Va a ser, como siempre, un problema de comunicación. El Papa Benedicto XVI ha revelado que la Virgen ya informó en su día de que los delitos de pederastia que protagonizarían miembros de la Iglesia iban a provocar grandes sufrimientos a la institución. Se ve que la mujer dio por hecho que contándoselo a una pastora en Portugal (en Fátima, para ser más precisos, allá por 1917), quedaba advertida toda la Iglesia.
Si hubiera elegido un responsable de comunicación más capaz, la jerarquía eclesiástica habría estado prevenida y (a nadie nos cabe duda, ¿verdad?) habría adoptado cuantas decisiones fueran menester para apartar de sus filas a esos depravados que se acercan demasiado a los niños. Los católicos se habrían ahorrado la vergüenza que los abruma y los niños víctimas de abusos no habrían sufrido semejantes agresiones.
Se ve que la profecía (la revelación del tercer misterio de Fátima, en lenguaje católico) le fue hecha al Papa Juan Pablo II en el año 2000, siendo Ratzinger cardenal prefecto para la Doctrina de la Fe.
Así lo ha contado hoy el Pontífice en rueda de prensa en pleno vuelo a Portugal, en las declaraciones más próximas al cielo de cuantas se le recuerdan.
Hace cien años que la Iglesia sabía que pasaría vergüenza por males cometidos por sus propios representantes. Hace 10 años que el actual Papa participó de detalles exclusivos sobre esa profecía, al lado del Papa anterior, el mismo que protegió al depravado por excelencia, Marcial Maciel.
¿Y ahora debemos alabar que por fin dé orden a su gente de denunciar los abusos que se vayan conociendo?
No es de comunicación. Como suele ocurrir, el problema es de gestión.
De entre todos los portazos que el PP está dando en las últimas semanas a los intentos de llegar a acuerdos planteados por el Gobierno, la negativa a sumarse al Pacto por la Educación es el más grave. Sin el apoyo del PP, España acabará por superar la crisis económica, aunque lo haga algo más tarde que otros países de su entorno. Sin el apoyo del PP, patronal y sindicatos terminarán por acordar una reforma del mercado laboral que ayude a la creación de empleo, aunque también llegue más tarde de lo necesario. Sin el apoyo del PP, seguiremos avanzando en la mejora de los derechos sociales y de ciudadanía.
Pero aplicar una reforma del sistema educativo consiste en apretar un botón (en realidad, cientos de ellos) que pone en marcha un mecanismo cuyos efectos sobre la ciudadanía no se percibirán en toda su magnitud hasta dentro de más de una década, cuando al menos una primera generación de ciudadanos haya gozado (o sufrido) los cambios sobre el modelo educativo. Hasta que los pequeños de hoy completen su ciclo formativo obligatorio con 16 (o más) años.
Afrontar una reforma educativa sólo reporta beneficios electorales si se hace con ánimo de revancha. Si se persigue la imposición de objetivos que refuerzan las banderas ideológicas más sectarias de un partido, lo que siempre provoca un alto grado de confrontación con quienes las consideran inasumibles y las perciben como una agresión a su identidad, su soberanía, sus creencias o su ideología.
Por eso ha sido encomiable el intento del ministro Gabilondo por implantar un nuevo modelo educativo que contente a todos, aunque para ello tuviera que provocar descontentos parciales en muchos de los implicados. El suyo era un proyecto ganador de generaciones, no de elecciones. El objetivo era preservar el acuerdo de los vaivenes políticos, blindar la educación contra los sucesivos cambios de color político de los gobiernos. En su estabilidad residía su grandeza.
El PP ha dicho hoy no a un acuerdo que reclama la mayoría de los sectores concernidos (asociaciones de padres, de profesores, agentes sociales y hasta autonomías del PP). La reforma educativa se aplicará de todas formas, aunque lo hará sin el apoyo del otro partido que puede llegar a gobernar.
La educación mantendrá la espada de Damocles de la perspectiva de un cambio en la próxima legislatura. No lo vean como una victoria del PP, aunque le reporte beneficios electorales entre los más ultras de sus simpatizantes. Laméntenlo por el futuro de nuestros hijos. No ha perdido el Gobierno, ha perdido el país. Otra vez.
La andanada de Tomás Gómez contra la falta de afecto que le muestra José Blanco ha puesto en evidencia las dos corrientes que conviven en la dirección del PSOE respecto a cuál es la mejor estrategia para encarar las próximas elecciones de 2011 en la Comunidad de Madrid: la que defiende el derecho adquirido por el líder socialista regional en estos tres años de oposición a probar suerte en las urnas; y la que considera que Gómez es insuficiente como cartel electoral para tamaña plaza.
Los primeros cuentan con el apoyo de Leire Pajín. No es un dato menor tener el respaldo de la secretaria de organización de tu partido. Por eso sorprende la osadía de Gómez, que puede haber quemado sus naves al plantear un órdago nada menos que a Blanco.
Los defensores de dar una oportunidad al líder regional aducen que ha desarrollado con dignidad una tarea difícil, pues a las trabas para transmitir mensajes en un entorno dominado por los medios próximos al PP se suma la excentricidad de que Gómez no es diputado en el Parlamento regional, circunstancia que lo priva de la visibilidad que da protagonizar las sesiones de control parlamentario a Esperanza Aguirre.
Rematan su argumento recordando que la fórmula del paracaidista (un candidato sorpresa de renombre designado en el último momento) ha resultado estrepitosamente fallida en las últimas ocasiones (Trinidad Jiménez, Miguel Sebastián…). Y que los ciudadanos de Madrid perciben que el PSOE da por perdida esta autonomía (y el no menos relevante ayuntamiento de Madrid) porque permite que los candidatos abandonen el barco nada más perder las elecciones, en lugar de quedarse a ejercer la oposición en la que los ha colocado el electorado.
Los que prefieren un nombre de peso como cartel electoral del PSOE contra Aguirre defienden que, a diferencia del Ayuntamiento (que todas las encuestas mantienen en manos de Gallardón), en la comunidad hay una oportunidad para la izquierda, derivada de la suma posible con Izquierda Unida y, sobre todo, del daño electoral que la irrupción del partido de Rosa Díez pueda hacer a la hoy amplia mayoría electoral del PP de Aguirre.
Esa oportunidad, rematan, sería desaprovechada si el PSOE no pone al frente de la lista de Madrid un candidato de peso. Sería como decir a los electores que esa Liga está perdida y por eso no sale a cuenta alinear a un galáctico.
Pero esta posición choca con un tremendo obstáculo: la negativa que se encuentran cuando tantean a posibles candidatos, que no parecen muy dispuestos a arriesgarse a perder y tener que pasar cuatro años dando la réplica a Aguirre en la Asamblea de Madrid. Es notoria la resistencia de Rubalcaba, De la Vega, Gabilondo o Trinidad Jiménez, como lo fue en su día la de José Bono.
Ambas corrientes coinciden en que el PSOE no puede permitirse repetir el esperpento vivido en las pasadas elecciones, cuando el rechazo a las ofertas de Zapatero se retransmitía prácticamente en directo.
La mayor fortaleza de las opciones de Gómez radicaba en haber sabido esperar. Por eso su error es mayúsculo. Ha puesto las cartas sobre la mesa y ha forzado un debate que sólo puede perjudicarlo a él y a quienes, hasta ahora, lo respaldaban.
Esta mañana había 40 periodistas en la puerta del Gerardo Diego de Pozuelo, el centro al que se ha visto obligada a acudir la joven Najwa tras ser rechazada en su instituto por llevar la cabeza cubierta con un pañuelo.
La última estratagema de los que quieren recluir a los diferentes en un gueto se consumó ayer en la localidad próxima a Madrid, donde otro instituto (el San Juan de la Cruz), más próximo al domicilio familiar de Najwa, cambió de forma repentina y traicionera su reglamento interno para impedir a la chica terminar allí su 4º de ESO.
En ese ambiente, no es de extrañar que a la joven le hayan fallado las fuerzas para acudir a clase. Verse convertida, en plena adolescencia, en el caso Najwa, es difícil de digerir.
Este episodio, pese a no ser el primero que se produce por la falta de tolerancia con las manifestaciones religiosas ajenas a la tradición católica española, ha servido para poner de manifiesto una evidencia: tenemos un problema de integración por resolver.
Najwa es tan española como la más castiza de sus compañeras de 4º de ESO. La asiste el mismo derecho que a todas ellas a ejercer su libertad religiosa, el que da la Constitución española bajo cuyo amparo ha nacido. Y debería gozar del mismo derecho a su intimidad (las creencias religiosas o la ausencia de ellas son parte esencial de esa intimidad) que el resto de los menores.
Hemos escuchado a los responsables del Gobierno de la Comunidad de Madrid, con Esperanza Aguirre a la cabeza, criticar su pañuelo. A la consejera de Educación, Lucía Figar (competente última para ayudar a fijar los criterios de los centros educativos de la Comunidad), animando a consumar el gueto. Han hablado miembros del Gobierno central y de otros ejecutivos autonómicos que se han enfrentado a situaciones similares a la que atraviesa Najwa sin convertirlos, como ha ocurrido en Madrid, en el germen de un enfrentamiento entre moros y cristianos.
Los elementos para el debate están más que claros. Y la solución para evitar que este caso derive en un conflicto social corresponde en primera instancia al Gobierno central, que tiene en sus manos clarificar (mediante una Ley de Libertad Religiosa) los derechos y deberes de los ciudadanos respecto al ejercicio de su derecho a la libertad religiosa y los límites de las administraciones públicas a la hora de potenciarlos o coartarlos, como en este caso.
Giremos pues el foco hacia quienes cobran un salario por resolver los problemas de los ciudadanos… y dejemos a Najwa en paz.
Clama la caverna contra la Ley de Igualdad, a la que culpa (esta vez) de provocar un escándalo sexual en la prisión de Alcalá Meco, según titula en portada La Razón y corrobora en páginas interiores El Mundo. Es el enésimo ataque infundado contra el departamento que dirige Bibiana Aído. Sirvan los siguientes hechos para aclarar algunas cosas:
1/ La Ley de Igualdad fue aprobada por las Cortes en marzo de 2007, más de un año antes de la creación del Ministerio de Igualdad y el nombramiento de Bibiana Aído para dirigirlo (abril de 2008).
2/ La norma establece la obligatoriedad de respetar la igualdad de oportunidades por parte de las Administraciones Públicas a la hora de convocar oposiciones a plazas de empleos del Estado. Efectivamente, en el caso de los funcionarios de prisiones, las plazas se ofertaban segregadas (para hombres y para mujeres). Hay constancia de decenas de denuncias y varias iniciativas parlamentarias de esa época que protestan por la discriminación femenina derivada de la escasa oferta de empleos para mujeres.
3/ En las cárceles de mujeres siempre han trabajado funcionarios varones. En concreto en la de Alcalá Meco la plantilla de mujeres funcionarias supera al de hombres y el porcentaje apenas ha sufrido variación desde la aplicación de la Ley de Igualdad, según explicó ayer la directora de Prisiones, Mercedes Gallizo.
En la cárcel de mujeres de Alcalá Meco ha ocurrido un suceso lamentable y todo apunta a que los responsables de la prisión no hicieron bien su trabajo. Han sido destituidos y serán sancionados cuando se aclaren del todo las cosas. La Ley de Igualdad no dice nada sobre cómo deben organizarse las cárceles. Culpar de la actitud deplorable de unos funcionarios a una ley que iguala los derechos de las mujeres en el acceso a empleos públicos para equipararlos a los que ya disfrutaban los hombres (¡hubo que esperar hasta 2007!) sólo confirma lo necesaria que era esa norma.
El Gobierno navarro (en manos de UPN) aprobó ayer presentar un recurso ante el Constitucional contra la nueva Ley del Aborto porque en su disposición adicional quinta obliga a todas las autonomías a prestar el servicio sanitario necesario para las interrupciones de embarazos, lo que el Gobierno navarro considera una “invasión de competencias”.
Opina el ejecutivo conservador que los derechos de las mujeres que viven en su territorio deben limitarse en función de la moral de su Gobierno. Y que las leyes generales (como las prestaciones sanitarias básicas) no rigen en su territorio. ¡Hay que ver lo nacionalistas que se ponen algunos cuando les tocan sus creencias!
El caso de Navarra es único, puesto que sólo en esa autonomía es imposible abortar tanto en la Sanidad pública como en la privada (no existen clínicas de interrupción del embarazo). Pero la “invasión de competencias” que denuncian los navarros afecta de lleno a varias autonomías más, ahora obligadas a que sus hospitales públicos atiendan la demanda de interrupciones legales de embarazos no deseados. De hecho, hasta ahora sólo 3 de cada 100 abortos se realizan en la Sanidad pública en España.
Los casos más paradigmáticos, tras el navarro, son Murcia y Extremadura. En esta última autonomía, con Gobierno socialista, sólo 1 de los 1.383 abortos registrados en 2008 se realizó en un hospital público.
No parece probable que el Ejecutivo de Guillermo Fernández Vara recurra la Ley del Aborto. Sí lo es que lo haga Murcia o cualquier otra comunidad gobernada por un PP que votó en contra de la nueva ley y cuyo departamento jurídico, dirigido por el miembro del Opus Dei Federico Trillo, ya prepara un recurso de inconstitucionalidad para impugnar la norma antes del 3 de julio, cuando entrará en vigor.
Ese aspecto de igualación territorial es uno de los puntos más importantes de la ley, junto a la consideración del derecho a la prestación que permitirá a las mujeres con menos recursos tener la misma atención que las que pueden pagárselo. Ojalá que el Constitucional no se tome tanto tiempo con esto como con el Estatut y resuelva bien y a tiempo esta cuestión. Así el PP (cuando gobierne) tendrá respaldo constitucional para aplicar un avance en los derechos de las mujeres que trató de impedir, pero que prefiere no tener que derogar para contentar a buena parte de su electorado más moderado.
Ya tiene práctica en eso de no predicar con el ejemplo: lo hizo con la norma anterior. Gobernó 8 años (plazo en el que se realizaron 500.000 abortos) sin plantearse siquiera que la ley necesitaba una revisión.
Tiene narices que a una chica que quiere estudiar se le impida asistir a clase en Pozuelo (Madrid) por llevar la cabeza cubierta con un pañuelo, mientras las mentes más lúcidas del país están embarcadas desde hace meses en la consecución de un pacto educativo que evite la escandalosa cifra del 30% de abandono escolar con la que España destaca vergonzosamente entre sus socios de la Unión Europea.
Tiene guasa que el Gobierno de Esperanza Aguirre esté ocupado en este relevante asunto de la cobertura de las cabezas del alumnado al tiempo que mantiene sobrefinanciados a los colegios católicos en la Comunidad de Madrid, donde el único presupuesto educativo que crece es el que va destinado a financiar la enseñanza privada, mayoritariamente en manos de la Iglesia. Donde los chavales no podrán tener ordenadores en los colegios porque a la señora Aguirre le molesta que el proyecto de Escuela 2.0 sea una idea de Zapatero. Donde se evalúa a los centros educativos con exámenes-trampa para que los privados encabecen un ránking que se prometió mantener en privado, pero que se publicita cada año porque sigue siendo un método propagandístico infalible para llevar más alumnado a la privada.
No consta que en esta popular autonomía (ni en el resto del país) se haya enviado jamás a casa a un chaval por llevar colgando al cuello un crucifijo, símbolo religioso con el aún muchos nos vemos obligados a convivir en escuelas y otros espacios públicos.
El hiyab ni impide la identificación de la mujer que lo lleva ni es comparable a las capuchas o gorras que el centro quiso evitar con un reglamento promulgado para atajar la proliferación de peligrosas bandas juveniles, es decir, para mantener la disciplina. Así que el caso de Najwa, de la que tampoco consta más rebeldía que la de reivindicar sus creencias, sólo puede verse como un intento de discriminación religiosa que la Comunidad de Madrid está aprovechando para alimentar un conflicto con la comunidad musulmana.
El instituto Camilo José Cela de Pozuelo discute hoy si levanta la prohibición a Nawja para que pueda seguir estudiando allí. Ya hay tres estudiantes que se han tapado la cabeza en solidaridad con su compañera. Del centro depende establecer si quiere preservar el derecho a la escolarización, como defiende un Ministerio de Justicia que ha sido incapaz en dos años de redactar una Ley de Libertad Religiosa que aclare estas situaciones, o se deja embarcar por quienes aprovechan este caso para engordar la ola xenófoba.
El PP ha encontrado otro filón para atacar al Gobierno en la presencia del secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, en el acto organizado el martes por los sindicatos para reivindicar la recuperación de la memoria histórica y apoyar al juez Baltasar Garzón. El argumento esgrimido por los conservadores es que la asistencia de Zarrías, miembro del Gobierno, revela que el Ejecutivo de Zapatero trata de “reabrir viejas heridas” y de enfrentar a los españoles entre sí. En definitiva, de reeditar la dos españas para ocultar los problemas económicos que atraviesa la España actual.
Olvida el PP que Zarrías es hijo y nieto de represaliados por el franquismo. Por lo tanto, víctima de la dictadura. Olvida el PP que durante todos estos años de democracia destacados dirigentes conservadores y miembros de los gobiernos de Aznar asistieron a actos de homenaje a las víctimas del terrorismo de ETA, para las que se vienen aprobando leyes cada vez más generosas que tratan de paliar con ayudas, reconocimiento y apoyo institucional parte del daño que les causó el terrorismo. El PP también olvida o no quiere recordar que siempre ha tenido al lado al PSOE, desde la oposición o desde el Gobierno, en ese apoyo cerrado a los que sufrieron en terrorismo.
Olvidan los conservadores que todas las víctimas merecen idéntico reconocimiento. Y que son ellos los que deben explicar por qué a los hijos y nietos de las víctimas del franquismo les niegan siquiera el derecho a reivindicar la memoria de sus familiares y a luchar por enterrarlos dignamente. Por qué fueron incapaces de apoyar la tibia Ley de Memoria Histórica y por qué estas víctimas, sólo estas, no merecen su compasión. Este comportamiento de uno de los dos partidos con posibilidades de gobernar es el que impide cerrar heridas, el que mantiene vivas las dos españas, el que supone una auténtica amenaza para la democracia.
Empieza a convertirse en marca de la casa esta tendencia a la ordinariez que manifiestan algunos dirigentes del PP. Primero fue el dedazo del añorado líder en la universidad de Oviedo, después la comparación de los andaluces con gallinas en boca de la presidenta de Madrid, y ayer se sumó Rita Barberá con una muestra de mala educación difícilmente justificable.
A la cumbre hispano-africana de mandatarias no está invitado Francisco Camps porque su capacidad de cambiar de chaqueta no ha logrado aún travestirlo en mujer. Convertir en agravio su exclusión de un acto al que están convocadas las mujeres que desempeñan cargos institucionales relevantes en la Comunidad Valenciana son ganas de victimizar a Camps, quizás para conseguir que la compasión reponga el respeto hacia un personaje que continúa sin explicar su papel en la trama de corrupción política más importante detectada en la última década.
La salida de tono de Barberá se produjo ante las mujeres más importantes de más de 49 países africanos (53 ministras, una jefa de Estado y una vicepresidenta); ante la reina, varias ministras y una vicepresidenta de España; ante la jefa de Estado de Finlandia y la vicesecretaria general de Naciones Unidas. Frente a ese auditorio, ávido de propuestas para mejorar la vida de las mujeres (y en consecuencia, de sus sociedades), la alcaldesa de Valencia optó por llorar la ausencia de un hombre.
Las mujeres que votan al PP valorarán si esa es la política de igualdad que reclaman a su partido. El resto de ciudadanos ya tienen otro episodio de política basura para sumar al descrédito general que sufren los representantes públicos.
Afortunadamente, el encuentro de Valencia cristalizará en mejoras palpables para miles de mujeres. Y en África, Barberá no se llevará un solo titular.
Ese Ministerio de Igualdad que tanto critica el PP ya cuenta en su haber con más medidas concretas que mejoran la vida de las mujeres (por ende, de más de la mitad de la ciudadanía) que algunos otros cuya existencia nadie discute. Desde la histórica aprobación de la ley de plazos del aborto, hasta la mejora de los protocolos de protección y asistencia a las mujeres maltratadas, que ha logrado rebajar notablemente la escalofriante cifra de muertas a manos de sus parejas.
El plan contra la trata de mujeres con fines de explotación sexual no figura aún entre los éxitos del departamento que dirige Bibiana Aído, pero sí entre los asuntos a los que pretende dedicar buena parte de sus esfuerzos. Sólo si se consigue visibilizar un problema puede lograrse que entre en las conciencias de la ciudadanía la necesidad de solucionarlo. La prostitución forzada de miles de mujeres en España es éticamente tan insoportable como el maltrato de género, pero aún no está socialmente etiquetada como un problema que requiere soluciones globales, esas que sólo puede auspiciar un ministerio.
El Plan contra la Trata es el primer paso para visibilizar el problema. Pero decepcionará a las víctimas de explotación sexual y para el conjunto de las mujeres si no se acompaña con una reforma del Código Penal que tipifique el delito de sexclavitud (tráfico y tenencia de mujeres para convertirlas en esclavas sexuales) y con un Reglamento de la Ley de Extranjería que asegure a las sexclavas que denuncien a las mafias poder reagrupar a sus familiares amenazados.
El Código Penal está en pleno debate de reforma en el Congreso y el Reglamento de Extranjería aún no ha sido aprobado. Se está a tiempo de hacer las cosas bien.
