Un paso al frente

Dos coroneles exculpados: 600.000 euros al año de desfase, 2.409 kilos de ibéricos, comensales fantasma, facturas falsas...

El Juzgado Central de lo militar ha decidido convertir sus decisiones jurídicas en aspirantes, año tras año, al Premio a la Sentencia más Execrable. La pugna es reñida porque los Juzgados Territoriales Militares y la Sala V de lo Militar del Tribunal Supremo se empeñan en competir en inmoralidad con el Juzgado Central. Ni que decir tiene que el nivel aumenta anualmente en cuanto a infamia se refiere. Si un juzgado exonera a un capitán que veja a sus soldados, poco después otro exonera a un teniente coronel que malversa 92.000 euros. Si uno condena a un guardia civil a cuatro meses de cárcel por discutir con su jefe, otro condena a un año y medio a un soldado por llamar franquista a su coronel. Mientras tanto, los oficiales tienen manga ancha para insultar a una sargento y mandarla a su casa o "a hacerse dedos". Esas son cosas de mujeres y del lenguaje castrense, claro. En fin, la justicia militar es a la justicia lo que la música militar a la música.

Los jurídicos militares, salvo excepciones, se han convertido en personajes que son capaces de cualquier bajeza con tal de conservar su nómina a final de mes, ascender, ser condecorados y presumir delante de sus parejas y amigos durante los fines de semana de lo rectos y serios que son los tribunales militares. Si atendiésemos a sus decisiones, más que alardear de su trabajo lo que podrían hacer es dedicarse a los monólogos, pero a los monólogos cómicos y con pijama de rayas.

La última decisión ha sido exculpar a los coroneles V. S. M. y E. C. D., ex jefes de la base aérea de Getafe y de la Sección Económica Administrativa (SEA) número 27, porque según su criterio lo que han cometido son "irregularidades contables" y no delitos.

Lo que entiende este juzgado por "irregularidades contables", en contra del propio criterio de la Fiscalía, sería: 1) escamotear 600.000 euros al Tesoro al año, 2) falsificar 30 facturas por importe de casi 120.000 euros, 3) desviar fondos públicos, 4) tener cuentas corrientes ilegales, 5) inflar contratos, 6) amañar concursos, 7) facturar comensales fantasma, 8) cometer fraude fiscal, 9) comprar fuera de menú 2.409 kilos de embutidos ibéricos (43.296 euros), 360 botellas de vino, 456 de cerveza, 252 de cava y 160 de alcohol de alta graduación (5.871 euros), 10) comprar portátiles facturando falsos estudios y 11) comprar material eléctrico y de limpieza a una empresa de merchandising por 40.000 euros... Todo eso es obra del comandante que lo denunció porque los altos mandos que se aprovecharon de ello, se atiborraron a embutidos y se alcoholizaron lo hicieron por casualidad, porque pasaban por ahí.

Esta noticia en cualquier otro país habría supuesto un auténtico escándalo, en España no. Y no lo es porque la corrupción civil sea mayor, para nada, el problema es que los medios de comunicación siguen rindiendo pleitesía al mundo militar con esa mezcla tan rancia de veneración y temor. Ellos lo que hacen son programas promocionales... Hasta novelas de propaganda existen en este nuestro país.

Por otro lado, lo realmente preocupante, por encima de la sentencia, es que efectivamente para este juzgado semejante comportamiento no sea un delito. Ello se debe a que si estos hechos fueran delictivos, que lo son, e hicieran pagar por ellos a estos dos coroneles, se encontrarían que el 90% (y soy generoso) de los altos mandos militares tendrían que ser condenados o ingresar en prisión ya fuera por permitir, participar, callar o promocionar la corrupción.

¿Exagero? Pensemos en el fraude en las facturas falsas que afectaba al Ejército del Aire, ¿Cuántos militares estaban involucrados? Pues ni más ni menos que 2.000 (sin contar los que conocieran, escucharan, vieran...). El problema es que no pueden terminar todos en prisión y expulsados porque nos quedaríamos sin pilotos y sin oficiales y nadie quiere que algo así suceda. ¿Seguridad Nacional? Para nada, nadie nos va a invadir, pero sería insostenible, hasta para los medios de comunicación domesticados que tenemos, seguir ignorando lo que sucede en las Fuerzas Armadas. Por ello, se ha llegado a un pacto para que no vayan a la cárcel y continúen como militares (y lleguen a altos mandos). De momento son casi un centenar los imputados (80 y subiendo). Dado que todos han cometido un delito, desconozco qué fórmula han escogido para establecer el nivel de imputación: ¿letra del apellido?, ¿importe de la factura falsa?, ¿rango?...

Los acuerdos de la Fiscalía se basan en que los oficiales pueden recuperar su trabajo siempre que sean condenados a menos de tres años de cárcel. Una simple multa de tráfico supone la expulsión de un soldado. Qué menos.

La ejemplaridad militar, ya se sabe, no es ni más ni menos que la ley del embudo y los jueces son aquellos que determinan la parte del embudo que a cada militar le corresponde. Progresista es igual a expulsión, fascista es igual a exoneración; soldado que roba un uniforme es igual a año y medio de cárcel y expulsión, oficial que abusa sexualmente de 28 reclutas es igual a seguir siendo militar; soldado que llama franquista a su coronel es igual a prisión y expulsión, hijo de golpista que celebra golpe de estado es igual a ascenso;... Como jugar a los dados, pero trucados.

Por suerte, la justicia militar, aunque muchos jurídicos castrenses no parecen saberlo, camina herida de muerte, como el apuñalado que en mitad de una refriega todavía no sabe que se desangra. Unidos Podemos y Ciudadanos apuestan decididamente por su desaparición y tarde o temprano esta se producirá. Esperemos que sea cuanto antes porque los jurídicos militares no deberían seguir mancillando el uniforme que visten por más tiempo.

 

Luis Gonzalo Segura, exteniente del Ejército de Tierra.

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Tal vez te puedan interesar las novelas "Código rojo" (2015) y "Un paso al frente" (2014).

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