Sé que falta mucho trámite parlamentario para que la primera Ley del Aborto de la democracia entre en vigor, pero es inevitable sumarse a las celebraciones porque la norma ha superado ya el escollo más difícil de los que tenía por delante. Los votos que rechazaron las enmiendas a la totalidad que pretendían tumbar la ley mostraron que la derecha, a día de hoy, no tiene capacidad para frenar los derechos de las mujeres.
El Parlamento español respalda la discusión de un texto que, en esencia, preserva a las mujeres y a los médicos de la amenaza de cárcel por practicar un aborto; garantiza la autonomía de las mujeres para decidir sobre su maternidad; homologa la legislación española a la de la mayoría de los países europeos más avanzados; y aspira a reducir la dramática cifra de abortos (una media de 105.000 al año desde 1976) a base de información sexual y reproductiva desde la infancia.
La oposición del PP, personalizada en Sandra Moneo, que defendió el veto de su grupo parapetada tras un oportuno y visible embarazo y abrazada al discurso más duro y descalificador que se le recuerda, sólo puede entenderse desde el servicio a la más rancia moralina católica, como destacaron varios portavoces parlamentarios durante el debate.
Un partido de derechas moderno y confesionalmente independiente no puede dejar de apreciar que la nueva norma pondrá orden donde hay caos. Así lo ven PNV y Convergència, que tienen poco que ver con los “regímenes totalitarios de la Europa del Este” a los que aludió el PP para denostar la ley. Ambos aportarán sus propuestas de mejora al proyecto en el trámite que ahora se inicia.
El de ayer fue un día histórico para las mujeres, incluso para las del PP. Aun con su oposición, en adelante serán más libres.
Han traspasado el último de los límites. La jerarquía católica española demostró ayer que no se conforma con inmiscuirse y atacar los avances democráticos que se propone impulsar el Gobierno (nueva Ley del Aborto) o los que han sido implantados en estas dos legislaturas (matrimonio gay y Educación para la Ciudadanía), sino que se cree en el derecho de saltarse la legalidad vigente.
Es exactamente eso lo que ocurrió ayer en Cuelgamuros, donde el máximo representante de la Iglesia, el abad del monasterio del Valle de los Caídos, se sumó a los nostálgicos del franquismo para volver a distinguir al dictador.
La misa de exaltación de Franco y José Antonio (a este último con menos empeño, que el Abad distingue bien a quién desea honrar más) es un acto ilegal desde 2007, cuando se aprobó la Ley de Memoria Histórica que la prohíbe. También se saltaron la ley el centenar de neofascistas que acudieron a la explanada del Valle a levantar el brazo y corear el nombre del dictador.
Algunos criticamos a este Gobierno por mantener (y ampliar) los privilegios económicos a la Iglesia. Siempre responde que una buena parte de la sociedad española sigue declarándose católica y que el Gobierno debe serlo de todos los españoles. Quiero creer que la manga ancha no incluirá la permisividad para incumplir las leyes y que los guardias civiles infiltrados ayer entre los franquistas estarán ya redactando denuncias a las que dará curso diligentemente la Justicia. Lo contrario no es admisible en un Estado de derecho.
Todos los pedagogos coinciden en que el error más letal que suelen cometer los padres que lamentan haber perdido la autoridad sobre sus hijos es no saber calibrar la proporción de la amenaza y el castigo. Es decir, que tan pernicioso es exagerar la amenaza (“si suspendes, te mato”) como reducir o levantar el castigo impuesto si es proporcionado y merecido (una semana sin tele, por ejemplo).
Los obispos españoles, o al menos su portavoz, Juan Antonio Martínez Camino, acaban de demostrar que carecen de tacto para tratar a sus más destacados fieles, los políticos. En su afán por meterse en los asuntos terrenales mucho más allá de lo que dicta la lógica –por más que la lógica religiosa tienda siempre a la injerencia–, esta vez se han pasado de frenada.
Su amenaza de negar la comunión a quienes osen votar a favor de la nueva Ley del Aborto, con acusaciones de “pecado mortal” y “herejía” y advertencias de “excomunión”, ha hecho saltar por los aires la benevolencia con la que los católicos que ocupan escaño en las Cortes vienen soportando en los últimos años las andanadas de la corriente más ultra de la Iglesia, la que domina la jerarquía católica.
Falta ver si sus ilustrísimas perseveran en su error y a la desproporción de la amenaza acompañan la incoherencia en la aplicación del castigo. O lo que es lo mismo, si después de amenazar con el mismísimo infierno a quienes aprieten el botón verde en el Congreso luego se cortan para negar la comunión a los más ilustres de los parlamentarios pecadores.
Propongo ya, tras la votación, acompañar a José Bono a la catedral de la Almudena y comprobar si el mismo Martínez Camino le niega la comunión. Se juega la credibilidad y el respeto de todo padre espiritual.
La puesta a punto de la Ley contra la Violencia de Género que acaba de concluir la subcomisión de Igualdad del Congreso empieza a dar resultados palpables. De sus conclusiones se extraen propuestas de mejora de una herramienta jurídica cuya principal virtud, desde que el Gobierno de Zapatero la aprobó en 2004, ha sido colocar a la sociedad frente a un problema que venía siendo cobardemente ocultado por todos nosotros para esquivar la vergüenza.
Tras cinco años de aplicación de la norma, los juristas, políticos, policías, psicólogos y demás colectivos sociales concernidos por la lucha contra la violencia machista han recopilado datos que permiten afrontar una puesta a punto de la norma.
Lamentablemente, no hay herramienta jurídica capaz de erradicar por completo el machismo criminal, que este año se ha cobrado ya la vida de 49 señoras, pero no parece descabellado que los agresores pierdan la custodia de los hijos si se prueba su culpabilidad y que se les prive del régimen de visitas. Por increíble que parezca, ambos derechos se les mantienen en la actualidad.
Tampoco resulta extraño que la subcomisión unánimemente proponga que la ingesta de alcohol deje de ser un atenuante en la condena por violencia de género. Los efectos de beber de más (así se interpreta en el Código de Circulación) tienen más que ver con el aumento de la agresividad que con la enajenación transitoria que le atribuía hasta ahora la legislación, impregnada de la tradicional tolerancia social del alcohol.
Igual ha llegado la hora de que la sociedad, además de tolerancia cero con la violencia machista, tenga el mismo umbral de exigencia para castigar el abuso del alcohol en el resto de delitos.
Me pregunto por qué mi Gobierno protege al padre católico que reclama clases de Religión para sus hijos en un colegio público y no hace lo propio con el progenitor que exige para los suyos un aula confesionalmente aséptica, aunque sea en un colegio concertado de ideario católico. Ambos centros se sufragan con dinero de todos los ciudadanos, procedente de los impuestos de laicos y religiosos. Para el primero de los padres, el Estado y los sucesivos gobiernos de la democracia han venido destinando millones de euros que permitieron pagar a los profesores de Religión que imparten la doctrina católica. Para los segundos, ni siquiera tiene previsto dejar claro en la nueva Ley de Libertad Religiosa la prohibición de exhibir crucifijos en las aulas públicas. Y eso que ambos tienen el mismo derecho constitucional a que la educación de sus hijos se imparta conforme a las convicciones de los padres.
Me pregunto por qué mi Gobierno anuncia una ley que regulará la presencia de símbolos religiosos en los ámbitos públicos para cumplir la promesa electoral de “avanzar en la laicidad del Estado” y después sólo encuentra inconvenientes para llevarla a cabo.
Me pregunto por qué mi Gobierno prefiere gastar 25 millones de euros de mis laicos impuestos en sufragar la visita de Benedicto XVI en 2011, en lugar de gastarlos en una educación pública que pide a gritos más medios para llegar a la media europea de gasto.
Me pregunto cuántas manifestaciones tendrán que convocarse desde los púlpitos para que el Gobierno
reaccione.
