rey en Zarzuela de todos los símbolos de todas las religiones por si algún ministro es de otra confesión?, ¿no sería más fácil eliminar los juramentos ante cualquier dios y que bastara la palabra de cada uno para asumir una responsabilidad pública?
El Tribunal Supremo dejó claro esta semana que lucrarse con el negocio de la prostitución ajena no implica la comisión de ningún delito. Es una sentencia inquietante, sólo tranquilizadora para los empresarios de clubes de alterne y para la mayoría de los propietarios de diarios de información general españoles, que ingresan cantidades nada despreciables cada año insertando varias páginas de esos anuncios hipócritamente denominados contactos.
El Ministerio de Igualdad figura entre quienes leemos el fallo del Alto Tribunal como un jarro de agua fría. Como un obstáculo más para alcanzar el objetivo de erradicar la explotación sexual contenido en el plan contra la trata de mujeres aprobado por el Gobierno hace seis meses.
Este periódico, el que están leyendo, es el único diario no gratuito de tirada nacional que, desde su fundación, renunció a los ingresos publicitarios de la prostitución, negándose a que sus páginas alberguen los lucrativos anuncios citados. La mayoría de esos anuncios, no nos engañemos, son el reclamo que une a 15 millones de clientes con las 400.000 prostitutas que se estima que ejercen contra su voluntad en España, es decir, forzadas por las mafias de trata de mujeres.
Los siguientes datos ayudan a situarse: si nos comparamos con Europa, comprobamos que los anuncios de prostitución en la prensa generalista de referencia son una triste excepción española; aquí, sólo Público y el gratuito 20 Minutos salen cada día sin invitaciones expresas al consumo de prostitución en sus páginas; el negocio de los contactos en prensa mueve cantidades millonarias en España (El País ingresa cinco millones anuales en ese concepto y las cabeceras del grupo Vocento –con ABC al frente–, diez millones de euros, según los datos recogidos en el informe de la subcomisión parlamentaria que estudió este problema en 2007). No es necesario recordar hasta qué punto ha hecho necesarios esos ingresos la actual crisis publicitaria.
Defiendo el derecho de cualquier persona a ganarse la vida como considere más oportuno o más viable. Y considero que en este, como en otros asuntos que afectan a la ética social, es preferible atender el problema que plantearse la posibilidad de erradicarlo o continuar haciendo como si no estuviera pasando. La prostitución existe y el Estado sólo puede tratar de impedir que su ejercicio atropelle los derechos humanos.
La legislación española no considera la prostitución un delito, aunque se ejerza por cuenta ajena (es decir, para lucro de un chulo). Por increíble que parezca, es así siempre que el empleador no incurra en explotación sexual: coacción, engaño, violencia o sometimiento. Así lo recuerda el Tribunal Supremo en la sentencia publicada el pasado lunes, en la que absuelve a un matrimonio propietario de dos burdeles de Vigo y Verín (Pontevedra) del delito contra los derechos de los trabajadores al que lo había condenado la Audiencia de Pontevedra.
El Supremo considera que no son indignas las condiciones laborales que esos propietarios imponen a las chicas, pese a reconocer que las obligan a vivir en sus locales (pagando ellas la habitación y la comida) y a trabajar a destajo hasta pagar el billete de avión con el que las trajeron de América (son inmigrantes ilegales, claro); en ocasiones, también les imponen multas por incumplir los horarios o levantar la voz. El Alto Tribunal, insisto, no encuentra en esos hechos ni explotación sexual, ni siquiera laboral (atentos los defensores de los derechos de los
trabajadores).
Nuestra legislación no permite a las prostitutas que deseen serlo ejercer su trabajo con la misma transparencia y cobertura laboral que cualquier otra profesional. Y tampoco protege suficientemente a las que ejercen forzadas. Ningún Gobierno se ha atrevido a regular la prostitución y sólo ERC e ICV apuestan a las claras por hacerlo. Contra sentencias como la del Supremo sólo cabe cambiar la ley… pero eso no está entre las prioridades del Gobierno.
Ahora que nos tiene liados la OMS con sus alarmantes mensajes sobre el virus de la nueva gripe, hay otro peligro potencial que acecha a la sociedad europea: la xenofobia. En España, el ministro Corbacho ha empezado por intentar expulsar a 71.000 rumanos a los que ha dejado en el paro el estallido de la burbuja inmobiliaria. En España hay 4,5 millones de extranjeros. ¿Por qué los primeros a los que se les pone puente de plata son los rumanos?
La idea es pagarles el subsidio de desempleo en su país, lo cual no produce ningún beneficio a las arcas públicas. Sólo sirve para eliminar futura competencia para los nacionales. Los rumanos cumplen la doble condición de resultar baratos de repatriar y estar mayoritariamente buscando trabajo en la construcción, el sector más golpeado hasta el momento por la crisis económica. Si sale una chapuza en el ladrillo, parece haber pensado el Gobierno, hagamos lo posible para que se la quede uno de casa.
Por ahora, los ecuatorianos, una de las nacionalidades mayoritarias entre los extranjeros residentes en España, no corren peligro de ser expulsados con buenos modos. El vuelo transoceánico es más caro que el autobús a Rumanía y los centroamericanos se han especializado en trabajos que aún no reclamamos los españoles, especialmente los relacionados con la atención a la Dependencia, es decir, con el cuidado de niños, ancianos y con las tradicionales labores del hogar.
Pero si la crisis persiste su tendencia a cebarse en el empleo, los españoles volverán a pujar por ser camarero, cuidar ancianos y niños, y limpiar casas, por lo que no es descartable que el Gobierno emprenda una campaña de repatriación que afecte a otras nacionalidades.
El afán por librarse de los extranjeros (especialmente de los parados), no es exclusivo de España. Dos países vecinos, Francia e Italia, tienen al frente de sus gobiernos a verdaderos especialistas en extender la idea de que los emigrantes, sobran. Un centenar de diputados del partido de Berlusconi ha frenado esta semana la última barbaridad legislativa que se le había ocurrido al Cavaliere: una norma para obligar a profesores y médicos de familia a denunciar a los sin papeles que osaran escolarizar a sus hijos o llevarlos a consulta.
Sin llegar a institucionalizar la delación, en Francia andan ahora enfrascados 144 intelectuales para frenar una reforma legal de Sarkozy que penaliza la solidaridad con los sin papeles. Es prácticamente idéntica a la que pretendía implantar aquí Celestino Corbacho. El ministro español recibió tal volumen de críticas de todos los órganos consultados (Consejo del Poder Judicial, de Estado, de la Abogacía) y de cuantas ONG se ocupan de atender a la inmigración, que acabó anunciando la retirada de ese artículo de la nueva Ley de Extranjería. Falta ver si renuncia también a su intención de prorrogar el plazo en que los sin papeles pueden estar recluidos en un centro para facilitar los trámites de su expulsión, un atropello a los derechos humanos que legalizó la Unión Europea y que el Gobierno español se comprometió a no utilizar.
La nueva política antiinmigrantes del Gobierno cuenta con la inestimable ayuda de la Policía, que demuestra a diario su nivel de productividad deteniendo a extranjeros en locutorios, bocas del Metro y hasta puertas de supermercados. Rubalcaba, encargado de Interior, asegura que son meras coincidencias, que los agentes sólo buscan donde creen que hay potenciales focos delictivos, pero las asociaciones de inmigrantes hablan de auténticas redadas de extranjeros.
El Gobierno puede esgrimir razones prácticas para actuar así, incluso habrá quien comparta el proteccionismo de sus nacionales cuando el sustento está en juego. Pero el virus de la xenofobia se oculta tras el mensaje de que el inmigrante no tiene tanto derecho como el de aquí a beneficiarse de la protección social que da el estado del Bienestar. Aunque haya colaborado a generarlo.
El paro es la principal preocupación para el 76% de los españoles, según el último barómetro del CIS. También para los más jóvenes. Cómo no va a serlo, si uno de cada cinco desempleados tiene menos de 25 años, según la Encuesta de Población Activa de hace unos días. No habían estado tan mal desde hace 20 años, es decir, cuando casi ninguno de ellos había nacido.
La falta de perspectivas de empleo es sólo una de las cuestiones en las que Zapatero y sus gobiernos han decepcionado a la juventud. Precisamente a los mismos que lo llevaron en volandas a la Moncloa y que le gritaron aquella noche electoral del 14 de marzo de 2004 el repetido No nos falles.
Hasta ahora –es de ley dar un voto de confianza al nuevo ministro de Educación– Bolonia ha parecido más una condena que un plan universitario. La solución aprobada por la UE para que los universitarios españoles compitan en igualdad de condiciones con los europeos ha sido tan mal explicada a alumnos y profesores que ha provocado una virulenta contestación callejera.
En Internet, el mundo virtual en el que los jóvenes se mueven como en casa, el Gobierno no ha dado pie con bola. Con la Red incendiada, el reciente nombramiento en Cultura de Ángeles González-Sinde (declarada antidescargas) más parece gasolina que agua de bombero. De paso, el presidente ha regalado al PP la bandera de la libertad en Internet y contra el canon digital que ya esgrimió Rajoy en las pasadas elecciones.
Los mal llamados becarios científicos tampoco tienen mucho que agradecer a la Administración del PSOE. Cinco años después, continúan esperando una normativa que les permita definir un proyecto vital sin tener que esperar a los 35 años.
Las ONG, alimentadas por nuestros jóvenes más solidarios, están cabreadas por diversos motivos. Pero el principal es que un gobierno socialista destine a la financiación de los programas de ayuda social el mismo 0,7% que continúa dando a la Iglesia (que a la postre se lleva 100 millones de euros extra en dos años).
Así las cosas, miembros del entorno de Zapatero sostienen que los nombramientos de Leire Pajín (32 años) y Eduardo Madina (33 años) para cargos de enorme relevancia en el PSOE se explican, en parte, por la necesidad de recuperar a los jóvenes para su electorado. A día de hoy, respecto de 2004, son el sector que más decrece entre los votantes del PSOE. Y lo que es más preocupante para los socialistas, el sector que más crece en el PP, según el último análisis del sociólogo José Luis de Zárraga en Público.
Está aún por ver el resultado que tendrá el último golpe de efecto de Zapatero, pero lo que ya se puede afirmar es que se trata de una decisión reposada que el presidente defiende con entusiasmo. Lo hace ante todo aquel que osa plantearle si habrá arriesgado demasiado al dejar en manos de treintañeros todo el peso del partido y buena parte de las labores del grupo parlamentario socialista.
Ante el temor de algunos a que esas vigas no soporten la presión del edificio, el presidente rememora cómo vivió con preocupación el tapón que formó la generación de Felipe González (que taponó pese a haber sido de los que llegaron bastante jóvenes a los puestos de mando en el PSOE forzados por el final de la dictadura). Argumenta Zapatero que toda una generación, en aquel entonces, se vio condenada a permanecer en un segundo plano y que él –que lideró el PSOE con 39 años y cumplió los 44 ya como presidente del Gobierno–
sentía la obligación moral de preparar las cosas para que el relevo generacional no tuviera que saltarse de nuevo un par de peldaños.
Pajín y Madina deberán demostrar si son capaces de guiar el paso del dinosaurio que es el PSOE. Pero más interesante aún será ver si consiguen dar con las fórmulas que reclaman los de su generación y los aún más jóvenes. Esos otros cachorros que, a diferencia de los políticos mencionados, viven castigados por la crisis.
Hay que intentar imaginar su vía crucis para calibrar el grado de valentía que se exige a las mujeres víctimas de explotación sexual antes de que el Estado las considere merecedoras de una ayuda.
Primero caen en manos de desaprensivos que las obligan a prostituirse en España. Deben sobrevivir asqueadas a diario con ellas mismas y, en muchos casos, temiendo por sus vidas y las de los familiares que dejaron en sus países de origen, con cuya integridad física suelen chantajearlas sus patrones/secuestradores.
Puede que alguna sea lo bastante espabilada como para pertenecer a ese exiguo 41% de ciudadanos que declara conocer a la ministra Bibiana Aído (según el Publiscopio sobre valoración de los ministros publicado ayer en este diario), pero es aún más improbable que además esté informada sobre las iniciativas que Igualdad ha llevado a cabo en este año de mandato. En el Departamento de Aído andaban hasta hace poco más escasos de medios que de competencias. Y para que la batalla contra la trata de mujeres, contra las redes de prostitución organizada, dé frutos hace falta que además de mucha voluntad (Aído la tiene), el Gobierno ponga recursos. Hasta ahora, no consta que equipos policiales especiales recorran los clubs de carretera informando a las mujeres de sus derechos.
A las que superan el miedo y se deciden a denunciar, el Plan contra la Trata les promete protección inmediata y permiso de residencia. Pero en la práctica, la protección es relativa y la residencia sólo llega si la investigación sobre la red de prostitución denunciada da frutos a la Policía.
Son demasiadas exigencias para quien ha demostrado ser valiente y sólo necesita sentirse a salvo.
Los obispos se retratan por sí solos. Basta un breve repaso a sus últimas ocurrencias para que surja nítida su imagen.
Los mismos tipos que ayer presentaron una campaña publicitaria millonaria (¿serán los únicos que se libran de la crisis?) para engañar a la gente sobre la nueva ley del aborto, bautizaron como “aberración” a Javier, el bebé nacido en Andalucía con cuyo cordón umbilical se pudo salvar a su hermano Andrés de una vida enferma y una muerte temprana. Deben ser los únicos españoles que no se alegraron con ese hito científico y humano.
Son los mismos que ayer, aunque se les preguntó sobre el tema, no lograron articular una frase compasiva para la niña brasileña violada por su padrastro y embarazada de gemelos, a la que la ley, su madre y doctores llenos de humanidad decidieron salvar la vida sometiéndola a una interrupción del embarazo.
Son los mismos obispos que no han criticado a sus homólogos brasileños que se apresuraron a excomulgar a la madre y a los ginecólogos, pero dejaron dentro del seno de la Santa Madre Iglesia al padrastro de la criatura, el violador. Nada les hemos escuchado sobre el lío de su compañero británico ultra, que se niega a reconocer el Holocausto. Claro que tampoco han investigado ni condenado jamás los casos de pederastia entre sus
pastores.
Me consta que su falta de misericordia decepciona a muchos católicos. A los que no lo somos, logra indignarnos. Tanto, que acabamos por derrochar este espacio en hablar de ellos.
Anuncia el PP que irá ante el Constitucional para frenar la “aberrante” reforma de la Ley del Aborto. Práctica para inundar el alto tribunal de recursos les sobra a los conservadores, que sólo en la pasada legislatura llegaron a plantear la friolera de 26. Tampoco es menor su colección de revolcones ante la máxima instancia judicial, que no les ha dado la razón hasta ahora en ninguna de sus pretensiones.
Al margen del lejano resultado de su próximo recurso, cabe preguntar por qué los de Rajoy se escandalizan con una norma que da autonomía a una mujer menor de edad para decidir si interrumpe su embarazo. Fueron ellos mismos (bajo el manto protector de la mayoría absoluta) los que aprobaron en 2002 la Ley de Autonomía del Paciente, esa norma que concede potestad a las chicas (también a los chicos) para decidir sin consultar a los padres si, estando su vida en riesgo, proceden a la amputación de un riñón o se niegan a ser operados a corazón abierto, por poner dos ejemplos espeluznantes.
No me encuentro capacitada para dilucidar si la capacidad de una chica de 16 años es menor, igual o mayor que la de otra de 18 para decidir su propio aborto. Supongo, por sentido común, que dependerá en buena medida de la madurez de cada una de esas chicas. Lo que sí me parece de lógica es que las legislaciones por las que nos regimos tengan una mínima coherencia.
Sólo en 2007, 6.273 menores se sometieron a una interrupción voluntaria (aprobada por sus padres) de un embarazo. Otras 4.400 decidieron tener a su hijo (para eso no consta que se exija el plácet paterno). Todo ello conforme a una legislación que el PP se niega a revisar. Recurrir al Constitucional la nueva ley no rebajará la primera de esas cifras. Trabajar para que la norma refuerce la prevención de embarazos no deseados, sí. Esa sería una oposición responsable.
