El paro es la principal preocupación para el 76% de los españoles, según el último barómetro del CIS. También para los más jóvenes. Cómo no va a serlo, si uno de cada cinco desempleados tiene menos de 25 años, según la Encuesta de Población Activa de hace unos días. No habían estado tan mal desde hace 20 años, es decir, cuando casi ninguno de ellos había nacido.
La falta de perspectivas de empleo es sólo una de las cuestiones en las que Zapatero y sus gobiernos han decepcionado a la juventud. Precisamente a los mismos que lo llevaron en volandas a la Moncloa y que le gritaron aquella noche electoral del 14 de marzo de 2004 el repetido No nos falles.
Hasta ahora –es de ley dar un voto de confianza al nuevo ministro de Educación– Bolonia ha parecido más una condena que un plan universitario. La solución aprobada por la UE para que los universitarios españoles compitan en igualdad de condiciones con los europeos ha sido tan mal explicada a alumnos y profesores que ha provocado una virulenta contestación callejera.
En Internet, el mundo virtual en el que los jóvenes se mueven como en casa, el Gobierno no ha dado pie con bola. Con la Red incendiada, el reciente nombramiento en Cultura de Ángeles González-Sinde (declarada antidescargas) más parece gasolina que agua de bombero. De paso, el presidente ha regalado al PP la bandera de la libertad en Internet y contra el canon digital que ya esgrimió Rajoy en las pasadas elecciones.
Los mal llamados becarios científicos tampoco tienen mucho que agradecer a la Administración del PSOE. Cinco años después, continúan esperando una normativa que les permita definir un proyecto vital sin tener que esperar a los 35 años.
Las ONG, alimentadas por nuestros jóvenes más solidarios, están cabreadas por diversos motivos. Pero el principal es que un gobierno socialista destine a la financiación de los programas de ayuda social el mismo 0,7% que continúa dando a la Iglesia (que a la postre se lleva 100 millones de euros extra en dos años).
Así las cosas, miembros del entorno de Zapatero sostienen que los nombramientos de Leire Pajín (32 años) y Eduardo Madina (33 años) para cargos de enorme relevancia en el PSOE se explican, en parte, por la necesidad de recuperar a los jóvenes para su electorado. A día de hoy, respecto de 2004, son el sector que más decrece entre los votantes del PSOE. Y lo que es más preocupante para los socialistas, el sector que más crece en el PP, según el último análisis del sociólogo José Luis de Zárraga en Público.
Está aún por ver el resultado que tendrá el último golpe de efecto de Zapatero, pero lo que ya se puede afirmar es que se trata de una decisión reposada que el presidente defiende con entusiasmo. Lo hace ante todo aquel que osa plantearle si habrá arriesgado demasiado al dejar en manos de treintañeros todo el peso del partido y buena parte de las labores del grupo parlamentario socialista.
Ante el temor de algunos a que esas vigas no soporten la presión del edificio, el presidente rememora cómo vivió con preocupación el tapón que formó la generación de Felipe González (que taponó pese a haber sido de los que llegaron bastante jóvenes a los puestos de mando en el PSOE forzados por el final de la dictadura). Argumenta Zapatero que toda una generación, en aquel entonces, se vio condenada a permanecer en un segundo plano y que él –que lideró el PSOE con 39 años y cumplió los 44 ya como presidente del Gobierno–
sentía la obligación moral de preparar las cosas para que el relevo generacional no tuviera que saltarse de nuevo un par de peldaños.
Pajín y Madina deberán demostrar si son capaces de guiar el paso del dinosaurio que es el PSOE. Pero más interesante aún será ver si consiguen dar con las fórmulas que reclaman los de su generación y los aún más jóvenes. Esos otros cachorros que, a diferencia de los políticos mencionados, viven castigados por la crisis.
El récord de 4.010.700 parados era un dato demasiado goloso para que el PP malgastara un cartucho en calentar las elecciones al Parlamento Europeo. El interés de Rajoy por la UE es directamente proporcional a la diligencia con la que está elaborando su lista para el 7-J, de la que sólo ha asomado la grisácea cabeza de Jaime Mayor Oreja.
Un dato tan goloso, decía, que la maquinaria electoral popular decidió convertir el acto europeo previsto en Madrid en un mitin sobre el empleo. Si uno es capaz de olvidar la demagogia del gesto, puede incluso admirar la eficacia del PP a la hora de reaccionar mediáticamente ante la realidad. O su optimización de los recursos: puestos a promocionar un candidato, mejor Rajoy que Mayor Oreja, no vaya a ser que se desperdicien energías en una campaña para Bruselas cuando lo que hay buscar son los ingredientes para cocinar una moción de censura.
Estrategias partidistas al margen, tranquiliza que Zapatero se niegue a abaratar el despido aunque Rajoy incluya esa exigencia en su paquete anticrisis bajo el tópico eufemismo de la “reforma laboral”. Pero inquieta comprobar que resultan insuficientes las medidas adoptadas para reactivar la creación de empleo, que adelgaza la bolsa prevista para gastos sociales y que Zapatero y Rajoy siguen creyendo que, si esto se hunde, ellos serán los únicos que se salven.
Hay que intentar imaginar su vía crucis para calibrar el grado de valentía que se exige a las mujeres víctimas de explotación sexual antes de que el Estado las considere merecedoras de una ayuda.
Primero caen en manos de desaprensivos que las obligan a prostituirse en España. Deben sobrevivir asqueadas a diario con ellas mismas y, en muchos casos, temiendo por sus vidas y las de los familiares que dejaron en sus países de origen, con cuya integridad física suelen chantajearlas sus patrones/secuestradores.
Puede que alguna sea lo bastante espabilada como para pertenecer a ese exiguo 41% de ciudadanos que declara conocer a la ministra Bibiana Aído (según el Publiscopio sobre valoración de los ministros publicado ayer en este diario), pero es aún más improbable que además esté informada sobre las iniciativas que Igualdad ha llevado a cabo en este año de mandato. En el Departamento de Aído andaban hasta hace poco más escasos de medios que de competencias. Y para que la batalla contra la trata de mujeres, contra las redes de prostitución organizada, dé frutos hace falta que además de mucha voluntad (Aído la tiene), el Gobierno ponga recursos. Hasta ahora, no consta que equipos policiales especiales recorran los clubs de carretera informando a las mujeres de sus derechos.
A las que superan el miedo y se deciden a denunciar, el Plan contra la Trata les promete protección inmediata y permiso de residencia. Pero en la práctica, la protección es relativa y la residencia sólo llega si la investigación sobre la red de prostitución denunciada da frutos a la Policía.
Son demasiadas exigencias para quien ha demostrado ser valiente y sólo necesita sentirse a salvo.
A la espera de que los atisbos de recuperación económica divisados por Obama y Bernanke lleguen a vislumbrarse en España, hay otros motivos para el optimismo (moderado) en el capítulo de la recuperación política española, que estaba tan alicaída como la economía en estos últimos meses.
Más allá del esfuerzo mediático de los primeros días para aparecer trabajando ante la opinión pública, los nuevos ministros de Zapatero han comenzado esta semana oficialmente laboral poniéndose manos a la obra. Y lo más sorprendente es que sus actividades comienzan a dar frutos. Aunque de momento son meros anuncios, en política, como en economía, el estado mental que provocan las decisiones en la opinión pública es determinante.
Ayer mismo, la nueva ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, logró la aquiescencia de las comunidades autónomas para cambiar el sistema de reparto de los fondos destinados a implantar la Ley de Dependencia, esa norma que iba a ser el cuarto pilar del Estado del bienestar y que hasta ahora ha producido más frustración que otra cosa entre quienes necesitan ayuda para superar el día a día.
Desde ahora, esos fondos premiarán a aquellas regiones que más dependientes han calificado hasta el momento, es decir, las que más han trabajado para mejorar la vida de sus ciudadanos. Lo alucinante del asunto no es que Jiménez pueda apuntarse un tanto en su primera gestión como responsable de Política Social, sino que hasta ahora estuvieran recibiendo más ayudas las autonomías que más trabas ponían para desarrollar la norma, como sostiene un detallado informe elaborado por Comisiones Obreras. A la cabeza de las renuentes, Valencia y Madrid. Otra vez las dos proas del PP dando bofetadas al Gobierno central en la cara de sus ciudadanos. ¿Cuándo aprenderán algunos que, en situaciones de extrema necesidad, lo de menos es la ideología?
Si fructífera fue la mañana de ayer para la flamante ministra de Sanidad, qué decir de la reunión de José Blanco, nuevo titular de Fomento, y la presidenta de la oposición autonómica al PSOE y de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Como si hubiera frotado la lámpara mágica, Blanco le concedió todos los deseos que le había negado hasta ahora
Magdalena Álvarez. Las concesiones a Aguirre cumplen la doble función de generar empleo (nuevas infraestructuras=más construcción) y de potenciar la figura de la lideresa dentro del PP, en detrimento del siempre peligroso Gallardón. Blanco, no debe olvidarse, manda en las infraestructuras, pero no ha dejado de mandar en el PSOE.
Hasta en la financiación autonómica, ese sudoku que parecía imposible de cuadrar, reina el optimismo. Manuel Chaves, transmutado de presidente autonómico en ministro de las autonomías, cree que será cosa de pocas semanas lograr un acuerdo que satisfaga a todos.
Aún a riesgo de fatigar al lector con tanta buena noticia, aún hay más. El mismísimo Zapatero declara ante sus parlamentarios que tendrán que votar la nueva Ley del Aborto y, este año, también la Ley de Libertad Religiosa, esa promesa de desarrollar la constitucional aconfesionalidad del Estado que llevaba el PSOE en el programa electoral y que muchos creíamos ya víctima de la crisis.
Nada que objetar a que impere la razón en el reparto de las ayudas a la dependencia, a que Madrid complete
obras que darán servicio a millones de ciudadanos, a que se acuerde un modelo de financiación que asegure el mismo nivel de servicios en todo el territorio, a que se aceleren leyes de claro signo progresista. Pero las preguntas son obvias: ¿tan fácil era? ¿Sólo había que hacer una remodelación del Gobierno? ¿Los nuevos son muy cracks o es que los anteriores eran unos mantas? ¿O será, simplemente, que Zapatero ha despertado del shock que le produjo descubrir que España no era inmune a la crisis internacional?
La decisión que debe adoptar hoy el Gobierno de Cantabria (suspender el concierto con el colegio Torrevelo, del Opus Dei, por separar a los niños de las niñas en las aulas, en contra de la legalidad vigente en España) no debería ser noticia. Pero lo es. Lo es porque este Estado aconfesional que propugna nuestra Constitución sigue impregnado de catolicismo. No hay más que repasar la profusión religiosa de la reciente Semana Santa.
El problema es que la educación no es una mera manifestación folclórica, sino una de las herramientas socialmente más valiosas en la formación de los españoles del futuro.
Es imprescindible que las administraciones públicas se cuiden de sufragar con nuestro dinero cualquier integrismo religioso. Y mucho más si éste se imparte en un centro educativo. La contestación social estaría servida si una autonomía decidiera subvencionar un colegio que basara su programa educativo en las prácticas del islamismo radical.
Las corrientes ultracatólicas han logrado en estos 30 años de democracia extenderse en casi 100 centros de enseñanza. Lugares donde se separa a niños y niñas, se alecciona contra buena parte de la legalidad vigente (igualdad, matrimonio, divorcio, aborto), se organiza la insumisión a las leyes educativas del Gobierno….
Es impresentable que algunos de ellos sean concertados, pero el papel vigilante del Estado no debe limitarse a negarles financiación pública.
La educación es un bien demasiado valioso para un país. El Gobierno está obligado a impedir que las futuras generaciones se formen bajo principios que discuten nuestros avances democráticos. Sea cual sea el dios al que se pretenda complacer.
