Da un poco de miedo esa Ley de Autoridad del Profesor que ahora anuncia Esperanza Aguirre. Por supuesto, cualquier medida que refuerce jurídicamente al enseñante irá en la buena dirección, pero el término "autoridad", en boca de la derecha, resulta cuanto menos ambiguo. En realidad, lo que necesita este país es un plan decidido en pro de la educación pública, laminada y sustituida –ya es así en Madrid y Valencia-, por la privada y la concertada. 

  Lo que está un poco de sobra es esa obsesión de Aguirre, tan contenta con su hallazgo, de que no vendría mal acabar con lo que queda del espíritu del 68, según ella origen y causa de todos los males del mundo en general y de la educación en particular. Pues mire usted, señora, eso no es así. Los años 60 supusieron una ola de libertad gracias a la cual aún respiramos y eso no tiene nada que ver con que algunas aulas de secundaria  parezcan ahora el Far West.

  Puesto que todo el mundo habla de la necesidad de un pacto en la educación, no estaría mal que comenzáramos la casa por los cimientos. No sé si la derecha y la izquierda sociales pueden ponerse de acuerdo en un modelo eficaz que palie el fracaso escolar y las otras lacras existentes en el sector. Sea como sea ese pacto, debe fortalecer a la escuela pública y a sus profesores, porque es el único modo de asegurar la igualdad de oportunidades y de evitar cualquier clase de adoctrinamiento.  No sirve de nada reivindicar la autoridad del profesorado si luego se le desautoriza negándole recursos, concentrando a todos los inmigrantes en sus aulas o desprestigiando el servicio público. Tome buena nota, señora Aguirre.