Acabar con el desempleo exigirá la modificación del artículo 135 de la Constitución

Fundación 1 Mayo

Bruno Estrada López  |  Director de Estudios de la Fundación 1º de Mayo.

 

Ahora que está creciendo el consenso social para impulsar políticas de demanda capaces de crear empleo y consolidar la débil recuperación del crecimiento macroeconómico, la sociedad española se va a encontrar con importantes limitaciones para utilizar uno de los pilares de las políticas de demanda: el gasto público.

Los elevados niveles de desempleo y de precarización del trabajo de nuestro país no son fruto de una maldición divina, sino de políticas muy concretas, 1) las relacionadas con la desregulación de los mercados financieros y el fomento de la burbuja inmobiliaria, que están en el origen de la crisis, y 2) las medidas que bajo la excusa de combatir la crisis se han utilizado para cambiar la correlación de fuerzas radicalmente a favor del capital. En este sentido hemos visto como en España se ha aplicado de forma demoledora la terrible frase que pronunció Milton Friedman tras el paso del huracán Katrina por Nueva Orleans: “ahora que las escuelas y guarderías están inundadas es el momento de privatizar la educación”.

Nos va a fallar la capacidad de generar empleo del sector público, ya que, como fruto de la criminalización a la que ha sido sometido el déficit público por la derecha europea y española, y por parte importante de la socialdemocracia, nuestro ordenamiento constitucional incluyó la estabilidad presupuestaria hace ya tres años. En la exposición de motivos de la Ley que reformó con urgencia el artículo 135 de la Constitución se dice:

“En el mismo sentido, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento tiene como finalidad prevenir la aparición de un déficit presupuestario excesivo en la zona euro (…) La actual situación económica y financiera, marcada por una profunda y prolongada crisis, no ha hecho sino reforzar la conveniencia de llevar el principio de referencia a nuestra Constitución (…). La presente reforma del artículo 135 de la Constitución Española persigue, por tanto, garantizar el principio de estabilidad presupuestaria, vinculando a todas las Administraciones Públicas en su consecución”.

Ya advirtió el economista polaco Kalecki hace más de setenta años, en sus reflexiones recogidas en el breve y brillante texto “Aspectos políticos del pleno empleo” editado en 1943, que la limitación de la capacidad de endeudamiento del estado era parte del debate político-ideológico, no un axioma económico, y que tenía como objetivo reducir las posibilidades de que el estado, fundamentalmente a través de la inversión en infraestructuras y las transferencias de renta a la población con menores recursos, influya sobre la cantidad de empleo de un país.

“En un sistema de desregulación financiera el nivel del empleo depende en gran medida del llamado “estado de confianza de los inversores”.(…) Esto da a los agentes de los mercados financieros (agencias de rating, bancos, fondos de inversión, bancos[1]) un poderoso control indirecto sobre la política gubernamental: todo lo que pueda sacudir el estado de la confianza debe evitarse cuidadosamente porque causaría una crisis económica (…). El gobierno podría aumentar el empleo mediante sus propias compras (inversiones y gasto social[2]) y este poderoso instrumento de control perdería su eficacia (…). La función social de la doctrina del “déficit cero” es hacer que el nivel de empleo dependa fundamentalmente del “estado de confianza de los inversores”. Por lo tanto, los déficits presupuestarios necesarios para realizar la intervención gubernamental deben considerarse “socialmente” peligrosos.

Sin embargo, la realidad económica ha terminado imponiéndose a esa simple y manipuladora visión del fundamentalismo de mercado. Aunque desgraciadamente la aplicación de esas recetas durante casi un lustro en varios de los países del sur de Europa está produciendo una tremenda catástrofe social, como ha tenido que reconocer la OCDE en su último informe sobre España.

EEUU inició la recuperación del crecimiento económico, y de su capacidad de crear empleo, mucho antes que la zona euro, gracias a una política fiscal expansiva (en tres años su gasto público creció seis puntos del PIB hasta alcanzar el 42,7%), en la cual ha sido determinante el apoyo prestado por la Reserva Federal (Fed) mediante una heterodoxa política monetaria con tipos de interés cercanos a cero, la llamada de Expansión Cuantitativa. La tasa de desempleo de EEUU empezó a reducirse a partir de 2009, y en la actualidad está por debajo del 7%, casi una cuarta parte de las tasas de Grecia y España.

Con tipos de interés cercanos a cero la línea divisoria entre la política monetaria y la política fiscal desaparece si el Banco Central compra deuda pública directamente al gobierno: el incremento del gasto público no requerirá un aumento de la presión fiscal que pudiera poner en dificultades la recuperación de la actividad en el sector privado. Financiar una política de incremento del gasto público mediante emisión de deuda pública a tipos de interés cercanos a cero, que es lo que ha hecho EEUU desde el inicio de la crisis, sale muy barato y produce resultados sorprendentes sobre el empleo a corto plazo.

Es cierto que una política monetaria expansiva con ese volumen de creación de dinero no se puede mantener en el tiempo indefinidamente, como actualmente se está discutiendo en la Fed, pero aplicada durante un tiempo tasado sus pros son mayores que sus contras. No hay que olvidar la mayor experiencia que tienen las autoridades monetarias norteamericanas, en positivo y en negativo, frente a las europeas, basada en su propia historia económica (la Reserva Federal de EEUU ha cumplido los cien años, mientras que el BCE fue creado en 1998). En 1934, cinco años después del “Crac del 29” y con una política monetaria restrictiva, el PNB real de EEUU se había desplomado un 25% y el crédito casi se había contraído a la mitad. En la actualidad el PIB de EEUU es un 6% superior al de 2007. Asimismo entre 1941 y 1955, durante nada menos que quince años, los bonos del Tesoro de EEUU a 3 meses se mantuvieron en tipos de interés inferiores al 2% para impulsar la actividad económica durante la Segunda Guerra Mundial y para impedir que tras el fin de la guerra se produjera una fuerte recesión que incrementara la conflictividad social.

En los países del sur de Europa, el estado no ha podido jugar este papel como dinamizador de la economía durante la crisis, lo que ha incrementado significativamente sus tasas de desempleo. Las autoridades comunitarias (Comisión Europea y BCE), con la complicidad de la mayor parte de los gobiernos nacionales (en nuestro país la reforma del artículo 135 se aceptó por parte de PSOE y PP), han impuesto límites al crecimiento del gasto público al impedir un endeudamiento barato de los estados. Se ha preferido utilizar la expansión monetaria, iniciada más tímidamente y con retraso, para financiar los beneficios de los bancos privados, mientras dejaban que estos países, y sus ciudadanos, se empobrecieran.

Sin embargo, la necesidad de que el estado recupere una parte importante de su capacidad de actuación económica (y en ese sentido la derogación de la reforma constitucional del art.135 es imprescindible) para servir de palanca de impulso del crecimiento económico, no debe hacernos olvidar las palabras de Roosevelt en el sentido de que la economía viene de abajo hacia arriba. Una política económica que tenga como norte la creación de empleo debe considerar también el impulso de las actividades empresariales privadas, que en la actualidad dependen principalmente de que haya perspectivas positivas en el crédito y en la demanda, esto es, en el crecimiento de los salarios y del empleo. Asimismo en relación al crédito, una potente banca pública de inversión podría jugar un decisivo papel en nuestro país (la reestructuración bancaria puede dejar el 70% del mercado en manos de tres entidades), como ya lo hace en otros países europeos, canalizando la política monetaria expansiva hacia pymes y particulares, y financiando una activa política industrial, en colaboración con la iniciativa privada, pero no sometida a sus intereses.

Notas 1 y 2: Los textos entre paréntesis son aclaraciones mías.