El Tribunal Supremo dejó claro esta semana que lucrarse con el negocio de la prostitución ajena no implica la comisión de ningún delito. Es una sentencia inquietante, sólo tranquilizadora para los empresarios de clubes de alterne y para la mayoría de los propietarios de diarios de información general españoles, que ingresan cantidades nada despreciables cada año insertando varias páginas de esos anuncios hipócritamente denominados contactos.
El Ministerio de Igualdad figura entre quienes leemos el fallo del Alto Tribunal como un jarro de agua fría. Como un obstáculo más para alcanzar el objetivo de erradicar la explotación sexual contenido en el plan contra la trata de mujeres aprobado por el Gobierno hace seis meses.
Este periódico, el que están leyendo, es el único diario no gratuito de tirada nacional que, desde su fundación, renunció a los ingresos publicitarios de la prostitución, negándose a que sus páginas alberguen los lucrativos anuncios citados. La mayoría de esos anuncios, no nos engañemos, son el reclamo que une a 15 millones de clientes con las 400.000 prostitutas que se estima que ejercen contra su voluntad en España, es decir, forzadas por las mafias de trata de mujeres.
Los siguientes datos ayudan a situarse: si nos comparamos con Europa, comprobamos que los anuncios de prostitución en la prensa generalista de referencia son una triste excepción española; aquí, sólo Público y el gratuito 20 Minutos salen cada día sin invitaciones expresas al consumo de prostitución en sus páginas; el negocio de los contactos en prensa mueve cantidades millonarias en España (El País ingresa cinco millones anuales en ese concepto y las cabeceras del grupo Vocento –con ABC al frente–, diez millones de euros, según los datos recogidos en el informe de la subcomisión parlamentaria que estudió este problema en 2007). No es necesario recordar hasta qué punto ha hecho necesarios esos ingresos la actual crisis publicitaria.
Defiendo el derecho de cualquier persona a ganarse la vida como considere más oportuno o más viable. Y considero que en este, como en otros asuntos que afectan a la ética social, es preferible atender el problema que plantearse la posibilidad de erradicarlo o continuar haciendo como si no estuviera pasando. La prostitución existe y el Estado sólo puede tratar de impedir que su ejercicio atropelle los derechos humanos.
La legislación española no considera la prostitución un delito, aunque se ejerza por cuenta ajena (es decir, para lucro de un chulo). Por increíble que parezca, es así siempre que el empleador no incurra en explotación sexual: coacción, engaño, violencia o sometimiento. Así lo recuerda el Tribunal Supremo en la sentencia publicada el pasado lunes, en la que absuelve a un matrimonio propietario de dos burdeles de Vigo y Verín (Pontevedra) del delito contra los derechos de los trabajadores al que lo había condenado la Audiencia de Pontevedra.
El Supremo considera que no son indignas las condiciones laborales que esos propietarios imponen a las chicas, pese a reconocer que las obligan a vivir en sus locales (pagando ellas la habitación y la comida) y a trabajar a destajo hasta pagar el billete de avión con el que las trajeron de América (son inmigrantes ilegales, claro); en ocasiones, también les imponen multas por incumplir los horarios o levantar la voz. El Alto Tribunal, insisto, no encuentra en esos hechos ni explotación sexual, ni siquiera laboral (atentos los defensores de los derechos de los
trabajadores).
Nuestra legislación no permite a las prostitutas que deseen serlo ejercer su trabajo con la misma transparencia y cobertura laboral que cualquier otra profesional. Y tampoco protege suficientemente a las que ejercen forzadas. Ningún Gobierno se ha atrevido a regular la prostitución y sólo ERC e ICV apuestan a las claras por hacerlo. Contra sentencias como la del Supremo sólo cabe cambiar la ley… pero eso no está entre las prioridades del Gobierno.
El debate sobre la nueva Ley del Aborto aparece estos días reducido a la cuestión de la capacidad de las mujeres de 16 y 17 años para decidir por sí solas la interrupción del embarazo. La derecha sociológica y el PP han logrado colocar el foco sobre esa cuestión, y en seguida se han visto acompañados por destacados miembros del PSOE, para los que también resulta difícil ceder la capacidad de decisión a las hijas aunque sea sobre algo tan personal como la maternidad.
Dicen los conservadores que el Gobierno de Zapatero está socavando la patria potestad de los padres. Y algunos socialistas cabecean asumiendo su parte de culpabilidad. Lo alucinante de todo esto es que, los primeros por estrategia y los segundos por desinformación, ninguno parece recordar que fue el PP el que retiró a los padres la capacidad para consentir las intervenciones quirúrgicas a las que se sometieran sus hijos desde los 16 años. La norma que rige los protocolos médicos, la Ley de Autonomía del Paciente, se aprobó en 2002 bajo la presidencia de José María Aznar y con el actual líder del PP, Mariano Rajoy, como vicepresidente, portavoz y ministro de la Presidencia.
Ni Rajoy ni los atribulados socialistas que ahora se sienten acorralados por los argumentos del PP protestaron entonces. Y eso que, arropados por la ley, los equipos médicos dejaron de preguntar a los padres si consentían que su hijo adolescente se negara a recibir un trasplante o aceptara una cirugía de alto riesgo en busca de un tumor cerebral.
Los del PP, entonces, incluyeron tres excepciones a aquella norma. Los padres deben aprobar la intervención exclusivamente si se trata de un ensayo clínico, una práctica destinada a la reproducción asistida o un aborto. Dos de estas tres excepciones afectan sólo a las mujeres, con las que el rasero moral acostumbra a ser más exigente que con los hombres. Ambas excepciones carecen de justificación médica. Responden exclusivamente a convicciones morales, por no decir religiosas.
Por lo tanto, la capacidad de decidir sobre el propio cuerpo desde los 16 años fue un avance que los conservadores introdujeron en las leyes españolas en 2002, para acompasarlas a las legislaciones sanitarias europeas, que a su vez se rigen por los criterios de la Organización Mundial de la Salud. Venir ahora, como está haciendo estos días Rajoy, con la cantinela de que permitir a una joven decidir su propio aborto es “una falta de respeto a los padres” es, como poco, una hipocresía.
Lo es también abogar por mantener “la legislación actual del aborto” aduciendo que la nueva ley es más permisiva. Sólo desde el desconocimiento de la norma actual o desde la hipocresía más flagrante se puede justificar que despenalizar el aborto en las primeras 14 semanas de gestación atenta más contra la vida que permitir interrumpir un embarazo en cualquiera de sus 38 semanas, como ocurre actualmente bajo el supuesto del “peligro para la salud mental de la madre”.
La verdad, si obviamos la hiprocresía, es que bajo los gobiernos del PP abortaron en España más de 600.000 mujeres legalmente. Que ni Aznar ni Rajoy consideraron alarmantes esas cifras, ni los grupos provida sintieron la urgente necesidad de denunciar a mujeres y clínicas abortistas. Pero que fue llegar el PSOE a la Moncloa con la promesa de atender la demanda social de revisar la legislación sobre el aborto y sobrevenirle a la derecha una imperiosa necesidad de proteger a los no nacidos y de perseguir a las mujeres por abortar.
La verdad es que el PSOE no tiene especial empeño en que las jóvenes de 16 y 17 años aborten sin consentimiento paterno. Y que se avendría a retirar ese artículo si con ello lograra el apoyo del PP para la nueva ley. Pero entonces, muchos reclamaríamos lo que dicta la lógica: que se convierta en obligatoria la aprobación de los padres para permitir a una mujer de 16 o 17 años traer un hijo al mundo.
La desigualdad no es sólo cuestión de género. Si no, que se lo pregunten a esas parejas que han recorrido más de 100 kilómetros en fin de semana por las circunvalaciones de Madrid en busca de un remedio urgente tras un accidente sexual. Cuando se enteran de que eso no les ocurre a otras parejas en otras autonomías, de que hay extensas zonas de España donde reclamar la píldora del día después no es necesariamente una aventura, esos ciudadanos suelen renegar de la España plural, en lugar de mentar al Gobierno autonómico que rige las políticas sanitarias en su terruño.
Desde septiembre se podrá comprar la píldora poscoital en cualquier farmacia y a cualquier hora, según anunciaron ayer las ministras de Igualdad y Sanidad. Y eso terminará en parte con esa discriminación que ahora soportan algunos ciudadanos en función de su lugar de residencia (en medicina reproductiva, las diferencias son abismales).
Los tremendistas ya han puesto el grito en el cielo porque los menores podrán comprar la píldora. La automedicación entraña peligros, sí, pero los efectos secundarios de este fármaco (prácticamente nulos, según los médicos) no pueden competir con un embarazo no deseado.
Ahora que nos tiene liados la OMS con sus alarmantes mensajes sobre el virus de la nueva gripe, hay otro peligro potencial que acecha a la sociedad europea: la xenofobia. En España, el ministro Corbacho ha empezado por intentar expulsar a 71.000 rumanos a los que ha dejado en el paro el estallido de la burbuja inmobiliaria. En España hay 4,5 millones de extranjeros. ¿Por qué los primeros a los que se les pone puente de plata son los rumanos?
La idea es pagarles el subsidio de desempleo en su país, lo cual no produce ningún beneficio a las arcas públicas. Sólo sirve para eliminar futura competencia para los nacionales. Los rumanos cumplen la doble condición de resultar baratos de repatriar y estar mayoritariamente buscando trabajo en la construcción, el sector más golpeado hasta el momento por la crisis económica. Si sale una chapuza en el ladrillo, parece haber pensado el Gobierno, hagamos lo posible para que se la quede uno de casa.
Por ahora, los ecuatorianos, una de las nacionalidades mayoritarias entre los extranjeros residentes en España, no corren peligro de ser expulsados con buenos modos. El vuelo transoceánico es más caro que el autobús a Rumanía y los centroamericanos se han especializado en trabajos que aún no reclamamos los españoles, especialmente los relacionados con la atención a la Dependencia, es decir, con el cuidado de niños, ancianos y con las tradicionales labores del hogar.
Pero si la crisis persiste su tendencia a cebarse en el empleo, los españoles volverán a pujar por ser camarero, cuidar ancianos y niños, y limpiar casas, por lo que no es descartable que el Gobierno emprenda una campaña de repatriación que afecte a otras nacionalidades.
El afán por librarse de los extranjeros (especialmente de los parados), no es exclusivo de España. Dos países vecinos, Francia e Italia, tienen al frente de sus gobiernos a verdaderos especialistas en extender la idea de que los emigrantes, sobran. Un centenar de diputados del partido de Berlusconi ha frenado esta semana la última barbaridad legislativa que se le había ocurrido al Cavaliere: una norma para obligar a profesores y médicos de familia a denunciar a los sin papeles que osaran escolarizar a sus hijos o llevarlos a consulta.
Sin llegar a institucionalizar la delación, en Francia andan ahora enfrascados 144 intelectuales para frenar una reforma legal de Sarkozy que penaliza la solidaridad con los sin papeles. Es prácticamente idéntica a la que pretendía implantar aquí Celestino Corbacho. El ministro español recibió tal volumen de críticas de todos los órganos consultados (Consejo del Poder Judicial, de Estado, de la Abogacía) y de cuantas ONG se ocupan de atender a la inmigración, que acabó anunciando la retirada de ese artículo de la nueva Ley de Extranjería. Falta ver si renuncia también a su intención de prorrogar el plazo en que los sin papeles pueden estar recluidos en un centro para facilitar los trámites de su expulsión, un atropello a los derechos humanos que legalizó la Unión Europea y que el Gobierno español se comprometió a no utilizar.
La nueva política antiinmigrantes del Gobierno cuenta con la inestimable ayuda de la Policía, que demuestra a diario su nivel de productividad deteniendo a extranjeros en locutorios, bocas del Metro y hasta puertas de supermercados. Rubalcaba, encargado de Interior, asegura que son meras coincidencias, que los agentes sólo buscan donde creen que hay potenciales focos delictivos, pero las asociaciones de inmigrantes hablan de auténticas redadas de extranjeros.
El Gobierno puede esgrimir razones prácticas para actuar así, incluso habrá quien comparta el proteccionismo de sus nacionales cuando el sustento está en juego. Pero el virus de la xenofobia se oculta tras el mensaje de que el inmigrante no tiene tanto derecho como el de aquí a beneficiarse de la protección social que da el estado del Bienestar. Aunque haya colaborado a generarlo.
Los ministros de Sanidad, a diferencia de los de Interior, no suelen ser recibidos con gritos de euforia en los mítines de sus partidos. La mayoría de ellos resultan desconocidos para los ciudadanos, que apenas los mencionan en las encuestas. Son pocos los que recuerdan quién ocupa una cartera que tiene mucho de callada coordinación autonómica y muy poco de lucimiento personal.
Una crisis sanitaria mundial es una situación alarmante para la mayoría de la sociedad, pero para el ministro del ramo es objetivamente una oportunidad de demostrar si merece el cargo. Trinidad Jiménez se ha estrenado con la aparición de un nuevo virus (el H1N1) que ha llegado a España en chárter procedente de México.
Antes que Jiménez, otros en su cargo afrontaron otras graves crisis que los colocaron en el ojo del huracán informativo. El más desafortunado fue aquel Jesús Sancho Rof, que describió como “un bichito tan pequeño que si cae se mata” la toxina presente en el aceite de colza que mató a 346 personas y afectó a otras 18.500, según datos oficiales. Le sigue cronológicamente y en grado de estupidez Celia Villalobos, que se transmutó en cocinera para explicar a los españoles cómo hacer un cocido sin usar el “espinazo” de vaca loca… y hundió el vacuno. Bernat Soria, más recientemente, casi arruina el negocio del girasol con su alarmista gestión para retirar una partida contaminada procedente de Ucrania.
Jiménez no ha parado de dar explicaciones desde que tomó posesión y hasta ahora ningún sector económico está condenado por una frase suya. La población está informada; los hospitales y la medicación, preparados; las autonomías, coordinadas; y la conexión con Europa, al día. Que siga así.
