“Los españoles son mayores de edad a los dieciocho años”. Así solventa la Constitución Española (en su artículo 12) la cuestión de la mayoría de edad, esa frontera que convierte a un individuo en ciudadano de pleno derecho. No obstante, la realidad demuestra luego que el límite entre ser o no ser un adulto no es en muchos casos tan nítido como presume la Carta Magna.
El concepto de mayoría de edad es imprescindible en derecho. En él se basan los códigos para determinar si una persona está capacitada para obrar de forma autónoma, para ejercer plenamente los derechos y deberes de los que es titular.
Pero en el día a día, no siempre son menores los que no han cumplido los 18 años. Es decir, no siempre el Estado los trata como tales. Esa frontera está plagada de agujeros que permiten considerar mayor a un menor de edad en un catálogo variopinto de situaciones.
Dejando al margen la vieja polémica sobre si es la edad la que determina la capacidad de obrar o es la madurez del individuo (una discusión que entretuvo en su día a los constituyentes y sigue alimentando literatura jurídica), un repaso a la legalidad vigente descubre que hay muchas (¿demasiadas?) excepciones previstas para que un niño actúe legalmente como un adulto. Un batiburrillo de incongruencias legislativas de las que los siguientes son algunos ejemplos.
Hasta cumplidos los 18 años ni se puede votar, ni resultar elegido para cargo público (Ley Electoral, artículo 2), pero hay un buen puñado de actividades con bastante más riesgo para la integridad física y mental que sí puede hacer un chaval menor de edad dentro de la ley. El Código Civil está plagado de ideas. Permite, por ejemplo, casarse a partir de los 14 años (artículo 48.2), aunque para ello establece algunos condicionantes.
El casamiento, además, convierte al menor en “emancipado”, una cualidad que le permite hacer prácticamente de todo, aunque no “enajenar bienes” (artículos 323 y 324). Sin embargo, faculta al niño de 14 años para dejar esos mismos bienes a un tercero en testamento (artículo 663). Las cuestiones sobre la salud también parecen haber confundido a los legisladores.La ley de Autonomía del Paciente (artículo 9.3) faculta a un chaval para decidir si se somete a una operación a corazón abierto, o si acepta la amputación de un miembro. Pero exige, en cambio, que haya cumplido los 18 años o tenga consentimiento paterno para recibir un trasplante o interrumpir su embarazo.
¿Se puede ser maduro para desprenderse de una pierna y no estar preparado para abortar? A esa misma menor, la ley le ha permitido consentir relaciones sexuales con un adulto desde que cumple los 13 años. Precisamente esta semana, el Parlamento ha instado al Gobierno a elevar hasta los 14 años la edad en que se reconoce la capacidad para consentir sexo con un mayor de edad. Y la comisión de Igualdad ha aprobado una propuesta de ley del aborto que permitirá interrumpir un embarazo desde los 16 años sin permiso de los padres.
También hay que esperar a los 18 para hacerse un pearcing sin permiso paterno, para comprar tabaco o tomar una copa. Conducir vehículos de motor también es una actividad legalmente equívoca: hay que tener 18 para sacar el carné, pero se puede circular en ciclomotor desde los 16. La legislación mercantil prohibe a los menores suscribir contratos de servicios. Sin permiso paterno no hay cuenta corriente, tarjeta de crédito, o teléfono móvil. Pero nada impide a un menor comprar un móvil con tarjeta prepago.
El Estatuto de los Trabajadores legaliza el trabajo desde los 16 (artículo 6), cuando concluye la educación secundaria obligatoria. Hay una excepción que cubre legalmente a los padres que emplean a sus hijos como “niños artistas”. Uno puede ser maduro para trabajar, pero menor para delinquir. Hasta los 18 años la ley contempla condenas más laxas para el mismo delito.
El batiburrillo legislativo existe. Y ponerle coherencia no parece fácil. Entretanto, habrá que subsanarlo educando a nuestros niños para que sean responsables de sus actos.
El Gobierno está a punto de proponer una reforma legal que eliminará del Código Penal el 90% de los abortos que se practican en España. Es la única buena noticia en la reforma legislativa que emprendió el Gobierno hace seis meses. La ley del aborto que propondrá el Ejecutivo, según fuentes conocedoras de su elaboración, dejará sin resolver los agujeros más flagrantes que tiene la legislación actual. Será una ley timorata que, lejos de dar seguridad, desorientará a todas.
Plazos escasos. La nueva ley será de plazos. El Gobierno duda aún si establecerá en 14 o en 16 las semanas de gestación en las que cualquier mujer podrá interrumpir su embarazo sin tener que argumentar por qué. En ningún caso serán las 21 semanas que barajó en origen el Ministerio de Igualdad.
El remiendo de los supuestos. Al no atreverse a llegar a las 21 semanas, pasarán a ser ilegales un 10% de los abortos que se practican actualmente en España, según datos de las clínicas autorizadas para la interrupción del embarazo. Para evitar la contestación que tendría una ley así, los socialistas barajan incluir supuestos en los que la mujer podrá abortar por encima del plazo legal.
Es un truco hipócrita. Por un lado, establece el plazo en la franja más baja de los que rigen en la Unión Europea (Francia, 14 semanas), pero a la vez mantiene un coladero para prolongarlo hasta la semana 22 sin hacerlo a las claras. El supuesto del “peligro para la salud mental o física de la madre” (que actualmente justifica el 97% de los abortos que se practican en España y puede llevarse a cabo hasta el término del embarazo) se limitará a las 22 semanas (a partir de la semana 23, el feto puede ser viable fuera del seno materno).
Las malformaciones del feto serán otra excepción… siempre que se descubran antes de la semana 22. Si ocurre después, y el Ejecutivo no lo remedia, se verán obligadas a engrosar el colectivo de turistas abortistas, ese que ahora nutre las estadísticas españolas. En Francia, con una ley de plazos de 14 semanas, 5.000 mujeres viajan cada año al extranjero (muchas de ellas a España) para abortar fuera de plazo.
Desprotección legal. La pervivencia de un supuesto despenalizador referido a la salud mental de la madre es el resquicio perfecto para que se cuelen las denuncias de los integristas pro-vida que persiguen a las mujeres que abortan. Mientras pueda dudarse de la legalidad de la acción, la mujer seguirá expuesta a la locura de estos colectivos y de los jueces que dan curso a sus denuncias.
Desigualdad social. La reforma será papel mojado si, como parece, no se atreve con los médicos ni con los gobiernos autonómicos que objetan contra el aborto. La interrupción voluntaria del embarazo, si se despenaliza, debe ser una prestación de la Seguridad Social. Universal y gratuita. Todas las ciudadanas, vivan donde vivan, deben poder acudir a su centro de salud a interrumpir su embarazo. La ley tiene que aclarar si un ginecólogo de la sanidad pública, ejerza en la zona que ejerza, puede negarse a interrumpir un embarazo inferior a 14 semanas. Y si, como ocurre ahora, esa objeción puede sobrevenirle por la mañana y desaparecer en otra clínica (privada) por la tarde.
También debería zanjar la actual discriminación territorial. Ni la sanidad pública ni la privada practican abortos en Extremadura y Navarra; y sólo el Servicio Andaluz de Salud mantiene una red de conciertos con clínicas privadas. Añadir los gastos de desplazamiento a los de la intervención en una clínica privada perjudica a las mujeres con menos medios.
La legislación actual ha cumplido 30 años. Un cambio tan esperado no merece un parche. Abrir el debate tiene un coste electoral, pero cerrarlo en falso puede incrementarlo. Zanjar la cuestión con una ley que no resuelva los problemas detectados desde 1985 sólo genera frustración. Y este Gobierno no puede permitirse mujeres decepcionadas.
Hay varios hechos de las últimas semanas que invitan a concluir que vivimos malos tiempos para el laicismo. Esta semana el PSOE tumbó varios avances propuestos por IU-ICV. Ayer mismo, el vicepapa, remató en Madrid un viaje de Estado con las esperadas críticas a todas las políticas que ha puesto en marcha el Gobierno de Zapatero para comportarse como el Ejecutivo progresista que es, desde la reforma de la ley del aborto, a la legalización de las parejas homosexuales o la implantación de la asignatura de Educación para la Ciudadanía.
Los reproches de Tarcisio Bertone pueden parecer para muchos un desaire al Gobierno, sobre todo después de que lo recibieran con honores Zapatero y la vicepresidenta De la Vega. Sin embargo, el Ejecutivo los ha asimilado con la tranquilidad que da conocer un guión antes de que se represente. Esas críticas del número dos del Vaticano, respetuosas y respetables, son para el Gobierno la concreción de una “discrepancia doctrinaria” que refuerza su voluntad laicista, en la medida en que demuestra que ha puesto en marcha una legislación progresista a sabiendas de que contaría con la desaprobación de la jerarquía católica.
¿Ha logrado el Gobierno de Zapatero la relación con la Iglesia a la que aspiraba? Un repaso a la estrategia que ha venido ejecutando la vicepresidenta De la Vega desde finales de 2007 permite concluir que sí.
La jerarquía de la Iglesia española estaba entonces en pleno apogeo de su enfrentamiento con el Gobierno, alimentado a diario por las homilías matinales de la Cope y llevado hasta el éxtasis en la numerosa manifestación de la plaza de Colón convocada por la Conferencia Episcopal para salvar a la familia de los peligros del matrimonio gay. Con ser duro, no fue ese el peor momento para el Gobierno. El peligro fue mayor tres meses después. En plena campaña electoral esos mismos mandatarios invitaron a sus fieles a no votar al PSOE. Nunca había ocurrido nada semejante y los socialistas no tenían ni idea de cuántos de sus votantes podían quedarse en casa para no tener que decidir entre sus creencias y su ideología.
El Gobierno se volcó entonces en cortar de raíz ese peligro para el futuro. Zapatero encomendó la labor a Teresa Fernández de la Vega, que ya se había ganado en Roma a los jefes de los obispos españoles con mucha mano izquierda y una baza que siempre funciona: la pasta. El acuerdo de renovación de la financiación de la Iglesia en España establece ventajas para la institución que el Vaticano ha sabido apreciar y agradecer (el primer ejercicio sobre el que se ha aplicado el aumento del 0,52% al 0,7% del IRPF, el de 2007, supuso para la Iglesia una mejora de sus ingresos de 30 millones de euros).
La diplomacia de guante blanco y cartera llena ha dado sus frutos en esta visita de Bertone. Es el número dos del Papa el que dejó ayer patente en Madrid que desaprueba la beligerancia con la que Rouco Varela responde desde la fe a los avances legislativos de Zapatero. Estableció que respeta el laicismo del Estado (en su acepción de la RAE, sin la beligerancia antirreligiosa que atribuyen al término algunos católicos). Y selló el pacto Madrid-Roma según el cual las relaciones serán de Estado (español) a Estado (Vaticano), lo que reduce significativamente la capacidad movilizadora del presidente de los obispos españoles.
Calmada la Iglesia, ¿qué peligros acechan al laicismo? Los que se derivan de constatar que el Gobierno prefiere amarrar los votos de los progresistas católicos a encabezar la reivindicación de los sectores laicistas de su electorado.
Los primeros dejan de votar si se agrede su fe. Los segundos se lamentan, pero votan aunque se prorrogue su ambición laicista. Al fin y al cabo, llevan 70 años esperando. Ese es el análisis que hacen los socialistas. Si la crisis se despeja y nos permite ver más allá, el veredicto lo darán las urnas… pero para eso faltan la friolera de tres años. Mientras, podemos consolarnos: comparados con Italia, somos un ejemplo de separación Iglesia-Estado.
Artículo publicado el martes, 3 de febrero de 2009
¿Recuerdan a la madre condenada a prisión y alejamiento por dar un mandoble a su hijo tras recibir de él un zapatillazo? El niño se llevó un bofetón, sí, pero la relación afectiva de esa familia es normal, según varios testimonios. Eso, por no insistir en que el chaval se había ganado el tortazo.
Pensemos ahora en la situación de los chavales que viven tutelados por las administraciones públicas y son encerrados en centros en los que reciben maltrato físico y psíquico sistemático. No son chicos fáciles, porque a su desarraigo se suman trastornos psiquiátricos que, en algunos casos, los convierten en seres violentos. Precisamente por eso están en centros especiales, de los que se espera que salgan mejor de lo que entraron.
¿Qué clase de rehabilitación de un menor requiere medicarlo sin control y mantenerlo atado o incomunicado; privarlo de la escuela o de comer? ¿Qué control ejercen las autonomías, responsables de inspeccionar la gestión de las ONG que tutelan esos centros? El informe del Defensor del Pueblo es demoledor, y llega después de un suicidio y un intento frustrado en un centro de Madrid.
Si el bofetón aquel mereció cárcel, aquí urge una investigación judicial. Y que las administraciones concernidas se apuren en comprobar los hechos y remediarlos.
