Las Fuerzas Armadas del siglo XXI

30 ene 2016
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Una de las grandes reformas que debemos afrontar con prontitud son las Fuerzas Armadas. Es innegable que requieren un cambio profundo dado que son herederas directas del Franquismo y han constituido una amenaza para la sociedad española en los últimos 200 años y para la propia democracia con diferentes acciones bélicas, conspirativas y mediáticas. Es necesaria una gran transición.

Cambios estructurales

Necesitamos unas Fuerzas Armadas correctamente dimensionadas tanto en el número de componentes como en la estructura de los mismos. Existe un excedente (histórico) de oficiales que debería solucionarse y una división en tres clases (oficiales, suboficiales y tropa) que sería bueno que desapareciese permitiendo una forma de ascenso más justa, rápida y objetiva (lo que evitaría también que hubiese altos mandos tan mayores y que han ascendido por antigüedad). Para ello es necesaria la supresión de las calificaciones anuales, los ascensos por antigüedad y las condecoraciones (estas últimas podrían ser meramente honoríficas).

Un ejemplo del problema estructural es la existencia de 19.000 oficiales para 41.000 soldados, casi un oficial por cada dos soldados. Situaciones de estas características no pueden volver a producirse.

En la actualidad, (algo más de) 120.000 militares son demasiados para las necesidades de intervención en el extranjero (menos de 5.000 al año), el escenario más habitual, e insuficientes para defender el territorio de una posible invasión, el escenario más improbable (la mayoría del armamento que hemos adquirido, curiosamente, como carros de combate Leopard o aviones Eurofighter, sería de utilidad en este segundo e improbable escenario e inútil por completo en el primero y más habitual).

Un ejército mixto de 50.000 militares, altamente profesionales y bien equipados, junto a un total de 500.000 reservistas sería económicamente más sostenible y cubriría ambos escenarios, el probable y el improbable, de forma más óptima. El reservista, a diferencia de lo que ocurre ahora mismo, sería un militar con empleo de soldado que haría formaciones militares de un mes al año durante periodos de 10-12 años. No participarían en misiones en el exterior, cobrarían salarios dignos y podrían compaginar por ley el mes de prestación con sus puestos de trabajo (públicos o privados). A largo plazo (25-30 años) implicaría tener 500.000 reservistas y otros 500.000 exmilitares (casi un millón de personas adiestradas en la defensa).

Este modelo tiene la ventaja de permitir la participación voluntaria y bien remunerada de la sociedad en las Fuerzas Armadas, lo que pondría fin al aislamiento de las mismas y al desconocimiento social de lo que sucede en el mundo militar. No olvidemos que la publicidad es un elemento generador de buenas prácticas (y que estos militares serían civiles once meses al año). Unas Fuerzas Armadas más integradas en la sociedad sería una situación más saludable para la democracia.

Los militares profesionales, fuese cual fuese su empleo, serían funcionarios y llegados una determinada edad (45-50 años) pasarían a trabajar en puestos de la administración pública en función de su grado y preparación. Ello evitaría tanto el envejecimiento del ejército como la existencia de una pirámide invertida en la estructura del mismo (lo que ocurre a día de hoy).

Se equipararían los salarios de los militares a los de otras FCSE y se exigiría por ello altos conocimientos a los soldados (y consecuentemente más a los de empleo superior) en derechos humanos, derecho internacional, geopolítica, geografía, historia, idiomas, culturas de los países en los que se interviene, etc. Un soldado debe tener todas las herramientas posible para tomar las mejores determinaciones en las situaciones más complejas y no debemos olvidar que no podemos dar un arma a una persona sin exigir una alta formación.

Con estas subidas salariales y el paso a diferentes administraciones del estado (desde los 45-50 años hasta la jubilación), desaparecerían tanto los puestos de trabajo en la reserva como las residencias de verano, campos de golf, campamentos de verano, viviendas y demás privilegios anacrónicos. Hay que pagar bien a los militares (a día de hoy los soldados cobran cantidades míseras en comparación a otros cuerpos) y que ellos se paguen sus residencias, su ocio y sus vacaciones. Si es necesario que un soldado cobre una indemnización por desplazamiento o tenga reducciones en el transporte ello sería lógico, pero hay que terminar con las viviendas militares, los campos de golf, las residencias de veraneo y lo que ha sucedido en ellas.

Cambios culturales

Deberíamos transformar la cultura belicista existen por otra más profesionalizada. Me intentaré explicar. No puede ser que acudir a un conflicto suponga mejores salarios, mayor prestigio social, mejores calificaciones, condecoraciones y otro tipo de recompensas. En muchas ocasiones sucede que hay militares que acuden a conflictos para pagar un coche o un piso. Situaciones así no son saludables en un ejército.

El militar debe estar preparado para participar en un conflicto, muy bien preparado y muy bien equipado, pero hacerlo no debe suponer un aliciente sino una contrariedad. ¿Sería posible que cobrase el bombero en función de los incendios en los que trabaja o la duración de los mismos? Si fuese así, seguramente los bomberos terminarían por provocar incendios o alargar estos. ¿Cobraría el cirujano por las operaciones a corazón abierta que haga? Si así fuera, estas se multiplicarían. Hay que cambiar este concepto belicista. Un militar debe ser una persona preparada para la guerra pero con un sentimiento y una cultura profundamente antibelicista, y dicho sentimiento solo puede nacer del conocimiento y la formación. Una guerra debe ser una obligación que cumplir y un sacrificio al que someterse, pero jamás un premio.

La educación militar, otro de los puntos que necesariamente deben reformarse, debería externalizarse y quedar en manos de personal experto ajeno al mundo militar. Únicamente, aquellas formaciones que no puedan ser impartidas por personal civil deberían recaer en los militares, a ser posibles de otros países aliados. Hay que intentar romper la endogamia educativa y cultural existente en la actualidad.

Separación de poderes

La justicia militar debe eliminarse o restringirse. La mejor opción de todas es la completa desaparición de la misma pues no existe delito que no pueda ser juzgado en los tribunales ordinarios. En el caso de optar por un tribunal militar, este debería poseer una capacidad de actuación muy restringida y estar compuesto por personal civil especialista en derecho militar e independiente al mundo castrense.

La Guardia Civil debe desmilitarizarse para que pueda investigar lo que sucede en las Fuerzas Armadas con total libertad y cualquier tipo de auditoría y control debería ser realizada por personal civil ajeno al mundo militar y al ministerio de Defensa.

Es decir, la justicia militar al ministerio de Justicia, la Guardia Civil al ministerio del Interior y las auditorias y los órganos de control económico al ministerio de Hacienda. En la actualidad, la ausencia de separación de poderes convierte a las Fuerzas Armadas en un estado dentro del propio estado y ello es por completo inaceptable en una sociedad avanzada.

Cambios constitucionales

Necesitamos dos cambios en la constitución. El primero de ellos es eliminar el artículo octavo de la constitución que deja en manos de los militares la integridad territorial, la independencia y la soberanía de España. Los militares no son (ni deben ser) garantes de nada, son una herramienta al servicio de los ciudadanos, nada más. Por ello mismo, no deben tener ningún tipo de atribución constitucional.

El segundo cambio constitucional que debería implementarse es definir los nuevos escenarios de confrontación, como las supuestas misiones de paz, y los procedimientos para acudir a los mismos. Ningún militar debería estar en el extranjero sin que se haya producido un referéndum. Esta herramienta es la única que asegura que los partidos políticos se posicionen e informen a los ciudadanos y, sobre todo, que los ciudadanos sean responsables de las decisiones tomadas.

Si España vuelve a realizar intervenciones parecidas a las de Irak o Afganistán y ello genera estados fallidos, dos millones de refugiados, dos millones de muertos, el incremento de la venta de armas y situaciones similares… deberán responsabilizarse de ello (deberemos responsabilizarnos).

Derechos y libertades

Los militares deben ser considerados ciudadanos a todos los efectos (conciliación familiar, compatibilidades laborales, etc.) con la única limitación de la seguridad nacional o el derecho de huelga. Por lo demás, deben de tener todo tipo de derechos y libertades: expresión, sindicación, manifestación y cualquier otro que no afecte a la seguridad nacional. Por supuesto, las privaciones de libertad deben ser restringidas a escenarios muy concretos y siempre con la participación directa de un juez.

No es cierto que sea necesaria la limitación de la libertad de expresión, como no son necesarios muchos recortes de derechos y libertades, como lo demuestra que la Policía Nacional o los bomberos, siendo cuerpos jerarquizados y disciplinados, no cuentan con estas limitaciones y su funcionalidad es igual o superior a la de las Fuerzas Armadas.

Cambios geopolíticos

Aunque estos ya se tratan de cambios políticos y como tales cada uno tendrá su respetable opinión, pienso que deberían debatirse públicamente las diferentes decisiones geopolíticas que se adopten. Entiendo que la participación en la OTAN es una opción que los ciudadanos deben de decidir porque tiene un coste a nivel de presupuestos, cesiones, riesgos y confrontaciones.

Por ejemplo, yo soy partidario de la neutralidad de España en el escenario actual. Tal y como ocurre con Suecia (que no pertenece a la OTAN), la pertenencia de España a la UE es un elemento más que disuasorio para cualquier enemigo y, desde luego, el escenario de una confrontación en territorio nacional (una invasión) es prácticamente inexistente a día de hoy. Hay que recordar que Europa tiene 1,4 millones de militares, lo que supone algo más que USA y casi el doble que Rusia. Suficiente para ahuyentar a cualquiera.

En mi opinión, España no tiene necesidad alguna de participar en los diferentes escenarios de confrontación que en la actualidad se están desarrollando en el mundo como Siria, Irak, Yemen, etc. Existe una compleja partida de ajedrez bélico a diferentes niveles (global: USA, UE y OTAN contra Rusia, China; regional: Turquía, Israel o Arabia Saudí contra Irán y Siria; local: chiítas contra sunítas, Al Qaeda, EI, etc.) de la que poco o nada podemos ganar. No digo ya estar a favor o en contra de la OTAN o los EE UU, o a favor o en contra de Rusia o China, ni del resto de contrincantes, sino sencillamente no estar.

En el caso de permanecer en estos escenarios bélicos, es decir, seguir perteneciendo a la OTAN o participando activamente de ella, sería conveniente que se explicase a los ciudadanos qué ganamos con todo ello: petróleo, influencias, negocios… ¿Qué? ¿Todo eso repercute en los ciudadanos o en unos pocos poderosos?

Aunque se obtuviesen tales ventajas y ellas repercutiesen en todos y no en unos pocos como ahora mismo, yo seguiría estando en contra (es una simple opinión, no una imposición). Al menos, los ciudadanos deberían saber cuáles son, a cambio de qué lo hacen y ser participes (mediante referéndum), y por tanto responsables, de las consecuencias de nuestra participación en los diferentes escenarios bélicos.

Reorientación de la industria armamentística

Considero que la industria armamentística debe de dedicarse a suministrar armamento a nuestro país en exclusiva y cubrir las carencias con la importación de armas. En esencia, debe de terminarse con la exportación de armas, sea cual sea el país destinatario porque creo que hay formas mejores y más éticas de ganar dinero.

En el caso de continuar con esta política de crecimiento de la industria armamentística, deberían ser los ciudadanos los que lo aprobasen y debería ser indiscutible que los permisos para la venta de armas fuesen concedidos por una junta completamente independiente del Estado y del Gobierno. Esta junta tendría que estar compuesta por reconocidos expertos en geopolítica y miembros de las asociaciones españolas e internacionales, independientes por supuesto, de reconocido prestigio en el área de los derechos humanos y la paz. Con ello, por lo menos, minimizaríamos las posibilidades de participar o cooperar con desastres bélicos de forma directa o indirecta, como ocurre en la actualidad.

Compras de armamento

El armamento debe ser comprado por una junta independiente de las Fuerzas Armadas, el Estado y el Gobierno formada por personal especialista. Ello aseguraría que no se volviese a comprar armamento para escenarios que no se van a producir, que no se necesita y que no se puede pagar ni antes ni ahora (por usar palabras de un secretario de estado de Defensa). Reconocidos expertos, independientes claro está, podrían decidir sobre las peticiones realizadas por las Fuerzas Armadas, peticiones realizadas en exclusiva por militares y nunca por políticos.

Puertas giratorias

Por ley, ningún militar ni político que haya trabajado en el ministerio de Defensa debería poder trabajar en la industria armamentística, y trabajar en ella debería imposibilitar acceder al mundo castrense o a la Defensa. En la misma línea, sería necesario controlar los familiares de estos que trabajan en la misma.

Exigir cambios

Como ciudadanos debemos exigir que todos estos cambios o, al menos, aquellos con los que estemos de acuerdo, se materialicen lo antes posible porque es responsabilidad de todos transformar y modernizar nuestro país y nuestro mundo. Empecemos por nuestras Fuerzas Armadas y empecemos ya.

 

Luis Gonzalo Segura, exteniente del Ejército de Tierra y autor de las novelas “Código rojo” (2015) y “Un paso al frente” (2014).

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