Aún no salgo de mi asombro. He escuchado una y otra vez las palabras del presidente cántabro y sigo sin creérmelo: ¿de verdad este hombre se fue de putas cuando tenía dieciocho años? Increíble. Comprendemos que haya tardado casi cincuenta años en confesarlo, pero ¿cómo ha podido vivir tanto tiempo con ese secreto?
Se entiende la indignación del PP cántabro. Que caiga todo el peso de la ley sobre Revilla. Y por supuesto, que dimita. No puede ocupar un cargo público un monstruo así. Pero antes, queremos saberlo todo. Que nos cuente en qué país pudo hacer algo así. Porque lo que está claro es que no fue en España, claro que no. Todos sabemos que cuando el señor Revilla tenía dieciocho años, hacia 1960, España era un país libre de prostitución. No porque estuviera perseguida, sino porque no había demanda: se admitía el sexo libre, los jóvenes recibían educación sexual en los colegios, había expendedores de condones por todas partes, el pensamiento igualitario impregnaba la sociedad entera, y las instituciones hacían campaña contra el machismo.
Si alguien, como el monstruoso Revilla, quería entonces comprar sexo, debía marcharse al extranjero: a algún país de aquellos catolicones e hipócritas, donde los jóvenes no podían tener sexo hasta el matrimonio (y sólo para procrear), las parejas eran multadas por besarse en el parque, y donde sin embargo había pisos con niñas para que los caballeros se desfogasen a la salida de misa. ¿Qué pretende Revilla? ¿Que los jóvenes de hoy crean que hubo un tiempo en que irse de putas estaba bien visto?
Estoy seguro de que dentro de doscientos años García Lorca seguirá siendo recordado, leído y celebrado. También se conservará la memoria de su asesinato, convertido en símbolo de la matanza franquista. Lo que no tengo tan claro es si dentro de doscientos años alguien recordará a Dióscoro Galindo, Francisco Galadí y Joaquín Arcollas. Su memoria no está garantizada por ninguna fundación, ni aparece en los libros de historia. Si siguen en la fosa, su recuerdo dependerá enteramente de sus familiares. Uno de ellos, Arcollas, no tiene ya descendientes, por lo que su olvido llegará antes.
¿Qué ganaríamos y qué perderíamos si cambiamos una fosa común por una lápida en el cementerio? Las familias de quienes fueron fusilados junto al poeta lo tienen claro: conocerían con seguridad el lugar de su muerte, recuperarían sus cuerpos y les darían digna sepultura. ¿Y la familia de García Lorca? ¿Qué puede perder con su desenterramiento? Aparte de que el lugar puede ser protegido e identificado con algún monumento, no creo que la exhumación afectase a una memoria más que consolidada, universal, y que no depende de los visitantes ocasionales al barranco.
Pero hay mucho más. He dicho que los familiares podrían dar digna sepultura a sus muertos. También la familia de Lorca. Soy de los que piensan que una fosa no es un sitio digno, por mucha magia que queramos atribuirle al lugar. La fosa es el lugar que sus verdugos eligieron para enterrarlo. Mantenerlo en ella supone respetar la voluntad de sus sepultureros, que consideraron que los republicanos no merecían una tumba, sino un montón de tierra encima, como animales. En un momento en que miles de personas reclaman, en nombre de la dignidad, la recuperación de sus familiares asesinados, sería deseable que esa dignidad llegase a todos.
Al paso que vamos, la primera reforma de la Constitución para la que lograrán acuerdo los dos grandes partidos será la eliminación del artículo 25.2 que establece que las penas de prisión deben orientarse “hacia la reeducación y reinserción social.” Hace tiempo que la cárcel dejó de ser un taller donde reparar las piezas defectuosas de la sociedad para convertirse en un mero instrumento de castigo, o peor aún: un vertedero, un depósito de residuos tóxicos que no sabemos manejar. La expresión “que se pudran en la cárcel” apunta en ese sentido: basura irrecuperable.
El endurecimiento del discurso no tiene fin: tras extender la prisión provisional, prometer penas más duras o cuestionar los beneficios penitenciarios, llega ahora la libertad vigilada para los que ya cumplieron su pena. Empezamos por pederastas y terroristas, claro, para evitar cualquier escrúpulo compasivo. Pero ya puestos, nadie nos garantiza que no la ampliemos pronto a otro tipo de delincuentes. De hecho, muchos critican la medida por defecto, no por exceso: ¿por qué sólo a los violadores y terroristas? ¿No hay acaso otros delincuentes multirreincidentes? Además, ¿quién decidirá la aplicación de esas medidas? ¿Un juez sometido a la presión de la habitual “alarma social”?
Hace años que Foucault nos despertó del sueño ilustrado penitenciario: de reeducación, nada, vino a decir: la cárcel no es más que una fábrica de delincuentes y de delitos, un instrumento más de control social. La propuesta de vigilar al que ya cumplió su pena es un reconocimiento del fracaso de la prisión en su función reeducadora. Uno entra en el trullo y sale igual o peor de lo que entró. Cuanto más tiempo dentro, más colgado se queda, más le cuesta reinsertarse al salir. Si además lo sometemos a vigilancia, más difícil se lo ponemos.
La existencia de barrios marginales en España no es ninguna novedad, no han surgido con la inmigración. Siempre han estado ahí, cada ciudad tiene su gueto local desde hace décadas. Por lo general, viviendas de realojo con las que se parcheaba el problema del chabolismo, a la vez que se despejaban las zonas miserables céntricas y se aislaba la población más pobre, a ser posible en el extrarradio, separados por vías de tren y descampados. Pronto se convertían en núcleos marginales autónomos, desconectados, faltos de servicios públicos, en una espiral de aislamiento creciente.
El resto de ciudadanos vivía de espaldas al gueto, que nunca pisaríamos, que alimentaba nuestros miedos, y del que sólo teníamos noticia por hechos desgraciados. A diferencia de las banlieues francesas habitadas por africanos, nuestra población marginal era autóctona, principalmente gitanos a los que despreciábamos y temíamos.
Y en esto llegó la inmigración. Miles de trabajadores, sobre todo africanos, que acaban viviendo en los mismos guetos que sólo han cambiado a peor: mayor hacinamiento, y menos recursos a repartir entre más, lo que tensa la convivencia. Pero seguimos mirando para otro lado, hasta que estalla un episodio violento.
¿De qué nos sorprendemos? La violencia engendra violencia, y todo en la vida de estos desgraciados es violento: las condiciones de trabajo y alojamiento, el abandono, la persecución, la humillación. ¿Hay algo más violento que vivir en un “piso patera”? Pero claro, ya nos habíamos acostumbrado a nuestros marginados de siempre, los gitanos, y ahora llegan estos nuevos que nos dan más miedo.
Cuando se trata de hacer pedagogía, nadie como el alcalde de tu pueblo. Ya que es el gobernante más cercano a la ciudadanía, el que se patea los barrios, entra en los mercados y escucha a los vecinos, el alcalde siempre es el mejor situado para dar ejemplo, en cualquier cosa: si hay que fomentar el reciclaje, ahí aparece el alcalde separando la basura en su casa. ¿Que toca apostar por el transporte alternativo? Pues vean al señor alcalde llegando en bicicleta a su despacho.
Por eso ahora, cuando hay que difundir la idea de austeridad generalizada, nadie mejor que el alcalde y sus concejales para apretarse el cinturón, aunque sea sólo un poquito. Lo malo es que no sabemos si tomarlo como ejemplo o como advertencia: cuando el sueldo de tu alcalde veas congelar, prepárate para la ola de frío que te dejará tiritando. Porque no creo que la austeridad empiece y termine en la subida anual de los altos funcionarios. Algo más tendrán que congelar, ¿no? Y entonces vendrá el tijeretazo de miedo, para el que nuestros gobernantes más cercanos ya nos están educando con su ejemplo de austeridad personal. Tal vez entonces nos digan: no se queje, vecino, que yo soy el primero que me aprieto el cinturón.
Puestos a meter en la nevera partidas municipales, la variación de un año a otro de los sueldos será un pellizco a tener en cuenta, por supuesto. Pero más ahorraríamos si congelásemos, no sólo el sueldo, sino también la vanidad de tantos alcaldes que se han propuesto pasar a la historia, aunque sea la pequeña historia local. De palacios de congresos, puentes colgantes, túneles kilométricos, museos de autor y campañas de autobombo están bien agujereados los presupuestos de muchos ayuntamientos. En algunos casos, como el de Madrid, endeudados por décadas.
