"Una cosa es que haya un sistema de jurisdicción universal, y otra cosa es que pueda utilizarse sin criterios de prudencia" -Francisco Caamaño, ministro de Justicia- 

Lo de la justicia universal, lo de investigar crímenes contra la humanidad, estuvo bien un tiempo. El esfuerzo no era muy grande, y a cambio los beneficios eran enormes: España exportaba una imagen de campeona de los derechos humanos,
la Audiencia Nacional tapaba con su actuación universal cuanto de criticable tiene de puertas adentro, los jueces ganaban prestigio –alguno hasta soñaba con el Nobel-, y los ciudadanos nos reconciliábamos con el sistema judicial. 

El invento estuvo bien mientras no molestaba demasiado, mientras se limitaba a perseguir sudamericanos, africanos y dictadores seniles. Pero resulta que hubo quien se lo tomó en serio, y la cosa empezó a desmadrarse: ya no se trataba de delincuentes parias, sino procesos contra Israel, Estados Unidos o China. Palabras mayores. 

Así que nuestros legisladores han decidido cerrar parte del invento, una vez amortizada la imagen de guardianes contra la impunidad. Lo intentaron de tapadillo, metiéndola entre otras reformas, pero no ha colado. 

Como siempre, lo hacen por nuestro bien. La justicia española para los españoles, vienen a decir. Se acabó ese turismo judicial de víctimas viniendo aquí a beneficiarse de nuestros recursos. A partir de ahora, sólo investigarán crímenes contra la humanidad en los que haya paisanos afectados, o que toquen "intereses relevantes para España". 

Así que mírenlo como un avance: nuestros legisladores buscan proteger a los nuestros fuera de casa. A partir de ahora, los genocidas se cuidarán muy mucho de no tocar un pelo a los españoles. Nos aseguramos de que sólo nos masacren genocidas autóctonos, ésos a los que tampoco es aplicable nuestra justicia universal.