Primero supimos que el millón doscientas mil personas (o más, según los organizadores) que llenaron el centro de Madrid con gritos en contra del aborto eran poco más de 50.000 ciudadanos. Después nos enteramos de que el apoyo del PP a la protesta era un respaldo sólo a medias y estaba cargado de culpabilidad por haber gobernado ocho años sin encarcelar a las mujeres por interrumpir su embarazo, que es lo que reclaman los ultras del movimiento antiabortista.
Llegó luego la realidad parlamentaria y desmintió el bulo de que esta ley sólo la apoya la izquierda. Esta misma semana, el otrora católico PNV anunció su apoyo a una reforma que consolida el derecho de la mujer a decidir cuándo quiere ser madre.
Los datos sociológicos que aporta la encuesta que hoy ofrece Público demuestran que sólo el 12,5% de los ciudadanos considera el aborto un delito y aboga por prohibirlo.
Y para rematar, ahora sabemos que los días previos a la marcha antiaborto de Madrid (ese “grito masivo por la vida”, como la definió la derecha más ultra) los líderes de las principales organizaciones convocantes estaban inmersos en una encarnizada discusión. En su edificante intercambio de correos electrónicos descubrimos su auténtica preocupación: era la bolsa, no la vida.
Uno de los argumentos más extendidos entre los representantes de la derecha templada para oponerse a la reforma de la Ley del Aborto (con el resto, los que se oponen al derecho de la mujer, es imposible razonar sobre esta cuestión) es que “no hay demanda social de un cambio” porque la actual despenalización “permite abortar a todas aquellas mujeres que lo necesitan”.
La afirmación es cierta sólo en parte. Es verdad que en los últimos 25 años (los que lleva en vigor la despenalización del aborto en tres supuestos) son contados los casos en que una mujer se ha visto obligada a llevar a término un embarazo no deseado. Pero también es cierto que no es fácil abortar cuando y donde una desea. Y que es prácticamente imposible hacerlo gratis (con cargo a la sanidad pública).
El Estado, junto a buena parte de la sociedad, ha estado mirando hacia otro lado sobre esta cuestión y también sobre la aberración que supone interrumpir embarazos en un momento de la gestación que supera con creces lo que estiman como razonable todos los expertos (22 semanas).
La virulencia con la que se ha abierto el debate sobre el aborto desde que se anunció la reforma obliga a poner la máxima atención para que la norma que salga del Parlamento sea lo más perfecta posible, de modo que la cuestión del aborto pueda quedar aparcada del debate público al menos otros 25 años. Es de todos sabido que el PP hace mucho ruido cuando la izquierda gobierna e implanta nuevos derechos, pero después se cuida de derogar aquellos que aprueba (y utiliza) buena parte de su electorado.
La norma que ha redactado el Gobierno (aborto libre hasta la semana 14 de gestación y con supuestos tasados hasta la 22) sirve para garantizar que no habrá excesos. Y da seguridad jurídica a las mujeres y los doctores, porque ya nadie podrá culparlos de realizar abortos ilegales en las 14 primeras semanas de gestación (el 89% de los que se llevan a cabo), como ha ocurrido con varios ginecólogos y 25 mujeres que habían acudido a la clínica Isadora.
Pero en su redacción actual, la nueva Ley del Aborto deja lagunas que deben subsanarse mediante la aceptación de enmiendas, la mayor parte de ellas planteadas por Izquierda Unida y ERC.
Es imprescindible que la ley garantice a las mujeres la asistencia sanitaria pública. Actualmente, el 97% de las interrupciones de embarazo se realizan en clínicas privadas a las que derivan a las mujeres desde los hospitales públicos. Hay casos escandalosos, como Extremadura y Navarra, donde ni siquiera se puede abortar en clínicas privadas. La ley debe garantizar la igualdad geográfica y erradicar el latrocinio para el erario público que supone tener sanidad pública y pagar ese servicio a la privada.
Pero sobre todo, debe responder a su nombre (Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo) y asegurar una educación sexual completa, además del acceso subvencionado a los anticonceptivos y a la píldora del día después, imprescindible para reducir los embarazos no deseados en adolescentes que concluyen cada año con 15.000 abortos.
Señor Aznar, ¿usted exactamente contra qué se manifestará mañana? No tendrá el cuajo de responder que lo hace “contra el aborto” y por “el derecho a la vida”. Porque es de todos conocido que usted gobernó España durante ocho años y no derogó la despenalización del aborto vigente. También se sabe por el Instituto Nacional de Estadística que en esas dos legislaturas se produjeron en España 650.000 abortos y que ni los diputados del PP que mañana prevén acompañarlo, ni los obispos que ahora arengan desde los púlpitos por la protección del no nacido se conmovieron ante esas espeluznantes cifras.
Así, pues, exactamente, ¿contra qué se manifiesta? Quizá considere inaceptable que se apruebe una ley para dotar a las mujeres de la seguridad jurídica que ahora se les hurta, para permitirles que decidan tranquilas si quieren interrumpir un embarazo, para librarlas de la necesidad de mentir a un psicólogo hasta ajustarse a uno de los supuestos despenalizadores.
Quizá no soporte erradicar la hipocresía.
La manifestación de mañana será un éxito de convocatoria, porque la derecha católica no ha escatimado esfuerzos para llenar la calle (esta vez, hasta han encargado miles de abortitos de plástico tamaño 14 semanas para impresionar a los indecisos). Pero no se engañe, señor Aznar, será un disparo sin pólvora.
El Gobierno ha atendido la demanda social y el Parlamento ya está tramitando la nueva Ley del Aborto, que estará en vigor en febrero. Las fuerzas parlamentarias que la apoyan ya superan con creces la mitad de la Cámara. Son una mayoría plural, sólida, imparable. La misma que ha dicho dos veces “no” a lo que usted representa.
Son numerosos los diputados socialistas a los que el cuerpo les pide las más de las veces dejarse caer a la izquierda y apoyar (es más, promover) iniciativas tendentes a implantar la laicidad, suavizar los requisitos para legalizar a los inmigrantes o avanzar en el reconocimiento del derecho a la eutanasia, por poner unos ejemplos. Pero enseguida recuerdan que están ahí elegidos bajo las siglas de un partido político cuya dirección responde a la agenda que marca el Gobierno al que sustenta.
No hay que rasgarse las vestiduras. La iniciativa política corresponde en primer lugar al Ejecutivo, que es el que debe marcar sus prioridades a la hora de impulsar avances sociales (caso de ser un gobierno socialista, como el actual) cuidando de calibrar si su exiguo presupuesto los soporta y su variopinto electorado los acepta. Ningún gobierno en su sano juicio permite que sean grupos de la oposición (aunque en ocasiones le sirvan de aliados) los que le marquen la agenda.
El Gobierno de Zapatero arrancó la primera legislatura con mucha prisa social. Pasó de cero a cien en los primeros meses, con apuestas como la ley integral contra la violencia de género, la de igualdad, la legalización del matrimonio entre homosexuales, la regularización especial de inmigrantes o la Ley de Dependencia, entre otras. Y como suele pasar cuando uno va lanzado, ahora parece que ni avance, aunque acabe de aprobar la Ley del Aborto y tenga en marcha la de Libertad Religiosa para este invierno.
El peligro que entraña rechazar sistemáticamente las ideas de los vecinos de la izquierda, como está haciendo el Gobierno, es que algunos votantes pueden acabar por no ver la diferencia entre votar al PSOE o apoyar al PP.
Desconcierto, estupor, desacuerdo, vergüenza… son algunos de los sentimientos que expresan dirigentes socialistas cuando se les pregunta por la reforma de la Ley de Extranjería que ha llevado al Congreso el Gobierno al que sustentan. “No sé qué hacemos apoyando esto”, confiesa un dirigente del grupo parlamentario mayoritario. “Voy a tener que estudiarlo, porque no paro de recibir mensajes alarmantes de las ONG”, admite otra relevante socialista.
La norma se ha ganado la crítica unánime de la izquierda y el desprecio de cuantas organizaciones trabajan en la integración de los inmigrantes. La razón es sencilla: endurece las condiciones actuales para vivir y trabajar legalmente en España, trata a los inmigrantes como mera mano de obra en lugar de verlos como personas y establece cuantas barreras exigen quienes sostienen el discurso xenófobo de que los de fuera vienen a quitarnos el pan de la boca.
Entonces, ¿por qué apoya la reforma el Grupo Socialista? La respuesta es tan simple como descorazonadora: los diputados cumplen siempre con la disciplina de voto, ni se plantean oponerse a una propuesta de su Gobierno. Pero, ¿por qué la promueve el Gobierno? Para entenderlo hay que volver a principios de 2008, cuando el PP incluyó en su programa electoral la propuesta de exigir un “contrato de integración” para conceder la residencia a los extranjeros. El PSOE, alarmado por los primeros indicios de una crisis económica que no quiso reconocer y agobiado por amarrar esos votos indocumentados en los que suelen prender los mensajes populistas, se subió al carro de la xenofobia conservadora y empezó a perpetrar el endurecimiento legal que ahora está en trámite.
Pasaron las elecciones. Arreció la crisis. Los inmigrantes dejaron de venir a un país en el que ya no encuentran trabajo… pero la burocracia siguió su curso y la estrechez de miras impidió al Gobierno aparcar el proyecto con el que el ministro Celestino Corbacho sustituyó al peligroso Jesús Caldera, aquel ministro que cometió la atrocidad de sacar a un medio millón de personas de la economía sumergida y hacer que empezaran a cotizar a la Seguridad Social.
La reforma de la Ley de Extranjería es de todo menos socialdemócrata. Pero tiene otros defectos más prosaicos: es innecesaria, injusta e incoherente. Innecesaria porque en 2009 ha caído estrepitosamente la llegada de extranjeros a causa de la crisis (el verdadero efecto llamada, no nos engañemos, es la bonanza económica) y crece el número de ciudadanos que retornan a sus países. Es injusta porque trata al inmigrante como un delincuente potencial (permite alargar su internamiento sin cargo penal alguno) y multa a quien le dé cobijo como a un cómplice. Y es incoherente con las políticas de integración y de ampliación de derechos de las que el Gobierno socialista ha hecho bandera desde 2004.
Repugna a todos, menos al PP, que en su escalada populista aún la encuentra blanda. Ya ha recibido 500 enmiendas, muchas de ellas del propio PSOE. Ojalá el trámite parlamentario la deje irreconocible, aunque sea a costa de malgastar el tiempo de los diputados en una batalla que podría haberse evitado.
