Ya se están viendo las consecuencias del fallo del Tribunal Constitucional (TC) respecto al Estatut de Catalunya. Hace dos semanas era la Defensora del Pueblo, militante conservadora, la que recurría la Ley de Acogida catalana de la Generalitat por “coherencia” con la decisión del TC. Ahora es el PP el que se plantea recurrir el Código de Consumo catalán. Ambas leyes tiene el mismo estigma: la primera establece que el catalán sea la primera lengua de integración de los inmigrantes en Catalunya; y la segunda, a su vez, obliga a los establecimientos comerciales a tener toda la información y la publicidad también en este idioma. El objetivo de las dos normas parece claro: evitar, en un caso, que los inmigrantes puedan aprender sólo castellano, ignorando la lengua propia de Catalunya; y penalizar, en el otro caso, que los comercios ignoren el catalán a la hora de promocionar su negocio, o que lo hagan sólo en castellano o en otros idiomas.
A cualquier observador imparcial le parecerían muy sensatos los propósitos de estas normas, que sólo persiguen que el catalán se utilice en Catalunya con la misma normalidad con que se usa allí el español. Sin embargo, a los flechas y pelayos de la política celtibérica les da repelús cualquier avance de la lengua de Ausiàs Marc, que juzgan pecaminosa y cancerígena. Estos tipos cuentan ahora con un instrumento poderoso para sus fines: la prolija, chapucera e inflamada de ideología sentencia del TC. Lo que se nos viene encima, pues, es una endemoniada batalla judicial en que los enemigos de la España plural van a ir a por todas. Habrá que estar alerta.
España ha ganado el mundial y Catalunya ha quedado reducida, por mor del Tribunal Constitucional, a una aldea gala de más de 7 millones de habitantes. ¿2-0? Mirémoslo de otra manera. Si no se soluciona el conflicto de legitimidades –la restrictiva observancia jurídica central contra la voluntad democrática de los catalanes- en el próximo mundial España podría verse obligada a participar sin ningún jugador del Barça. ¿Quién marcaría entonces los goles? O, lo que es lo mismo, ¿quién pagaría los ordenadores extremeños y las autopistas castellanoleonesas sin el esfuerzo fiscal de los catalanes?
España tiene que decidir si quiere seguir conservando a Catalunya en su mapa. Para muchos españolitos de a pie sería una tragedia tener que renunciar a un dibujo mental interiorizado desde niños: los límites inequívocos de su única realidad. Pero si el sentimiento independentista crece porque desde la Meseta sólo llegan mensajes de desprecio y de odio, algún día un presidente del Gobierno puede verse en la tesitura de tener que enviar al Ejército para que penetre en Barcelona por la Diagonal, como en 1938, y eso sí que será una crisis.
Si lo que se pretende es que Catalunya se sienta cómoda en España habrá que respetar su profundo sentimiento nacional, el derecho de su lengua a ser hegemónica en su propio territorio y también el de poder intervenir positivamente en la organización de su economía o de su judicatura. Y si para eso hay que cambiar la Constitución, pues manos a la obra. De momento, todo va mal. Con las leyes actuales -¡o con sus intérpretes!- Catalunya se asfixia. Entonces, ¿cuál es el plan B?
El ambiente se va caldeando. Arrecian las filtraciones a diferentes medios del punto muerto –o tonto, según se mire- en que se encuentran las deliberaciones del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Catalunya. Al parecer sus señorías no ven con buenos ojos que ésta se defina como una nación, con su consiguiente despliegue simbólico. Tampoco les parecería bien que el catalán estuviera en pie de igualdad con el castellano, y ambos fueran de obligado conocimiento para los ciudadanos. En fin, que la cosa está que arde, y sólo falta que alguien encienda la mecha para que explote la bomba con todo su poder expansivo. Pero, ¿a quién beneficia una sentencia donde se anule la nacionalidad catalana, se declaren ficticios sus símbolos y se decrete que la suya es una lengua de segunda categoría? Se lo explicaré: sólo beneficia a los partidarios de la independencia de Catalunya. Aquellos catalanes que ya han roto amarras, aquellos que consideran, en su perfecta legitimidad, que en ese barco que se llama España sólo quedan algunas ratas despistadas, están esperando como agua de mayo una sentencia represiva para poder hinchar el pecho y decir: “¿Veis? Lo que yo os decía”.
Durante años admiramos que en Catalunya el nacionalismo no hubiera implicado una fractura social tan violenta como en Euskadi, con su radical división entre fieles a una y otra patria. Ahora, por obra y magia de diez magistrados con más o menos piedad, Catalunya está en el disparadero. ¿No sería más fácil reconocer de una vez que España es un estado plurinacional y que sus cuatro lenguas deben ser iguales en derechos y obligaciones?
