Denuncia UGT que el invento de Camps para fastidiar al Gobierno va a costar entre 8 y 15 millones de euros no previstos en el gasto educativo valenciano. La Conselleria no reconoce las cifras, pero sí admite un sobrecoste por la contratación de profesorado en inglés para impartir Ciudadanía.
A esos profesores/traductores, cuatro meses después de iniciado el curso, ya no se les puede despedir aunque se renuncie al experimento de impartir la asignatura en el idioma de Shakespeare. Para más despropósito, ni siquiera se puede reciclar a esos docentes de secundaria en profesores de infantil y primaria, donde el déficit del aprendizaje del idioma extranjero está asumido incluso por Camps.
Lo que es más difícil de cuantificar es el tiempo perdido estos meses, el descoloque de los docentes y el deplorable mensaje trasladado al alumnado. Por contra, las protestas han forzado a Camps a rectificar. Ahí sí hay una lección de control ciudadano al poder de la que los chavales pueden sacar una enseñanza provechosa.
Si arrearle una bofetada a un hijo de 10 años que te acaba de lanzar una zapatilla está penado con cárcel y más de un año separada del menor, poco me parecen los 19 años de condena que solicita el fiscal para la madre de Alba. La niña catalana fue reiteradamente torturada por el novio de su madre mientras ésta participaba, al menos, por omisión. Alba continúa hoy en día un vía crucis de intervenciones quirúrgicas para intentar que vuelva a caminar y a articular palabra.
El caso, cuyo juicio se inició ayer, es repulsivo y cualquier condena parecerá escasa para castigar tanto daño causado a la menor. La proporción ahí es imposible. Pero el asunto de la bofetada es justo al revés. La jueza está infligiendo al menor un daño muy superior al que le causó su madre. Por mucho que le doliera la torta y la lesión que sufrió al caer en el lavabo, no es comparable con estar más de un año sin ver a su madre.
Es lo que quiere expresar hoy el pueblo de Pozo Alcón, que se concentrará en apoyo de la familia y contra la sentencia.
Y es que la desproporción es habitual en el ámbito judicial. A un juez que ocultó 200 casos sin resolver para pasar por un tipo eficiente ante su sustituto, le han puesto 300 euros de multa. A saber cuánto mal ha provocado. Al magistrado que no encarceló al asesino de Mari Luz, su error le costó 1.500. Sobre los efectos de su conducta, se han gastado ya ríos de tinta. Sin embargo, contra ninguno de estos dos consta orden de alejamiento de los ciudadanos a los que han dañado.
La madre del tortazo no pega habitualmente a sus hijos y su niño mayor es muy díscolo. Ambos son hechos probados que recoge la jueza. La bofetada ocurrió dos años antes de la sentencia y en este tiempo no se ha repetido violencia alguna en esa familia. Son hechos que deberá sopesar el juez que decida sobre el recurso si quiere dictar un auto proporcionado.
Han muerto ya 59 mujeres en lo que va de año. Las mismas que el año pasado al concluir noviembre. La cifra, aunque espeluznante, no puede hundirnos en el pesimismo de concluir que la ley contra la violencia de género no funciona.
Los avances desde que entró en vigor, a finales de este mes hará cuatro años, son fáciles de repasar. Todos ellos parecen menores ante 59 crímenes, sí. Pero es porque todos esperamos de la ley un efecto que no hay norma que pueda conseguir. Ni uno solo de los que se dirigen a asesinar a su pareja va a detenerse porque sobre él pese una orden de alejamiento y en muchos casos (exactamente 46 de las 59 muertas en 2008) ni siquiera constaba contra el agresor denuncia por maltrato.
Si frenamos el impulso pesimista, si nos fijamos en la evolución del fenómeno de la violencia de género, descubriremos que la ley sí está sirviendo para atajar, si no el machismo criminal, al menos el machismo violento. La sociedad ha aprendido en estos últimos años, y a una velocidad inusitada para un cambio de este calado, a despreciar ese comportamiento. Hoy es impensable que algún hombre presuma de dominar a su compañera, y quienes usan la fuerza para someterlas son más conscientes del riesgo de ser denunciados, sea por su víctima o por testigos presenciales. La gente ha dejado de considerar las broncas matrimoniales acompañadas de golpes como un asunto interno de la pareja y ahora llama a la Policía. Y esta, sometida ahora a una ley, atiende esas llamadas.
La siguiente anécdota no tiene valor estadístico, pero refleja ese giro en la mentalidad colectiva que augura tiempos mejores. Hace casi cinco años, cuando Zapatero inició la campaña electoral que le condujo a la presidencia del Gobierno, había un momento bastante tenso en cada uno de sus mítines. Cuando iniciaba su arenga sobre la “primera ley” que planeaba promulgar, la que ayudaría a erradicar “la lacra del machismo criminal”, el efecto entre sus incondicionales era el siguiente: las mujeres se dejaban las palmas aplaudiendo y una buena parte de los hombres (muchos más de los que cabría pensar) pasaban el trago con la cabeza baja. Durante la pasada campaña para las generales, cuatro mujeres murieron asesinadas el mismo día. Hombres y mujeres, prácticamente por igual, exigían a voces soluciones para esa “lacra” en los mítines socialistas.
Anécdotas aparte, la ley contra la violencia de género es un instrumento de reeducación social cuyos efectos sólo podrán medirse a largo plazo, cuando toda una generación haya sido educada con esa norma en vigor. Entretanto, sólo cabe leer las estadísticas y sacar lecciones de ellas, pero sin atribuir a la ley poderes paranormales. En un año, 2007, 126.293 mujeres denunciaron malos tratos de sus parejas, según datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. 115.403 de esas denuncias acabaron en sentencias, condenatorias en el 68% de los casos. La cifra es similar en los casi cuatro años que lleva en vigor la ley.
La mera sistematización de las cifras es un avance, como lo es que ningún medio de comunicación hable ya de “crimen pasional” y que muchos cumplan el compromiso de añadir en las noticias el 016, el teléfono de atención a las víctimas.
Queda aún mucho por hacer, empezando por mejorar los instrumentos de control de los agresores condenados por maltrato. Que Interior no haya dictado aún el protocolo de actuación para controlar a los reos que llevan un dispositivo GPS, como reveló ayer Público, es simplemente escandaloso. Y más si se añade el dato de que nueve de las asesinadas este año contaban con algún sistema de protección que falló. Es evidente que faltan medios policiales y judiciales, pero también que no hay sistema que pueda controlar a todos los asesinos potenciales.
Lo que sí se puede hacer es profundizar en el cambio social que ha nacido. Prevenir a nuestras hijas del peligro de cualquier tentación de someterse por amor e inculcar a nuestros hijos el valor de la igualdad y el rechazo a la violencia.
