Es difícil imaginar ahora al Partido Popular participando de forma entusiasta en la elaboración de un modelo educativo que perdure lo suficiente como para trascender los tiempos electorales. Y es difícil pese a que las líneas maestras del que presentó el martes el ministro Ángel Gabilondo destilan una clara voluntad de acercarse a las posiciones que los conservadores hicieron públicas hace apenas una semana.
La deriva populista en la que ha entrado de lleno el PP no parece el caldo de cultivo más adecuado para negociar un asunto de tanto recorrido como la educación. De tanto calado y que tan escaso rédito inmediato proporciona. Cuando un partido político propone o defiende en el plazo de 15 días excluir del padrón a los inmigrantes sin permiso de residencia, instaurar la cadena perpetua en el Código Penal, rebajar la edad penal para los menores y promover la energía nuclear siempre que los residuos que genera se los queden otros, queda en evidencia que no se encuentra en un periodo reflexivo, sino en plena efervescencia demagógica para recabar apoyos electorales inmediatos.
Pese a esos impedimentos objetivos, de los que el titular de Educación es perfectamente consciente, Gabilondo se ha empeñado en llevar adelante la misión que le encomendó el presidente Zapatero cuando le pasó la cartera: una reforma educativa que sea útil para las próximas generaciones, no para las próximas elecciones.
Gabilondo pretende nada menos que pactar un sistema educativo que no pueda ser derogado al calor de las urnas, como ha ocurrido desde la instauración de la democracia: el nuevo modelo será el sexto para profesores y alumnos en 25 años desde la reforma de la enseñanza posfranquista. Si triunfa en su empeño, la educación quedará tan blindada como la Constitución, para cuya reforma son necesarios dos tercios de los votos del Congreso.En esa voluntad de permanencia reside el mayor potencial para que el sistema dé frutos.
Es imprescindible para todos. El 30% de los jóvenes abandona los estudios al finalizar el periodo obligatorio de enseñanza a los 16 años. Y eso que lo que les espera fuera es un erial. El paro se ceba en ellos. Entre los que quieren trabajar y tienen entre 16 y 30 años, un 43,8% no encuentra empleo, según la última Encuesta de Población Activa. El doble de la media de sus compañeros de la Unión Europea.
La tibieza con la que los consejeros autonómicos del Partido Popular recibieron la propuesta del Gobierno puede ser una buena señal. Al menos no la destrozaron antes de estudiarla. La voluntad del ministro por adecuar el modelo a los postulados conservadores ha quedado patente. En las próximas semanas veremos si los de Rajoy son capaces de aparcar sus atavismos ideológicos: la religión, el castellano y los intereses de los colegios privados/concertados. Y de discutir fórmulas para atajar la sangría de talentos entre el alumnado y el desencanto del profesorado. Es hora de que la política de corto alcance salga de la educación. Es hora de hacer política para los que tardarán muchos años en votar.
Las aguas de la xenofobia desbordadas en Vic (Barcelona) y Torrejón de Ardoz (Madrid) vuelven a su cauce tras los contundentes informes de la Abogacía del Estado. Ambos municipios, el primero gobernado por CiU y el segundo por el PP, dan marcha atrás y retirarán las normas que impedían empadronarse a los sin papeles.
Pero la semilla de la exclusión ha quedado plantada. El debate sobre un nuevo endurecimiento de las normas migratorias y sobre el derecho de los extranjeros a disfrutar de nuestros servicios sociales está servido.
De poco sirve recordar que los extranjeros utilizan sensiblemente menos la Sanidad pública que los nacionales (según datos del ministerio), o reseñar que apenas disfrutan de las pensiones porque se incorporan al mercado de trabajo con muchos años de vida laboral por delante antes de la jubilación (datos del INE), o que hacen falta al menos siete millones de trabajadores/cotizantes extranjeros más hasta el 2030 para paliar la baja natalidad española y sostener el sistema público de pensiones (informe de la Comisión Europea), o volver a explicar que todos los estudios económicos atribuyen al auge migratorio de la última década al menos la mitad del crecimiento del PIB español en ese periodo.
La semilla del mal está plantada. Depende de los políticos regarla convenientemente con alarmismos injustificados o agostarla con información veraz y mucha pedagogía. Y está en manos de la sociedad comprar una de las dos recetas. Ojalá los vientos xenófobos demuestren ser sólo brisas que no lleguen hasta la próxima campaña electoral.
Cuando se abre la veda de la caza de votos, pocos desperdician una oportunidad, aunque sea a costa del respeto a los derechos humanos que los españoles exigimos para nosotros dentro y fuera de nuestras fronteras.
El PP se ha quitado la careta. Ha dudado una semana, pero al final se ha lanzado sin complejos a por los votos de la xenofobia. Contra el inmigrante se vive mejor, han concluido los estrategas conservadores, conscientes de que su electorado -especialmente el de Catalunya, donde más próximas están las elecciones- compra mejor la tesis del ultra Anglada (Plataforma per Catalunya) que otras más respetuosas con los derechos humanos y la Constitución española que los protege. Con las cosas de comer no se juega y los de Rajoy, al grito de aquí no cabemos todos, ya se han puesto manos a la obra para calentar la oreja a quienes temen que los de fuera les resten servicios sociales. El caso es más sangrante en Catalunya, donde muchos de esos ahora partidarios de la mano dura contra el extranjero eran foráneos en esa tierra hace poco más de una generación. Qué selectiva es la memoria.
Los de Rajoy han pasado en una semana de criticar al Ayuntamiento de Vic y su restricción de empadronamiento a inmigrantes a aplaudir la idea y empezar a darle forma para incluirla en su próximo programa electoral. Han tardado lo justo para darse cuenta de que al intentar atacar al nacionalismo catalán (en Vic gobierna CiU y en esto del padrón lo apoyaban PSC y ERC) estaban poniendo bombas en su propia ideología (el gobierno de Torrejón de Ardoz sólo tiene nacionalismo del que tolera el PP, el español).
Esta mañana Soraya Sáenz de Santamaría ha desempolvado el contrato de integración ofrecido por los populares durante la campaña electoral de 2008 y escondido desde entonces en un cajón. Ni siquiera en el último debate sobre la reforma de Ley de Extranjería, hace poco más de un mes, se atrevió el PP a sacarlo de nuevo a la palestra. Hoy ya no hace falta disimular con actitudes comprensivas hacia los más débiles. Si las encuestas muestran que a los españoles la inmigración les parece uno de los “problemas” principales, aquí está el PP para resolverlo. Borrando a los inmigrantes, desaparecerá el problema. Así de primario es el electoralismo.
Ni entonces ni ahora dejan claro los conservadores quién redactaría el contrato de integración. Si, como apuntaron en su día, consiste en comprometerse a asumir las costumbres que ellos consideran más dignas de protección en nuestra sociedad (el servilismo a la Iglesia católica y la imposición de su concepción de la moral, la negación de la pluralidad cultural y lingüística del Estado, la defensa de los intereses de los poderosos, etc) entonces que me consideren inmigrante ilegal. Yo me negaría a firmar semejante contrato.
El brote xenófobo del Ayuntamiento de Vic demuestra hasta qué punto eran atinadas las protestas de los colectivos que ayudan a los inmigrantes contra el endurecimiento de la Ley de Extranjería aprobada hace unas semanas. Aquel cambio normativo, aunque no supone cobertura legal para el veto al empadronamiento de sin papeles que se propone aprobar el consistorio de Vic, abrió una espita peligrosa: la de considerar al extranjero como mera mercancía que se acepta o rechaza en función de las necesidades del mercado. La concreción de esa visión insolidaria del fenómeno migratorio no se ha hecho esperar.
El mercado no asume ya más mano de obra. Y los ayuntamientos son las entidades públicas más afectadas por la falta de recursos, porque a la actual crisis suman una histórica financiación deficiente y la obligación de atender las necesidades de asistencia social de sus ciudadanos, pese a que la mayoría de esas competencias correspondan a las autonomías. La precariedad económica y la expectativa de que la crisis tarde en resolverse son las disculpas esgrimidas por los que justifican la normativa xenófoba que prepara Vic.
La situación es propicia para los brotes xenófobos. Sin embargo, estos no se han producido en la sociedad, ni siquiera en la propia Vic, donde la mayoría declara que los vecinos (de los que un 25% son inmigrantes) conviven pacíficamente. Lo alarmante es que la norma xenófoba surge de la iniciativa de los gobernantes, no es una demanda social fruto de la conflictividad.
Ni la Ley de Extranjería recientemente endurecida por los socialistas (con el apoyo de CiU, que ostenta la alcaldía de Vic) ni la Ley de Bases del Régimen Local justifican que se niegue el padrón a los extranjeros. Ese registro es la única prueba legal de que disponen los inmigrantes para hacer constar su existencia. Resulta imprescindible para recibir servicios básicos como la sanidad y la educación; y negárselo a los de fuera es, además de repugnante, ilegal.
CiU, PSC y ERC sostienen el Gobierno municipal de Vic, presidido por Josep Maria Vila d’Abadal (Unió). Plataforma per Catalunya, una formación abiertamente xenófoba (ellos la definen como “identitaria”), lidera la oposición con cuatro concejales. La pasada legislatura sólo tenía uno. Los tres que ganó en 2007 se los arrebató al PSC (uno) y a CiU (dos).
En esa cuenta se encierra la verdadera razón del coqueteo de las formaciones mayoritarias catalanas con las ideas xenófobas que propugna Josep Anglada, el líder de la Plataforma. El mensaje de dureza contra los de fuera siempre funciona entre los sectores menos favorecidos y menos informados de la sociedad, y más en época de vacas flacas y proximidad electoral. Imitarlo evidencia la falta de escrúpulos de los tres partidos. La ausencia absoluta de contundencia de las direcciones de esas formaciones, que deberían haber atajado las veleidades xenófobas de sus correligionarios municipales, pone los pelos de punta. No es creíble que no puedan meterlos en vereda en un sistema político dominado por la disciplina de partido. Han traspasado la línea roja: esa del todo vale para mantener o ganar el poder.
