Gran trabajo y excelente resultado. Tras dos años de debate parlamentario y seis de promesa electoral pendiente, hay motivos para celebrar. Con la ley aprobada este miércoles, todas las mujeres ganamos en derechos, en libertad, en igualdad y en seguridad. Ganan también los médicos el respaldo legal imprescindible para hacer su trabajo con serenidad. Y si la ley se aplica bien, si desarrolla todo su potencial como mecanismo para extender la educación sexual y conseguir la prevención de embarazos no deseados, habrán ganado también las generaciones que vienen.
Las conservadoras se opusieron hasta hoy mismo con todas sus fuerzas a mejorar la legislación del aborto. Lo hicieron después de callar durante ochos años al frente de un Gobierno que no movió un dedo para evitar los 500.000 abortos realizados en esa etapa. Sin ruborizarse. Hasta hoy mismo en el Senado, se atrevieron a clamar “por la defensa de la vida” en las tribunas, en las manifestaciones, en los mítines…
Y será así, también sin rubor, como aceptarán la ley si algún día vuelven al Gobierno. Y será así, sin un ápice de vergüenza, sin dar siquiera las gracias, como la utilizarán en sus vidas privadas cuando lo estimen necesario.
Más de 115.000 mujeres abortaron en España en 2008 (último dato disponible). Casi 15.000 de ellas no habían cumplido los 19 años. Es obvio que con la nueva ley ganamos presente, el reto es que también ganemos con ella futuro.
Si se logra, ganaremos todas, también las del PP.
Cada vez que se publica el dato de que las mujeres cobran un 26,3% menos que los hombres en España, alguien replica que eso no es exactamente así. Es cierto que hay que explicarlo. Sería más correcto decir que la media de los salarios masculinos en España es un 26,3% más alta que la media de los salarios femeninos.
Hay un buen puñado de razones objetivas que explican esa discriminación, aunque no la hagan más digerible. La principal explicación sigue estando al margen de las normas laborales. La brecha salarial ya no responde a la menor cualificación de las mujeres (en la universidad, son el 54,7% del alumnado y superan la mitad de los titulados), ni a su tardía incorporación masiva al mercado laboral, de la que hace ya más de dos décadas. La brecha sigue estando en la corresponsabilidad familiar. O más exactamente, en la ausencia de ella.
Los datos cantan. El 91% de los hombres con hijos en edad dependiente trabaja. Entre las mujeres en idéntica situación, sólo tiene un empleo remunerado el 62%. Siguen siendo ellas las que se acogen a fórmulas laborales que permiten combinar el trabajo en casa y fuera, aunque sus carreras profesionales sufran un deterioro evidente por ello. Basta constatar que un tercio de las mujeres trabajadoras lo son a tiempo parcial, mientras que entre los varones ese porcentaje es de apenas un 8%.
La ministra de Igualdad se ha fijado 2020 como objetivo para erradicar la brecha salarial. Su compañero de Trabajo prometió aumentar de 3.000 a 5.000 las inspecciones laborales, aunque fue incapaz de detallar el resultado de las hechas hasta ahora.
A un Gobierno que hizo bandera de la Ley de Igualdad hace ya seis años cabe exigirle algo más que una tirita para tratar esta brecha.
Cada vez que conocemos un suceso relacionado con ataques sexuales a menores, salen a relucir los peligros de las redes sociales, esos sitios de Internet que han sustituido a los lugares físicos donde se relacionan los jóvenes entre sí.
La semana pasada, a raíz de la detención de un violador que contactó a su víctima en Tuenti y de la celebración en toda Europa del Día de Internet Seguro, el debate sobre la seguridad de esas redes volvió a calentarse.Ayer mismo, Faceboock, que ya ha logrado el segundo lugar en el ránking de páginas más usadas sólo por detrás de Google (8 millones de usuarios registrados en España), atendió el requerimiento de la Agencia Española de Protección de Datos y elevó de 13 a 14 años la edad mínima para acceder a la esa red.
Casi 25 millones de ciudadanos mayores de 14 años utilizan Internet. De ellos, 14 millones lo hacen a diario. En este segundo grupo, el 51% (más de 7 millones) son menores de 35 años, según datos del último Estudio General de Medios (EGM). El 55% de los internautas españoles (más de 13 millones) participa a diario en redes sociales.
Con semejantes cifras, es lógico deducir que esta nueva fórmula de relación social (virtual) está plenamente instalada entre nosotros. Las relaciones sociales virtuales no ofrecen más peligros para los chavales que las relaciones sociales de la vida real. Incluso son potencialmente menos dañinas. Ahora bien, hay que tener ciertas precauciones… muy similares a las que requiere la vida real.La alarma que desatan informaciones de sucesos en las que aparecen estas redes es injustificada. Es normal que en los sucesos relacionados con menores se mencione Facebook, Tuenti o Messenger, puesto que esas son las herramientas con las que los chavales de hoy se comunican entre sí. Pero también es gracias a esas páginas web que los investigadores policiales acaban dando, en buena parte de los casos, con el culpable de la agresión.
La responsabilidad de las empresas que gestionan las redes en la protección de los menores es indudable, y por ello es necesario que las autoridades españolas se ocupen de hacerles cumplir con las recomendaciones de seguridad que hace la Unión Europea, entre las que destaca limitar la edad de acceso (mayores de 14 años según la Ley de Protección de Datos española) y establecer las herramientas técnicas necesarias para que los datos personales que los chicos introducen en su perfil sean privados por defecto. Es decir, sólo puedan ser accesibles si el chaval ordena que lo sean.
Según la UE, el 50% de los adolescentes europeos facilita en la red datos íntimos y potencialmente peligrosos como su lugar de residencia, el colegio al que van, sus actividades extraescolares, sus horarios, etcétera. Esos datos, un caramelo para los abusadores, permanecen en línea y a la vista de cualquiera si no se da la orden en contra al establecer el perfil.
Más de la mitad de los adolescentes españoles que utilizan redes sociales (el 56% según un estudio realizado por Microsoft) han sido contactados por un desconocido en la Red. El 76% respondió a ese contacto.
Cambiar la tecnología para que sus datos dejen de ser tan accesibles es una obligación de las redes sociales. Ofrecer a nuestros hijos la educación digital básica para que conozcan los riesgos y puedan afrontarlos de forma responsable es tarea de padres y educadores. La capacidad de tener éxito con ellos para que se protejan es idéntica a la que tenemos para que eviten los riesgos de la vida real.
Intensa jornada la de ayer en el Congreso. Zapatero, exultante tras ganar por enésima vez a Rajoy en la tribuna. Rajoy, calibrando si el militante aplauso de los suyos (medios de comunicación afines incluidos) le bastará para ganar las próximas elecciones. Pero tras la emoción del mano a mano, ¿qué queda?
El Gobierno ha montado esta misma mañana la foto de la flamante comisión triministerial para salir de hoyo económico. En los gestos, el Ejecutivo se afana por responder a la sensación de urgencia que tiene la ciudadanía. Al PP no le ha quedado más remedio que anunciar que aceptará acudir a las reuniones de esa comisión, aunque sea para repetir su mantra de que Zapatero está acabado. El resto de grupos parlamentarios actúan como se espera de los pequeños, arrimando el hombro.
Pero, ¿y los ciudadanos? El debate de ayer no aporta ninguna solución inmediata contra la crisis. No hay una sola medida concreta que vaya a ejecutarse de forma urgente. Hay varias comisiones, sí, trabajando para acordarlas. Pero los tiempos en la calle, fuera del Hemiciclo, son otros. A diario, 4.000 personas engordan las listas del paro. El Gobierno se ha dado un plazo de dos meses para adoptar alguna decisión consensuada, tanto en materia de reforma laboral, como de medidas para aumentar la productividad. Al ritmo actual, en dos meses habrá 120.000 demandantes de empleo más. Dense prisa, no es el mejor panorama para agotar los plazos.
Dentro, Zapatero desglosa los datos económicos que sujetan su afirmación de que la economía está “claramente encaminada a la recuperación”. Rajoy gesticula en su escaño. Las cartas ya están sobre la mesa. El Gobierno ofrece un nuevo foro de debate para pactar “con todos” (los que quieran hacerlo) reformas concretas que ayuden a acelerar esa deseada recuperación y el PP replica pidiendo al PSOE que releve a Zapatero al frente de su partido.
Desde la tribuna, el pacto parece imposible. Pero en el pasillo, el tono es otro. Ni el PP se niega a sentarse a negociar ni el Gobierno considera insalvables las exigencias del PP, excluida la derogación de la subida del IVA que, de llevarse a cabo, sería “el hazmerreír” de la Unión Europea, en palabras de José Blanco.
Blanco (que mientras más peso político gana, más delgado luce) se prodigó un buen rato con la prensa en el pasillo. El que está poniendo en su sitio a los controladores aéreos se mostró dispuesto a protagonizar la comisión anunciada por Zapatero para pactar medidas concretas que mejoren la productividad. La integran también la vicepresidenta Salgado y el ministro Sebastián, pero ya está claro que será Blanco el que llevará la voz cantante.
El ministro de Fomento tiene prisa por ofrecer resultados. Ayer aseguró que no pondrá ni una pega al PP para negociar. ¿Dónde serán las reuniones? “En Génova 13 si es preciso”, replicó. ¿Quiénes le gustarían como interlocutores del PP? “Los que ellos quieran, desde un bedel hasta el propio Rajoy”. Por él no va a quedar. Y acto seguido detalló que ya tiene un plan para hacer más eficiente su ministerio y el conglomerado de empresas que dependen de él. Eficiencia, ya saben, implica eliminación de duplicidades y racionalización del gasto.
Cómo no va a adelgazar, si no para.
¿Quién ha dicho que el Senado no sirve para nada? Mañana mismo puede bloquear la nueva ley del aborto, esa de la que tanto se ha escrito y debatido en su trámite legislativo en el Congreso y que muchos dan erróneamente por aprobada. Bloquearla o, cuanto menos, retrasar sensiblemente su entrada en vigor son atribuciones de la Cámara alta.
La Comisión de Igualdad tendrá mañana sobre la mesa tres vetos a la ley que despenaliza el aborto en las primeras 14 semanas del embarazo. El PP, Unió Democràtica de Catalunya (en este asunto va por libre de su socia Convergència) y el único senador de UPN han planteado sendos vetos que los miembros de la comisión deberán debatir. Además, la norma ha recibido 88 enmiendas, que podrían someterse mañana a discusión si los vetos no prosperan.
El papel más complicado en la sesión lo tiene Montserrat Candini, portavoz del grupo de Converencia i Unió. Su reto consiste en ejercer de portavoz de un veto (el de Unió) que ella no comparte en conciencia.
Fuentes de la Cámara alta prevén que ni los vetos ni las enmiendas se diriman en la comisión. De modo que se irán al pleno del miércoles 24 de febrero. Allí, volverán a funcionar los esquemas que se produjeron en el Congreso. El PP votará en contra de la ley, CiU se manifestará dividida, el PNV se abstendrá y el PSOE (que en la Cámara alta no es grupo mayoritario) sumará a varias fuerzas progresistas para salvar una norma que le ha supuesto demasiado desgaste como para dejarla demorarse en el Senado. De la importancia que esta ley tiene para los socialistas da cuenta que será Leire Pajín, secretaria de organización del PSOE y flamante senadora tras meses de boicot del PP, la que defienda el texto ante el Pleno.
Si prospera una sola de las 88 enmiendas (y muchas de ellas merecerían enriquecer la norma, como reconocen varios grupos parlamentarios) la nueva Ley del Aborto debería volver al Congreso aproximadamente el 11 de marzo. El deseo de los socialistas, sin embargo, es que del Senado se vaya directa al BOE, para que entre en vigor al término de la próxima semana. Esta batalla por los derechos de las mujeres no ha terminado.
El Gobierno ralentiza la reforma de la Ley Antitabaco con la que pretendía prohibir fumar en todos los lugares públicos cerrados. El endurecimiento de la norma no llegará a las Cortes en el primer semestre del año como había previsto la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez.
Oficialmente, el ministerio arguye que la agenda de la presidencia europea no permite rematar la ley hasta junio. Pero la verdad es que los socialistas decidieron hace un par de semanas que la prohibición total de fumar en lugares públicos no es una prioridad en la agenda política del Ejecutivo, según fuentes de la dirección del PSOE.
Los socialistas han comprobado vía encuestas que cerca de un 74% de la población española apoya la medida antihumo, pero también se han cerciorado de que endurecer la ley no les proporciona un solo voto más. En cambio, esos mismos sondeos revelan que la prohibición total cabrea a bastantes fumadores, además de poner en pie de guerra al sector de la hostelería, que teme una fuga masiva de clientes si se prohíbe acompañar el café o la copa con un cigarrillo. Con los clientes, se irán los beneficios y vendrá la pérdida de puestos de trabajo, vaticinan los más agoreros, pese a que Italia, Irlanda o Noruega (donde está prohibido fumar en todos los bares) no han notado esos efectos. Entre clientes y hosteleros enfadados, sí pueden perderse unos cuantos votos.
Es decir, que se trata de una norma con un teórico apoyo social mayoritario, pero con un efecto electoral perverso. Exactamente de esas leyes que sólo deben centrar la opinión pública cuando las aguas están tranquilas. Precisamente de esas que ningún partido en su sano juicio sacaría de paseo con la que está cayendo.
Con un Gobierno aturdido y el PP elaborando su programa electoral a golpe de telediario, no es de extrañar que la sociedad perciba a los políticos más como un problema que como una solución, como ratificó el barómetro del CIS de ayer. En ese clima de descrédito crecen y se multiplican nuevos fenómenos políticos que pueden acabar marcando el rumbo de los grandes partidos tradicionales.
De momento UPyD es la formación que saca más rédito de esta situación, al haber conseguido que un buen número de personas perciban la formación de Rosa Díez como algo ajeno al stablishment partidista. El barómetro del CIS sitúa a la ex socialista como la política mejor valorada y otorga a su formación un salto de casi un punto porcentual, el mismo espacio que cede el PP.
Los de Rajoy observan el fenómeno con creciente preocupación y ya están dando muestras de saber en qué terreno se disponen a disputar el voto que se les fuga hacia esa joven formación: la arriesgada carrera de la demagogia.
La Comunidad de Madrid es un laboratorio perfecto para probar los efectos perniciosos de la desafección. Gobierna un PP roto por la sempiterna lucha entre Aguirre y Gallardón, aderezada ahora por los casos de corrupción y de espionaje político en vías de ser juzgados. Y enfrente hay una oposición que no acaba de asentarse como alternativa real de gobierno.
Madrid será la estrella del partido que se jugará en junio de 2011. El PP no puede permitirse perderla y el PSOE necesita soñar con ganarla.
Las encuestas que manejan los conservadores (otras anteriores del Partido Socialista de Madrid daban similares resultados) predicen que el partido de Rosa Díez entrará en el Parlamento regional con entre 7 y 9 escaños, y eso que ni siquiera tiene candidato. La irrupción de UPyD en la Asamblea de Madrid, en su mejor resultado previsto, amenaza una mayoría absoluta que ahora es más imprescindible que nunca para el PP, necesitado de preservar en la comunidad todos los resortes del poder para arrostrar sin lesiones graves los juicios de la Gürtel y de las gestapillos.
La maquinaria de Esperanza Aguirre ha tomado nota. La presidenta ya se ha puesto al frente de las propuestas más populistas, esas que también propugna la ex socialista Díez y que están siendo apoyadas por parte de ese electorado hastiado de los grandes partidos nacionales.
Endurecimiento penal, estigmatización de la inmigración y radicalización del mensaje centralista y antinacionalista ya están en el discurso. Todo vale para preservar los 67 escaños actuales.
¿Y la izquierda? Rosa Díez no sólo es un riesgo para la derecha, los socialistas también temen el mordisco de esa fuerza emergente, aunque están convencidos de que la herida en el PP será mayor. Hasta Izquierda Unida, inmersa en un eterno proceso de renovación interna, puede salir perdiendo en el reparto de escaños al entrar otra fuerza en la Asamblea.
En Madrid no hay más alternativas con posibilidades. Al menos no hasta ver si cristaliza el tibio amago de los ecosocialistas catalanes de ICV por construir una plataforma de izquierdas.
