Hay un viejo axioma parlamentario que dice algo así como: “Si no quieres resolver un asunto, crea una subcomisión”. El PSOE ya lo hizo hace unos años, cuando encargó al Parlamento que analizara el negocio de los anuncios de prostitución en la prensa generalista. Sus señorías se tomaron su tiempo y, tras meses de escuchar a expertos y debatir entre ellos, concluyeron como se esperaba: recomendaron al Gobierno que sondeara a los medios de comunicación para ver si podrían barajar la posibilidad de estudiar fórmulas para hacer el favor de ir prescindiendo de esos anuncios.
Eso ocurrió en 2007. Ninguno de ellos retiró esa publicidad. Sin embargo, pese a sus nulos resultados, es lo más concreto que ha parido el Parlamento español respecto a la regulación de la prostitución, excepción hecha de la persecución de las mafias de trata de mujeres.
El Congreso está lleno de trucos que los grupos parlamentarios utilizan cuando quieren eludir un debate incómodo. Ayer echaron mano de ellos. ERC trató de meter a capón la regulación de la prostitución, incluidos, evidentemente, sus anuncios en prensa. Pero la máquina parlamentaria abortó el intento.
Al PSOE no le interesa ahora ninguna polémica nueva, bastante tiene con los impuestos y la Ley del Aborto. El PP ni siquiera sabe qué opina al respecto, excepto que la visión de prostitutas en la calle afea las ciudades. Ninguno de ellos quiere abrir nuevas polémicas con los medios de comunicación. ERC se negó a retocar su propuesta. Y el resultado fue la nada.
Como a los magos malos, se les vio el truco. PP y PSOE no quieren líos, pero a ERC ya le vale. Si realmente quisiera regular la prostitución, empezaría por hacerlo en Catalunya, donde gobierna.
Cuando el Gobierno reciba este viernes por la mañana el informe del Consejo de Estado que avala la constitucionalidad plena de la nueva Ley del Aborto, también tendrá en sus manos un valioso asidero para salvaguardar cara al futuro el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad. El aval del máximo órgano consultivo es, en esta ocasión, más relevante que nunca, porque el resto de organismos a los que la ley obliga a consultar una norma (Consejo Fiscal y Consejo General del Poder Judicial) habían sido incapaces de emitir un dictamen unánime sobre la ley de plazos, atenazados por la división partidista que lamentablemente practican.
El Gobierno tiene ahora luz verde para llevar el proyecto de ley al Consejo de Ministros (previsiblemente el próximo 26) y que el Parlamento lo apruebe antes de que acabe diciembre.
Entre tanto, el PP y la Iglesia continuarán alimentando a los grupos antiabortistas con un despliegue de gaviotas y sotanas en la manifestación anunciada para el 17 de octubre en Madrid.
El paso siguiente es un recurso al Constitucional contra la norma. El PP acredita una extensa experiencia en redactarlos y ya se frotaba las manos con la división del Consejo Fiscal (emitió dos informes contradictorios sobre el proyecto de ley) y la incapacidad del CGPJ de dictaminar la norma (nunca antes había ocurrido). Pero un aval del Consejo del Estado no es un asidero menor. Es difícil imaginar al Tribunal Constitucional revisando el criterio que ha firmado nada menos que Francisco Rubio Llorente, ex presidente de ese mismo tribunal.
Y mientras llega esa sentencia (tarda una media de tres años), muchas mujeres habrán echado mano de la ley (entre ellas, muchas votantes del PP). Para entonces no habrá gobierno que se atreva a revocar ese derecho.
La reacción más inmediata de los compañeros periodistas cuando surge el debate sobre si los medios de comunicación deberían prescindir de los anuncios de prostitución es poner gesto de incomodidad, vestirse el traje de empresario de prensa y concluir que “en esta tesitura sería suicida”.
La realidad es que esos anuncios, como la prostitución misma, existían en la prensa española que presume de seria (en el resto de Europa este fenómeno es residual, para nuestra vergüenza) desde mucho antes de que la crisis se instalara entre nosotros. Y estoy por apostar desde aquí que con la recuperación económica que los expertos ya ven avecinarse tampoco desaparecerán esos explícitos contactos de las páginas de algunos de los más reputados diarios.
Salvo que un medio lo decida por sí mismo (como hizo Público desde su nacimiento), los diarios no dejarán de publicar anuncios de prostitución hasta que se les prohiba hacerlo. El Gobierno tiene un informe de los servicios jurídicos del Estado (encargado en la pasada legislatura) que asegura que no se puede prohibir la publicidad de una actividad que no está prohibida.
Señor Zapatero, se impone pedir una segunda opinión. ¿No se han dado cuenta esos servicios jurídicos de que ya no hay anuncios de tabaco o alcohol pese a que ni fumar ni beber está terminantemente prohibido?
¿No será que falta voluntad para decir a los dueños de las empresas de comunicación que deben prescindir de pingües ingresos? ¿O será que falta valor para ponerse a esos medios en contra?
Pero si no hay valor para hacer eso, ¿cómo atreverse a prohibir un negocio que mueve en España 18.000 millones de euros anuales?
Recuerdan aquello de: “¿Hay alguna posibilidad, por pequeña que sea, de salvar lo nuestro?” La desgarrada pregunta del espléndido guión de Almodóvar podría aplicarse ahora a la relación de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. La respuesta sería idéntica a la que recibía Marisa Paredes de Imanol Arias en La flor de mi secreto. El desencuentro es insalvable.
El debate del miércoles en el Congreso con el que arrancó el curso parlamentario lo dejó claro: las soluciones inmediatas a la crisis económica no saldrán del acuerdo entre los dos grandes partidos, que mantienen posiciones antagónicas sobre cómo ingresar y en qué gastar el dinero público.
Pero hay una cuestión en la que están obligados a llegar a un acuerdo, porque es vital para el futuro del país: la educación.
No será fácil el pacto. Ningún acuerdo de vital importancia para una sociedad, de los que se llaman de Estado, lo es. Las posiciones, hoy, parecen irreconciliables. El PP no quiere empezar a hablar si no es para cargarse la LOE, la norma de educación vigente. Y el PSOE se aferra a la necesidad de estabilizar la educación “por generaciones, no por elecciones”, como resumió hace unos días el ministro Ángel Gabilondo. Parece una negociación difícil, pero llevarla a buen puerto resulta imprescindible.
España ha sufrido en los 30 últimos años de democracia cinco leyes distintas de educación (1985, 1990, 1995, 2002 y 2006). Prácticamente una por legislatura. Ninguna otra materia troncal del Estado social y democrático de derecho ha sido tan manipulada por la ideología de cada gobierno de turno. Los resultados de esa inestabilidad son de sobra conocidos: hoy España dobla la media de la Unión Europea en abandono escolar temprano (31% del alumnado), según datos ofrecidos esta semana por el Ministerio.
Pero eso puede cambiar. La crisis económica que nos envuelve arroja cada día malas noticias, pero está provocando una consecuencia directa que, bien encauzada, puede ser la oportunidad necesaria para comprometer a Gobierno y oposición en el empeño de aprovecharla.
El paro entre los jóvenes de entre 25 y 30 años que abandonaron los estudios al finalizar la enseñanza obligatoria se ha duplicado en un año (del 10,9% en 2008 al 20,4% en 2009). Mientras que sólo ha crecido un 50% entre los que gozan de un título de grado medio o superior (del 8,8% al 13,8%). Resumiendo, que mantiene toda su vigencia el viejo consejo de las madres: “Estudia una carrera, hijo, que un título es un título”.
Así que esa enseñanza (los titulados gozan de mejores expectativas laborales) y la falta de oferta de empleo para personas sin instrucción (hasta ahora el ladrillo asumía muchos de los estudiantes que elegían un sueldo antes que más formación) puede ser una inmejorable oportunidad para reconducir a ese 31% de chavales que dejan los libros a partir de los 16 años.
Al Gobierno, y más a uno socialista, corresponde acompañar a esos estudiantes sobrevenidos con ayudas públicas que garanticen que su formación no supone una carga para sus familias. Y con una reforma profunda de la Formación Profesional (siempre prometida y siempre aplazada), que la haga atractiva para docentes y estudiantes y útil en la formación de técnicos de grado medio de los que España anda tan escasa (no llegamos a la mitad de la media de la UE, según la OCDE).
¿Y el papel de la oposición? Pues poco más puede hacer que acompañar al Gobierno en esas tareas, apremiarlo para que espabile y aportar cuanto pueda, además de garantizar que lo acordado permanecerá vigente gobierne quien gobierne. La recompensa será una ciudadanía mejor preparada para el futuro, un país más fuerte. ¿No es ese fin el que mueve a los políticos?
Y cómo es que este año habéis venido tan tarde?
–Es que nos cogió a todos la gripe A.
La conversación discurrió en el pequeño supermercado de un pueblito de Galicia, en pleno agosto, entre la dueña del colmado y una conocida del pueblo recién llegada de vacaciones desde el Reino Unido, donde vive con su familia mixta galaico-británica. La tranquilidad con la que la veraneante se refería a ese mal que nos acecha y nos inquieta desde el final de la primavera contrastaba con la cara de pánico que se le puso a la vendedora (el inmediato miedo al contagio se dibujó en su rostro) y el interés indisimulado que mostrábamos el puñado de clientes que, necesariamente, escuchamos la conversación (el super es mini y la costumbre de hablar a voces, sempiterna).
A base de poner la oreja, los parroquianos nos enteramos de cuatro verdades sobre la gripe A que ya podíamos grabarnos a fuego en las redacciones de los medios de comunicación para dejar de alarmar a la población, que está más pendiente de esta epidemia de gripe de lo que lo estuvo nunca de otros males mucho más mortíferos, como el sida, los automóviles, los accidentes laborales… o la gripe común, esa a la que no habíamos hecho nunca ni caso.
Relataba la gallega, conocida en la zona como la inglesa, que su hijo mayor, de 20 años, había contraído el mal allá en Gran Bretaña y que lo había ido pasando uno a uno a los cuatro miembros de la familia, lo que a la postre había provocado el retraso en las vacaciones de la familia. Ese fue todo el trastorno que les causó la nueva enfermedad. No sufrieron más que 48 horas de dolor muscular y fiebre intensa y, como lo hicieron por turnos, los últimos ya sabían que la cosa no duraba más de dos o tres días. Las autoridades sanitarias les recomendaron quedarse en casa hasta el fin del tratamiento, que consistió en beber mucho líquido y tomar antivirales.
Tranquilizada la vendedora y cuantos pegábamos la oreja, la británico-galaica pasó a criticar el tratamiento informativo (“gallinero de la prensa”, lo llamó ella) que había descubierto al llegar a España en la información sobre la gripe A. Vendedora y clienta concluyeron (es duro reconocer que sabiamente) que algo tiene que hacer la prensa para vender en verano. Yo oculté mi condición de periodista y me limité a comprar una empanada, pero el reproche colectivo a la profesión prendió en mí y me acompañó el resto del veraneo.
¿Estaríamos amarilleando con la gripe A? ¿Habríamos tratado igual el asunto de no pillar el verano de por medio, cuando la información escasea casi tanto como los lectores? ¿Estaría sobreactuando la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, por la necesidad de demostrar su valía para el cargo, recién asumido? ¿Es nuestra oposición (el PP) menos responsable que sus homólogos europeos (de distintos colores políticos) por criticar las decisiones adoptadas por el Ministerio?
Un poco de reflexión y de documentación después, concluí que la respuesta a todas mis preguntas es sí. Informativamente, la gripe A triunfa más en España que en el resto de los países de la UE. El virus H1N1 se ha llevado más páginas (portadas incluidas) y minutos en radio y televisión de lo que consiguió nunca su hermano menor, el virus de la gripe común, pese a que al primero le quedan lejos las marcas del segundo, que muta cada año y se lleva a la tumba a 8.000 personas por temporada.
Sí, el verano es un factor de riesgo informativo: con el calor las noticias se inflan. Sí, Trinidad Jiménez está haciéndolo muy bien, pero de tanto reunirse con todo bicho viviente corre el riesgo de empachar al respetable, cuando no de contraer el virus que trata de controlar. Y sí, los del PP fueron con este asunto tan irresponsables como acostumbran, si bien en los últimos días depusieron las armas tras el aplauso unánime de sus autonomías
a la gestión sanitaria del Ejecutivo.
A ver si con el otoño refresca un poco y logramos atajar las pandemias mediáticas.
