La Ley del Menor nació cargada de buenas intenciones, con la vista puesta en los Derechos del Niño. Hubo que modificarla cuando cundió la alarma social por casos tan espeluznantes como el de las niñas de San Fernando, que mataron a una compañera del instituto, y el del "asesino de la catana", que degolló a su hermana y a sus padres con una espada. Los familiares de las víctimas, apoyados por amplios sectores de la ciudadanía, exigían un castigo ejemplar para esos "monstruos de maldad".

Se decidió rebajar la edad penal hasta los 14 años. La Ley sugiere dar respuestas socioeducativas para los menores que cometen atrocidades como las recientes violaciones a dos niñas de 13 años ocurridas en Isla Cristina y en Baena. Varios de los presuntos violadores, al ser menores, quedan impunes. Están libres, como el viento, amparados por unas familias que se niegan a admitir su participación en los hechos. Nadie sabe qué hacer, pero todos toman partido. El PP propone otra reforma de una Ley llena de parches. Acto seguido, los que no son del PP, se oponen a la propuesta del adversario, porque "no se puede legislar en caliente". Los unos por los otros y la casa sin barrer.

El Derecho Penal, como la cirugía, sólo se aplica cuando no existe otro remedio menos traumático. Antes de rebajar más la edad penal, habría que poner en marcha centros de reeducación y aumentar el número de fiscales, psicólogos y pedagogos dedicados a rehabilitar a estas malvadas criaturas. Cualquier cosa antes que dejarlos en manos de unas familias incapaces de sujetarlos. Algo hay que hacer, pero me temo que nadie sabe ni qué ni cómo.