Hay una historia reciente, muy instructiva, a la que no sé si se le ha prestado la atención que merece. Resulta que el Gobierno gallego estableció un catálogo de medicamentos susceptibles de ser financiados por los poderes públicos. Este excluía ciertas marcas en favor de los correspondientes genéricos. La norma se demostró plenamente acertada: en poco más de dos semanas –según datos oficiales-, la Xunta pudo ahorrar 4 millones de euros en la factura farmacéutica. ¿Y qué hizo, ante esto, el Gobierno del Estado? Pues elevar un recurso al Tribunal Constitucional en contra de la medida. Ese recurso fue aceptado el viernes pasado y la ley gallega está suspendida.
Vamos a ver si nos aclaramos. Resulta que la Xunta establece un plan que se demuestra exitoso para ahorrar en los gastos farmacéuticos. Y al Gobierno central no se le ocurre otra cosa que aducir que esa actuación “rompe la igualdad entre los españoles”, puesto que algunos medicamentos que podían comprarse por ejemplo en Santander no estaban a la venta en Ourense.
A mí, sinceramente, todo esto me parece una soberana tomadura de pelo. No creo ser sospechosos de estar a favor de las políticas del PP, pero si uno de sus gobiernos actúa con precisión y eficacia, responderles con argumentos ranciamente decimonónicos está fuera de lugar. A la Xunta, en este caso, no habría que denunciarla, sino emularla. ¿O es que las iniciativas inteligentes contra la crisis sólo pueden venir desde Madrid?
Alguien está haciendo el tonto en todo este asunto y no son precisamente los gallegos.
No me cansaré de repetirlo: hay mucha gente que debería leer, por prescripción facultativa, el libro de Germà Bel: España, capital París. Creo que nunca se ha explicado con tal precisión técnica, sin apasionamientos ni inflamación ideológica, hasta qué punto la política de infraestructuras vigente en España, tendente a instaurar un modelo de comunicaciones de tipo radial (donde todo nace y muere en Madrid), ha sido y es un mal negocio desde el punto de vista de la eficiencia económica. Aunque el modelo es ampliamente deficitario y perjudica a los ejes productivos del país, continúa siendo defendido al alimón por el PSOE y por el PP. El argumento tradicional para su vigencia es la “solidaridad interterritorial”, pero Germà Bel (que no es precisamente un independentista: fue portavoz de Economía y Hacienda del Grupo Socialista en el Congreso entre 2001 y 2004) demuestra con fría precisión quirúrgica qué se esconde tras ese eufemismo. Esas flamantes autopistas vacías del interior peninsular –dignas de la imaginación de Richard Matheson-, la escasa rentabilidad social del AVE tal como se está ejecutando, el volumen de inversión concentrado en el aeropuerto de Barajas (muy superior a su tráfico real de pasajeros)…
El análisis de Bel se basa en un fiero sentido común, y quiere demostrar que el centralismo es una ruina. Además, se pregunta por qué “en España preocupa mucho más la desigualdad entre territorios que entre personas”, puesto que se prefiere perder dinero antes que cambiar la concepción jacobina del estado. Alguien debería regalar este libro a ciertos políticos con mando en plaza. Feliz año.