El genocidio laboral de las Fuerzas Armadas: Más de 4.250 discapacitados expulsados

Lo que han vivido los discapacitados militares en las Fuerzas Armadas ha sido un silencioso genocidio laboral. Fueron, y todavía son, poco a poco exterminados del mundo militar en un comportamiento infame y execrable. Para tal genocidio laboral ha sido necesaria la participación de la cúpula militar en su totalidad; el respaldo de los jurídicos militares, cuando no su asesoramiento, sus susurros al oído; la ejecución por parte de la medicina militar en los infames tribunales médicos; y la connivencia de los partidos (PP y PSOE) y los políticos (Bono, Alonso, Chacón y Morenés, junto a portavoces de Defensa como López Garrido -PSOE- o Vicente Ferrer -PP-).

Es extremadamente complejo establecer la mayor culpabilidad de cualquiera de estos grupos. La cúpula militar por abandonar a sus compañeros y subordinados, a esos a los que loan hasta la intoxicación con palabras de exaltación patriótica y compañerismo; los jurídicos militares que, además de compañeros, son los encargados de velar por la justicia y se pusieron del lado de los genocidas laborales; los médicos militares, también compañeros, que optaron por ponerse al servicio del genocidio laboral en lugar de hacerlo del lado de los enfermos, los discapacitados y los débiles; y, finalmente, los políticos que, elegidos por los ciudadanos, jamás tuvieron la valentía de detener semejante infamia.

Las víctimas han tenido que pasar por un verdadero calvario y se cuentan por miles entre 2006 y 2015 (según OATM): 4.259 militares expulsados por expedientes psicofísicos (de los que 675 fueron militares con más de 6 años de antigüedad por resoluciones del contrato de larga duración y 3.584 militares con menos de 6 años de antigüedad por no renovaciones del compromiso inicial por lesión). Sabemos que los militares de tropa redujeron su número en casi 10.000 efectivos desde que llegó la crisis y sabemos, por tanto, que los discapacitados militares, la kafarna o la escoria, que diría un buen militar, uno de los patriotas, fueron los que asumieron el grueso de la política de reducción de efectivos.

Como en la mayoría de los casos, en la expulsión de los discapacitados se cumple un patrón. La clave, jurídica, se encontraba en asignar una discapacidad inferior al 25%, un 24% como máximo, lo que suponía la expulsión del militar discapacitado en cuestión con una bajísima indemnización (menos de un año de trabajo) en lugar de una pensión de por vida. La situación llegó a un extremo que la argucia legal no solo valía para expulsar a los discapacitados que no podían continuar sus labores en las fuerzas armadas, sino para reducir el número de efectivos de tropa para desahogar los presupuestos y que estos despidos pudieran sostener el excedente de oficiales y los privilegios como los campos de golf o las residencias de veraneo para oficiales.

Para cometer este exterminio laboral hubo, tuvo que haberla, una directriz de la cúpula militar y una participación activa tanto de la jurisdicción como de la medicina militar y, por supuesto, un sistemático silencio de los mandos y la oficialidad ante lo que sucedía a su alrededor. Por si queda alguna duda, no se trata de una fantasiosa o intuitiva afirmación, sino que realmente existió tal directriz. Un informe del MADOC (Mando de Adiestramiento y Doctrina) ordenaba tomar medidas para renovar y rejuvenecer a la tropa rebajando la tasa de renovación de militares y forzando la salida de aquellos militares que no tuvieran contratos de larga duración.

Básicamente, todos actuaron por miedo a las represalias y, también, todo sea dicho, por las recompensas que su participación devengaba en forma de destinos, condecoraciones, calificaciones, etc. Es decir, tuvieron que elegir entre negarse a la injusticia y ser purgado por ello o aceptarla y se premiado por ello. Eligieron, la infinita mayoría, lo segundo.

La casuística es tan enorme y disparatada como brutales fueron las consecuencias sobre las víctimas de esta política de exterminio laboral, propia de mentalidades fascistas, no hay motivo para afirmar lo contrario. Dicha política de genocidio laboral sufrió un terrible varapalo judicial en junio del año 2016 cuando el juzgado de lo social número 5 de Murcia estableció que la argumentación del Tribunal Médico era contradictoria en el caso de Antonio M. G. dado que admitía que “no podía seguir con su función regular de soldado” y a la vez “no estaba incapacitado para su trabajo habitual”. Antonio Suárez Valdés, abogado militar, alertó sobre lo que ya era un secreto a voces: “vienen utilizando de forma sistemática la corruptela de otorgar a los militares temporales grados de discapacidad inferiores al 33% [el 33% en la vida civil y el 25% en la militar] para, a continuación, y de forma incomprensible, determinar que los mismos no se encuentran capacitados para el servicio”.

Antonio M. G., el militar que consiguió la sentencia favorable, tuvo que realizar una marcha de 50 kilómetros con el pesado equipo a la espalda (unos veinte kilos) y hacerlo con unas fuertes exigencias. Todo transcurrió en los montes situados entre Roncesavalles y Pamplona. A los 10 kilómetros sufrió una lesión en la ingle, pero sus superiores, en lugar de comprender la situación, se comportaron como los animales que suelen ser y le obligaron a terminar la marcha. De nuevo, las órdenes por encima del sentido común, de la humanidad, de todo.

La lesión se consideró accidente laboral y le concedieron un 20% de minusvalía, como siempre por debajo del 25% necesario para cobrar una pensión. Las mismas Fuerzas Armadas que destrozaron su futuro profesional y le dejaron discapacitado para el resto de su vida fueron las que organizaron un entramado mafioso para expulsarle de las mismas sin la indemnización que le correspondía. Como he dicho antes, hay miles de casos.

Casos inhumanos

A Sergio Braulio González el Tribunal Médico Militar le otorgó un 2% de discapacidad y le consideraron no destinable, pero la Seguridad Social le otorgó un 59%. Sergio, casi inválido, tuvo que vivir de la caridad hasta que el 18 de junio de 2015 los tribunales le reconocieron un 40% de invalidez y su derecho a una pensión.

Iván Ramos se rompió diecisiete huesos en Afganistán, por lo que se tuvo que someter a once operaciones para la reconstrucción de espalda, brazo y pie, además de adaptarse a la pérdida del bazo y el riñón. A día de hoy sigue pleiteando para conseguir la pensión que merece.

Silvia Ruiz no pudo completar un ejercicio en unas maniobras en Madrid porque sufría debilidad y dolores en el pecho. A consecuencia de ello fue sancionada por su capitán con catorce días de arresto domiciliario. Esa misma tarde acudió al médico y le diagnosticaron un cáncer de mama. Fue expulsada de las Fuerzas Armadas. En diciembre de 2014, el Tribunal Superior de Justicia de Badajoz falló a favor de Silvia y obligó al ministerio de Defensa a readmitirla.

A día de hoy nadie ha sido sancionado ni condenado por el entramado mafioso organizado entre la cúpula militar, la justicia militar, los tribunales médicos castrenses y el ministerio de Defensa. Por desgracia, la justicia ni está ni se la espera, menos aún la militar.

Dedicado a los más de 4.259 discapacitados que han sido expulsados de sus puestos de trabajo en las Fuerzas Armadas.

 

Luis Gonzalo Segura, exteniente del Ejército de Tierra.

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