Javier Doz

La crisis económica mundial que estalló en 2008, y que todavía padecemos intensamente, no sólo está teniendo en nuestro continente una profundidad y una duración superior a las que han padecido otras regiones del mundo, sino que ha terminado provocando una profunda crisis política del proyecto europeo. La crisis política de la Unión Europea tiene varias facetas. Por una parte, la relacionada con una opción de política económica para gestionar la crisis equivocada: la austeridad, impuesta por los países acreedores y económicamente más fuertes, encabezados por Alemania, a los endeudados y económicamente más débiles de la periferia europea. Por otra, conectada con la primera, la generada por los efectos sociales de la crisis cuyas principales manifestaciones son la profunda desconfianza de la mayoría de los ciudadanos europeos en sus instituciones y el auge electoral, en las elecciones europeas y en bastantes nacionales (o en los sondeos electorales), de partidos antieuropeos, populistas y de extrema derecha. En tercer lugar, se ha constatado la falta de funcionalidad de las instituciones de la UE, en particular para gobernar la economía de la zona euro, y su gran déficit democrático. Finalmente, a la erosión profunda de la cohesión social que la mala e injusta gestión política de la crisis ha producido en muchos países, entre ellos España, fruto del desempleo masivo y el incremento de la pobreza y la desigualdad, hay que añadir el deterioro de los lazos de confianza y solidaridad entre los Estados miembros, incluso entre sus poblaciones, lazos imprescindibles para sostener un proyecto político supranacional como la UE.

El fracaso de la austeridad

Que las políticas de austeridad y reformas estructurales –entendidas como recortes de los derechos sociales y laborales y debilitamiento de la negociación colectiva para promover la devaluación salarial- han sido un completo fracaso lo reconoce casi todo el mundo; menos sus principales responsables, el gobierno alemán a la cabeza. Lo han terminado por reconocer incluso uno de los organismos de la troika, el FMI. A su manera, sin autocrítica y con su ya habitual esquizofrenia. Lo han dicho la OIT, por supuesto, pero también la OCDE. Y, finalmente, el propio Mario Draghi, el pasado septiembre en Jackson Hole, ha sugerido "otra política", porque la política monetaria del BCE, a la que aún le queda recorrido si le dejan, no basta, y porque es necesario impulsar inversiones y coordinar una política fiscal incentivadora del crecimiento.

Que la austeridad nunca fue la receta adecuada para enfrentarse a una recesión económica era cosa bien sabida desde los tiempos de la Gran Depresión. Lo reconocen hasta los más recientes estudios del FMI sobre las crisis económicas y las políticas para salir de ellas (de nuevo la esquizofrenia). Que se pretenda mantener cuando a Europa le ha ido tan mal -dos recesiones y actual riesgo de una tercera- si se compara con los EE UU, los demás países desarrollados o los emergentes entra dentro del campo de la temeridad. A diferencia de Europa, en casi todos ellos ha primado la recuperación del crecimiento y el empleo sobre la reducción de los déficits públicos, mediante una combinación de políticas monetarias expansivas y de incentivación de la demanda.

Desde una perspectiva histórica, podríamos estar viviendo, como ha advertido Joschka Fischer, otra manifestación de la incapacidad de Alemania para liderar Europa, por pretender hacerlo desde una aplicación rígida de su ideología en materia de economía política y desde la imposición de la primacía de sus intereses nacionales (En el Siglo XX, Europa ya vivió otros ejemplos mucho más terribles y antidemocráticos de esta incapacidad alemana).

Políticas de imagen para ocultar la parálisis y las malas decisiones

Desde hace más de dos años, la cantinela oficial es la de que hay que complementar la austeridad y las reformas estructurales con medidas que impulsen el crecimiento y el empleo. Por el momento no se han adoptado ninguna. En junio de 2012, la cumbre del Consejo Europeo aprobó un plan de crecimiento y empleo ficticio, una mera apariencia, del que no se ha realizado absolutamente nada. Los 6.000 millones del miniplan de empleo juvenil, el 5% de la supuesta financiación del plan mayor, todavía no han comenzado a librarse. Cuando hay indicadores que apuntan a una nueva recesión o un estancamiento prolongado, se acaban de celebrar, en octubre, dos cumbres del Consejo que no adoptaron ninguna medida para enfrentarse a la situación. El 8 de octubre, en Milán, se reunieron para hablar de empleo juvenil sin acordar nada; fue la 6ª cumbre para tal fin en año y medio, Los días 23 y 24, en Bruselas, pasaron de largo sobre una situación económica de emergencia. Los líderes europeos esperan que, en diciembre, Jean Claude Juncker les presente su Plan de inversiones de 300.000 millones Pero el gobierno alemán ya ha advertido que no pondrá financiación pública nueva ni permitirá endeudamiento europeo para financiarlo. ¿Se repetirá el fraude del plan de 2012?

Finalmente y para terminar el sombrío panorama, el Bundesbank, con su presidente Jens Weidmann a la cabeza, reúne apoyos para paralizar las intenciones de Draghi de ampliar la "flexibilización cuantitativa" con compras de deuda pública, el recurso principal de política monetaria que le queda por adoptar al BCE.

Es difícil encontrar una tan prolongada sucesión de incapacidades o adopción mala y tardía de decisiones como la que llevan practicando los responsables políticos europeos desde 2010. Algunos dirán que se han producido avances en el gobierno económico de la UE y la zona euro. Reconoceré algunas medidas adoptadas en el campo financiero: una limitada e incompleta Unión Bancaria; los fondos de estabilidad financiera como mecanismos disuasorios, aunque inutilizados para otros fines prácticos relacionados; y lo hecho por el BCE para rebajar los tipos de las deudas nacionales. Pero el resto de los elementos de gobernanza –six pack, two pack, pacto por el euro plus, semestre europeo, y el nuevo Tratado o Fiscal Compact– son inseparables de la austeridad. Están pensados básicamente para aplicarla y, además, ahondan el déficit democrático de la UE, al ceder a la Comisión y el Consejo elementos de soberanía tan esenciales como el presupuestario sin reforzar simultáneamente las competencias del Parlamento Europeo.

Al tiempo, sigue sin haber instrumentos de gobierno económico para la política fiscal, las política de inversión y las industriales y medioambientales, entre otras. En el momento de escribir estas líneas hemos conocido los planes del gobierno irlandés para crear nuevos instrumentos para sus prácticas de dumping fiscal, y el muy grave escándalo del Luxemburgo Leaks, revelado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) que denuncia que existen más de 500 acuerdos secretos, entre el gobierno del Gran Ducado y empresas multinacionales, para promover la evasión o elusión fiscales. La mayoría de estos acuerdos fueron firmados cuando Jean Claude Juncker era primer ministro de Luxemburgo.

Existe el riesgo de ruptura

¿Cómo se extrañan todavía algunos gobernantes europeos por el hecho de que, en estas circunstancias la ciudadanía europea les dé la espalda, y también a la UE?

Una manifestación extrema de hasta donde pudiera llegar la crisis política europea en sus componentes nacionales la tenemos en Francia. La posibilidad de que Marine Le Pen, reconvertida a una suerte de neoperonismo a la francesa, pudiera vencer en las próximas elecciones generales es ya real. Si sucediera, la UE recibiría una herida de muerte. Pero en lugar de decir algo que se enfrente al regreso de los nacionalismos europeos, el mal que asoló nuestro continente durante siglos, la derecha en casi todos los países juega a competir con los nacionalistas antieuropeos en el terreno de la agenda política de la extrema derecha. Mientras, la socialdemocracia tiene hoy como políticos más destacados a Manuel Valls y Matteo Renzi, cuya principal aportación política es su voluntad de emular a Tony Blair

Hoy, el problema principal de Europa es la falta de política, de propuestas y de praxis, para enfrentarse a los grandes problemas que sufren los ciudadanos, empezando por la que lleve a restaurar un crecimiento sostenible y superar el desempleo masivo, la pobreza y la desigualdad. Pero para romper el círculo vicioso del descontento ciudadano que retroalimenta la fragilidad e, incluso la ilegitimidad de la UE es imprescindible formular un nuevo proyecto de futuro. Además de ser honestos, y parecerlo, los políticos europeos tienen que acertar en las políticas y decir hacia donde se quiere ir. Ante la clamorosa ausencia de proyecto de futuro, la partida puede perderse frente a los nacionalismos disgregadores de los Estados nación y de los que resurgen con fuerza en el interior de los mismos, como en el caso de Cataluña dentro del Estado Español.

Refundación política sobre la base del federalismo

Creo, con toda convicción, que la solución, en España y en Europa, es el federalismo, un federalismo articulado en dos grandes planos, el de la UE y el de los Estados nación que lo adoptaran. Este sería el núcleo de una propuesta para la refundación política de la UE: retomar y renovar la propuesta de los Estados Unidos de Europa. La democracia, participativa y transparente, tendría que ser una componente insustituible tanto en el proceso constituyente –Convención Europea- como del modelo final de la Europa federal.

¿Planteamiento utópico en el disgregador y gris panorama político europeo? No, por mucho que se tarde en alcanzar un objetivo tan ambicioso, es imprescindible formularlo ya, para comenzar a agrupar fuerzas políticas y sociales europeas en torno a él, y para tener la oportunidad de, primero contrarrestar, y después imponerse democráticamente a la profunda corriente nacionalista y antieuropeísta que recorre Europa.

La izquierda política y social europea tiene que acompañar una propuesta de esta naturaleza con alternativas a más corto plazo, al menos en dos grandes campos: el económico y el sociolaboral. Pueden ayudar bastante para ello dos propuesta elaboradas por la Confederación Europea de Sindicatos (CES): su plan de inversiones para un crecimiento sostenible y la del Nuevo Contrato Social Europeo.

Es urgente otra política económica

La UE necesita una nueva política económica que promueva el crecimiento y el empleo y, a partir de ellos, alcanzar la estabilidad presupuestaria y financiera de sus Estados. Simultáneamente, se deberían sentar las bases de un cambio de modelo productivo hacia una economía verde, integrando las políticas energética, industrial y medioambiental. Estos objetivos informan el Plan de inversiones de la CES [1], que preconiza un monto anual de las mismas equivalente al 2% del PIB, durante 10 años. Su financiación, en buena parte realizada a través del BEI, descansaría en endeudamiento europeo garantizado por el BCE (eurobonos). El BCE, por su parte, debería adoptar sin demora, todas las medidas de "flexibilización cuantitativa" a su alcance, incluida la de compra de deuda pública de los Estados. Correspondería a la Comisión y al Consejo completar la tercera pata de un plan económico de urgencia mediante la coordinación de las políticas fiscales con el objetivo de incentivar la demanda interna europea, junto con la adopción de cuantas medidas sean necesarias para acabar con el fraude y la elusión fiscales de empresas y particulares, con el dumping fiscal de ciertos Estados miembros, y para poner fin al escándalo de la existencia de paraísos fiscales bajo la jurisdicción de Estados europeos.

Europa como democracia socialmente avanzada

El pilar social es imprescindible en cualquier proyecto de futuro. Europa solo tendrá futuro como democracia socialmente avanzada. Cohesionando socialmente a los Estados miembros se ayuda a cohesionarlos entre sí. La calidad del empleo y la reducción sustancial de los niveles de pobreza y desigualdad deben de ser los objetivos principales. El nuevo proyecto político europeo tendrá que construirse junto con un sistema de normas políticas, sociales y laborales básicas, que garanticen un mínimo común denominador de derechos y prestaciones a todos los trabajadores y ciudadanos europeos, y la igualdad real de hombres y mujeres y de cualesquiera colectivos de personas que vivan y trabajen en la UE. En el campo del trabajo y de las relaciones laborales hay que garantizar la fortaleza y autonomía de las partes en la negociación colectiva así como dotar de una nueva dimensión al diálogo social europeo que comprenda su articulación con los de ámbito nacional.

En la situación actual de crisis económica, social y política, el proyecto político europeo, tal vez el más relevante del Siglo XX, sólo se salvará si los partidos políticos, viejos o nuevos, son capaces de remontarse sobre el marasmo del tacticismo, el electoralismo y el oportunismo y formular proyectos de futuro coherentes y mostrar la voluntad de realizarlos. ¿Lo harán?

Nota[1]: "Un nuevo rumbo para Europa: Plan de la CES para la inversión, el crecimiento sostenible y empleos de calidad". CES, noviembre de 2013