Opinion · La Universidad del Barrio

El orgullo LGBTQI y el régimen de 1978 ante el derrumbe de las clases medias, por Brice Chamouleau

No escaparán este año las celebraciones del orgullo LGBTQI al prejuicio de que son espectáculo de la parafernalia gaycapitalista incorporada desde hace ya casi dos décadas a la vida de Madrid, con momentos más políticos que otros. También estarán asociadas a un momento de duelo, tras la matanza que sufrió la comunidad LGBTQI estadounidense en Orlando el pasado 12 de junio. Ahí están los retos de las democracias llamadas sexuales occidentales: en las formas que el capitalismo tardío tomó en el Norte global desde los setenta, se fraguaron subjetividades queer que hicieron de los lugares de ocio su principal lugar de sociabilidad y “visibilidad”, estableciendo un estrecho lazo entre capitalismo e identificación comunitaria LGBTQI que ha calado hondo, en particular tal vez en España: en este camino, aquí se han proyectado las figuras abyectas de Franco en la letra de la ley democrática. Por otro lado, la inscripción de esas subjetividades dentro del consumismo de clase media y su capitalización por parte de los Estados occidentales se han interpretado en términos civilizacionales, una trampa conocida de las teorizaciones (pos)feministas y queer atentas a las ciudadanías poscoloniales. Este homonacionalismo fomenta la creencia de que sólo los Estados naciones occidentales –definiendo racialmente la comunidad que comparte su cultura de Estado en contra de supuestos otros naturalizados como arabomusulmanes violentos y homófobos, misóginos– son naturalmente capaces de incorporar esas subjetividades al espacio de lo común. Por ahí, alimenta un reparto del mundo en términos neocoloniales que también afecta a las subjetividades de los mismos territorios europeos u occidentales: el homonacionalismo funciona siempre y cuando las subjetividades LGBTQI acepten el lugar que los Estados les dan dentro de la ciudadanía estatalmente codificada –e históricamente no todas lo han aceptado.

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La violencia del “terrorismo islamista” de Orlando afecta a los sujetos considerados emblemáticos del multiculturalismo aceptable para las democracias occidentales: afecta a sujetos sexualmente diferenciados pero inscritos en la comunidad de referencia de los Estados del capitalismo posindustrial occidental, pertenecientes a las clases medias consumidoras. El ataque, como otros contemporáneos, evidencia la dimensión poscolonial de la ciudadanía también en el Norte global, Estados Unidos y Europa especialmente, donde los antagonismos políticos no pueden, sin embargo, resumirse a cuestiones civilizacionales. Para las comunidades LGBTQI del Norte global, sería postular que, sin el “peligro islamista” o aquél que representarían supuestas hordas de refugiados, estarían a salvo de violencias de género, y sabemos de sobra que esto no es así: las violencias homofóbicas y de género también las cometen sujetos bien inscritos dentro de las ciudadanías occidentales. A las violencias domésticas en muchos casos privatizadas, cabe añadir la de los medias de las democracias llamadas sexuales que son, por ejemplo, capaces de silenciar la evidente homofobia que motivó la matanza de Orlando.

Ante las previsiones algo oscuras que plantean sociólogos que se atreven a pensar en tiempo futuro, cuales aquéllas de Randall Collins sobre una etapa poscapitalista fundada especialmente en el desgaste y derrumbe de una clase media ya afectada masivamente por el paro tecnológico –su rápida sustitución por las nuevas tecnologías en los puestos de trabajo, algo ya sufrido por la clase obrera y el sector agrario a lo largo de los siglos XIX y XX–, es necesario pensar a la vez poscolonialmente y después de los imaginarios de clases medias el lugar que las subjetividades LGBTQI queremos ocupar en los mundos que el siglo XXI irá construyendo: los derechos sexuales ocultan otras formas de violencia orquestada por Estados occidentales que cada vez más restringen otras libertades. Esto se conoce en otros contextos como pinkwashing o lavado rosa.

En el caso español, la interpretación de las leyes que el movimiento LGBTQI hace dentro del Estado posfranquista deviene expresión más de un patriotismo constitucional que celebra la ley democrática porque le trajo dignidad e igualdad jurídica. El Estado, por su parte, instrumentaliza los derechos sexuales, pudiéndose convertir hasta en gran pantalla de humo que enmascara el nuevo –y brutalmente desigual– paradigma social en que están inmersos lxs españoles –la manitraída “crisis” devenida modelo social de austeridad para las mayorías ante las formas agresivas de acumulación del capital. Nada de crisis, especialmente moral, se cuenta, si la democracia ha incorporado a las personas LGBTQI. Aquí, los derechos sexuales también normalizan para el exterior la incorporación de jurisdicciones internacionales como las de derechos humanos: con la protección de subjetividades LGBTQI, el Estado da garantías de que respeta y extiende el ámbito de tales derechos, pero esto no puede silenciar que cuestiones igualmente cruciales sobre los mismos derechos humanos siguen sin respetarse en España, me refiero por poner un ejemplo al no reconocimiento de los crímenes del franquismo como imprescriptibles, en 1977 como en 2007. Parece que estas cuestiones no tienen nada que ver la una con la otra, pero no es así: están ligadas porque en el reconocimiento de aquélla y el rechazo de ésta, la cultura de Estado dibuja los límites de su comunidad llamada democrática y nacional. ¿Qué será de este imaginario homonacionalista español cuando una mayoría social deje de compartir la cultura del Estado, tras el resquebrajamiento del mundo mesocrático y se agoten las políticas redistributivas que éste sostenía?

La incrustación de las subjetividades LGBTQI dentro del Estado posfranquista, como trama primordial de su emancipación desde la dictadura, las ubica dentro de la cultura del Estado de 1978 y de su comunidad de referencia, construida diferenciándose de otros proyectos comunitarios democráticos, alrededor del “consenso”, de la “concentración democrática” transicionales; y esta comunidad es ante todo sociológica, de clase media, gestada en el desarrollo de los sesenta, bajo Franco… El reparto sociológico que opera esta comunidad para autodefinirse procede de la transición y, desde luego, también afectó a la comunidad homosexual –los hubo, más jóvenes, que denunciaron al consenso como “barbarie institucionalizada”–, y que sigue operando hoy. En ocasión de la presentación de la Memoria Antidiscriminatoria 2013 de l’Observatori contra l’Homofòbia, se recalcó que quienes cometen agresiones a gays y lesbianas son más bien de “clase obrera”. Preguntarse sobre la encarnación social a que remite el nombre no es baladí. La incriminación, si bien naturaliza culturas y sujetos homófobos, merece entenderse como diferenciación: la comunidad mesocrática, de clase media, se distingue de sus otros; y más aún, de ser objetivable la identificación social, la interpretación del dato es igualmente relevante, porque apuntaría a subjetividades políticas excluidas de la comunidad mesocrática estatal, que no comparten sus valores. Ahí el problema es de mayor alcance, porque viene a subrayar que lo LGBTQI como conquista puede haberse convertido en patrimonio de una comunidad de clase media identificada al Estado que ha reconocido ley mediante como dignos y virtuosos a sujetos LGBTQI siempre y cuando se adecuaran al criterio mesocrático y segmentaran sus luchas entre lo sexual y el resto de las experiencias sociales vividas. Esas personas sin embargo no tienen por qué escapar al desclasamiento que sufren lxs españoles con la crisis, antes al contrario… Esto exige otras formas de pensar las comunidades LGBTQI, lo que comparten con la cultura de 1978 y proyectarlas en una lucha por la justicia social, que parece seguirá siendo más que necesaria en las décadas que vienen.

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En 1978, en Barcelona, una marcha por la Liberación Homosexual tuvo lugar, a pesar de la prohibición gubernamental, donde los más jóvenes lucharon en las calles contra el consenso constitucional, por cuanto permitía, bajo vestimenta de tolerancia, mantener una represión policial y moral contra quienes se implicaron e vivenciaron lo que gay entonces quería decir –una ruptura moral y sociológica, antropológica hasta, con el mundo heredado de sus padres educados bajo Franco–, mientras los padres del movimiento gay dialogaban con el Estado para definir el lugar que les correspondería a los homosexuales –la privacidad. Para los inconformes, la política del consenso con la que estaban en ruptura les brindó en los ochenta una vida en cloacas urbanas, VIH y toxicomanía; los mejor posicionados económicamente darían sus vueltas por una Europa supuestamente más liberada para escapar de la asfixia. Todos fueron las “brujas de la democracia”, en palabras de Eduardo Haro Ibars [], que fue preciso acallar y excluir para recomponer una comunidad dignificable para el Estado.

Ahí están voces que permiten pensar históricamente nuestro presente ya posmesocrático, porque inventaron futuros –abortados, claro está: han desaparecido físicamente y, cómo no, de la memoria transicional salvo en su versión jocosa y plumera, consumible– en que la lucha por sus derechos subjetivos sobrepasaba la sexualidad como campo acotado y se proyectaba en una suerte de política absoluta, desde los cuerpos y sexualidades hasta horizontes de espera inasimilables en el consenso como cultura de Estado, cristalizada en la reivindicación de derechos enunciados desde posiciones homosexuales compatibles con un constitucionalismo liberado de las jerarquías socioculturales y antropológicas que arrastraba aquél de 1978. En tiempo futuro, esas voces que inventaron lenguajes políticos en territorios siempre diferenciados, castellanos, andaluces, catalanes y valencianos, gallegos, en Euskadi invitan a desconectar derechos subjetivos sexuales, Estado nacional posfranquista y capitalismo y proporcionan recuerdos de luchas que ayudarán a que imaginemos otros futuros constitucionales, éstos para quienes queramos participar en que se hagan realidad.

b.chamouleau@gmail.com