“Hay que evitar legislar al calor de los titulares”. Es la disculpa favorita de los políticos cuando están en el Gobierno y no quieren enredarse con un asunto conflictivo. En el caso de la retirada de los símbolos religiosos todavía presentes en organismos públicos, la frase sirve para despachar al que pregunta, pero no aguanta el más mínimo examen comparativo.
La realidad es que el Gobierno acaba de reformar nada menos que el Código Penal para responder a la alarma social generada por el asesinato de la niña Mariluz presuntamente a manos de un pederasta reincidente… pero no tiene intención de repetir la hazaña para eliminar los crucifijos de los colegios públicos.
Así que no es la oportunidad del momento lo que empuja al Ejecutivo a tomar o descartar una iniciativa, sino el contenido de la demanda social. Y desde luego de la rentabilidad que espera del resultado de la reforma en términos de apoyo social. En el caso de la niña Mariluz, el endurecimiento de penas para los pederastas reincidentes no habría evitado una muerte que fue posible por los errores de los tribunales. Por larga que hubiera sido la condena anterior de Santiago del Valle (el presunto asesino), difícilmente habría evitado que se topara con la niña si nadie hubiera ejecutado su ingreso en prisión.
Dar la batalla por el laicismo no tiene, ni de lejos, la rentabilidad que cosechó el Ejecutivo con la reforma penal. Por lo pronto, genera rechazo entre los religiosos más practicantes (y ya no sólo los católicos). Pero lo que más preocupa al Gobierno es que incomoda a un buen número de creyentes tibios que nunca se pelearían por mantener un crucifijo en una escuela, pero tampoco toleran que otros batallen por quitarlo.
Como ocurre con la reforma de la ley del aborto, los cambios en la norma sobre libertad religiosa generan división interna en el PSOE, que mantiene una base de católicos nada despreciable. Ese desgaste, perfectamente testado por el partido, no compensa los beneficios que les reportaría contentar a su militancia laicista.
La cuestión de la presencia pública de símbolos religiosos en escuelas, cuarteles y hospitales acaba de volver a los periódicos gracias a una sentencia de un juzgado de Valladolid que decreta la retirada de un crucifijo en un aula por petición de unos padres. Ha ayudado también la virulenta reacción de los obispos, que demuestran en cuanto se les pone delante un micrófono hasta qué punto les cuesta entender que su opinión sólo es relevante para sus seguidores, pero que carecen de la más mínima legitimidad democrática para imponer sus creencias al conjunto de los ciudadanos. Y todo ello a solo una semana de dejar sin placa en las Cortes a la santa Maravillas.
¿Pero hay realmente un debate público que fuerce al Gobierno a eliminar los símbolos religiosos? Fuentes del Ejecutivo consideran que no, y aducen que en los últimos 30 años ha habido apenas media docena de sentencias sobre la retirada de símbolos religiosos. Sin embargo, admiten que crearon esa expectativa entre sus votantes cuando prometieron (primero en campaña electoral y luego al exponer los planes del Ministerio de la Presidencia) “avanzar en la laicidad” que se desprende de la “aconfesionalidad” del Estado recogida en la Constitución.
Los socialistas optan ahora por dejar enfriar el asunto. Vicepresidencia estudiará con calma la legislación comparada antes de decidir si incluye la retirada de símbolos en la prometida reforma de la ley de libertad religiosa. El Grupo Parlamentario Socialista no tiene entre sus planes acelerar esa ley y su dirección aduce la aconfesionalidad que dicta la Constitución basta para que la justicia ordene la retirada de un crucifijo.
Puede que no sea necesario hacerlo por ley, pero sí es exigible que el Gobierno demuestre voluntad para retirar cuantas cruces y santos queden en cuarteles, escuelas y hospitales públicos. Si la tibia respuesta de la ministra de Educación es la muestra, el mensaje es que esa voluntad no existe.
[Artículo publicado el 25/11/08 en la edición papel de Público]
Examen de conciencia, acto de contrición y propósito de enmienda. Fue escuchar a Rouco Varela defender que el “olvido” es el mejor antídoto contra la perturbadora memoria histórica y recordar esos tres principios que con tanto ahínco
nos inculcaron en nuestra católica infancia.
Para olvidar, hace falta haber perdonado al que provocó el agravio. Y para hacerlo, es recomendable que éste pida perdón. Supongamos que Rouco Varela ha llegado a la conclusión (puede que iluminado por el mismísimo Dios) de que la Iglesia católica tiene motivos para reconocer que no fue precisamente piadosa ni humanitaria durante los años de la posguerra civil en los que tanto colaboró con el franquismo, bendijo sus horrores y consagró al dictador asumiendo que lo era “por la gracia de Dios” y colocándolo bajo palio.
Supongamos que la Iglesia española ya está en pleno examen de conciencia. Le quedan aún el acto de contrición (y, a partir de ahí, pedir perdón) y demostrar propósito de enmienda (jurar que nunca más se colocarán del lado del opresor en caso de conflicto). Cuando oigamos cómo se arrepiente de su connivencia con un régimen que perpetró un genocidio aún sin aclarar totalmente, será el momento de apelar a la grandeza de espíritu de las víctimas para que perdonen.
Costará generaciones, señor Rouco, pero no se salten los pasos. El olvido purificador vendrá después.
“Es necesario saber olvidar”, dice el cardenal Rouco Varela, máximo responsable de la Conferencia Episcopal Española y de sus actuales desmanes. Sólo así se podrá alcanzar “una auténtica y sana purificación de la memora”, asegura.
Para olvidar, señor arzobispo, antes hay que haber perdonado. Para poder hacerlo (usted debería saberlo mejor que muchos) hay que observar en el otro arrepentimiento y propósito de enmienda. Para ganarse el perdón, antes hay que pedirlo a los agraviados.
Hasta hoy, que yo recuerde, la Iglesia española no ha pedido jamás perdón por su actitud connivente con los crímenes franquistas. La jerarquía católica española, que hoy encabeza Rouco, debería haberlo hecho hace mucho tiempo. Sin ese ejercicio previo, no se admiten consejos llamando a la grandeza de corazón de los vencidos. Bastante han esperado ya y bastante han tragado en estos 30 años de democracia.
Hoy sabemos -gracias a la lucha de las asociaciones de recuperación de la memoria histórica, a los trabajos de reputados historiadores, a la tímida respuesta del Gobierno socialista y a la polémica pero interesante actuación del juez Garzón- que la colaboración de la Iglesia fue imprescindible para que el franquismo perpetrara algunos de sus crímenes más horribles, como el de arrancar hijos a sus madres republicanas presas y entregarlos a inclusas o familias del régimen deseosas de descendencia.
No, señor Rouco. Mientras quede un solo cadáver en cunetas por identificar o un solo niño robado sin saber la verdad, no es hora de olvidar.
Mientras culminan las investigaciones aún no iniciadas, pueden ir ustedes redactando la petición de perdón. No teman la penitencia. Las víctimas ya han probado reiteradamente su grandeza de espíritu.
Esperanza Aguirre subvencionará los uniformes del colegio de los niños de la Comunidad de Madrid. De todos es conocido que son los colegios privados y concertados los que suelen imponer que los niños vayan uniformados. Pero por si había duda de la intención de la presidenta de favorecer a quienes se decantan por la educación privada (en Madrid, como en la sanidad, casi todos los que se la pueden pagar), el plan de ayudas fiscales a las familias que ha presentado hoy incluye una deducción en el IRPF del 10% de los gastos escolares a los padres cuyos hijos vayan a la privada. El montante será de hasta 500 euros por hijo, de lo cual se deduce que el PP pretende ayudar a quienes puedan gastarse 5.000 euros al año por colegio e hijo. Ayudas para los que más sufren la crisis, vamos. Los uniformes, subvencionados. Y los libros escolares, de pago.
El juez campeador tiró el martes la toalla. Se desdijo de su intención de procesar al franquismo y remitió a los juzgados provinciales las peticiones de las asociaciones de memoria histórica para que se investiguen las desapariciones de represaliados por Franco y se recuperen sus cuerpos de cunetas y fosas comunes. Un mes –desde el 16 de octubre– le ha durado a Garzón el arrojo para investigar la masacre franquista: la persecución, muerte y desaparición de más de 130.000 personas durante la Guerra Civil y las primeras décadas de paz dictatorial.
La decisión del magistrado, al que le llovieron las críticas desde que admitió las denuncias de las asociaciones, tiene una clara voluntad preventiva. Digamos que le ha bastado con ser pionero en la intención de juzgar al franquismo, pero no quiso pasar a la historia como el primero en ser descalificado para investigar un caso. De haber esperado el diagnóstico de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, habría sido inaugurada la lista de magistrados a los que se tilda de incompetentes tras iniciar una instrucción.
Algunas fuentes jurídicas habían llegado a plantear que el juez podría enfrentarse a otro hito en la historia judicial española: la posibilidad de que la Sala de lo Penal lo procesara de oficio por prevaricación, al entender que su intención al admitir las denuncias de las asociaciones no era realmente juzgar al franquismo, sino ayudar a las asociaciones impulsando la creación de un censo general de desaparecidos y la elaboración de un mapa nacional de fosas comunes. Es decir, que la Sala podría haber acusado al magistrado de tomar decisiones jurídicamente insostenibles a sabiendas de que lo eran, en aras de un fin que no justificaría los medios por loable que a muchos pueda parecernos.
Así pues, la inhibición de Garzón sirve para tranquilizarlo, en primer lugar, a él mismo. Inmediatamente después al fiscal Zaragoza, que había recurrido con una dureza inusitada. En consecuencia, al Ministerio de Justicia, que respalda si es que
no auspicia las iniciativas de la Fiscalía.
Lo estarán celebrando también los revisionistas de la derecha, que vivían desquiciados estos últimos meses exigiendo procesar a Carrillo por los muertos de Paracuellos antes de sacar un solo cadáver más de las cunetas. Es de lógica que calme también al Gobierno, al que el magistrado había dado trabajo al exigir por vía de exhorto lo que la ley de la memoria prevé (el censo y mapa de fosas) y la Administración desoye.
En cambio, la renuncia de Garzón descorazona a las víctimas, que tendrán que volver a vencer a la burocracia para sacar a sus deudos del anonimato y darles digna sepultura. Y volverán a depender de las exiguas subvenciones públicas y la generosa entrega de los voluntarios para extraer, identificar y enterrar esos cuerpos.
En unos días, la espinosa cuestión de las fosas del franquismo volverá al letargo en el que estaba antes de que el juez estrella decidiera agitar la coctelera y servir a la opinión pública un debate que siempre logra encendidas posiciones enfrentadas.
Los optimistas defienden que el juez, al dar traslado de las denuncias a juzgados de 20 provincias, mantiene vivo el proceso a los crímenes franquistas. Que su labor es encomiable porque ha puesto el asunto en las portadas, ha nombrado un grupo de expertos y ha elaborado un censo de 130.000 víctimas.
Sea. Pero yo temo la resistencia de la judicatura y la desidia del Gobierno. De éste, la última iniciativa en favor de la memoria no trata de facilitar la apertura de fosas, sino de buscar nietos de exiliados para hacerlos españoles. Algo tendrá que ver el censo para las próximas elecciones gallegas y vascas.
El partido en el Gobierno salvó la cara en el último momento al forzar a José Bono a desistir de su idea de estrenarse en los homenajes a las víctimas de la Guerra Civil concediendo una placa a una monja. Ahora sólo falta que exija a su Gobierno, el de todos, que escuche las peticiones del juez, sufrague las identificaciones y encuentre a los niños robados.
Estaremos vigilantes.
