Formar parte de los millones de ciudadanos que perciben una renta media es, sin duda, un enorme privilegio, sobre todo si se compara con la situación de los más de cuatro millones de desempleados que, según el Euroíndice Laboral, habrá en España dentro de un par de meses. El privilegio disminuye notablemente cuando se sabe que la mayor parte de los ingresos de las arcas públicas dependen de su esfuerzo fiscal. Teniendo en cuenta que las rentas bajas, como debe ser, pagan muy poco al fisco o incluso tienen exención fiscal, y que las rentas altas se acogen a mil artimañas legales para tributar lo menos posible, a las clases medias les brean a impuestos. Para mayor agravio, las grandes fortunas tienen la posibilidad de blindarse contra Hacienda. Las rentas de capital y de patrimonio tributan al 18%, una nimiedad en comparación con el 43% que pagan las rentas de trabajo. Los millonarios, además de tener fácil acceso a los paraísos fiscales, se reúnen para formar Sociedades de Inversión de Capital Variable que tienen una exención del 99%.

Muchos ingenuos estábamos convencidos de que el Ejecutivo, en alguna medida, iba a corregir este trato fiscal flagrantemente discriminatorio. No parece que vayan por ahí los tiros. Se sabe que el Gobierno está preparando una subida de impuestos a partir del año 2010. Sólo queda recaudar más para afrontar el inquietante aumento del déficit. Se entiende, aunque no se comparta. Ahora bien, lo que no tiene un pase es que la vicepresidenta económica, Elena Salgado, diga que subir los impuestos a las rentas más elevadas tendría "poca capacidad recaudatoria". ¿Se ha olvidado de la equidad fiscal?