Ha pasado demasiado ligeramente el conato de polémica sugerido por José Blanco a propósito del sentido actual de las diputaciones. En realidad, esa reflexión era más que pertinente: inmersos en una crisis voraginosa, donde al Estado se le reclama que aplique la austeridad en carne propia, preguntarse en voz alta para qué sirven las diputaciones provinciales es de una lógica aplastante.
Al fin y al cabo, esos mastodontes propios del siglo XIX son una pura redundancia administrativa que se interpone entre las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Forjados a partir de 1836 para responder a la vieja división en provincias del territorio, quizá tuvieran un sentido hace cien o cincuenta años, pero es obvio que ahora ya no lo tienen. Aunque se excuse su papel argumentando que son un apoyo imprescindible para los municipios pequeños, la realidad de cada día es que las subvenciones y las ayudas correspondientes llegan a los pueblos según su color político coincida o no con el color de la propia diputación. Esto es lo que han propiciado figuras como José Luis Baltar en Ourense o Carlos Fabra en Castellón, pequeños caciques adornados con mil y una excentricidades y presuntas corruptelas que dan la medida de en qué puede convertirse la institución a poco que se haga cargo de ella un gerifalte con sentido patrimonialista de la política.
Por supuesto que habrá diputaciones eficaces y prácticas. Pero su concepción y su lógica son de otro tiempo. Así que habría que animar a Blanco a llegar a las últimas consecuencias con su lúcida interrogación. En época de crisis, la valentía tiene que ser de serie.
Dicen los medios que el fiscal ha pedido siete años de cárcel para Vicent Aparici, titular de Medio Ambiente en la Diputación de Castellón y mano derecha de Carlos Fabra. Aparici fue alcalde de La Vall d’Uixó entre 1995 y 2003. En esa época, autorizó vertidos tóxicos en el barranco del Garrut y, a pesar de conocer sobradamente que este vertedero carecía de toda licencia, no hizo nada por clausurarlo (lo haría después la izquierda, en el mandato del socialista Josep Tur). Con estos datos en la mano, al fiscal le ha faltado tiempo para coger de las orejas al bueno de Aparici. Se da la circunstancia, por cierto, de que este hombre ya contaba con antecedentes penales. En concreto, fue condenado en sentencia firme en 1995 a pagar 500.000 pesetas de multa por intentar llevarse mercancía en la fábrica de calzados de la que era gerente. Robar zapatos, me temo.
Hasta aquí los hechos. En el capítulo de comentarios, se me ocurre un pequeño inventario de perplejidades. ¿Puede alguien explicarse, por ejemplo, por qué de toda la plantilla popular de la Diputación de Castellón se escogió precisamente a Aparici para diputado de Medio Ambiente? Sí, amigos, da la casualidad que el mismo sujeto que, con toda la mala saña del mundo, envenenaba el subsuelo de sus conciudadanos en La Vall d’Uixó, era el encargado por Carlitos Fabra de velar por la salud medioambiental de toda la provincia. Claro que el propio Fabra tampoco es ejemplo de nada bueno, y su póster con la palabra “Wanted” está sujeto con dos chinchetas permanentemente en el juzgado de Nules. ¿Es que para ser un cargo del PP hay que rezarle todos los días a San Vito Corleone?
Conforme pasa el tiempo, todo lo relacionado con Carlos Fabra va tomando una dimensión sorprendente, incluso grotesca. El caso que se ocupa del poderoso presidente de la Diputación de Castellón lleva ya cinco años en marcha, y no hay indicios de que se resuelva en breve. El buen hombre está acusado de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias –entre otras lindezas. Poco a poco, y mientras en el juzgado de Nules jueces y fiscales se pasan unos a otros la patata caliente, la prensa va ofreciendo datos reveladores del sumario. Por lo que sabemos, Fabra debería justificar la procedencia de algunos millones de euros que lloviznaron sobre el centenar de cuentas en que figura como titular o autorizado. Por otro lado, nadie ignora que todo esto empezó cuando un socio despechado le acusó de recibir dinero a cambio de agilizar licencias de unos productos fitosanitarios. Recibir dinero, a lo que parece, es algo que a Carlos Fabra se le da muy bien. En esta vida, ya se sabe, cada uno nace con una habilidad. La habilidad de Fabra es engordar cuentas bancarias. Bien.
Si yo fuera él, por cierto, desearía con toda mi alma que el juicio empezara ya. Cada día que se dilata, cada semana y cada mes que se aplaza su celebración, la malévola prensa de izquierdas va trazando un retrato del gerifalte provincial no demasiado favorecedor. La pregunta debería ser, en todo caso, si todo eso no tiene ningún efecto en el electorado. Al fin y al cabo, el PP gana en Castellón por mayorías muy absolutas. Sospecho, en ese sentido, que la clientela de derechas no se deja impresionar fácilmente con las acusaciones de caciquismo. Sé lo que digo. Yo vivo en el reino de don Carlos y oigo los comentarios de la gente. Sólo la izquierda –esos quijotes- se impresiona aún con estos temas. Luego están –o deberían estar- los “indecisos”. Pues que vayan decidiéndose ya.
Tengo para mí que toda esta historia sería la mitad de macabra si no tuviera por protagonista a un presidente de diputación. ¿Hay algo más absurdo –administrativa y políticamente- que una diputación provincial? Son entes mastodónticos, intermediarios, inverosímiles. Son instituciones del siglo XIX pugnando por resultar atractivas en pleno siglo XXI. Fabra es un reyezuelo que se cree Dios Padre en Castellón porque reparte monedas a manos llenas entre la multitud. Su público le aplaude y él sonríe. ¿Qué juez va a querer romper ese hechizo?
