José Campos Trujillo
Secretario de Relaciones Instituciones de CCOO

Se inicia el que puede ser último año de las reformas, contrarreformas y recortes del Gobierno. El 20 de noviembre se cumplen los 4 años de la mayoría absoluta de PP. Según fuentes gubernamentales las reformas seguirán hasta el último suspiro de la legislatura. Hasta 26 proyectos y 63 proposiciones de ley esperan en febrero a sus señorías. Para que todas las iniciativas pendientes quepan en esta recta final, el PP tendrá que forzar mucho su rodillo o bien seguir abusando del real decreto ley.

En 2014 se aprobaron más leyes que en los dos años precedentes, aunque su utilidad para el bienestar ciudadano es otro cantar, porque del mandato legislativo del Gobierno sigue brillando más "la cantidad que la calidad". El Gobierno sigue lamentándose de la herencia recibida, pero sus legisladores ni siquiera son fieles a sus votantes.  El Gobierno, bastante alejado de la realidad social, ni siquiera ha tenido un gesto para iniciar mejor el año subiendo el SMI (o las pensiones mínimas) a niveles algo dignos. A cambio Rajoy puede seguir presumiendo de bastante fidelidad a las indicaciones de Bruselas, o sea, las de Angela Merkel. Tal vez no esté muy satisfecho de haber impulsado el pasado año el engendro provisional de la Ley de Propiedad Intelectual, tampoco por dejar libre a numerosos delincuentes al liquidar la justicia universal, o qué decir sobre la retrógrada Ley Mordaza.

La campaña electoral entra de lleno en el Congreso, tanto en los contenidos legislativos como en el número de sesiones plenarias. Menos mal que no queda tiempo para legislar tanto este año. El período de sesiones se acorta ante las diversas convocatorias de elecciones. Sólo quedan catorce sesiones plenarias en el Congreso y diez en el Senado. A lo sumo es posible alguna extra en julio y poco más a partir de septiembre.

De todas formas, el Gobierno pisa el acelerador con iniciativas legislativas en materias muy importantes. Así, por ejemplo, habrá más recorte del gasto en las administraciones públicas con la aprobación de dos anteproyectos de ley en el marco de la reforma de las administraciones (Informe CORA), el del régimen jurídico del sector público y el anteproyecto de ley de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

También sacó de su largo letargo a la reforma del Código Penal, para ser aprobada en un Pleno extraordinario en enero. Esta es una ley que por la magnitud de su articulado, y su propia trascendencia, no se merece una tramitación exprés, sino más calidad y consenso. Pero tampoco, ni pacto ni negociación suficiente ha habido en la tramitación de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, a la que auguro corta vida (como tanta normativa regresiva de esta legislatura) por su carácter represivo. Con las urgencias, algunas leyes como la de servicios profesionales no verá la luz, al igual que la Ley de reforma del aborto, aunque el Gobierno trata de contentar a sus votantes con una ley que obligue a las menores a pedir permiso a sus padres para abortar, y además con ayudas a las familias numerosas.

Esta X Legislatura dejará una amarga impronta para los derechos y las libertades. Será recordada en lo social como un período bastante estéril, que ni ha servido para mejorar la calidad de los servicios públicos ni para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

Todo lo contrario, el Estado del Bienestar se ha debilitado sensiblemente, ha sido agredido por el poder legislativo, para que los débiles sigan soportando el peso de la crisis, y se permita la abusiva socialización de las pérdidas bancarias y de sectores como el energético. Hay más pobreza y menos derechos. El final de la X legislatura agrega más desconfianza en el legislador.

Dado que ya estamos en precampaña electoral, eso está por ver, pero a estas alturas de legislatura no nos hará olvidar que justo cuando los más débiles necesitaban mayor protección social, han tenido más recortes en derechos y servicios públicos. Ni la reforma fiscal ni los nuevos presupuestos generales facilitarán la vida a la ciudadanía. A pesar del maquillaje de la precampaña electoral, queda claro que la legislatura ha sido un fracaso para la igualdad social y el empleo digno.

También se anunció que éste será el año del despegue definitivo de la economía. Pero en este país lo único que despega es mucha juventud haciendo las maletas para poder subsistir. Y eso que Rajoy se presentó en 2011 como el valedor del bienestar y la prosperidad diezmados por la crisis. Ha hecho bien poco al respecto y, además, ha tenido bien poco en cuenta a los agentes sociales, a excepción de la recién pactada ayuda temporal de 426 euros para desempleados sin ingresos y con cargas familiares.

Y qué decir de lo prometido respecto a la regeneración democrática. El país es un lodazal con 2.000 imputados encausados. El prestigio de las instituciones ha sido duramente dañado también en esta legislatura. Existe un clamor ciudadano contra los abusos de posición y la malversación de caudales públicos. Se exige más transparencia y participación en las instituciones, y más eficiencia e independencia en la justicia. Ni lo uno ni lo otro tampoco se ha facilitado en esta legislatura de mayoría absoluta.

Eso sí, se ha aprobado una Ley de Transparencia, de nuevo sin consenso y, a todas luces, insuficiente. Y dado el fracaso del pretendido pacto de Rajoy con el PSOE, el Gobierno ha dejado para el final una batería insuficiente de iniciativas  contra la corrupción, como la regulación del ejercicio de los altos cargos de la administración, el control financiero de los partidos para evitar su financiación paralela, y la ley de enjuiciamiento criminal, para abreviar la instrucción o investigación de los casos de corrupción... Todo ello lo patrocina el Gobierno, cuyo grupo parlamentario ha rechazado hasta 25 comisiones de investigación planteadas por la oposición, y que discrecionalmente indulta a significados personajes relacionados con casos de corrupción.

En la recta final de la legislatura pocos verán en nuestro país que seamos un pueblo más próspero y que contemos con mayor justicia social. Fuera del Parlamento sigue haciendo mucho frío, aunque una mayoría de sus inquilinos no reparen en que la desigualdad y la pobreza creciente conviva, además, con abundantes casos de corrupción y abusos de poder.