Soy la visitante número 100.485 del vídeo en YouTube. Son imágenes en blanco y negro. Cine mudo. En 11 minutos, cuatro agentes de los Mossos dEsquadra (Policía Autonómica catalana) reciben, golpean, patean, reducen, cachean, esposan y se llevan en volandas a un detenido. Los hechos tuvieron lugar a las 8.20 horas del 31 de marzo de 2007 en la Comisaría del barrio barcelonés de Les Corts. No sólo fueron denunciados por la víctima, sino que propiciaron que el conseller de Interior del Gobierno de la Generalitat, Joan Saura, decidiera instalar cámaras de vídeo en varias dependencias de las comisarías catalanas.
La valiente decisión del responsable de la Policía catalana nunca fue bien vista por sus subordinados, que achacaron a su jefe una desconfianza generalizada en sus métodos y lo acusaron en privado de haber repartido el vídeo entre los medios de comunicación para desacreditarlos.
La prueba de que había algo que vigilar es que en los dos últimos años los mossos acumulan al menos siete condenas por maltratar a detenidos. A este periodo corresponde la condena de seis años de cárcel para tres agentes por meter una pistola en la boca de un detenido al que acusaban por error de un atraco y que se empecinaba en negar los hechos. O la que castigó a aquella agente que abofeteó y lanzó al suelo a una ciudadana rusa. El vídeo también es un éxito de visitas en Youtube.
Esta semana, la Audiencia de Barcelona ha sentenciado que esos cuatro agentes protagonistas del exitoso corto son inocentes de los cargos de maltrato y falsificación del atestado policial que había apreciado la acusación particular y la fiscalía. Lo que hemos visto ya más de cien mil personas en Internet es, según los jueces, a cuatro agentes de la ley cumpliendo con su deber y a un detenido (al que habían apresado por insultar a un ciudadano, no por un delito de sangre o un robo con violencia) que no podía controlar su agresividad y tenía que ser reducido. Los jueces consideran “probado” el relato de los mossos, en el que estos echan mano del viejo truco de que el detenido empezó primero. En consecuencia, reducen lo ocurrido a una falta por “extralimitación en el uso de la reducción e inmovilización” del detenido y saldan el asunto con una multa de 600 euros.
El fallo sería uno más de los muchos en los que los jueces parecen no ser de este mundo si no fuera porque tiene consecuencias perniciosas que exceden con mucho la decepción que sentirá el vapuleado detenido para con el sistema de garantías español. Por lo pronto, cabrea a quien haya visto el vídeo y al leer la sentencia descubra que lo que parecía una somanta de hostias en el suelo de una sala de interrogatorios son sólo técnicas de inmovilización que pueden sernos aplicadas a cualquiera si tenemos la mala suerte de tropezar con agentes a los que les sobren 600 euros.
Los jueces añaden un par de perlas al fallo que lo hacen aún más indignante. Exculpa a los agentes de haber falsificado el atestado, donde se sostiene la tesis de que el detenido agredió a un agente. Ante la evidencia de que eso no ocurrió (el vídeo no engaña), añade el dato preocupante de que los policías suelen “exagerar” en sus atestados la violencia que atribuyen al detenido para justificar la que ellos aplican para reducirlo. ¡Y no lo condenan! Como remate, presumen sus señorías de no haberse dejado convencer por el “tan difundido” vídeo y de no ser “hombres medios”, de esos con mentes tan vulgares como para apreciar una paliza donde sólo había eficacia policial.
Los mossos han salido absueltos esta vez, pero mejor es que dejen de pavonearse. En las comisarías catalanas (gracias, señor Saura) hay 2.000 cámaras que los vigilan (y los protegen contra denuncias falsas). A los que no estamos en Catalunya, sólo nos queda exigir a Rubalcaba que cumpla ya su promesa de instalar videovigilancia. Algunos jueces son como son, pero para recurrir es mejor contar con una grabación.
Da igual que se trate de musulmanes, cristianos o judíos. Que procedan de Oriente, del Sur o sean autóctonos. Contra los abusos de cualquier pelaje, la mejor receta es la ciudadanía.
Los secuestros de mujeres en hogares españoles son una triste realidad, afortunadamente muy minoritaria, pero contra la que hay que luchar con el mismo tesón con que el que se persigue la erradicación de la violencia de género. No hay disculpa multicultural para las prácticas que denigran a la mujer. Y no hay el más mínimo racismo en denunciar aspectos culturales que laminan los derechos fundamentales que consagra nuestra Constitución y preservan nuestras leyes.
Son sólo rémoras del pasado aún vigentes en algunas sociedades, pero que no son tolerables en la nuestra. A España le ha costado mucho sacudirse el ramalazo machista que impregnaba la sociedad nacionalcatólica como para quedar impasible ahora ante machismos procedentes de otras religiones.
La condición de ciudadano, que permite participar de la decisiones políticas y sociales del entorno en que uno vive, debería ser de quita y pon. Para adquirirla, tanto foráneos como nacionales deberíamos probar que la merecemos. Que conocemos los derechos fundamentales que nos da la ley y nos comprometemos a respetarlos.
La práctica de atropellos, como encerrar a una joven hasta casarla a la fuerza, maltratar a una mujer, explotar a trabajadores o servirse de los niños para obtener placer sexual o rentabilidad económica, por poner algunos ejemplos execrables, debería conducir a sus autores –extranjeros o no– a la pérdida de la ciudadanía, sin que ello menoscabe la aplicación de la condena que para esos delitos prevé el Código Penal.
Desde el martes, hay una razón más para envidiar a Andalucía. Su Gobierno acaba de aprobar la primera Ley de Muerte Digna de España. A la vista de que nadie se dispone a emularlo, habrá que plantearse bajar a morir al sur.
Ninguna autonomía socialista se ha declarado estos días dispuesta a seguir los pasos de su compañera del sur. A las del PP ni se les pasa por la imaginación encabritar al mismo tiempo a la Iglesia católica y a la lideresa de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, en cuyo feudo no es que no se promuevan las terapias que alivian el dolor de los enfermos terminales, sino que se persigue judicialmente a los médicos por empeñarse en dignificar el final de la vida de los pacientes.
¿Y el Gobierno central, también socialista? La respuesta oficial de la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, es que la sociedad española “no demanda” una legislación sobre esta cuestión. Idéntica disculpa esgrimió la dirección del PSOE cuando elaboró el programa electoral para las generales de 2008, en el que ni aparece el término “eutanasia”. De las escasas menciones que el documento hace a la muerte, ninguna se refiere a dignificarla cuando ya es inevitable.
Aquel debate, junto al del aborto, provocó serias discusiones en la ejecutiva socialista, en la que acabó imponiéndose el criterio de Zapatero para decepción de unos cuantos y alivio de otros. El avance en la regulación de derechos, zanjó entonces el líder socialista, se haría en digeribles pequeñas dosis para evitar transmitir la impresión de que el Gobierno del PSOE atropella las creencias de los abundantes ciudadanos católicos.
Andalucía ha puesto en evidencia cuán pacata es esa interpretación socialista sobre las demandas sociales. Se ve que los ciudadanos de sus ocho provincias, además de vivir dignamente, sí demandaban una norma que garantice la potestad para decidir hasta cuánto dolor están dispuestos a soportar antes de morir.
El truco con el que los gobiernos –en este caso coinciden socialistas y conservadores– pretenden eludir el debate social sobre la regulación de la muerte digna es el testamento vital. Varios territorios disponen de registros para hacer constar que uno no desea que se prolongue artificialmente su vida. Pero eso dista mucho de las garantías que ofrece la nueva ley andaluza. En primer lugar, el testamento vital sólo previene contra el llamado “encarnizamiento terapéutico”, pero no asegura las terapias paliativas del dolor porque, en ocasiones, pueden acelerar la muerte.
La ley andaluza, en cambio, no deja resquicio para la arbitrariedad de los profesionales de la medicina o la ideología de los propietarios de centros sanitarios privados, ni exige al ciudadano ser tan organizado como para planear su propia muerte en la plenitud de la vida.
Simplemente establece un derecho, el de morir dignamente, y pone los medios para que los ciudadanos lo disfruten sin tener que pelearlo: obliga a los centros médicos tanto públicos como privados a contar con profesionales dispuestos a obedecer los deseos del paciente que no quiere ser torturado. Las objeciones de conciencia de aquellos facultativos en los que la fe supere a la profesionalidad ya no servirán como excusa para los hospitales privados, que se enfrentan a sanciones que incluyen el cierre del negocio si se saltan la ley citada. Y cierra el círculo dotando a los médicos que trabajan en las áreas de cuidados paliativos de seguridad jurídica para trabajar sin temor a ser tildados de asesinos.
La ley, por tanto, ni despenaliza la eutanasia ni el suicidio asistido. Pero no por ello tendrá el beneplácito de la Iglesia católica. La Conferencia Episcopal acepta el testamento vital, pero critica esta ley porque da al individuo la capacidad última de decidir sobre su vida. De la actitud que adopte el PP cuando deba votar la norma en el Parlamento andaluz deduciremos su nivel de independencia respecto del poder de la Iglesia.
La derecha tiene planes a largo plazo para interrumpir la renovación de la Ley del Aborto que ha puesto en marcha el Gobierno. Su oposición a que las mujeres sean libres para decidir su maternidad en las primeras 14 semanas de gestación –tal como figura en el proyecto de ley– está perfectamente estructurada para que el debate público sobre el aborto desgaste al Gobierno el mayor tiempo posible.
El Ejecutivo y el Grupo Parlamentario Socialista son conscientes de esos planes, y también tienen diseñados los pasos con los que ir atajando esa estrategia. Pero, hoy por hoy, nadie sabe qué bando saldrá ganador de esta batalla. Lo que sí está claro ya es que las mujeres, especialmente las que sufren al ver coartados los derechos de sus congéneres, no podrán estar completamente tranquilas hasta que termine esta historia. Y tardará en acabar tanto como estime conveniente el Tribunal Constitucional.
En este momento, el debate social está centrado en la cuestión de los 16 años. La derecha ha logrado colocar la tesis de que a esa edad no es de recibo que la ley permita a la mujer decidir por sí misma su maternidad. Varios socialistas han entrado al trapo y reclaman enmiendas en el proyecto de ley para eliminar esa potestad a las jóvenes. Primera victoria para el PP.
La dirección del Grupo Socialista ya ha echado las cuentas, y sabe que la ley resultará aprobada en las Cortes con 178 o 180 votos, dependiendo de la decisión personal de un par de diputados de CiU y PNV, grupo que darán libertad de voto. Sabe también que perdería algunos de sus apoyos si modifica la cuestión de la mayoría de edad para decidir a los 16, así que está sopesando la tramitación de la ley en lectura única (es más rápida y no admite enmiendas) para evitar problemas. Primera desactivación a favor del PSOE.
Los conservadores ya han logrado que el Consejo General del Poder Judicial pida una ampliación de un mes del plazo que le da la ley para informar sobre el proyecto del Gobierno. Un tiempo que utilizarán para forjar una mayoría conservadora en el órgano de gobierno de los jueces, donde nueve de sus 20 componentes lo son a propuesta del PP, otros nueve del PSOE, uno de CiU y otro del PNV. El bloque del PP tiene decidido romper la unidad mostrada por el CGPJ en su primer año de mandato y hacer un informe que tache de inconstitucional la reforma de la Ley del Aborto que apoyará la otra mitad del Consejo. Segundo ataque de la derecha.
Los socialistas usarán ese mismo plazo para intentar que sean más los consejeros que apoyan la Ley del Aborto que aquellos que suscriban el informe negativo. Para ello recordarán a los de CiU y PNV que están en el CGPJ por generosa cesión del PSOE y que su compromiso es unir su criterio al que domine en el bloque progresista del Consejo. Margarita Uría (PNV) parece más fácil de convencer que Ramón Camp (CiU). El papel que decida jugar Carlos Dívar, presidente del CGPJ, católico y conservador, será muy relevante, porque puede tener en su mano el desempate. La ecuanimidad que le hizo merecedor del nombramiento, recuerdan los socialistas, deberá demostrarla absteniéndose. Si consigue armar el puzle, será la segunda victoria progresista.
Aprobada la ley en las Cortes, el PP la impugnará ante el Constitucional. Esa es su tercera batalla prevista. Algunos juristas opinan que el tribunal podría dictar la suspensión cautelar de la ley hasta que haya pronunciamiento para evitar lesiones al derecho a la vida. El Constitucional tarda de dos a tres años en decidir sobre un asunto. La ley en suspenso sería otra victoria conservadora.
Pero en política dos años son una eternidad. Dan, por ejemplo, para renovar el Constitucional. Si se hace bajo Gobierno socialista, la victoria del PP será pírrica. Si el acuerdo no llega y este Constitucional se mantiene, sus miembros deberán decidir si la Constitución española es la única de los principales países de la UE que prima el derecho del embrión sobre el de sus ciudadanas.
La Ley de Libertad Religiosa y de Conciencia que prepara el Gobierno es aún un misterio en muchos de sus detalles, pero ya asoma la intención del Ejecutivo de multiplicar las religiones en lugar de reforzar la precaria aconfesionalidad del Estado que propugna la Constitución. Es la solución típica de quien quiere contentar a muchos… que suele terminar con todos cabreados.
Los símbolos religiosos desaparecerán de las tomas de posesión de cargos de la Administración, dicen en Justicia. La cruz y la Biblia ya no presidirán las fotos de los ministros en la Zarzuela. Pero ¿y si alguno quiere jurar?, ¿habrá una segunda mesa católica?, ¿tendrá que disponer el rey en Zarzuela de todos los símbolos de todas las religiones por si algún ministro es de otra confesión?, ¿no sería más fácil eliminar los juramentos ante cualquier dios y que bastara la palabra de cada uno para asumir una responsabilidad pública?
