Una colega lejana necesita ayuda urgente y por eso le dedico estas líneas. Se trata de Yirgalem Fisseha,
30 años, una de las pocas mujeres periodistas eritreas, que el 22 de febrero de 2009 fue detenida, junto al resto de la plantilla, cuando la Policía asaltó la emisora Radio Bana. Fue encerrada en una prisión militar por el simple hecho de contar lo que sucede en Eritrea, uno de los estados más jóvenes del mundo, situado en el Cuerno de África, donde se vulneran los derechos humanos. Hace una década que el presidente Issaias Afeworki ordenó una ofensiva contra la libertad de expresión y cerró numerosos medios de comunicación.
Yirgalem lleva tres años en la cárcel, sin acusación ni juicio ni posibilidad de defensa, como les sucede a otros 34 periodistas del país. Elijo su nombre, entre todos los demás, porque ha sido apadrinada por la sección española de Reporteros Sin Fronteras. Es una campaña que, a veces, da resultado, pues dos de mis anteriores apadrinados, ambos birmanos, salieron en libertad.
Sólo sabemos que Yirgalem vive incomunicada en condiciones penosas y en las últimas semanas ha sido sometida a un régimen de aislamiento. Se ha deteriorado gravemente su salud y tenemos miedo por su vida. En este día nos hemos dirigido a la señora Amadei, embajadora de la Delegación de la Unión Europea en el Estado de Eritrea, para pedirle que exija a las autoridades la liberación de la periodista que decidimos amparar, con la esperanza de evitar su muerte. Para lograrlo debe conocerse su situación fuera de Eritrea. Vivo en un país donde no me encarcelan por contar lo que pasa. Ella no tuvo esa suerte, por eso tenemos que ayudarla.
La consigna es revolucionar, oxigenar y acabar con los viejos tabúes. Los artífices de la reforma se atreven a tildar de residuo franquista la anterior legislación laboral, un logro de los trabajadores que se jugaron la vida, y algunos la perdieron, por defender los derechos laborales que ahora pretenden fulminar.
Durante más de tres décadas de democracia, la ley ha sido modificada reiteradamente para adaptarse a la exigencia de los nuevos tiempos, pero nunca se había dejado a los trabajadores tan desprotegidos frente a los intereses de la patronal. Así de simple. Se puede contar de una manera más sofisticada y decir, por ejemplo, que no todos los empresarios pretenden aumentar sus beneficios a costa de empeorar las condiciones de trabajo de sus asalariados. Hay empresarios generosos y trabajadores rácanos, del mismo modo que existen brujas hermosas y príncipes malos.
Dice el secretario general de Comisiones Obreras, Fernández Toxo, que nos quieren imponer una modernidad de película americana. Cuántas veces hemos visto la imagen del empleado (Dustin Hoffman en Kramer contra Kramer) que abandona cabizbajo el despacho del jefe de recursos humanos, mete en una caja de cartón sus escasas pertenencias (la foto familiar, los rotuladores y cuatro carpetas) y sale a la calle conteniendo las lágrimas. Ha sido víctima de un despido fulminante y así termina, sin rechistar, su relación laboral. Es probable que el especialista en recortes financieros, (el personaje de George Clooney en Up in the air) se convierta en el profesional de moda. Siempre nos quedamos con lo peor de cada casa.
Acato, cómo no, la sentencia del Tribunal Constitucional que declara ilegítimo el uso de cámara oculta, sobre todo, cuando concluye que ha sido dictada con finalidad garantista de los derechos a la intimidad y a la propia imagen, frente al uso con finalidades espurias, propias del amarillismo periodístico. Es cierto que un sector de la prensa utiliza la cámara oculta para excitar las bajas pasiones del público y acumular la dosis de basura necesaria con el único fin de hacer caja. No obstante, a pesar de su excesiva visibilidad, son una minoría. Pero sus malas prácticas no pueden justificar las limitaciones al ejercicio de la libertad de expresión o, directamente, la censura. No es justo que, por culpa de los amarillistas, al resto de los profesionales se les impida utilizar recursos que sirven para demostrar lo que pretenden ocultar determinadas fuentes sospechosas de amparar algún delito.
La sentencia es más que discutible cuando argumenta que el periodista no puede simular una falsa identidad para obtener información, porque sin ese “engaño o ardid” sería imposible lograrla. Acaba de anular la ingente labor del periodismo de investigación. Qué hubiera sido de tantos periodistas que se han visto obligados a ocultar su identidad para introducirse en lugares y meterse en situaciones que, de otro modo, hubiera sido imposible. Algunos, incluso, han tenido que camuflarse entre grupos terroristas, inmigrantes discriminados, trabajadores explotados en las fábricas, pacientes sometidos a torturas en psiquiátricos… para denunciar abusos e ilegalidades que, sin su testimonio, permanecerían ocultos.
Leo que la jerarquía católica estadounidense llama a la insurrección contra la ley sanitaria de Obama, que obliga a las organizaciones caritativas, centro médicos y universidades a ofrecer a sus empleados pólizas de seguro que cubran métodos anticonceptivos. Los obispos, en pie de guerra, han leído una homilía en los púlpitos, para exigir que se cambie una ley que califican de grave amenaza contra la moral de la Iglesia. No creo que mal de muchos sea consuelo de tontos; ni de listos tampoco.
La cruzada de los jerarcas españoles va más allá de calificar como “aberración y pesadilla” los métodos anticonceptivos o la Ley del Aborto. Algunos se quejan de que la vicepresidenta, Sáenz de Santamaría, no esté casada por la Iglesia y no sea, por tanto, la persona adecuada para dar el pregón de la Semana Santa vallisoletana. Otros opinan que los homosexuales no tienen un comportamiento adecuado. Cierto que luego matizan e incluso, a veces, se disculpan ante los ofendidos, pero el hecho es que las críticas respecto a los usos y costumbres de los laicos han calado fácilmente en la sensibilidad del nuevo Gobierno. A la reforma de la Ley del Aborto habrá que sumar la desaparición de la asignatura de Educación para la Ciudadanía y, si nadie lo remedia, el matrimonio homosexual será su próximo objetivo.
Para evitar mutuas intromisiones, conviene que se aplique la frase de Cristo a los fariseos: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Lo mismo que pide la organización Europa Laica: que se recorte la subvención de 10.000 euros que la Iglesia católica recibe del Estado. Es coherente que cada uno se pague sus gastos.
