Opinion · Fundación 1 Mayo

Diez años de Gobierno Frenteamplista en Uruguay: una revolución tranquila

Daniel Kaplún
Sociólogo, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, y secretario de organización del Comité del Frente Amplio en Madrid.

 

 

El pasado domingo 30 de noviembre se celebró en Uruguay la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, obteniendo el candidato del Frente Amplio, Tabaré Vázquez, un triunfo arrollador, con más de 14 puntos de diferencia sobre su contrincante del Partido Nacional (o “blanco”) Luis Lacalle Pou. El Frente Amplio consigue así su tercer mandato consecutivo, revalidando además su mayoría absoluta en ambas cámaras legislativas, lo que le permitirá seguir profundizando en su programa de transformación del país, que ha dado lugar a uno de los mayores periodos de crecimiento económico y bienestar social de toda la historia nacional.

El Dr. Tabaré Vázquez sucederá el 1º de marzo próximo a José “Pepe” Mujica, probablemente el mandatario actual mejor valorado y más popular, tanto dentro como fuera del país, universalmente reconocido por su honestidad y coherencia personal, por la extrema austeridad de su forma de vida y la peculiarísima empatía que genera en el encuentro personal, cualquiera sea su interlocutor: no hay manera de no quedar encandilado por este abuelo bonachón y sabio, voluntariamente pobre, que habla para que todos le entiendan y no por ello deja de expresar una profunda filosofía de vida y una forma completamente insólita (en los tiempos que corren) de entender la tarea de gobierno como una vocación de servicio a su pueblo, completamente exenta de cualquier ambición personal o de poder, y sin la menor sombra de parafernalia ni protocolo.

Por todo ello, en los últimos años el Gobierno del Frente Amplio ha puesto a este pequeño país en el mapa internacional, constituyéndose en uno de los referentes ineludibles para todos los que queremos y luchamos denodadamente por un cambio en nuestro modelo de convivencia y, en definitiva, en nuestra arquitectura social. La renovación de su triunfo electoral parece, por lo tanto, un momento adecuado para dejar algunas reflexiones, inevitablemente personales, pero no necesariamente intransferibles.

He dedicado otro trabajo, publicado en Nueva Tribuna, a reconstruir los orígenes del Frente Amplio, las condiciones sociales, políticas y legislativas que lo hicieron posible, terminando con una breve reflexión sobre las dificultades para extrapolar esa experiencia a la actual coyuntura política española.

En este artículo intentaré resumir algunos de los logros más significativos de los 10 años de gobierno frenteamplista, explicando hasta qué punto el país se ha transformado radicalmente en estos 10 años, recuperando una parte sustancial de su peculiaridad en el contexto latinoamericano, aquella que, a mediados del siglo pasado, le dio a conocer como “la Suiza de América”.

Esta transformación tiene, obviamente, su base en un periodo de excepcional bonanza económica (sin la cual no hubiera sido posible), pero las políticas gubernamentales pueden potenciar los efectos de las coyunturas o frenarlos, por una parte, y aprovecharlos de muy distintas formas y para muy distintos fines por otra.

El neoliberalismo sostiene machaconamente que es necesario crecer primero para redistribuir después, como efecto “natural” del propio crecimiento de la economía, y la década frenteamplista demuestra contundentemente que esta ley no sólo no es ineluctable sino que es radicalmente falsa: Uruguay ha logrado crecer redistribuyendo, y esa misma redistribución ha contribuido sustancialmente a potenciar su propio crecimiento.

La enumeración de los síntomas de esa transformación nos llevaría mucho más de lo admisible en el espacio otorgado a este artículo, pero trataremos de resumir en breves pinceladas los más significativos:

 

a) Crecimiento económico y reducción de la pobreza:

El 1º de marzo de 2005, al asumir la Presidencia, Tabaré Vázquez se encontró con un panorama económico y social tétrico, expresado básicamente en:

  • 17,5% de caída del PIB en 5 años.
  • Tasa de desempleo del 16,5%.
  • 40% de la población por debajo del umbral de la pobreza.
  • 5% de la población en situación de indigencia.
  • Caída del ingreso medio per cápita de un 20%.
  • Caída de un 11% en el poder adquisitivo de los salarios.
  • Multiplicación del trabajo sumergido y del empleo precario.

8 años después (finales de 2012), la situación era drásticamente distinta:

  • 57% de crecimiento acumulado del PIB.
  • El desempleo había bajado hasta el 6%.
  • El número total de ocupados se había incrementado en 300.000, lo que equivale a un crecimiento del 22% respecto a la cifra de 2004.
  • Mejora redistributiva de los salarios reales: 15% los más bajos, 4% los más altos.
  • Aumento en el número de cotizantes al Banco de Previsión Social hasta 1.400.000 (récord histórico), lo que redunda en una mejora de su sostenibilidad y, por lo tanto, en una reducción sustancial de la aportación del Estado al BPS: en una población altamente envejecida, la sostenibilidad de las pensiones deja de ser un problema (lección ineludible para quienes nos amenazan con la inviabilidad a corto plazo del sistema jubilatorio público español).
  • Incremento medio de las pensiones en un 48%.
  • Reducción del número de pensiones claramente insuficientes de 79.000 a 4.500.
  • Incremento del poder adquisitivo de las pensiones mínimas de un 22%.
  • Restauración obligatoria de los Consejos de Salarios (convenios colectivos), que impulsó la sindicalización masiva de trabajadores y la formalización de la economía sumergida, que se redujo en un 33% (estimado).
  • Regularización de sectores de actividad tradicionalmente informales, como el servicio doméstico.

En ese proceso de reducción de la pobreza tuvo gran importancia la creación del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), y el programa de choque que se llevó a cabo durante los primeros meses de Gobierno, el Plan de Emergencia Social (PANES), que afectó a 75.000 hogares (unas 330.000 personas). Algunos de los componentes fundamentales del PANES fueron:

  • La institución del Ingreso Ciudadano, un sistema de transferencia directa de dinero a familias sin ingresos, condicionada al ejercicio de sus propios derechos: escolarización efectiva de los hijos, atención sanitaria, etc.
  • El programa “Trabajo por Uruguay”, destinado a facilitar la inserción laboral de los beneficiarios. Se trataba de ofrecer ocupación por un tiempo limitado, desarrollando actividades de servicio comunitario, y acompañado de un proceso de formación para el empleo

A la finalización de esta primera actuación de choque (diciembre de 2007), el MIDES puso en marcha un proyecto de más largo plazo, denominado “Plan de Equidad”, que consta de medidas tales como:

  • La universalización de los servicios sociales básicos
  • Mejora de ingresos a través de empleos con salarios dignos
  • Extensión de prestaciones sociales básicas como las Asignaciones Familiares, que actualmente alcanzan ya a los trabajadores informales y a la población mayor de 64 años no perceptora de pensiones jubilatorias.
  • Programas concretos tales como la Tarjeta Uruguay Social (que facilita el acceso a productos de la canasta alimentaria básica), “Juntos somos más” (programa de inserción laboral a través de cooperativas sociales), “Jóvenes en Red” (destinado a jóvenes que no trabajan ni estudian), “Uruguay crece contigo” (para mujeres embarazadas y niños de hasta 4 años) o “Cercanías” (para núcleos familiares en situación de pobreza extrema), el Plan “Siete Zonas” (trabajo social concentrado en 7 zonas de particular concentración de la exclusión social), el Programa de Integración de Asentamientos Irregulares (PIAI) o el Plan Juntos (mejora de la calidad de vida, integración y participación social de sectores en extrema pobreza).

b) Mejora de la calidad y cobertura de los servicios sociales básicos, particularmente de las prestaciones sanitarias:

Históricamente, el sistema sanitario uruguayo se caracterizaba por una dualidad fuertemente desigual: un sistema público meramente asistencial y de último recurso (para pobres de solemnidad), altamente infradotado y con personal pésimamente retribuido; y un sistema privado basado en una red de mutualistas (en general sin ánimo de lucro), al que acudía todo aquél que pudiera pagárselo, con prestaciones muy desiguales según el poder adquisitivo (y por lo tanto las aportaciones) de los usuarios. Tanto el uno como el otro se caracterizaban, además, por su orientación predominantemente curativa y no preventiva.

En 2004 ambos sistemas estaban en quiebra, el público por falta de inversión y presupuesto para su sostenimiento, el privado por la drástica reducción del número de afiliados.

Una de las primeras (y más trascendentes) medidas adoptadas por el Gobierno de Tabaré Vázquez fue la implantación del Sistema Nacional Integrado de Salud, y la consiguiente universalización del Seguro de Salud, cuya cobertura se aproxima ya al 100% de la población.

El sistema permite optar entre la cobertura pública o privada: en el primer caso, dotando a la red sanitaria pública de equipamiento material y recursos humanos adecuadamente remunerados, hasta equipararla en calidad y prestaciones a la privada; en el segundo, facilitando el pago por parte del Fondo Nacional de Salud de las cuotas de las mutualistas, lo que ha redundado en una recuperación acelerada en el número de usuarios y su consiguiente reflotamiento. Con este sistema, cada familia aporta según sus posibilidades, pero recibe asistencia según sus necesidades, constituyéndose la asistencia sanitaria en un salario indirecto, de valor económico difícilmente calculable, pero que contribuye sustancialmente a la redistribución progresiva de la renta.

Además, se ampliaron considerablemente las prestaciones, incluyéndose la salud mental y la sexual y reproductiva (entre otras), y se potenciaron la atención preventiva, la educación sanitaria y las medidas higiénicas, en un todo integrado encaminado a reducir drásticamente la morbilidad.

De este modo, la asistencia sanitaria pasó en poco tiempo de ser una asignatura pendiente a convertirse en uno de los buques insignia del Gobierno frenteamplista.

El sistema educativo estaba igualmente en quiebra financiera y cualitativa, pero los logros en esa materia aún están lejos de ser satisfactorios, constituyendo, por lo tanto, una de las asignaturas pendientes para la legislatura venidera. De momento, el esfuerzo se ha centrado fundamentalmente en los aspectos cuantitativos, es decir en la mejora presupuestaria y de la dotación material:

  • Se ha duplicado el presupuesto hasta alcanzar el 4,5% del PIB, lo que ha permitido en primer lugar mejorar la retribución de los docentes y demás trabajadores de la enseñanza en más de un 50%, hasta alcanzar unos niveles “casi” dignos.
  • Se ha hecho un gran esfuerzo en la restauración de edificios, seriamente deteriorados tras décadas de completo abandono, y se han construido nuevas dotaciones.
  • Se ha mejorado la dotación material, con especial énfasis en la informatización (Plan Ceibal)
  • Se ha incrementado notablemente la escolarización infantil, y la matrícula en las enseñanzas de nivel secundario y terciario
  • Así como la alfabetización de adultos
  • Se han incrementado considerablemente las becas
  • Y finalmente se ha aprobado una nueva Ley General de Educación, aunque su desarrollo está aún lejos de completarse.

Pero sigue faltando una revisión a fondo de contenidos y metodología, cuestiones sobre las que se ha discutido mucho en este periodo sin llegar a acuerdos efectivos entre las partes implicadas. Y completar la descentralización de la educación superior, aún excesivamente concentrada en la capital, entre otras actuaciones que constituyen uno de los principales desafíos para la legislatura siguiente.

c) Vivienda: erradicación progresiva del chabolismo, recuperación de viviendas deterioradas, reflotamiento del Banco Hipotecario

Otra gravísima consecuencia de la crisis de 2002 fue la multiplicación de los asentamientos informales, carentes de las más mínimas condiciones habitacionales.

A esta multiplicación del chabolismo se sumaba la situación de quiebra de facto del Banco Hipotecario (banco público dedicado específicamente a la financiación de la vivienda), lo que contribuía a bloquear el acceso a la vivienda de hogares relativamente solventes pero a los que la banca privada (gravemente tocada también por la crisis) no estaba dispuesta a financiar.

Fue necesario abordar con energía ambas cuestiones: se reflotó el BHU y se consiguió recuperar, mediante una política adecuada de refinanciación o reestructuración de deuda, un gran número de créditos morosos, reduciendo en pocos años la morosidad del 70 al 7%. Y se creó la Agencia Nacional de la Vivienda, destinada a proveer de soluciones habitacionales a familias consideradas insolventes por el sistema financiero comercial, a la vez que se aprobaba una Ley de vivienda de interés social.

Con todo ello, sólo en el año 2012 se lograron entregar más de 12.000 viviendas terminadas, más otras 23.700 en construcción, se impulsaron planes de ahorro para vivienda (21.000 cuentas “Yo Ahorro”), se otorgaron más de 6.000 créditos para compra de vivienda y otros 8.000 para refacción en menos de 3 años, etc.

d) Algunas sombras y tareas pendientes:

En las líneas anteriores creo haber dejado claro algo de lo mucho que se ha logrado en estos 10 años. Pero un crecimiento sostenido de esa naturaleza tiene también sus costes, y es importante no ignorarlos, porque de lo contrario nos pasarán inevitablemente factura a corto o medio plazo.

Uno de los principales problemas que es necesario afrontar de inmediato es el medioambiental: una parte importante del crecimiento de las exportaciones se ha basado en algunas líneas de producción muy agresivas para el medio ambiente, tales como la soja o (sobre todo) la forestación para la producción de pasta de papel. Si no se no se atacan adecuada y rápidamente estos problemas, corremos el riesgo de que esto sea “pan para hoy y hambre para mañana”, pues se terminaría por desertizar uno de los territorios más fértiles del planeta.

En paralelo, el transporte por carretera de grandes cantidades de madera ha dejado nuestras (ya de por sí anticuadas y muy deterioradas) infraestructuras viarias en un estado prácticamente catatónico, y es necesario emprender urgentemente su remodelación y reconstrucción, así como la reactivación del sistema ferroviario, que quedó totalmente inutilizado por los gobiernos precedentes, y potenciar las comunicaciones por vía fluvial, hoy inexistentes.

Otra de las consecuencias medioambientales de este crecimiento acelerado es la contaminación de los acuíferos y cuencas fluviales, con la consiguiente pérdida de calidad de una excelente red de abastecimientos de agua potable.

Más allá de los problemas medioambientales, la otra asignatura pendiente es la educación a la que, como ya se explicó anteriormente, se ha dado un importante impulso en términos cuantitativos pero le sigue haciendo falta una profunda revisión y actualización de sus contenidos.

Por último, no podemos eludir la mención al grave problema jurídico y ético que implica la pervivencia de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (o ley de impunidad), que sigue impidiendo el juicio y castigo a los culpables de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura y la investigación a fondo de sus actos, entre ellos la desaparición forzosa de más de un centenar de personas. Pero en esta cuestión la responsabilidad del Frente es cuando menos limitada, puesto que la derogación de esta ley fue sometida a referéndum ya en dos ocasiones sin que se lograse la mayoría suficiente para ello.