Aprovechar mejor los montes sin desprotegerlos

Fundación 1 Mayo

Pedro J. Linares
Secretario Confederal de Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO
Francisco Javier Cabezos
Secretario de Salud Laboral y Medio Ambiente de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO

Revitalizar el sector forestal constituye un elemento clave para recuperar y reactivar un mundo rural en franco retroceso en gran parte de nuestra geografía. La ausencia de una auténtica política agrícola, la falta de inversiones y la insuficiencia de servicios públicos en las zonas rurales son algunas de las causas de esta situación. Son muchas las carencias del mundo rural y precisamente por ello sorprende que el Partido Popular aborde la reforma de la Ley de Montes sin el necesario consenso, ni parlamentario ni social, y quizá pensando sólo en determinados intereses sectoriales y empresariales.

Un factor importante de esta situación en el mundo rural deriva de problemas que se arrastran en el sector forestal como el individualismo y el abandono de muchas propiedades forestales, los problemas de titularidad de los montes, la poca apertura de los mercados de productos forestales, la escasa inversión pública y privada o el desinterés de la sociedad por el monte, un desinterés posiblemente provocado por el desconocimiento del potencial del sector, tanto desde un punto de vista económico, como del medioambiental y la potencialidad de creación de empleo y reactivación en zonas hoy deprimidas.

Conviene saber que el empleo en el sector forestal se caracteriza por una alta tasa de temporalidad, una gran rotación, escasa formación y elevadas tasas de accidentabilidad. El empleo forestal está tan poco valorado que ni siquiera existe en la Estadística Forestal y su número varía enormemente según distintas fuentes: 31.700 según el INE, 23.600 según la Seguridad Social ó 61.000 según la patronal ASEMFO. En cualquier caso, hablamos de un volumen de empleo nada despreciable y que requiere de políticas públicas para su mejora.

El sector forestal es muy importante también como proveedor de materia prima para ciertos sectores industriales como el papel, el tablero y el mueble o la biomasa energética, sectores asociados que generan también un número muy importante de empleos. Un abastecimiento mayor de productos forestales locales para estas industrias reduciría costes y mejoraría la competitividad de estas empresas.

Por ello es necesario abordar políticas integrales en el sector y modificar diversas normativas, con el objetivo de reducir el abandono de propiedades forestales, de poner en marcha un registro único de la propiedad forestal y de los aprovechamientos forestales públicos, de condicionar las subvenciones públicas y las autorizaciones de aprovechamientos a una gestión forestal adecuada y planificada, de incentivar el uso energético de la biomasa forestal residual o de mejorar la prevención de los incendios forestales, entre otras, ya que generarían múltiples beneficios medioambientales y de reactivación económica local. Reformas de este tipo se recogen en el estudio Sector forestal: propuestas de cambio para la creación de 50.000 empleos que CCOO presentó en octubre de 2012.

Sin embargo, en el 89% de los montes españoles (24 millones de ha) no se ha puesto en marcha ningún instrumento de ordenación que racionalice su aprovechamiento desde el punto de vista ambiental y económico pese a que, contrariamente a lo que se cree, la mayor parte de las zonas forestales de la península tienen una elevada productividad de los recursos forestales y naturales. Incentivar la inversión forestal con medidas como las anteriormente señaladas conseguiría un efecto de arrastre sobre otros sectores industriales, así como elevados retornos fiscales derivados del incremento de actividad productiva.

En un momento como el actual de abandono del medio rural y de elevado desempleo no nos podemos permitir la inacción en materia forestal. No podemos dejar que la situación de los bosques y montes se deteriore porque además ya sabemos que la falta de gestión constituye un importante riesgo de incendios forestales.

Pero el proyecto de ley remitido por el Gobierno del Partido Popular recientemente al Congreso de los Diputados tiene otros objetivos: eximir de instrumentos de gestión forestal, eliminando la obligación que estableció la reforma de la ley en 2006 de que todos los montes contaran con un plan de gestión, o simplificar determinados trámites administrativos como es que determinados montes puedan presentar un modelo-tipo de gestión forestal sin considerar sus particularidades. También se plantea la posibilidad de presentar una “declaración responsable” del aprovechamiento forestal en vez de la actual autorización administrativa previa para los aprovechamientos maderables y leñosos de turno corto en los montes no gestionados por los órganos forestales autonómicos. Es decir, menos gestión, menos exigencias, menos control público, más desregulación.

Además, con la reforma de la Ley de Montes, el Gobierno pretende modificar la regulación de la actividad de los agentes forestales, que vienen desarrollando su trabajo con eficacia en el medio rural y en las zonas forestales. Se trata de funcionarios de la Administración que realizan con capacitación y eficacia tareas de vigilancia, enfocadas a prevenir e inspeccionar la gestión forestal, los incendios forestales, las ilegalidades urbanísticas y otras infracciones en materia de medio ambiente. Estos cuerpos han sufrido en estos últimos años importantes recortes en sus plantillas y han visto cómo algunas administraciones autonómicas les intentaban cercenar sus atribuciones como policía judicial. Así ocurrió, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid durante el Gobierno de Esperanza Aguirre en 2007, aunque afortunadamente sus intenciones no prosperaron.

El Gobierno del Estado vuelve a la carga e intenta de nuevo eliminar sus competencias en la investigación de delitos urbanísticos, contra el medio ambiente o por incendios forestales, abocando a los montes y terrenos forestales a una desprotección mayor. Para ello, intenta subordinar sus actuaciones a las de otros cuerpos de policía judicial, estableciendo que actuarán como meros auxiliares de éstos y que se limitarán a las primeras diligencias de prevención.

¿Por qué restringir sus capacidades si han demostrado su eficacia y amplia experiencia sobre el terreno actuando, por ejemplo, como policía judicial de las fiscalías de medio ambiente? ¿Por qué prescindir de la capacidad de más de 6.000 efectivos que intervienen actualmente en la mayor parte de las infracciones ambientales que se cometen en las zonas forestales?

Pensar que el Gobierno del Estado o el de algunas Comunidades Autónomas no tiene interés en que se investiguen con suficiente diligencia y rapidez determinadas conductas delictivas quizá sea excesivo, pero, desde luego, reducir la capacidad de la Administración en la investigación y persecución de infracciones y delitos no parece que sean medidas pensadas para la mejora de la protección de nuestro medio rural.

Estamos ante una iniciativa más del Gobierno que pretende hacer de la desregulación una oportunidad y en este, como en otros campos, esta lógica es absolutamente perversa y las consecuencias pueden ser irrecuperables. Si queda algo de cordura, se debería paralizar este proyecto de ley para, desde el mayor consenso posible, implantar un modelo de gestión verdaderamente sostenible que tenga en cuenta los factores económicos, ecológicos y sociales.