Cartagena de Indias, símbolo de la dolorosa historia del colonialismo europeo se convierte en la "ciudad de la paz" de Colombia con ocasión de la histórica firma del acuerdo de paz entre la guerrilla de las FARC y el Gobierno colombiano. Este lunes 26 de septiembre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC – EP) firman el Acuerdo que pone fin al conflicto armado mas antiguo del continente americano y que ha durado más de medio siglo. Un acuerdo que incluye, además de la entrega de las armas por parte de las FARC su transformación en movimiento político y la lucha contra las organizaciones paramilitares. Así como compromisos sobre otras cuestiones fundamentales para la construcción de una paz con justicia, entre los que destacan el desarrollo agrario integral, la participación política, un capítulo étnico, una perspectiva de género, soluciones al problema de las drogas ilícitas y los derechos de las víctimas del conflicto.

A pesar del cese oficial de las hostilidades entre las FARC y el Estado colombiano, tenemos que ser conscientes que aún no se ha logrado la paz. Los próximos meses y años serán decisivos, realmente podríamos identificar al menos tres grandes retos que se tendrán que vencer para asegurar la paz: Acabar con la violencia política y la impunidad; la reparación de las victimas; la redistribución de la tierra y los desplazados internos;

De esta forma, es fundamental concluir un acuerdo de paz con el ELN, que recordemos que es la segunda guerrilla del país. Así como erradicar el paramilitarismo, la violencia policial y militar. Porque poner fin a la guerra supone terminar con las violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos. En su informe anual de 2015, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) declaró que "los grupos amados que permanecen después de la desmovilización así como otros agentes relacionados, socavan constantemente los derechos humanos y la seguridad de la ciudadanía, la administración de justicia y la consolidación de la paz, incluyendo la restitución de tierras".

En el contexto de las tensiones que existen entre quienes apoyan los acuerdos y los que se oponen, son blanco de la violencia las personas defensoras de los derechos humanos, organizaciones sociales (de quienes apoyan a las víctimas del conflicto o reclaman sus tierras) así como líderes sociales y comunitarios, incluyendo a dirigentes indígenas, y de comunidades afro-colombianas, y miembros de movimientos como la Marcha Patriótica o el Congreso de los Pueblos. Los grupos paramilitares son responsables de la mayor parte de los ataques cometidos que llevan, según el "Programa Somos Defensores", sesenta y tres personas defensoras de los derechos humanos asesinadas y en lo que va del año algo mas de cincuenta.

Por ello es fundamental que la sociedad civil colombiana y la comunidad internacional estemos vigilantes desde el momento de la firma para monitorear la implementación de este acuerdo en conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos asegurando los principios de justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición. Quizás sea este punto uno de los mas importantes, dar pasos hacia un proceso de Memoria, Verdad, Justicia y Reparación histórica y social en un país que ha vivido una crisis humanitaria y una terrible impunidad de las violaciones a los derechos humanos durante los últimos 50 años. En este sentido se contemplan garantías para asegurar los derechos de los casi ocho millones de víctimas del conflicto con una innovadora aplicación de la justicia restaurativa.

En este sentido, la cuestión de la restitución de tierras en Colombia tiene una importancia fundamental. Actualmente hay más de seis millones de desplazados internos, lo que la coloca en la segunda posición mundial, únicamente superada por Siria. Aunque la Ley 1448 sobre víctimas y restitución de tierras entró en vigor en junio de 2011, la restitución de tierras de las que fueron desalojadas millones de personas ha sido insuficiente y la gran mayoría de personas desplazadas no han podido regresar a sus tierras.

Una paz con justicia social abre la posibilidad de construir un proceso constituyente para construir una democracia plena en Colombia que pueda defender su territorio y la vida ante el avance del capitalismo extractivista de las multinacionales. Las experiencias de poder popular en Colombia tales como las comunidades indígenas y afrocolombianas con los gobiernos locales autónomos; las Juntas de Acción Comunal campesinas, que funcionan en muchas regiones como gobiernos comunitarios; las redes de intercambio y de empresas comunitarias, constituye una base muy relevante para tal objetivo.

Desde PODEMOS apoyamos este momento histórico de Colombia y respaldamos el Sí para el plebiscito que tendrá lugar el próximo 2 de octubre, para ello una delegación estaremos en la firma de hoy en Cartagena de Indias y durante la campaña de esta semana apoyando el Si en el plebiscito.

De esta forma, nuestro compromiso es acompañar a la sociedad civil colombina para no bajar la guardia hasta que la verdad, la justicia, las reparaciones a las víctimas y las garantías de no repetición estén garantizadas como parte fundamental de la aplicación del Acuerdo de Paz. Para Colombia y el mundo, este momento histórico representa grandes desafíos, y la solidaridad internacionalista y la cooperación de la comunidad internacional durante esta etapa resultara crucial para el justo desenlace del proceso.