Garzón pone punto final a su carrera judicial con el mismo estruendo que ha acompañado su trayectoria durante años: un día después de hacer un alegato por la justicia y la reparación a las víctimas del franquismo, con toda la prensa internacional pendiente de su suerte y las redes sociales agitadas por la condena. Un final de traca, a la altura del personaje.
Yo, después de leerme los 69 folios de la sentencia, no tengo claro a quién han condenado. ¿Al héroe de la justicia universal, candidato al Nobel de la Paz, perseguidor de corruptos y genocidas, campeón contra el terrorismo y primer juez que abrió las puertas de la Justicia a las víctimas de la dictadura? ¿O al juez estrella, que entra y sale de la política como del juzgado, con fama de mal instructor e ideólogo de la línea dura judicial contra “el entorno del entorno” en el País Vasco? ¿Han inhabilitado al defensor de los derechos humanos, o al juez con enfermizo afán de protagonismo, y para el que se acuñó un término periodístico: la ‘garzonada’?
El juez con más luces y sombras de la historia reciente, capaz de lo mejor y de lo peor, que cuenta con tantos defensores incondicionales como detractores acérrimos, ha sido fulminado, para desgracia de los primeros y contento de los segundos. Y para alivio de no pocos delincuentes, es cierto, empezando por los de la Gürtel, que desde hoy maniobrarán para anular todo lo que puedan del proceso.
La propia sentencia contribuye sin quererlo a la confusión que rodea estos días al caso Garzón: cuando afirma que el juez, con su decisión de intervenir las comunicaciones de los encarcelados, colocó “a todo el proceso penal español (…) al nivel de sistemas políticos y procesales característicos de tiempos ya superados”, con prácticas propias de “los regímenes totalitarios”. Es decir, que el juez que sólo unas horas antes denunciaba los “tiempos ya superados” y nuestro “régimen totalitario” ante el Supremo, es condenado por el mismo tribunal por retrotraernos a esos tiempos y devolvernos al totalitarismo.
Buf, casi me parece más sencillo lo del filete de Contador.
Esta semana continuarán pasando por el Supremo los familiares de víctimas del franquismo, tras escuchar la semana pasada a varias hijas y nietas de fusilados cuyos relatos concentraban mucho de aquel horror: una embarazada a la que dejaron dar a luz para robarle el hijo antes de fusilarla; un padre asesinado y a cuya familia le dijeron que se habría fugado con otra mujer; apaleamientos, aceite de ricino, ensañamiento de las autoridades con las familias.
Si estos días aterrizase por aquí un astronauta tras una temporada de viaje espacial y viese las imágenes del Supremo, se quedaría a cuadros: “Pero, ¿qué ha pasado en España? ¡Las víctimas del franquismo relatando su sufrimiento ante los jueces del Supremo!” Y es que, así dicho, y viendo las imágenes de esos familiares emocionados al narrar el asesinato de sus padres o abuelos en una sala noble ante siete jueces de toga y puñeta, cualquiera pensaría que se ha hecho realidad la aspiración que las víctimas llevan décadas arrastrando: que les abriesen las puertas de los tribunales.
Pero que no se engañe nuestro astronauta, aclárenle pronto que lo que vemos estos días no es una Comisión de la Verdad ni un juicio a la dictadura, aunque la puesta en escena lo parezca. Las víctimas están en el Supremo, sí, pero no como testigos de sus dramas, sino en defensa del juez que intentó abrir su causa. Y son escuchadas por siete magistrados, sí, pero cuatro de ellos consideran que hubo delito en la conducta del juez, y defienden la vigencia de la Ley de Amnistía.
Para rematar la broma macabra, las víctimas se sientan en el Supremo teniendo a su lado a los abogados de una organización filofranquista que aprovecha cada vez que puede para menear Paracuellos como una forma de minimizar o justificar el sufrimiento de los hijos y nietos de los fusilados por el franquismo.
En fin, esto es España, amigo astronauta, y esta es la forma en que hemos abierto por fin la puerta de la Justicia a las víctimas: por la puerta de atrás, con escarnio, y den gracias si salen como entraron y no acaban también imputadas por Manos Limpias.
La justicia está politizada, quién la despolitizará, el despolitizador que la despolitice… El ministro Gallardón ha querido ser el protagonista del trabalenguas judicial, y en plena “semana fantástica” de la Justicia (Camps, Garzón, anuncios de reformas de peso) ha prometido despolitizar el gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, primer paso para una Justicia “profesional” que quede en manos de los togados y donde el poder legislativo meta sus sucias manos lo menos posible.
Así dicho, suena estupendo. ¿Hay alguien que no esté a favor de despolitizar la Justicia? Con el desprestigio que la política se ha ganado, y el espectáculo que tan a menudo han dado los partidos en órganos como el Tribunal Constitucional (el reparto de cuotas, el bloqueo interesado a la renovación, la adivinación de sentencias según quien componga la sala), cualquier encuesta daría un noventa y mucho por ciento de ciudadanos favorables a despolitizarla.
Ahora bien: ¿lo contrario de esta Justicia partidista va a ser una justicia apolítica, pura, escrupulosamente profesional? No lo tengo tan claro. Por ahora, conocido el fuerte peso del conservadurismo entre los jueces, la despolitización que propone Gallardón conseguirá en efecto que deje de haber jueces de derecha y de izquierda, para que a cambio haya jueces de derecha o muy de derecha.
Nos guste o no, la Justicia tiene que ver con la política. Aunque pueda parecerlo, la administración de Justicia no es una ciencia exacta, ni los jueces son máquinas de aplicar la ley dictando sentencias como quien aplica una fórmula matemática. Que el modelo por el que se ha pretendido hasta ahora que la Justicia refleje la composición de la sociedad (que siempre es más plural que la tradicional composición de la judicatura) haya fallado no significa que la alternativa sea el corporativismo, dejar la justicia en manos de sus profesionales, pues por la misma regla de tres acabaríamos dejando que los jueces hiciesen todas aquellas leyes que deben aplicar, que para eso son los que saben del asunto. Ojo con los despolitizadores.
Si alguien pensaba que Gallardón se aburriría en el ministerio sosote que le había tocado, ya ven que no. Si cuando era alcalde sus palabras talismán eran “transformar” y “modernizar” (y ya saben los madrileños en qué consistía), ayer volvió a pronunciarlas, pero esta vez aplicadas a la Justicia.
Gallardón llegó a Justicia, agarró todas las carpetas que encontró sobre la mesa y decidió menearlas con energía. Quién dijo que Justicia es un ministerio aburrido: aborto, cadena perpetua revisable, ley del menor, despolitización en la elección de jueces, y el copago-repago.
El argumento para esta última medida es ya un clásico: al ser gratis, hay abusos. Ya saben: igual que hace falta copago sanitario por tanto jubilado que va al médico por vicio, para echar un rato de charleta con el doctor y hartarse de medicamentos gratis; hace falta cobrar más por los recursos judiciales porque hay gente que va al juzgado por vicio, para echar un rato de charleta con el juez y hartarse de sentencias gratis.
Pleitos tengas y los ganes, suele decirse a modo de maldición, y con toda la razón, como saben quienes han pasado por un juzgado, incluso si ganaron. No conozco a nadie que pleitee por gusto, ni por gratis (entre tasas, abogado, procurador, trámites y tiempo perdido sale caro), ni porque sea una vía fácil y rápida. Más bien acudimos a los jueces por falta de mecanismos de solución de conflictos al margen de la vía judicial. No tenemos cultura de mediación (ni recursos suficientes), de modo que si te divorcias, te despiden, te peleas con los vecinos o te sanciona el ayuntamiento, acabas en el juzgado.
Por supuesto, la medida reducirá la litigiosidad. Si en segunda instancia pierdes, y encima te cuesta más dinero, olvídate de seguir recurriendo. Es cierto que a veces te acaban dando la razón en el Constitucional o en Estrasburgo, pero muy convencido tendrás que estar a partir de ahora. En cambio, quienes más dinero tienen, y que son los que recurren por sistema para retrasar resoluciones en firme y forzar acuerdos, no tendrán problema en seguir de charleta con el juez.
Ya que el fútbol puede estar perdiendo sus propiedades narcóticas por saturación (un partido del siglo al mes aburre al más forofo), otro entretenimiento se abre paso entre nosotros, y puede convertirse pronto en la primera distracción nacional: la actividad judicial.
Miren qué arranque de año hemos tenido, con tal concentración que nos obliga a un continuo zapping informativo para no perdernos nada: en el primer canal tenemos a Camps escuchando otra vez la grabación de sus conversaciones amorosas (“cuelga tú, churri”; “no, tú primero”; “no, tú, que te quiero un huevo”). Si cambiamos de canal nos encontramos a Matas sentado junto a su pelota favorito. Otro zapeo y aparece Garzón despojándose de la toga y declarando con voz rota. Y en próximos días incorporaremos nuevas series a la parrilla, con José Blanco declarando en el Supremo, y Urdangarin impartiendo ante el juez de Palma una conferencia sobre aplicación de valores deportivos en la gestión empresarial, una de ésas con power point y micrófono de corbata que se le daban tan bien.
Como en todos los encuentros en juego hay momentos de interés, y no nos queremos perder nada, se impone que alguna emisora de radio organice un carrusel deportivo judicial y nos vaya radiando las mejores jugadas, porque verlas en diferido le quita parte de la gracia.
Como entretenimiento nacional, el deporte de las togas está pensado para toda la familia, la oferta es variada: mientras unos disfrutan viendo cómo Camps se va empequeñeciendo dentro del traje, otros aplaudirán cada patada en las espinillas que reciba Garzón, mientras que los enemigos de Blanco tendrán la cámara preparada para inmortalizar su llegada al Supremo, y los republicanos creerán más cerca el fin de la monarquía cuando el yernísimo pise el juzgado.
El espectáculo de la justicia (que no es lo mismo que la administración de justicia, aunque lo parezca) llena portadas, minutos de televisión y radio, tertulias (periodísticas y de bar) y columnas de prensa (ésta, sin ir más lejos). Si el fútbol flojea en su función de cohesión social, ya tenemos relevo.
“Ni lo comparte este gobierno ni los valencianos que en las elecciones dieron su apoyo a un proyecto de Comunidad Valenciana.” -Dolores Johnson, portavoz de la Generalitat Valenciana-
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Ayer, horas después de que hacerse público el auto de apertura de juicio, vi a Francisco Camps entrar en un videoclub y decidí seguirlo con discreción. Disimulé leyendo la carátula de un DVD, y así pude ver los títulos que el Honorable escogía de los estantes: Doce hombres sin piedad, Matar a un ruiseñor, Anatomía de un asesinato, Veredicto final, Algunos hombres buenos…
Ya ven, todos filmes clásicos de eso que los estadounidenses llaman ‘Courtroom drama’: el cine de juicios, esas películas con abogados de verbo hábil que deambulan por la sala mientras hablan y se dirigen directamente a los miembros del jurado, recurriendo a todo tipo de efectismos para ganarlos a su causa.
Imagino que Camps pasará las vacaciones viendo películas de juicios, libreta en mano. En otoño se enfrentará a un jurado popular formado por nueve ciudadanos, y confía en ablandar sus corazones con su habitual retórica llena de cursilería y pompa.
Camps debe de pensar, y no le falta razón, que si ha sido capaz de convencer a miles de valencianos que siguen votándole pese al olor a podrido (pues en Valencia hay mucho más que tres trajes), si ha revalidado su presidencia con sus continuas apelaciones a su honradez, inocencia y amor a la tierra, no se le resistirán esos nueve del jurado, entre los que además, por pura estadística, habrá unos cuantos votantes del PP.
Como esos abogados liantes de las pelis, Camps lleva dos años jurando que no hay caso, que todo quedará en nada, y sustituyendo unas excusas por otras: empezó asegurando que no tenía relación alguna con la trama, después juró que se pagaba sus trajes, luego que todo era un montaje, y hace unos días aceptaba que se los regalaron, pero no como presidente sino como dirigente del PP.
Imagino a Camps ensayando ante el espejo el momento en que diga a los miembros del jurado, uno a uno, tomándoles la mano: “mírenme a los ojos, ¿ustedes ven a un hombre capaz de venderse por tres trajes?” Qué pena que aquí los juicios no sean tan teatrales como en Estados Unidos, porque sería todo un espectáculo.
“Allá esos magistrados: si no han pensado en su conciencia, la historia dirá lo que tenga que decir, y también la sociedad española.” -Soraya Sáenz de Santamaría, portavoz del PP en el Congreso-
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Ya comentaba otro día la paradoja: cuánto más débil está ETA, más extiende su base social, gracias a la teoría de la contaminación que amplía en círculos el llamado “complejo ETA/Batasuna”, sumando nuevos partidos, organizaciones y personas. Desde ayer ETA cuenta entre sus filas no sólo con políticos, sindicalistas, abogados, profesores y periodistas. Ahora también ha alistado seis jueces, y no de pueblo precisamente: seis magistrados del Constitucional, con sus togas y sus puñetas.
No hay más que ver la reacción de la derecha política y mediática a la sentencia sobre Bildu: en varias emisoras de radio repitieron durante toda la mañana los nombres de los seis jueces, y dos periódicos llevaban en portada sus fotos, supongo que para que los reconozcamos por la calle y les digamos nuestra opinión con la contundencia que se merecen.
Eso sí, debían de ser una célula durmiente de ETA, pues hasta ahora esos mismos magistrados habían sido aplaudidos por su rigor en anteriores sentencias. Cuatro de los seis jueces que han indultado a Bildu participaron en la ilegalización de otros partidos y candidaturas sin discrepar, pero suponemos que estaban disimulando. Pues a ver qué hacemos ahora con un Constitucional contaminado. Que yo sepa no se puede aplicar la Ley de Partidos a los magistrados, y tampoco hay una equivalente Ley de Jueces.
Bueno, todavía están a tiempo de arrepentirse y volver al redil las seis ovejas negras de la Justicia. El PP está dispuesto a darles una segunda oportunidad, y ayer recordó que la ley permite ilegalizar durante la campaña y después incluso de las elecciones.
Para ello vamos a tener una campaña electoral con el PP aplicando la famosa lupa a cada palabra que diga hasta el último candidato de Bildu en el pueblo más pequeño, para cumplir la promesa de “sacarlos como sea”. También piden a las fuerzas de seguridad que los sigan vigilando estrechamente. Vista la rapidez con que policías y guardias civiles elaboran informes, esperamos que al menos pongan más cuidado que en los últimos.
“El Estado de Derecho ha sido excesivamente blando con los terroristas, tenemos que endurecer las penas.” -Ignacio Cosidó, portavoz de Interior del PP en el Congreso
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Esta primavera toca reabrir un debate clásico, de los que llenan portadas y animan tertulias: el cumplimiento de penas por los terroristas. Junto al recién liberado Troitiño, y el más veterano Sagarduy ‘Gatza’, en las próximas semanas saldrán otros cuatro presos históricos, todos con más de dos décadas entre rejas.
El caso de Troitiño es el que más polvareda levanta, pues a muchos no les salen las cuentas: 22 muertos, 24 años de cárcel, poco más de un año por muerto, calculan, y sólo un 1% de una pena de 2.500 años. Dicho así, suena a estafa. Pero cuando hablamos de justicia, de crímenes y condenas, las cuentas no pueden ser tan simples, pues por las mismas diríamos que ‘Gatza’ ha pasado 30 años por dos asesinatos, a 15 por cabeza, que tampoco sé si es un precio aceptable.
Es lógico que las víctimas consideren corta cualquier condena. Para el familiar de un asesinado el crimen no se paga ni con 20 ni con 30, ni con perpetua: su dolor es irreparable. Pero la justicia no la administran las víctimas, y tenemos un sistema legal que fija penas máximas y regula las reducciones. Si con Troitiño se aplicó la ley, hay que aceptar que también los etarras tienen derecho a salir libres.
Dicho eso, el siguiente paso siempre es pedir un endurecimiento de la ley: condenas más largas y sin beneficios, o incluso la perpetua, a la que añaden la coletilla de “revisable” para no parecer tan duros. Pero eso supone dar por buena una idea muy extendida: que la ley en España es benévola, la justicia es muy blanda y delinquir sale barato.
Nada más subjetivo que valorar la dureza o blandura de un sistema penal. Pero al margen de opiniones, lo cierto es que las sucesivas reformas han hecho del español uno de los más duros de Europa. Llámenme blando, pero no me parece poca cosa pasar 24 años en la cárcel. Piensen lo que han sido los últimos 24 años de sus vidas. O los 30 que ha pasado ‘Gatza’, que entró con 21 y sale con 52. Ya sé que las víctimas tampoco han tenido esos 30 años, ni los venideros. No digo que sea un precio justo, pero no es precisamente barato.
“Es cierto que el efectivo cumplimiento de la pena pudiera llegar a considerarse excesivo, pero es la pena mínima que puede imponerse.” -Extracto de la sentencia contra Hokman Joma-
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No sé si lo recuerdan, porque la noticia se trató con discreción en su día: el primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, sobrevivió milagrosamente a un atentado durante una visita a España hace poco más de un año. Cuando salía del Ayuntamiento de Sevilla, un terrorista arrojó un arma letal contra el líder turco, que salió ileso por poco. El peligroso terrorista fue detenido, encarcelado y juzgado, aunque se ha beneficiado de nuestro blando código penal, y sólo pasará tres años entre rejas.
Ah, por cierto, se me olvidaba un dato: el arma letal que el terrorista empleó en el fallido magnicidio no fue un rifle con mira telescópica, ni una granada, ni siquiera una buena piedra. Lo que tiró a Erdogan fue un zapato. Un zapato común, sin tacón ni refuerzos metálicos ni hebillas, y además lanzado con poca convicción, pues falló estando bien cerca y pegó en el coche, que pese al impacto pudo seguir su camino.
Alto ahí, se acabó la broma. Porque la cosa se presta para mucho chiste, pero no tiene gracia ninguna. Que se lo pregunten a Hokman Joma, el autor del lanzamiento, que lleva más de un año en la cárcel, y le quedan otros dos por delante.
Hokman es un activista de los derechos humanos, que con su gesto quiso protestar por la represión del pueblo kurdo al que pertenece. A nadie se le ocurre pensar que con su zapato pretendía atentar contra Erdogan, salvo al juez que le cargó un delito contra la comunidad internacional en su modalidad de atentado contra dirigente extranjero. Todos recordamos otro zapatazo más famoso, en Irak contra Bush. En ese caso el lanzador recibió un año de cárcel. Se ve que la justicia iraquí es más blanda que la española.
Ahora sus abogados y varios colectivos sociales han lanzado una campaña para pedir su indulto, a la que podemos sumarnos con nuestra firma en la web de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, para arreglar en lo posible este disparate.
El chiste del principio sólo puede cerrarse con un comentario, obvio: menos mal que falló, que si encima le llega a dar, no imaginamos el castigo.
“Es de estricta justicia atender a las peticiones de los afectados mediante la creación de una oficina de atención a estas víctimas.” -Javier Zaragoza, fiscal jefe de la Audiencia Nacional-
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En varias ocasiones en los últimos años, en encuentros con estudiantes, he hecho un experimento: les he pedido que me digan el nombre de un país donde haya habido una dictadura con episodios terribles de represión, desaparecidos, torturas, prisioneros políticos, exiliados y niños robados. La mayoría respondía Argentina o Chile, y muy raramente se acordaban de España, pese a que el franquismo cumple esos mismos requisitos.
Hagan la prueba hoy mismo con sus conocidos: pregúntenles por un país donde haya habido robo de niños a sus padres para entregarlos a otras familias, y ya verá cómo se acuerdan de Latinoamérica. Y eso que esta misma semana apareció en la prensa una noticia sobre robo de niños que no se refería ni a Argentina ni a Chile: la petición del fiscal jefe de la Audiencia Nacional para que el Ministerio de Justicia abra una oficina que investigue lo sucedido con miles de niños que fueron dados por muertos ante sus padres, y luego entregados a otras familias.
Se ve que entre tanto ruido de cables diplomáticos y controladores militarizados la noticia ha pasado desapercibida. Pero sobre todo, seguimos teniendo más sensibilidad y conocimiento sobre otras dictaduras y otras víctimas antes que por las nuestras. ¿Niños robados? Ah, sí, pobres argentinos. Ya lo decía Garzón en su auto de despedida: hubo robo sistemático de niños en el franquismo “a pesar de lo terrible que puede parecer hoy día y de que a gran mayoría de los ciudadanos les puede resultar casi inverosímil.”
Sí, tan inverosímil que no nos provoca la misma indignación, horror y emoción que los niños robados por otras dictaduras, pese a que fueron miles, y se hizo ‘legalmente’, en hospitales e inscribiéndolos con otro apellido.
Lo gracioso, lo ‘typical spanish’, es que el fiscal Zaragoza diga que es “de estricta justicia” atender a las víctimas después de que él mismo les negó esa justicia al cerrarles la vía judicial hace un mes. Así que propone una oficina de atención a las víctimas, en vez de investigar él mismo y buscar a los responsables. Es decir, burocracia en lugar de justicia.
