A la número dos conservadora le ha sentado mal que se conozcan sus emolumentos el mismo día en que su partido propone recortes en diversas partidas del Presupuesto del año que viene con el fin de evitar la congelación de gran parte de las pensiones. Y por eso le ha dado por mentir al responder esta mañana a una pregunta sobre su salario:

“Ustedes pueden hablar hoy de mi sueldo porque tengo la declaración de bienes más transparente de la política española y lo tengo que decir sin falsa humildad”, presumió Cospedal. Pues mire, no. Es la ley la que nos permite hablar de sus generosos sueldos, no su generosa transparencia. Concretamente el artículo 21 del Reglamento de las Cortes de Castilla-La Mancha, que obliga a los diputados autonómicos a hacer pública declaración de actividades, bienes y rentas.

Es obsceno que, con la que está cayendo, puedan compatibilizarse los sueldos de representante público y cargo privado (senadora y cargo interno del PP), práctica habitual en todos los partidos. Pero lo es más que Cospedal propusiera el pasado mayo que sus compañeros en el Parlamento manchego se redujeran el sueldo un 15% como ejemplo de austeridad. Ese sueldo al que ella ha renunciado para cobrar el mejor dotado salario de senadora.

Vamos, que es la portavoz ideal para dar lecciones de austeridad.

Las declaraciones del aún alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, sobre lo que le inspiran los “morritos” de la actual ministra de Sanidad, Leire Pajín, y su posterior reafirmación disfrazada de petición de disculpas (“me recuerda a un personaje de dibujos animados”) no pueden tener cabida en un Estado de derecho. Son zafias, sucias, machistas… incompatibles con un cargo de representación como el de alcalde de una capital de provincia.

Han pasado varias horas y todavía no hemos escuchado a ningún dirigente nacional del PP hacer una descalificación seria de estos hechos impresentables. No es difícil colegir por qué no lo hacen. El partido de De la Riva, el PP, es la misma formación que tiene un responsable de justicia (qué ironía) que lanzó un euro a una periodista que le hizo una pregunta incómoda (Federico Trillo). El mismo partido que nombró presidente de honor al señor que incrustó un bolígrafo en el escote de otra informadora en lugar de responder a sus preguntas (José María Aznar). Las mismas siglas que tienen como presidente fundador a un hombre que comparó a los indecisos a la hora de votar con “las mujeres que no saben con cuántos se acuestan” y ofreció “unas hostias” a una mariscadora que osó criticarlo a la cara (Manuel Fraga).

Pero es también el mismo partido que tiene recurrida ante el Constitucional la ley que da derecho a las mujeres a decidir sobre su maternidad, una norma que persigue que la educación sexual en las escuelas reduzca el drama de los más 100.000 abortos anuales que se registran en España. El mismo que llevó ante el mismo tribunal la Ley de Igualdad. El que se ha ensañado con la ya ex ministra de Igualdad, Bibiana Aído, desde el instante mismo en que tomó posesión de su cargo. El que no pierde ocasión de criticar la aplicación de la ley contra la violencia de género y dar pábulo a quienes extienden la especie de que abundan las denuncias falsas por maltrato.

No fue un exabrupto. Ni se trata de un bala perdida. Para De la Riva existen tratamientos, pero si el PP expulsara de sus filas a cuantos defienden y practican el machismo, la xenofobia, la homofobia o protegen a los corruptos, simplemente se quedaría sin dirigentes.

2-Comunicar mejor. Es la piedra angular de la remodelación. Las duras decisiones económicas de los últimos meses lo han sido más porque el Gobierno ha sido incapaz de justificarlas y explicarlas a la ciudadanía. Zapatero deja en manos de Rubalcaba y de Ramón Jáuregui, ambos excelentes comunicadores, la tarea de vender los logros del Ejecutivo y -lo que en política es más difícil pero tan necesario- minimizar o relativizar sus fracasos.

3-Recomponer la paz social. Con 18 años de carnet de la UGT y su presencia en la manifestación de la huelga general del 29-S, Valeriano Gómez llega para recomponer la fracturada paz social. El guiño a los sindicatos es evidente. Su demostrada apuesta por la negociación se pondrá a prueba cuando tenga que convencer a UGT y CCOO de la necesidad de la reforma de las pensiones. Para lograrlo, tendrá margen en el desarrollo reglamentario de la contestada reforma laboral ya vigente para recuperar el favor sindical. Otro sindicalista, Ramón Jáuregi, ayudará a lograrlo desde Presidencia.

4-Acabar con ETA. Las posibilidades de conseguirlo son mayores que nunca. Zapatero aludió esta mañana a los últimos pasos y declaraciones de la izquierda abertzale -que da muestras de distanciamiento de ETA- como elementos “aún insuficientes” pero que “no serán en balde”. Rubalcaba encabezó el último intento de negociación con la banda y lideró una vez rota la tregua una frenética actividad de persecución, detenciones y descabezamiento de la organización terrorista desde el Ministerio del Interior. Es el mejor dotado para acabar el trabajo. Se espera para antes de Navidad un nuevo pronunciamiento de la banda.

Las cuatro anteriores se resumen en la quinta

5-Ganar las elecciones. Todos los movimientos responden a un intento de recuperar la iniciativa política, el favor de sus simpatizantes y mejorar las expectativas políticas que hoy dan al PSOE las encuestas. Que el camino es acertado lo certifica el descoloque que ha provocado en el líder del PP, incapaz de hacer más análisis que la nueva petición de un adelanto electoral. Para la primera cita con las urnas, las elecciones autonómicas y municipales, llega Marcelino Iglesias a la secretaría de organización del PSOE. El movimiento interno tranquiliza a los barones socialistas y devuelve a José Blanco parte del poder que ahora ejercía Leire Pajín.

El objetivo de Zapatero de mantener el poder en 2012 está hoy un poco más cerca que ayer y a años luz de como estaba hace una semana. En los últimos días, Zapatero ha logrado la estabilidad parlamentaria que le asegura terminar la legislatura (pactos con PNV y CC), la estabilidad económica que garantiza aprobar los Presupuestos (tras rechazarse hoy cinco enmiendas a la totalidad) y el impulso político de un Gobierno renovado. A Rajoy se le acabaron las vacaciones. Arranca la campaña electoral.

Hace ya más de tres años que el Congreso, por unanimidad, recomendó a los editores limpiar sus páginas de una publicidad que denigra a la mujer, al promocionar una actividad denunciada por la ONU como la última forma de esclavitud vigente. Los hechos demuestran que la autorregulación no es el camino: los tres diarios nacionales de mayor tirada siguen publicitando en sus páginas anuncios de sexo de pago, al tiempo que dedican sesudos editoriales contra la explotación de las personas y los ataques a los derechos humanos.

El Gobierno se debate en la espinosa cuestión de molestar a los editores o ser coherente consigo mismo. Es el mismo Ejecutivo que instauró la paridad, aprobó la Ley contra la Violencia de Género o implementó un plan integral contra la Trata de Mujeres que incluye (otra vez) la manida recomendación a los medios para que eliminen los anuncios de prostitución. Ahora espera un informe del Consejo de Estado para saber qué mecanismos legales le permitirían obligar a los diarios a renunciar a esa publicidad. Entretanto, no quiere que UPN se lleve el mérito de liderar una iniciativa parlamentaria sobre un asunto del que ha hecho bandera. Pero esa mezquindad parlamentaria supondrá otra oportunidad perdida.

No busquen disculpas legislativas. Ya hay suficientes leyes en vigor para prohibir esos anuncios. Es evidente que el momento político no es propicio para poner a algunos medios en contra, pero no ha mostrado tanto tiento el Gobierno a la hora de enfrentarse a los funcionarios, a los pensionistas o a los sindicatos. Se trata de pura voluntad política para poner los principios por delante de los intereses. Algunos medios ya han dejado patente que, en esa disyuntiva, se quedan con los ingresos. Sus lectores dirán si la estrategia es adecuada.

Para el Gobierno el debate es similar, pero el coste de la decepción de su electorado puede ser mayor. Defender la dignidad de las mujeres no puede ser menos urgente y necesario que sujetar el déficit.  O al menos nosotras no debemos consentirlo.

La primera mentira es que esta norma empeora la legislación anterior desde un punto de vista moral. Dice el PP que atenta contra la vida al permitir las interrupciones hasta la semana 14 de gestación por pura decisión de la mujer. La verdad es que la legislación anterior permitía más abortos que la actual, aunque mantenía la hipocresía de autorizarlos bajo la disculpa de evitar daños psíquicos a la embarazada.

La segunda mentira es que el PP es el partido que defiende la vida y por eso ha recurrido la Ley del Aborto ante el Constitucional. La verdad es que el partido de Rajoy gobernó España durante ocho años en los que no tocó una coma de la legislación sobre aborto, con lo que permitió que se interrumpieran medio millón de embarazados no deseados. La verdad es que cuatro de las seis autonomías donde hoy gobierna el PP están entre las diez primeras en el ránking de número de abortos por cada mil mujeres. Y que es la conservadora y díscola Murcia la que lo encabeza.

La última mentira del PP sostiene que los médicos objetan por doquier y ello impide a las mujeres ejercer su derecho a abortar gratuitamente en la sanidad pública. La verdad es que menos de un 1% de los ginecólogos se niega a realizar estas intervenciones.

Ya es hora de desenmascarar al PP y obligarlo a acatar las leyes vigentes. Las mentiras convencen más cuando quedan impunes.

De la segunda jornada de debate sobre el estado de la nación ha surgido la reactivación de un debate que lleva fraguándose desde 2007, cuando una comisión parlamentaria mixta Congreso-Senado emitió un informe que ya abogaba por la prohibición de estos denigrantes anuncios de la prensa, aunque dejó la puerta abierta a la autorregulación de los medios. El tiempo ha demostrado que los intereses económicos priman sobre las consideraciones éticas, y esa petición de autorregulación no ha dado ningún resultado. El Gobierno, no obstante, se mueve con pies de plomo. Lo último que desea en este momento de debilidad política es cabrear a los diarios más influyentes del Estado.

Por eso el jueves, el presidente se limitó a detallar las actuaciones que su Gobierno, a través del Ministerio de Igualdad, está llevando a cabo para erradicar ese tipo de publicidad. Adoptará una decisión en función de lo que dicte el Consejo de Estado, donde descansa desde hace ya dos meses la solicitud del departamento de Bibiana Aído para saber si el Gobierno puede prohibirlos o si sólo puede convencer a los editores de que dejen de aceptar los ingresos publicitarios (pingües) que reporta la citada publicidad.

La última palabra la dirá Miguel Herrero de Miñón, letrado del Consejo de Estado que dirige personalmente el informe jurídico solicitado por Igualdad, y que espera tenerlo listo en septiembre. Hasta entonces, el Gobierno se mantiene a la espera y aguanta las presiones de los editores que se niegan a perder los ingresos que les aporta la prostitución.Varios expertos jurídicos consideran que ya hay legislación suficiente para prohibir determinados contenidos en los medios aunque el objeto publicitado sea legal. Basta con aplicar a los anuncios de prostitución las mismas restricciones que tiene la publicidad del alcohol y el tabaco para que desaparezcan de los periódicos.

Los diarios que insertan anuncios de prostitución participan en un negocio que esconde la trata de mujeres con fines de explotación sexual. Esas mafias (hace pocas semanas fue desarticulada una que comerciaba con chicas chinas) dominan un negocio que mueve en España 15.000 millones de euros anuales y mantiene esclavizadas a unas 400.000 mujeres. Los anuncios de prostitución reportan a los diarios 40 millones de euros de ingresos anuales, de los que el Grupo Vocento (ABC más 11 cabeceras regionales), El País y El Mundo se llevan la mayor parte.

Público no admite anuncios de prostitución desde su nacimiento en septiembre de 2007. El gratuito 20Minutos, tampoco. La Razón acaba de sumarse retirando los suyos, para cumplir la exigencia que le hizo el diario vaticano L’Osservatore Romano, con el que tiene suscrito un acuerdo de colaboración.

Por primera vez desde que cerró aquella comisión parlamentaria de 2007, hay consenso político (unanimidad parlamentaria) para erradicar los mal llamados contactos de la prensa (mal llamada) seria. Quizá el otoño traiga una buena noticia para la dignidad de las mujeres y una pésima nueva para las mafias de trata. Quizá los partidos que gobiernan el Estado (en la Moncloa y en las autonomías) se atrevan a plantar cara a los editores y cerrar una puerta a los traficantes de mujeres. Ojalá

La técnica, añorada por el PP hasta límites enfermizos –lo recurre todo–, permitía eludir la falta de representación parlamentaria (es decir, de votos de los ciudadanos) y bloquear la aplicación de las normas aprobadas en las Cortes. Es decir, servía para violentar (al menos temporalmente) la voluntad popular.

El PP lleva los seis años de Gobierno socialista practicando la impugnación o recurso ante el Tribunal Constitucional con todas aquellas normas que suponen avances sociales incompatibles con su esencia conservadora (asignatura de Educación para la Ciudadanía, Ley de Matrimonios Homosexuales, Estatut, Ley del Aborto), pero sólo con el aborto se ha atrevido a intentar que el alto tribunal suspendiera la aplicación de la ley, aun a sabiendas de que los togados no podrían haber tomado esa decisión por ilegal.

Con el auto de ayer, que rechaza la suspensión cautelar de la aplicación de la Ley del Aborto que pedía el PP, debe quedarle claro lo que para los demás ya era evidente: que hay una nueva Ley del Aborto (mejor que la anterior) que es obligatorio aplicar en toda España, sin esas excepciones territoriales que tanto incomodan a la derecha. Navarra, Murcia y Galicia amagaron con boicotearla. Valencia directamente pretende coaccionar a las mujeres mostrándoles fotos de fetos en 3D. Todas son autonomías con gobiernos conservadores.
Eso es ilegal y el Gobierno debe utilizar todos los medios a su alcance para frenar los pulsos soberanistas de las autonomías. ¿O no, señor Rajoy?

En España sólo ha logrado documentarse una decena de casos de uso público del niqab, el velo integral casi tan denigrante como el burka. De esta prenda, en cambio, no hay constancia alguna de que esté siendo utilizada por ninguna mujer en nuestro país. De hecho, los periódicos utilizamos imágenes de mujeres afganas cubiertas con burka para ilustrar las informaciones sobre su prohibición en España. ¡No tenemos ninguna de aquí!

Que lo sufran apenas diez mujeres, sin embargo, no sería razón suficiente para no molestarse en legislar contra su uso. Pero es que, de hecho, el “uso público del burka” tal como lo están prohibiendo un puñado de ayuntamientos (Barcelona, Tarragona…) ya está prohibido. La ley no permite asistir a un juicio, inscribirse en padrón o recibir clase en la universidad con el rostro totalmente cubierto, ya sea con burka, con pasamontañas o con casco de motorista, ya lo haga un hombre o una mujer.

Si de lo que se trata es de proteger a la mujer vejada por un marido que le impone esa prenda denigrante, también hay ya legislación suficiente. Basta con dejar de pensar en multar a la mujer y perseguir al hombre que la obliga a vestir así. En definitiva, que la maltrata, porque de eso se trata el burka. La denuncia pública del caso es la mejor vía, igual que ocurre con la violencia de género.

Así que conviene que el debate no se saque de quicio. El primero que debe reflexionar es el Gobierno, que parece verse arrastrado por una marea antiislamista sin recapacitar en que el islam no impone esa prenda. Lo hacen algunos de sus fieles más radicales a los que sí cabe perseguir. La regulación del uso del burka no tiene, pues, cabida en la Ley de Libertad Religiosa que prepara el Ejecutivo, no debe considerarse un símbolo religioso.

En el fondo de todo esto, subyace el peligro de demonizar una religión y una cultura que en sus expresiones no fundamentalistas debe poder convivir con normalidad en este país cada día más plural.

La ayuda exterior es uno de los capítulos más castigados por el tajo: 800 millones de euros menos supone un 15,1% del montante que había para este año (5.264 millones de euros), lo que supera ese 15% ejemplarizante que el presidente ha decretado rebajar en su sueldo y en el de su Gabinete.La cooperación había sido mimada por el Ejecutivo desde que llegó a la Moncloa en 2004, cuando España sólo dedicaba 1.985 millones de euros a los pobres del mundo. En estos seis años, la ayuda se duplicó, desde el 0,23% del PIB que destinaba el Gobierno de Aznar al 0,47% del PIB que presupuestó Zapatero este año.

Pero esto no tranquiliza a las ONG ni a los responsables de la Agencia Española de Cooperación Internacional. El PSOE también está molesto, porque la promesa electoral de alcanzar el 0,7% del PIB al finalizar esta legislatura no se cumplirá.A todos ellos ha prometido el Gobierno que la lija sólo afectará a las partidas de “aportaciones voluntarias a organizaciones multilaterales”, y no a las que reciben las ONG para poner en práctica mejoras concretas en zonas necesitadas. España será menos generosa con el dinero que destina a las estructuras de organismos como la ONU o el Banco Mundial, por ejemplo, pero se mantendrá como el sexto país donante en ayudas al desarrollo.

Si resulta cierto que los proyectos concretos no se verán mermados, sólo cabe preguntarse por qué no se ha buscado antes esa eficiencia en el gasto que ahora se impone. Por qué se ha gastado más si se puede hacer lo mismo con mucho menos.

Da la sensación de que por ambos negocios no ha pasado el tiempo. Esta sociedad ya no tolera ninguna exhibición pública de sexismo ni en la publicidad ni en las declaraciones de los responsables políticos. Pero sigue alimentando la actividad que más atenta contra la dignidad de las mujeres por la vía de consumir la prostitución al borde de la carretera o colaborar al negocio de la trata mientras se engulle el desayuno y se ojea el periódico.

La relación entre las 400.000 prostitutas que ejercen en España y los 15 millones de clientes (el 99% son hombres) mueve 18.000 millones de euros al año. La llamada prensa seria les sirve de nexo al nada despreciable precio de 40 millones de euros anuales.

Confiar –como ha hecho hasta ahora el Ministerio e Igualdad– en que los diarios renuncien voluntariamente a esos pingües ingresos es una utopía. Principalmente porque el actual contexto de crisis económica ha diezmado los ingresos por publicidad de todas las cabeceras. Pero también porque esos diarios no se han sentido avergonzados y presionados suficientemente por sus lectores/compradores.

Aído se ha decidido a buscar las fórmulas legales para erradicar esa publicidad de la prensa. Confiemos en que los llantos (léase la presión) de los dueños de los medios por las pérdidas económicas no frenen su determinación.