Pocas veces ha existido tal unanimidad contra la subida de impuestos prevista por el Gobierno. A los consumidores, autónomos o asalariados, siempre les ahoga cualquier aumento de la presión fiscal. La patronal considera que la subida del IVA perjudica a las empresas. Los analistas financieros opinan que se debería aplazar hasta que hubiera claros síntomas de recuperación económica. Los sindicatos, aunque son partidarios de una subida impositiva, discrepan del método elegido y, sobre todo, piden a gritos que se grave más a las grandes fortunas. Lo mismo que reclama Cayo Lara, líder de Izquierda Unida, solo que se expresa de un modo más rotundo y pide la desaparición de las Sicav, para evitar que se refugien en ellas los poderosos y el capital.

Hasta aquí, a pesar de la diferencia de intereses y matices, nadie parece cuestionar que una reforma fiscal debería ser progresiva. Se supone que pagan más los que más tienen. Por eso me han sorprendido tanto las declaraciones del ministro de Industria en el Suplemento de Público donde los principales protagonistas analizaban ayer las posibles salidas a la crisis. Según Miguel Sebastián, la filosofía del Gobierno es que los impuestos no tienen una finalidad redistributiva. "Yo creo –afirma el ministro– que ese es un discurso muy antiguo". Y añade que es complicado subir los impuestos a las grandes fortunas, porque los capitales tienen una altísima movilidad. No es la primera vez que un ministro sostiene que es inútil presionar fiscalmente a los ricos, porque entonces se llevarían el dinero a otra parte. Será muy moderno admitirlo, pero no deja de ser indignante.