Opinion · La Universidad del Barrio

La censura en la era de su refundación: estrategias de una guerra cultural, por Miguel Ángel Gil Escribano

Puede parecer exagerado traer a colación la censura en estos tiempos que no son ni mucho menos análogos al contexto de aquel 1938 en el que Ramón Serrano Suñer presentó su Ley de Prensa al gobierno golpista. La estructura que establecía esa ley y sus disposiciones no parecen tener correlato alguno con nuestras leyes actuales, como la Ley de Seguridad ciudadana que entró en vigor en julio del año pasado; o eso nos dirían algunos.

Aquella ley establecía una serie de estructuras de control sobre la totalidad del sistema de la producción de prensa y opinión mediante una serie de divisiones geopolíticas del territorio nacional. Sus funciones aparecen claramente definidas: desde el Gobierno central hasta el provincial se establece toda una red de poder coercitivo del Estado regulando las publicaciones que pueden existir así como el volumen de lo que pueden producir. También se regulaba la designación del personal que trabaja en prensa, tanto en lo relativo a su función profesional como a la selección del personal que poseía funciones de responsabilidad en el medio.

Visto así, la estrategia de censura en los regímenes totalitarios como el franquista opera por medio de estructuras de poder que permiten el ejercicio de la violencia simbólica, física y económica. Esto garantizaba al Estado el monopolio de la palabra, pero no tanto por la fuerza sino a través de una serie de valores y principios morales y transcendentales. El Estado se presenta como garante de esos principios supraindividuales y exclusivos de la Nación con el fin de mantenerla como bien supremo de todos, de manera que todo aquello que sea relativo a la identidad de la Nación debe obedecer en primera y última instancia al Gobierno. Se cierra así un círculo en el que los que vigilan y castigan se legitiman en una posición estratégica que reduce el sistema a un único y válido tipo de cultura y opinión.

No es baladí pensar en esta cuestión: por encima de la libertad de los individuos para pensar y hacer, existe un grupo de personas que se erigen, no ya en sus representantes, sino en los garantes únicos de lo que son y hacen los españoles. No hay forma de reclamarse español en otras instancias que no sean las impuestas por ese grupo, e intentarlo es quedar excluido de la identidad como español, cuando no anulado o literalmente eliminado. Por otro lado no deja de ser importante resaltar que estos sistemas consolidan a un determinado tipo de personas afines al régimen —por ideología, parentesco o amiguismo. Esta “colocación” implica una garantía de que cualquier producto cultural estará ya predeterminado de antemano por unas reglas de censura que ha decretado el Estado: unas personas y unos productos se verán publicados; otros no. Ahí radica la clave de esta estrategia de censura: impedir que el producto cultural pueda imponer al público sus propias normas de recepción. Por ejemplo, un escrito sobre el marxismo o sobre Rousseau, si se publica es porque posee un estatus que le ha sido atribuido desde las posiciones del poder. Ello confiere al autor que pasa la censura una posición dentro del ámbito de la cultura en que está ubicado su producto, además de un capital social, cultural y simbólico.

Pero lo que habilita que un producto tenga presencia en el mercado cultural es un conjunto de técnicas y métodos con los que internamente se construye: esto es lo que permite superar la censura y, por tanto, garantiza un estatus al producto. Técnicas que consisten en establecer relaciones sensibles a través de dicotomías entre bueno/malo, bello/feo, verdadero/falso, etc. que respeten lo marcado desde las instancias legales de la moralidad en las que se determina lo que es sagrado, incuestionable e innegociable para el conjunto social, y lo que es profano, vulgar o discutible. Siguiendo con el ejemplo, el marxismo no es discutible en relación con lo falso y abyecto que es para el régimen, e igualmente indiscutible es el “socialismo” implícito en la Falange como bueno y verdadero en tanto que defiende un orden natural de las cosas —roles de género, statu quo entre clases, etc.—.

Por poner el caso del cine, películas como Mogambo o Arco de triunfo entre otras —según mostró un artículo del blog de Público Strambotic — no solo vieron censurados parte de sus diálogos sino que fueron modificadas hasta cambiar el rol de los personajes y la trama del guion. La finalidad era reorientar el papel, en este caso de la mujer, hacia la sumisión: como representante de los valores del hogar y de las funciones afectivas “naturales” —ama de casa, esposa y madre— la protagonista no podía mostrar voluntad de ser infiel al marido. Esta triple identidad —fundada sobre  valores como el ser comedida, hacendosa, discreta, sumisa, sacrificada y servicial— tenía por gran ejemplo a Pilar Primo de Rivera, Jefa de la Sección Femenina de FET de las JONS (ver el documental).

Evidentemente tales valores tenían su correlato legal en diversos campos: el Fuero del Trabajo desde 1938 afirmaba “liberar a la mujer casada del taller y la fábrica”, en el Código Civil de 1943 se equiparaba el estatus de la mujer al de los menores de edad, en el Penal de 1944 no solo se justificaba ese estatus sino que se criminalizaba el adulterio femenino, mientras que el varón solo cometía delito en caso de amancebamiento, y se atribuía al hombre —padre o marido— el derecho de “uxoricidio”: matar a la esposa o hija por una infidelidad, dado que ello atentaba contra el honor del varón tutor. Gil1

Ante este marco jurídico así como moral y simbólico, las películas que superaban la censura no lo hacían tanto por el objeto en sí que trataban —aunque todo lo explícito por norma general se censuraba por pudor estético, desde besos hasta desnudos—, sino por cómo lo enfocaban.  De esta manera películas como Que el cielo la juzgue, de John M. Stahl (1945), Obsesión, de Arturo Ruiz Castillo (1947) o La fe, de Rafael Gil (1947), llegaban al público —según se analiza en Sexualidad, psiquiatría y cine de Ángel Luis Montejo González— debido a que, ya fuese por su construcción original o tras la mediación de la censura, el final era siempre el de un castigo moral o físico ante unos actos definidos como abyectos desde la cultura y la moral simbólica de la Nación controlada desde el Estado.

Otro buen ejemplo es la película Rojo y negro de Carlos Arévalo que, pese a los rumores, nunca fue censurada, y donde la violación no es tema tabú en tanto que representa metafóricamente el acto perverso de la República frente a la patria, encarnada por la mujer abusada que pertenece a Falange. En esta película se representa también, desde la óptica de una “resistencia falangista”, la defensa de la República en el Madrid de la guerra. En suma, no hay tabú o prohibición para hablar de marxismo, comunismo, republicanos, sexo, violación, incesto, etc., siempre y cuando se haga desde el púlpito adecuado habilitado legalmente para ello.

En este marco de censura se instaura así una especie de jurisprudencia metafórica en los métodos y técnicas de producción que habilita productos tolerables cuando no directamente loables para los censores vigilantes de las premisas ideológicas del Estado; de ahí que todo producto cultural contenga una estrategia de censura asimilada. Lo crucial es que esta aparece como una interiorización, es decir, como producto de la libertad subjetiva. Pero esa supuesta libertad no deja de estar fraguada en la estructura de control impuesta desde fuera y que predetermina qué está prohibido o no, qué es expresable y qué es innombrable y si se posee estatus para decir algo.

Dos son las consecuencias de esta lógica: primero, la expulsión de público y autores críticos del mercado cultural, y a cambio la consolidación de quienes producen y consumen los productos bajo esas reglas, así como la de unos vigilantes críticos culturales de la calidad de tales productos bajo los parámetros establecidos por los censores (ni qué decir tiene esto afecta a editores, productores y promotores de cultura crítica con el régimen); segundo, la constitución de una doctrina, tanto en la dimensión de la producción como de la recepción o mercado, que defiende la adhesión a los principios y verdades, a los valores en general que se propugnan en esa cultura filtrada por la censura. Doctrina que no deja de estar apoyada por otras leyes e instituciones como las ya citadas y que tienden a asimilarse a través del consumo.

Dada esta disposición, cualquier persona puede ejercer la función de crítico vigilante respecto a los productos de la cultura: el principio de autor —su autoridad y competencia en un campo determinado y avalado por no estar marcado por la censura— hace que la palabra vigilante de ese sujeto, bien situado en el campo cultural y que no deja de ejercer un control social, pueda funcionar como barrera de acceso a cualquier otra persona que compita en su campo. El compromiso de público y creadores con la censura impuesta hace que la doctrina opere como mecanismo de clausura del campo cultural, guardando la ortodoxia como “ley de pureza” de una buena cultura.

Toda esta lógica procede desde arriba, pero no tanto porque sea impuesta por unas élites que monopolizan los principales puestos de poder sino porque se establece desde la legalidad de unas normas dirigidas al control de los hábitos y actitudes de las personas con el fin de socializarlos o adoctrinarlos. El resultado es la consolidación de un marco muy determinado de relatos y referentes posibles para entender la realidad bajo un orden concreto: clausurando el espacio de la opinión, del sentir y el pensar a una serie de prácticas sociales exclusivas, en el sentido de expulsar cualquier otro sistema de prácticas así como a quienes actúan bajo ellas.

La asimilación de esta lógica llega al punto de que son los propios autores o productores los que practican la autocensura en sus obras, pero también puede dar como resultado lo contrario, dada la flexibilidad discursiva de la cultura: permite que esos filtros puedan ser sorteados mediante tropos como la metáfora, la metonimia, la sinécdoque, etc. tal y como muestra la experiencia en música, en literatura y poesía o también en medios de comunicación, según se analiza en esta tesis doctoral. Ante la censura estructural materializada en leyes y con cuerpos especializados es comprensible que surjan prácticas contraculturales que, habilitando estrategias para sortearla, llegan a esa parcela de público que —por diversas condiciones socioculturales y económicas— no está socializado en la cultura oficial, e incluso cuando lo está.

Puede darse el caso de que estrategias de autocensura y de sorteo de la misma operen simultáneamente. Es lo que ocurrió al grupo de rock progresivo Goma. La portada original de su disco 14 de abril —publicado en 1974— hacía clara referencia a la Segunda República, incluyendo en el diseño primero los colores de la bandera tricolor. La discográfica Movieplay se opuso a este diseño de portada, obligando a los autores a usar los colores rojo y gualda para evitar problemas con la censura. No modificaron en cambio el título de la obra, ya que pudieron explicar ante las autoridades censoras que no hacían referencia a la República sino al día en que se formó la banda, que coincidía además también con el de publicación del disco.

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Gil3El ejemplo pone de manifiesto de paso la importancia del underground como un espacio discursivo de la producción cultural que permite el desarrollo de unas prácticas, unas técnicas y unos valores diferenciados y opuestos de resistencia a la cultura impuesta.

Ahora bien, existe otra lógica de la censura que podemos encontrar en regímenes democráticos. La podemos entender como “desde abajo”, y opera en los mismos términos que la anterior pero a la inversa. A simple vista el mecanismo parece baladí por su simplicidad, pero no lo es. La estrategia de la censura desde abajo no se muestra a la conciencia inmediatamente como censura en pos de un monopolio cultural que permita el ejercicio de poder del Estado o de cualquier otro grupo o institución sobre formas de pensar, de hacer y de las sensibilidades que ahí se constituyen; la censura desde abajo se oculta en una mera disputa —guerra­— por la definición de determinados objetos entre discursos y formas de pensamiento que, si no aparecen como encontradas, sí que son diferentes.

En ningún punto de esta estrategias los discursos, opiniones o productos de la cultura se autodefinen como únicos, puesto que desde donde se producen —ya sean autores, instituciones, determinadas posiciones sociales, etc.—, hay una tendencia a respetar públicamente cualquier otra cosa que pueda ser dicha o hecha. Y aunque sí llegan a plantearse como unívocas en tanto que reclaman para sí un estatus de verdad —ya sea una opinión o un artículo de investigación—, a priori no se plantean abiertamente de tal forma, ni siquiera se presentan como las únicas que están en la verdad salvo contadas excepciones. Pero ahí está la clave que desvela la realidad del asunto: se trata de una estrategia desde abajo y que lucha por lo bajo de diferentes cuestiones y fenómenos con el fin de determinar cuáles son y deben ser tales excepciones que habilitan la exclusión de formas de hacer, pensar, decir y sentir. Afirmar que se lucha por lo bajo significa que hay una lucha por definir lo abyecto, lo malo, lo deleznable, lo intolerable, etc. queriendo hacer de ello algo indiscutible e innegociable.

Es la estrategia que se está observando en los últimos años desde los medios de comunicación y a través de ellos: monopolizar el ejercicio de definir qué es malo, cómo o por qué lo es, quién tiene el poder de definir y nombrar lo abyecto pero, sobre todo, y esta es la clave, quién no lo tiene. Por ejemplo, tras ocurrir la destitución de Sergio Pascual en Podemos se ha producido un aluvión de juicios de valor y opinión sobre qué había ocurrido, su significado y sus consecuencias. La derecha mediática ha construido su relato apoyada en una estrategia clara: relacionar el fenómeno de la destitución con antiguos partidos y personajes que hoy, en nuestra España hipersensibilizada, son tenidos como ejemplos cuando menos, negativos.

Así en el ABC se hablada de escabechinas leninistas y purgas en el partido; Gabriel Albiac, por ejemplo, llegó a afirmar que Podemos era algo así como “una secta” y para argumentarlo cita a Stalin, que entonaba “cantos sentimentales mientras hacía asesinar a esos veinte millones que no eran más que el ínfimo precio con que pagar el billete al paraíso”, y cómo no, también lo relacionaba con el “caudillismo” peronista y el “neofascista” Chávez. Por su parte El Mundo tachaba a Pablo Iglesias de Mesías que se cree que está aquí para liberar a los españoles de un “pasado opresivo e indigno” a través de discursos de retórica sentimental que recuerdan la forma de hacer política de Lenin. Y cómo no La Razón tiraba a descalificar del juego democrático al partido afirmando que “[c]omo marca la tradición comunista, la respuesta de Iglesias ha sido la purga de voces opositoras y la implantación del pensamiento único”,

Se deduce de esto que hay una guerra abierta por hipersensibilizar al público de la opinión hacia lo negativo, lo que hace daño físico y moral. Una lucha por ganar un espacio en el que poder seguir diciendo y legislando. Otro ejemplo: tras los atentados contra Charlie Hebdo, entre las muchas personalidades que se apuntaron a defender la libertad de expresión estaba el Ministro de Interior —cuando éste estaba limitándola, de hecho, mediante la conocida como ley mordaza— y algunos otros dieron a entender claramente que la libertad, sobre todo de expresión, es algo que se debe limitar: es lo que afirmó el Papa Francisco.

Es aquí donde empieza a esclarecerse la clave de estas estrategias de censura desde abajo y por lo bajo. Sin prejuzgar la intención, la apuesta estaba hecha: una institución como la Iglesia, con tanto capital simbólico, social, había dispuesto que hay un umbral que la libertad de expresión y de opinión no puede traspasar. Que ésta imponga límites en el decir y el hacer no es nuevo, pero recuperar ese hábito en el siglo XXI tiene un efecto determinante en las formas de recepción de los discursos en la cultura por parte de un público que en general le atribuye la suficiente autoridad y competencia como para no discutir si lo que dice es correcto o no. Y ello habilita que, posteriormente, ministros que condecoran a vírgenes con medallas al mérito y al honor puedan decir lo que dicen sin ningún tipo de reparo y se vean legitimados a impulsar leyes como la de Seguridad ciudadana. Y a su vez esto habilita a que otros personajes hagan uso de su posición social y cultural para dar voz a ese tipo de discursos y de opiniones, apoyándose en otros tipos de publicaciones, como libros, programas de televisión, revistas, etc., para “desde abajo y por lo bajo” mantener un tipo determinado de sensibilidad y racionalidad conniventes con leyes como la de Seguridad ciudadana.

Pierre Bourdieu, en una conferencia de 1974, vino a defender que tomar la palabra es monopolizar el tiempo de la misma en pos de su conservación, y que esa palabra es siempre expresión de un ajuste entre el interés expresivo y la censura estructural del campo en el que se ubica la palabra. Seguidamente definía la censura como una estructura de poder que existe como una distribución de capital simbólico —de autoridad y prestigio— pero también económico. La importancia de esto radica en que si el discurso, desde las estrategias de censura desde abajo, impone sus propias normas de recepción, lo que está en juego no es  otra cosa que la propia distribución de capitales que habilita una determinada censura.

Esta es la guerra cultural que se establece. Si se logra que el público atribuya más capital simbólico, cultural y social, así como autoridad y competencia a quienes enarbolan un tipo de discurso sobre otros, es más fácil que esos grupos de personas mantengan un oligopolio de la palabra, y aquí viene el desenlace: que sea más fácil que se legisle a favor de las estrategias y las sensibilidades, así como los valores, que sirven de base para esos discursos. Llegado ese caso se logra algo similar a lo que se imponía desde la censura desde arriba, solo que dentro de un marco de aparente libre competencia cultural: establecer unas leyes que definan a priori lo que no puede ser dicho sino bajo una serie de pedestales o posiciones y desde una determinada estrategia; definir quién puede o no decidir y tratar lo innombrable. Esto es lo que se ha logrado con la ley mordaza y con las acusaciones de apología del terrorismo a los titiriteros o a César Strawberry.

En conclusión, ante lo que nos encontramos es una guerra cultural; se trata de una lucha que en un sistema democrático siempre estará abierta, pues hay frenos a la posibilidad de que se legalicen y conviertan en legislación unas determinadas expresiones culturales. Pero si nos centramos en las estrategias sobre el campo de la cultura —en tanto que luchas dentro de una guerra—, estas deberían enfocarse no tanto a asimilar sensibilidades propias de otros discursos, ya sea por condescendencia o respeto moral y aun cuando sean contrarios, sino a evitar que nadie los convierta en normativos y se institucionalicen en grupos sociales o sujetos legitimados para ejercer la censura desde abajo y por lo bajo.