en Público – Fundación 1 Mayo https://blogs.publico.es/uno-mayo Mon, 26 Sep 2016 07:41:20 +0000 es hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.4.3 Deberes https://blogs.publico.es/uno-mayo/2016/09/26/deberes/ https://blogs.publico.es/uno-mayo/2016/09/26/deberes/#respond Mon, 26 Sep 2016 07:41:01 +0000 http://blogs.publico.es/uno-mayo/?p=757 Continuar leyendo "Deberes"]]> Montse Ros

Como soy una maestra progre, celebro que CEAPA haya abierto sin tapujos el debate de los deberes. A ver si así nos aclaramos.

Pienso que hay que tener tiempo para jugar libremente, para aburrirse, para compartir con la gente, para moverse mucho. Considero contraproducente el estrés a que sometemos a nuestro alumnado. No es bueno que lo académico, a menudo abstracto, con sus valores de clase, de etnia y de género invada todo el espacio familiar y quite valor a lo cotidiano, lo diverso, al trabajo, al cuidado, a lo concreto. Sobre todo estoy en contra de que los deberes refuercen la desigualdad de clase, cosa que, en general, hacen.

Como soy una maestra entrada en trienios, discrepo, sin acritud, respecto a su propuesta de boicot, también de su propuesta de prohibición.

A menudo he tenido presiones de familias porque no ponía suficientes deberes, y por eso la escuela no tenía nivel. Y otras que no querían deberes abiertos (entrevistas, encuestas, observación del natural...), porque no sabían decir si lo que entregaban estaba "perfecto": les gustaban más las multiplicaciones largas. Otras no quieren ninguno.

No estoy para bandazos, que tengo las lumbares mayores. La educación quiere mucho equilibrio y mucha humildad. Lo humano es así, perfectible porque esimperfecto. Lo mejor es enemigo de lo bueno.

A falta de algo mejor, creo que algunos deberes son buenos;solo algunos y si son pocos. Pollino que me lleve y no caballo que me arrastre.

Como soy antigua, creo que las personas tenemos Derechos porque tenemos Deberes, en mayúscula. Los deberes, en minúscula, nos enseñan algo de esto y es bueno que lo hagan: responsabilidad personal, planificación y perseverancia, metas a largo plazo, resiliencia ante la dificultad o la frustración, estrategias de estudio sin apoyo.Somos sujetos de la educación propia, más cuanto más maduros. Cuidado no vayamos a tratar al alumnado, y mucho menos a sus progenitores, como consumidor de educación, que el mundo mercantilista este nos lleva a tonterías así.

El sujeto de la educación es a la vez singular y plural. La singularidad se nutre del grupo y el grupo de lo individual. La educación se hace con personas que colaboran. Malo sería que la escuela fuera estanca. Hay deberes que sirven para dar valor a lo familiar, lo vecinal, al trabajo, a los cuidados, a lo cultural, a las doscientas lenguas y culturas que conviven en nuestros barrios; a las de cada uno y de cada una.Esto es un tesoro que debe entrar en la escuela para que sea menos clasista, menos machista, menos racista y mucho más sabia y más justa.Si no lo reconocemos, lo excluimos: carne de abandono escolar. El reconocimiento funciona en los dos sentidos. Cuando tu madre encuentra interesante eso que estás aprendiendo, lo aprendes mucho mejor, ¿no? No se lo neguemos. Qué tristeza.

Algunos deberes sirven para aplicar lo aprendido en las clases al mundo no escolar. Esto da sentido, valor y proyección. Que el aprendizaje sea significativo es la única manera de que sea aprendizaje. De otro modo, las criaturitas tienen dos circuitos paralelos: en el cole las cosas caen según las leyes de Newton y en casa cae más deprisa la que más pesa.Y las paralelas solo se cruzan cuando nosrompemos la crisma en un frenazo. Pobre Newton, incomprendido.

Cuidado con Finlandia. No tienen apenas deberes pero leen en familia, leen en las bibliotecas públicas, leen en los centros comerciales, leen mucho. Hay una correlación espectacular entre el número de libros que se leen una casa y el éxito escolar de su prole. Los niños y las niñas que viven en "contextos letrados" se desenvuelven mejor en todas las escuelas del mundo mundial. El tráfico de lecturas entre la casa y el colegio es una palanca y un placer compartido: mucho más que deberes.

Y por último, no vayamos a hacernos trampas al solitario.

No vale denostar los deberes escolares para hacer otras tareas igualmente redundantes, académicas e invasivas, además de caras. Al salir del cole, no puedo hacer deberes porque hago inglés, solfeo, y deporte de alta competición... menudo negocio para el bienestar de las criaturas. Pero da estatus. ¡Ay, lo que podemos imponer a los niños y las niñas por un poco de estatus!

En el contexto de la LOMCE y las reválidas que no hemos tumbado todavía, no vale que el pijerío tenga deberes y profesor particular y la clase trabajadora no tenga ni deberes, ni ayuda, ni tenis, ni inglés en Irlanda, ni siquiera una calle segura para jugar.Me fastidia, pero los deberes a destajo, al borde de lo inhumano, han puesto a Corea, Shangai, Singapur, Honkong y Taipei en cabeza del ranquin de PISA. Por delante de Finlandia.Me gustó la expresión de William Deresiewicz, la educación de élite produce borregos excelentes. Con estatus. Eso sí.

No me gustaría entrar en la guerra de los deberes.

Se ha abierto el debate, pues debatimos y nos aclaramos. Pero acordamos y no mareamos a los chavales con desautorizaciones mutuas.

Es nuestro deber de mayores. Tenemos deberes.

 

 

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Corrupción: dos ejemplos de insoportable hipocresía política https://blogs.publico.es/uno-mayo/2016/05/13/corrupcion-dos-ejemplos-de-insoportable-hipocresia-politica/ https://blogs.publico.es/uno-mayo/2016/05/13/corrupcion-dos-ejemplos-de-insoportable-hipocresia-politica/#respond Fri, 13 May 2016 21:16:54 +0000 http://blogs.publico.es/uno-mayo/?p=744 Continuar leyendo "Corrupción: dos ejemplos de insoportable hipocresía política"]]> Javier Doz, miembro del Comité Económico y Social Europeo (CC OO)

 

El jueves 12 de mayo, los medios de comunicación del mundo han destacado dos noticias que son un extraordinario botón de muestra de la hipocresía como característica esencial de la conducta política.

David Cameron, "líder mundial de la lucha contra la corrupción"

En Londres, David Cameron, con la inequívoca intención de borrar los daños de imagen causados por su presencia en los Papeles de Panamá, ha convocado una "Conferencia internacional contra la corrupción", en la que destacados políticos y responsables de las instituciones financieras internacionales han dicho generalidades, con tono de moralina eso sí, sobre el mal que causa la corrupción al capitalismo y a la buena imagen de la política.

No se tiene noticia de que Cameron haya informado a los allí reunidos de lo bien que viene, en términos fiscales, recibir una herencia de tu padre, si éste tiene guardado el dinero en un paraíso fiscal tras las oportunas gestiones del Despacho Mossack Fonseca. Tampoco, que el Primer Ministro británico haya afirmado que va a poner fin a las actividades ilegales que se desarrollan en territorios bajo la jurisdicción del Reino Unido como son Gibraltar, las islas de Jersey y Man, Islas Vírgenes, Islas Caimán, etc., etc.

John Kerry declinó hacer público si el gobierno federal de los EE UU tiene previsto emprender alguna iniciativa para poner coto a las actividades ilegales que se llevan a cabo en el Estado de Delaware que, poco a poco, se va convirtiendo en el number one de los paraísos fiscales.

En las conclusiones no figura ningún plan para acabar con los paraísos fiscales, piedra angular del sistema de la corrupción en nuestro mundo globalizado, insustituible instrumento para el lavado del dinero de los diversos grupos de la economía criminal, tanto de los que tienen las manos manchadas de sangre como de los que disipan a su alrededor el olor de caros perfumes. Los medios de comunicación no informan acerca de si algún asistente propuso algo al respecto.

Figura destacada de la cumbre fue la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde. No aprovechó la reunión para disipar las dudas que pudiera haber sobre su responsabilidad en la concesión de 405 millones de euros de dinero público al multimillonario francés Bernad Tapie, para compensarle por las supuestas pérdidas sufridas tras la venta de Adidas por Crédit Lyonnais. El pequeño problema es que la decisión la tomó el ministro de finanzas de entonces, 2007, que  no era otra persona que la Sra. Lagarde, mientras que el presidente de la República era un muy buen amigo, entonces, de Tapie: Nicolas Sarkozy. El pasado diciembre un tribunal francés acordó que la ex-ministra Lagarde tenía que ir a juicio por el "Caso Tapie" y otro que Bernard Tapie tenía que devolver los 405 millones.

La cumbre abrazó el surrealismo al aceptar la presencia de los presidentes de Nigeria y Afganistán, señores Muhammadu Buhari y Arhraf Ghani Ahmadzi, respectivamente, que gobiernan dos de los países más corruptos del mundo según Transparency International, y que son, ellos mismos, muy sólidos sospechosos de participar de modo destacado en los frutos de la corrupción.

No se tiene noticia de que fueran invitados a la Conferencia de Londres, contra la corrupción, los antecesores de Christine Lagarde en la dirección del FMI, Dominique Strauss-Khan y Rodrigo Rato.


 

Dilma Rousseff apartada de la Presidencia de Brasil por un Parlamento de corruptos

El segundo gran ejemplo de insufrible hipocresía política y moral lo dieron los diputados y senadores que han apartado a Dilma Rousseff de la Presidencia de la República de Brasil por un período de tiempo de seis meses, para juzgarla políticamente y, en su caso, destituirla definitivamente. El motivo por el que congresistas y senadores han votado el impeachement, con la mayoría cualificada necesaria, es la acusación de que el Gobierno aprobó los presupuestos de 2014 y 2015 después de realizar diversas operaciones y apuntes financieros no permitidos, con el objetivo de ocultar el déficit público real. No se trata, pues, de una acusación de corrupción sino de irregularidades administrativas, sin duda criticables pero que practican la mayoría de los partidos en todas las administraciones públicas brasileñas.

Pero los que han votado por el apartamiento de Dilma Roussef acumulan un impresionante historial de condenas, procesamientos e imputaciones, en la mayoría de los casos por corrupción, corrupción que les ha deparado importantes ingresos personales o que han realizado para la financiación de alguno de los numerosos partidos del superfraccionado mapa político brasileño. En otros casos, por homicidio culposo, torturas, etc.

Según un estudio de Transparencia Brasil, del total de 513 diputados de la Cámara baja, 303, el 59,1%, están imputados, procesados o condenados.  De los 65 diputados que formaron parte de la Comisión del impeachment, 37, el 56,9% están en la misma situación. Finalmente, de los 81 senadores, 49, el 60,5%, también están imputados, procesados o  condenados. Como se ve, la corrupción está repartida muy equilibradamente entre las dos cámaras del Parlamento brasileño.

Estos son los sujetos que han apartado a Dilma Roussef de la Presidencia, en una operación que ha calificado de "golpe de Estado". Sus justificaciones, en las intervenciones de explicación de voto, han oscilado, en la mayoría de los casos, entre lo lamentable y lo bochornoso.

Una mención especial requiere el promotor del impeachment, el presidente del Congreso,  Eduardo Cunha, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB).  Cunha inició el procedimiento tras haberlo usado como arma de chantaje para evitar que el Congreso permitiera su procesamiento por el caso Lava Jato/Petrobras, acusado de la apropiación indebida de 40 millones de dólares y de mantener cuentas bancarias en Suiza. También aparece, como no, en los Papeles de Panamá, lo mismo que dirigentes de siete partidos del arco parlamentario brasileño. Ninguno de ellos, por cierto, del Partido de los Trabajadores, aunque bastantes de los dirigentes del PT sí estén implicados en casos de corrupción, en particular en el caso Petrobras. Destituido finalmente Cunha por el Tribunal Supremo, después de haber puesto en marcha el procesamiento político de Rousseff, fue sustituido por Waldir Marinhao, también investigado por el caso Lava Jato.

Ante la fuerza de estos dos máximos ejemplos de hipocresía política, sobra cualquier otro comentario que no sea el de subrayar que la desconfianza de la ciudadanías en los políticos está más que justificada en muchos, en demasiados, casos. No sirve de disculpa que sus conductas enlacen con costumbres profundamente arraigadas en muchas sociedades. La política debería estar para erradicarlas o reducirlas. No para potenciarlas.

 

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Objetivo SAME: recordar a los gobiernos su compromiso de invertir más en Educación. https://blogs.publico.es/uno-mayo/2016/04/27/objetivo-same-recordar-a-los-gobiernos-su-compromiso-de-invertir-mas-en-educacion/ https://blogs.publico.es/uno-mayo/2016/04/27/objetivo-same-recordar-a-los-gobiernos-su-compromiso-de-invertir-mas-en-educacion/#respond Wed, 27 Apr 2016 20:49:56 +0000 http://blogs.publico.es/uno-mayo/?p=734 Continuar leyendo "Objetivo SAME: recordar a los gobiernos su compromiso de invertir más en Educación."]]> Francisco García, secretario general de FECCOO

Cuqui Vera, Responsable de Política Internacional FECCOO

 

Esta semana, aunque pueda estar pasando desapercibida, nos encontramos inmersos/as en la celebración de la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME) y que se celebra del 25 al 30 de abril en 124 países. El objetivo de la SAME que forma parte de la Campaña Mundial por la Educación es llamar durante estos días la atención de la comunidad educativa, medios de comunicación, representantes políticos y sociedad en general, sobre la necesidad de hacer real  y efectivo el derecho a una Educación de Calidad bajo el lema  "La educación nos protege, protejamos su financiación". En España concretamente, habrá actos de movilización en más de 30 ciudades, donde se prevé la participación de más de 15.000 alumnos/as y docentes para llamar la atención de representantes políticos en torno a esta causa,  actos  de  reivindicación  en  la  calle  en  lo  que  se  ha denominado la "Paraguada por la Educación", utilizando un paraguas como símbolo de protección de la financiación en educación.

El objetivo es simple, pero trascendente: recordar a los Gobiernos que están comprometidos en la financiación del derecho a la educación.

"¡Vuelve la burra al trigo!" que diría el otro ante la insistencia por seguir hablando de educación, infancia y dineros. Pero, no podemos resistirnos cuando Naciones Unidas nos recuerda que sigue habiendo 124 millones de jóvenes sin escolarizar en el mundo y que el 84% se concentran en el África Subsahariana y Asia, zonas del planeta especialmente sacudidas, además, por la pobreza extrema y la inhabitabilidad climatológica.

Precisamente en este entorno mundial, 196 países firmaron en septiembre pasado, en Nueva York, la Agenda 2030 desde la que se gestionarán los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia y hacer frente al cambio climático. Estos nuevos ODS son la continuación de los 8 anteriores Objetivos del Milenio que debían haber estado conseguidos para 2015. Centrándonos en el 4, que concierne especialmente al mundo de la enseñanza, su intención es garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos y todas.

 

Un reto de proporciones importantes: asegurar que todas las niñas y niños completen de forma gratuita su educación primaria y secundaria de ahora al año 2030. Conseguir tal fin significa comenzar por derribar los tabúes culturales que en muchos países aún impiden el acceso igualitario a la formación. Significa también empoderar la enseñanza pública en aquellos lugares donde el mercado ya se ha enseñoreado como victorioso. Significa, por último, eliminar las disparidades de género e ingresos con el fin de lograr el acceso universal a una educación superior de calidad.

De ahí nuestra insistencia en trabajar por la Educación. Porque es un elemento de protección de primer orden para la vida humana, aquí, en Pakistán y Orlando. Con más educación se reduce la pobreza -al facilitar más oportunidades-, se mejora la salud –al aprender sobre nutrición e higiene- y se promueve el desarrollo sostenible –al concienciar de la finitud de nuestros recursos naturales. Con mejor educación se construye una ciudadanía más igualitaria, crítica y libre.

Por tanto, para conseguir que esos 124 millones de jóvenes puedan educarse será necesario actuar en distintos puntos: creando escuelas e institutos, formando docentes motivados/as y bien remunerados/as, facilitando material escolar adecuado y estableciendo políticas educativas que garanticen el derecho universal a la educación. En pocas palabras, aumentando la financiación en porcentajes superiores a los actuales, que están demostrando la insuficiencia para la consecución de los objetivos ya señalados. De ahí el lema elegido para sintetizar la Campaña mundial por la Educación de este 2016: "La Educación nos protege. Protejamos su financiación".

Y precisamente nuestro país, España, no es un buen ejemplo que podamos mostrar al mundo: las políticas de recortes han rebajado la inversión educativa hasta el 4,1% del PIB y amenazan con dejarlo en el 3,7% (en el 2011 se invertía un 4,86 del PIB); han reducido el empleo docente y han erosionado la equidad, la igualdad de oportunidades y debilitado el derecho a la educación.

La calidad y equidad de nuestro sistema educativo se está resintiendo negativamente ya que por falta de dinero no se han puesto en marcha muchos programas de innovación o compensación educativa. Además se han perdido muchos puestos de trabajo porque muchos de estos programas han desaparecido. ¿realmente importa la Educación a nuestros políticos?

Por ello, desde la Federación de Enseñanza de CCOO (FECCOO) no nos cansamos de exigir la derogación de las reformas educativas segregadoras, impulsadas por el PP, así como la reversión de los recortes en educación. Recordamos que la recuperación del empleo y de su calidad es un elemento primordial para devolver la equidad y la calidad a la educación.

Cualquier elemento de protección y seguridad personal valdría para identificar el lema de la campaña: un casco de obra, unos guantes de limpieza, unas gafas de seguridad, una mascarilla sanitaria,... todos son reconocibles rápidamente. También un paraguas, elemento finalmente seleccionado. Con el paraguas nos protegemos tanto de las tormentas –polémicas espurias sobre la educación- como de las insolaciones –insuficiencias financieras en la enseñanza-. Sean bienvenidas, por tanto, todas las "paraguadas" del mundo.

 

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El sistema de I+D+i necesita un giro estratégico https://blogs.publico.es/uno-mayo/2016/04/11/el-sistema-de-idi-necesita-un-giro-estrategico/ https://blogs.publico.es/uno-mayo/2016/04/11/el-sistema-de-idi-necesita-un-giro-estrategico/#respond Mon, 11 Apr 2016 16:29:56 +0000 http://blogs.publico.es/uno-mayo/?p=724 Continuar leyendo "El sistema de I+D+i necesita un giro estratégico"]]> Juan Ángel Fresno es investigador biomédico

 

El Sistema Nacional de I+D+i requiere de una revisión radical de su funcionamiento. Es sintomático del grado de deterioro que ha alcanzado la gobernanza de la investigación en España el hecho de que el propio sistema conceda su máximo galardón, el premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica del año 2015, a dos investigadoras: Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doudna, por sus investigaciones sobre el sistema CRISPR/Cas, sin tener en cuenta el trabajo de Francisco Mojica, investigador de la Universidad de Alicante que fue quien lo describió. Llueve sobre mojado en un país sin premios Nobel, lo que debería considerarse un fracaso colectivo de proporciones catastróficas. Sin embargo, nosotros preferimos hacernos trampas en el solitario contabilizando como méritos propios los logros alcanzados por compatriotas en otros países.

En los últimos años, con la excusa de la crisis económica, estamos asistiendo a una peligrosa deriva hacia la financiación de la investigación dirigida a la aplicación y la basada en supuestos criterios de excelencia. Estos cortoplacistas criterios de financiación obvian uno de los principios esenciales de la investigación: la mayoría de los grandes avances científicos han llegado a través de descubrimientos que en aquel momento no tenían relevancia obvia para su potencial aplicación. Y estos no son casos excepcionales en el trabajo científico, fruto de la suerte o meras casualidades; esto es lo que ocurre generalmente y necesita ser reconocido y apoyado como tal para permitir el avance científico. El trabajo de Francisco Mojica, no tenía en su origen, hace ya más de 20 años, ninguna relación con la que está llamada a convertirse en una de las tecnologías revolucionarias en el campo de la edición genética. En aquel momento, ni se trataba de investigación dirigida a la aplicación, ni consiguió ser publicada en las revistas más prestigiosas. Recientemente Eric Lander, ha escrito un precioso relato de los hechos (Lander ES. The Heroes of CRISPR. Cell, 2016). El sitio reservado a España en el relato debería preocuparnos y las lecciones de esta historia, que recoge Eric en su artículo, deberían ser de obligada lectura para nuestros responsables de política científica.

La investigación aplicada se nutre de los descubrimientos que provienen de la ciencia más básica. Un país moderno debe ser consciente de que la I+D es una inversión de futuro y debe apostar decididamente por un esquema estable para financiarla. Y debe hacerlo a sabiendas de que la mayor parte de esa investigación no dará en el corto plazo resultados útiles para la sociedad. Pero a la vez debe ir configurando un sistema eficaz de intercambio del conocimiento entre los centros de investigación y las empresas para cuando llegue el momento de la trasferencia. Para ello, es necesario configurar un sistema de innovación que proporcione un ambiente adecuado para el desarrollo de empresas de base tecnológica y científica, que puedan recoger los frutos de la investigación.

España, a pesar de todo, cuenta con un buen sistema de investigación, aunque pésimamente financiado; se trata de aprovechar ese potencial para generar aquello de lo que realmente carece el país: de tejido industrial innovador, que es la gran tarea pendiente que tenemos como sociedad. Y para eso es necesario que el Estado propicie (haciendo lo que hacen otros, aquí no hay nada que inventar) el establecimiento de ecosistemas de innovación que proporcionen el ambiente adecuado para el desarrollo de empresas de base tecnológica y científica, que puedan recoger los frutos de la investigación. Es necesario centrar el enfoque, no tanto en los emprendedores y el emprendimiento (palabras vacías sin contexto) y su capacidad para generar innovación y crecimiento, sino en los ecosistemas de innovación en los que operan y de los que dependen para llegar a convertirse en lo que importa: empresas innovadoras (de cualquier tamaño) de alto crecimiento dentro de ese sistema. En ese ecosistema, no hace falta promover el emprendimiento, surge solo, y no faltan ejemplos en los que poder inspirarse en nuestro entorno.

Como tan bien explica Mariana Mazzucato en su brillante libro "El Estado Emprendedor" (RBA Libros, 2014, ISBN 9788490562963) existe la creencia general de que la dirección de las inversiones debe ser determinada por el mercado, no por los gobiernos, porque éstos están formados por burócratas sin la experiencia ni los conocimientos necesarios. Pero el liderazgo tecnológico de países como Singapur, Corea, China, Israel, Finlandia, Dinamarca, Alemania y EEUU es el resultado de una buena red de agencias estatales capaces de dirigir el cambio, trabajando, por supuesto, junto con el sector privado, pero a menudo liderándolo. Aquellas regiones y países que han tenido éxito en lograr un crecimiento impulsado por la innovación se han beneficiado de políticas visionarias diseñadas para cumplir una misión a largo plazo - desde poner un hombre en la luna hasta afrontar retos sociales como el cambio climático. Para abordar esas misiones, los organismos del sector público han liderado el camino, invirtiendo no sólo en las áreas clásicas de "bien público", como la investigación básica o las infraestructuras, sino también a lo largo de toda la cadena de la innovación (investigación básica, investigación aplicada, financiación de las primeras etapas de las empresas) y definiendo con coraje nuevas direcciones con alto riesgo. Para cumplir esta función, las agencias estatales - que van desde bancos públicos como el KfW en Alemania y el BNDES en Brasil, hasta las agencias de innovación como DARPA y ARPA-E en los EE.UU. o Innovate UK en el Reino Unido - han explorado nuevos territorios, afrontando una gran incertidumbre y aceptando el proceso de prueba y error que a menudo conduce al fracaso, pero a sabiendas de que los éxitos pueden llevar a décadas de crecimiento. Los análisis tradicionales de coste-beneficio y justificaciones de fracaso del mercado habrían detenido esas inversiones desde el principio: no habría habido internet, ni biotecnología, ni nanotecnología, ni verán la luz las tan anheladas energías limpias (Mazzucato, M, Penna, CR, "Mission-Oriented Finance for Innovation – new ideas for investment-led Growth ", Policy Network and Rowman & Littlefield International, 2015, ISBN 9781783484959).

España ha perdido buena parte de los trenes tecnológicos que configurarán el futuro inmediato y si no da un giro estratégico a la forma en la que está haciendo las cosas, aprendiendo de lo que otros países están haciendo con éxito, perderá definitivamente un lugar entre las naciones desarrolladas del mundo. Y ese cambio estratégico, el tan manido cambio de modelo productivo, debe estar liderado por el Estado.

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Refugiados, “del naufragio al gran bazar”    https://blogs.publico.es/uno-mayo/2016/03/15/refugiados-del-naufragio-al-gran-bazar/ https://blogs.publico.es/uno-mayo/2016/03/15/refugiados-del-naufragio-al-gran-bazar/#respond Tue, 15 Mar 2016 10:16:12 +0000 http://blogs.publico.es/uno-mayo/?p=715 Continuar leyendo "Refugiados, “del naufragio al gran bazar”   "]]> Ramón GórrizSecretario de Acción Sindical de CCOO

José CamposSecretario de Participación Institucional de CCOO

 

Sobre el sueño de una Europa unida, democrática, solidaria y avanzada sociamente... ha caído el jarro de agua fría de la realidad. En la madrugada del pasado día 8, con la excusa de "combatir la actividad de las mafias", la Cumbre Europea acordaba externalizar la crisis de las personas refugiadas. El Gobierno de Turquía lo gestionará a cambio de 6.000 millones de euros. Ello sin reparar en la vulneración de la legalidad internacional: Carta Universal de Derechos Humanos, Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, Convención de Ginebra del Estatuto del Refugiado. La ONU rechaza este acuerdo que, además ha provocado un profundo malestar en el seno de la propia Unión por las dudas legales y morales generadas.

Ciertamente la crisis de las personas refugiadas es una "patata caliente" para los políticos pero resulta muy preocupante, para quienes creemos y defendemos los valores de una Europa solidaria, que Bruselas insista, tras el fiasco de resolución del brexit, en dar pasos tan torpes, transmutando el gran sueño europeo en una falacia. Pero no sorprende que ante esta crisis humanitaria se actúe con tanto cinismo. Y es que venimos sufriendo los rigores de unas políticas conservadoras que sólo velan por los intereses de la banca y de las grandes empresas a costa de la ciudadanía. Lobbies y poderes fácticos controlan las instituciones europeas, las políticas nacionales, una mayoría de medios de comunicación..., todo para quebrar décadas de conquistas sociales. El europeísmo hace tiempo cayó bajo el absoluto control de élites internacionales que perpetúan sus privilegios. Así, no sorprende este preacuerdo suscrito con Ankara por los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintiocho que, probablemente, se ratificará en la próxima reunión del Consejo de Europa. Así, TODA persona extranjera que llegue ilegalmente a Grecia será expulsada a Turquía (país que no respeta los derechos humanos, que elimina las minorías kurdas y ataca a los medios de comunicación, entre otras cosa). No obstante, la Unión Europea se compromete (aunque probablemente no cumplirá) a acoger desde Turquía a una cantidad de personas refugiadas similar al de expulsiones. Lo que supone, entre otras cosas, acelerar el proceso de integración turco en la Unión.

A resultas de la crisis económica el euroescepticismo ha ganado mucho terreno. El fracaso estrepitoso en los planes para reasentar el gran flujo de personas refugiadas también ayuda. Del "welcome refugees" auspiciado por Angela Merkel se ha pasado al cierre de fronteras y, en paralelo, al auge del populismo y la xenofobia. Y finalmente un control del flujo de migrantes y personas refugiadas mediante expulsiones colectivas. El espacio Schengen se ha clausurado. El cierre de la ruta de los Balcanes es un hecho y el paso de personas refugiadas desde Grecia hacia Alemania ha cesado. Unas 42.000 personas están atrapadas en la frontera helena aunque pronto buscarán otras vías de entrada. Pasan frío y hambre y su futuro como deportados será más que incierto, entre otras cosas, porque Turquía es una pseudo-democracia que flojea mucho en derechos humanos: detenciones, malos tratos y abusos son moneda corriente de cambio. Incluso, como denuncia Amnistía Internacional, ya son frecuentes las repatriaciones de personas refugiadas a sus zonas de origen, volviendo una mayoría a un escenario de penurias y guerra.

En España existe cierto recelo a la llegada de inmigrantes por motivos económicos. No generan mayores simpatías las personas refugiadas. Como desvela la pasada encuesta del CIS, este tema importa nada a una gran parte de ciudadanos y ciudadanas. Lo cual, sin duda es preocupante, y exige mucha más concienciación e implicación institucional, aunque al menos la xenofobia, por ahora, no es significativa respecto a otros países europeos. Sin embargo, es lamentable la desidia de nuestro Gobierno en la gestión de esta crisis. Sólo se han acogido 18 personas de las 17.680 que fueron comprometidas con la Unión Europea. Rajoy incluso se ha negado a debatir en el Congreso sobre el pacto con Turquía. Pese a esta actitud el Congreso, por mayoría absoluta (PSOE, Podemos y sus confluencias, C´s, Compromís, ERC, PNV, IU-UP), le ha instado al presidente en funciones a que no respalde en el próximo Consejo Europeo la ratificación del acuerdo con el Gobierno de Erdogan. Además, la mayoría de las organizaciones políticas y sociales, entre las que se encuentran diversas ONG y sindicatos como CCOO y UGT, vienen denunciando esta pasividad del Gobierno del PP hacia las personas refugiadas. Asimismo nos hemos movilizado y hecho público nuestro rechazo al pacto UE-Turquía que reduce el valor de las personas a meros números. A este respecto, CCOO y UGT, junto a numerosas organizaciones sociales y diversos partidos políticos, han convocado concentraciones en todas las ciudades el próximo miércoles, día 16, porque son posibles otras soluciones y Europa tiene potencial para actuar en origen, aunque, le falta voluntad. Además, CCOO anima a la Confederación Europea de Sindicatos (CES) para que lidere una movilización sindical europea. Porque es posible alcanzar otro tipo de acuerdo con Turquía (que ya acoge a 2 millones de inmigrantes) para poder solucionar esta crisis. Pero antes Europa debería cumplir su compromiso de acogimiento y reubicación en su propio territorio de las personas refugiadas.

Condenando a millones de personas a una vida de miseria y/o a la muerte, Europa da un gran paso hacia la ruina de sus principios y refuerza el temor a su propia decadencia. Con todo, Europa sigue siendo la tierra de la esperanza. Depende mucho de nuestra firme actitud contra esta injusta resolución a la crisis de las personas refugiadas. No en vano el sueño europeo es la principal ilusión que mantiene nuestra civilización, tan necesitada de mejorar sus perspectivas de futuro como de construir otro mundo que no puede seguir basándose en el crecimiento económico en perjuicio de la calidad de vida de las personas ni de arruinar el medioambiente, como tampoco siendo cómplice de la miseria humana y del siniestro juego de la guerra, ni de intereses económicos y geoestratégicos que todavía salpican el planeta.

 

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La UE en su laberinto* https://blogs.publico.es/uno-mayo/2016/02/24/la-ue-en-su-laberinto/ https://blogs.publico.es/uno-mayo/2016/02/24/la-ue-en-su-laberinto/#respond Wed, 24 Feb 2016 18:11:41 +0000 http://blogs.publico.es/uno-mayo/?p=709 Continuar leyendo "La UE en su laberinto*"]]>  

Javier Doz. Miembro del Comité Económico y Social Europeo (CC OO)

 

Cumbre tras cumbre de su Consejo intergubernamental, la Unión Europea va profundizando en la pendiente que puede llevarla, incluso, a su destrucción. Destrucción, al menos como proyecto político que para lo común de todos promueve también lo que debe exigir las naciones que lo integran: ser democracias avanzadas con sociedades socialmente justas. Podrá quedar, como quieren los británicos, sólo como un mercado único, en el que exista el menor número posible de normas que regulen el comercio y la inversión, con una libre circulación entendida sobre todo como de capitales, bienes y servicios, porque la de las personas ya es harina de otro costal, como se han encargado de decirnos todos los líderes políticos europeos que han aprobado, de peor o mejor grado, pero por unanimidad, las vergonzosas conclusiones de la cumbre que se celebró en Bruselas los días 18 y 18 de febrero.

No me gusta utilizar adjetivos fuertes para calificar conductas, instituciones o personas, pero en este caso todo lo relacionado con esta cumbre europea merece los más duros calificativos, por más que algunos comentaristas pretendan edulcorar el trago subrayando que se ha conseguido el objetivo principal: que el Reino Unido no vaya a abandonar la UE. Lo primero que hay que decir es que eso está todavía por ver, pero que, en todo caso, lo que hay que analizar es a costa de qué va , eventualmente, permanecer el Reino Unido en la UE, y cuáles serán las consecuencias de haber aceptado un chantaje tan grueso para ayudar a resolver los problemas internos del Partido Conservador británico.

Sin pretender establecer ningún tipo de paralelismo histórico, hay que decir que la historia europea del Siglo XX, está repleta de ejemplos acerca de las malas –en ocasiones, nefastas- consecuencias que tiene la aceptación de los chantajes de una potencia europea en aras de conseguir algún supuesto bien superior (en ocasiones hasta la paz) o lograr su "apaciguamiento". En nuestro caso, la gravedad de la situación y lo negativo de las concesiones a Cameron estriban en que, después de seis años de muy mala gestión política de la crisis por parte de los políticos conservadores europeos, que han impuesto las políticas de austeridad y devaluación interna, con sus muy malos resultados económicos, sociales y políticos, y en una situación de crisis política del proyecto de la Unión Europea que afecta a las instituciones y a la ciudadanía, lo que se necesitaba era, en el primer encuentro político de trascendencia, mandar un mensaje claro de más Europa, una Europa más democrática y socialmente más justa.

El Acuerdo UE-Reino Unido para evitar el Brexit

En lugar de eso, la Decisión y las seis Declaraciones que configuran el Acuerdo entre el Reino Unido y la UE, nos van a llevar a menos Europa y a una Europa socialmente más injusta. Y tampoco a una Europa más democrática. Por el contrario, puede llevarnos a menos democracia europea, porque la facultad que se otorga a los parlamentos nacionales de vetar decisiones legislativas de la UE, si reúnen un 55% de los votos europeos ponderados, puede convertirse en un instrumento contra la democracia europea, por apuntar sobre todo a las decisiones de la única institución europea elegida democráticamente de forma directa, el Parlamento Europeo. Como también supone una regresión democrática la capacidad que el Acuerdo concede a los países que no están en el euro –y más aún a aquellos que como el Reino Unido y Dinamarca están exentos de la obligación de tenerlo algún día como moneda nacional- a condicionar las decisiones de la zona euro, y los posibles y necesarios avances hacia un gobierno económico que se den en dicha zona, por el procedimiento de poder paralizarlas hasta que el presidente del Consejo, en funciones de árbitro, adopte "cualquier iniciativa que sea necesaria para facilitar la consecución de una base de acuerdo más amplia en el Consejo".

El insoportablemente oscuro y ambiguo lenguaje del Acuerdo, conscientemente redactado para que pueda servir, al tiempo, a los propósitos de Cameron de decir que ha logrado imponer todas sus condiciones para retroceder hacia una "Europa sólo mercado" y a quienes, desde las instituciones europeas, afirmarán que las renuncias políticas han sido muy pequeñas, no oculta que toda la orientación del texto va en el sentido que quiere Cameron. Un ejemplo de esto se encuentra en los considerandos iniciales, en los que tras subrayar que el Reino Unido quedará excluido del compromiso, vigente desde el Tratado de Roma, por el que todos los Estados miembros deben procurar caminar "hacia una unión cada vez más estrecha", enfrenta, en párrafos contiguos, la afirmación de que ni el Tribunal de Justicia Europeo (TJE) ni los tribunales británicos pueden dictaminar sobre si las legislaciones y prácticas nacionales del Reino Unido se ajustan a la Carta de Derechos Fundamentales de la UE (lo que significa de hecho la exclusión de la ciudadanía de las Islas Británicas de la protección jurídica de los muy importantes derechos incluidos en la Carta), con una loa al mercado interior y su papel para impulsar la producción, la inversión y el comercio.

Pero las regresiones más evidentes se encuentran en las secciones B y D del Acuerdo, las dedicadas a la competitividad y a las prestaciones sociales y la libre circulación.

Competitividad entendida como desregulación y recortes sociales discriminatorios

El capítulo de competitividad pretende la ampliación y profundización del programa REFIT, impulsado por la Comisión Barroso, que al socaire de promover la derogación, simplificación y mejora de la legislación europea, está siendo utilizado con evidentes propósitos desreguladores en los terrenos social y medioambiental. El Acuerdo incluye el compromiso de que la Comisión presente, antes de finalizar 2016, un programa de trabajo y un mecanismo de evaluación para aplicar REFIT a toda la legislación de la UE, su extensión a los ámbitos nacionales y la disminución de las cargas administrativas y los costes de las empresas. Lo que se ha acordado es impulsar una política de desregulación en la UE.

El más regresivo de los apartados del Acuerdo es, sin duda, el que se refiere a las prestaciones sociales y al principio de libre circulación, por atacar directamente a uno de los pilares de la UE, por afectar a las prestaciones sociales de personas que están trabajando o en paro, y por introducir una evidente discriminación entre ciudadanos de la UE. El Acuerdo compromete a la Comisión para que proceda a modificar el Reglamento 492/2011, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro la UE, para permitir a los Estados miembros la denegación o la reducción de las prestaciones sociales no contributivas de los migrantes procedentes de otros países de la UE, si se dan unas condiciones de emergencia que puedan poner en peligro los sistemas de la Seguridad Social. Los recortes de las prestaciones se aplicarían a cada trabajador que llegue por primera vez a otro Estado miembro durante un periodo de hasta cuatro años desde el inicio del empleo, pudiendo estar vigente esta facultad de los gobiernos durante un período de 7 años como máximo.

En un estrafalario acto legislativo de carácter preventivo, el Acuerdo establece anticipadamente que el RU cumple ya los requisitos de salvaguardia de ese nuevo Reglamento que todavía no se ha escrito. Lo peor es que esta es una afirmación manifiestamente falsa a la luz de los datos reales sobre el coste de las prestaciones que se quieren recortar en el Reino Unido.

El Acuerdo incluye también el recorte de un derecho de exportación de una prestación contributiva regulada por el Reglamento (CE) 883/2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social. Es la que se refiere a las ayudas por hijo. Establece que se podrán indexar según el nivel de vida y el nivel de las prestaciones por hijo que tenga el Estado miembro en el que reside el hijo.

Por afectar al principio de no discriminación, consagrado en el artículo 35 del TFUE y en el artículo 21.2 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, estas disposiciones de Acuerdo suponen, a mi juicio, una vulneración de principios básicos consagrados en ambos textos jurídicos, que no pueden modificarse de un modo tan alegre como el pretendido por los jefes de Estado y de gobierno europeos. Habrá que pensar en utilizar todos los instrumentos políticos y jurídicos, incluido el recurso ante el TJE, para combatir estos apartados del Acuerdo.

La cumbre del Consejo se ha constituido en ente interpretador de los Tratados, en un sentido inequívoco de reforzamiento de las soberanías nacionales frente a la europea, de desregulación y de recortes sociales. Donde no cabe interpretar las normas europeas vigentes se procederá a la reforma de los Tratados, a la primera ocasión que se presente. Y, por supuesto, la mayor parte de los términos del Acuerdo no se aplicarán sólo al Reino Unido, sino a todos los países de la UE o a una parte de ellos (los países que no están en la zona euro o los que han manifestado no querer estar allí nunca).

¿Y sobre la crisis migratoria?

Sobre la crisis migratoria o de los refugiados, ninguna novedad. Un nuevo fracaso que sumar a los de las muchas reuniones celebradas hasta el momento. Pero más grave aún por acumulativo; por ayudar a sumar cientos de muertos en las aguas del Mar Mediterráneo, en lo que llevamos de año, a los miles que se produjeron en 2015; por constatar como se mantiene la resistencia de un buen número de gobiernos a entender que la acogida a los refugiados no es sólo una opción moral de unos pueblos o de unos políticos "solidarios", sino una obligación legal de la UE y de los Estados que han suscrito la Convención de Ginebra de 1951.

Las conclusiones de la cumbre sobre la cuestión de la "crisis migratoria" intentan ocultar el nuevo y radical fracaso de cara a la adopción de una posición común de la UE para hacer frente a la crisis de los refugiados, diciendo que el propósito de esta reunión sólo era el de evaluar el grado de cumplimiento de las orientaciones adoptadas en diciembre. Y lo hacen sin tener ningún reparo en obviar toda referencia al fracaso absoluto del procedimiento de recolocación de los refugiados, cuando de las 160.000 reasignaciones de residencia sólo se han producido, al día de hoy, poco más de 500.

Las conclusiones mezclan deliberadamente la problemática de los refugiados con la de los inmigrantes ilegales para centrarse en un enfoque de contención de los flujos y de seguridad. Es particularmente grave que la cumbre no haya dado respuesta alguna a los acuerdos de la previa reunión del Grupo de Visegrado (Polonia, Hungría, Chequia y Eslovaquia), celebrada días antes de la cumbre, en la que tras reafirmarse en que no van a aceptar ningún acuerdo de la UE que les obligue a conceder a alguien el estatus de refugiado en sus países, reiteraron su voluntad de continuar con el levantamiento de muros fronterizos. Es decir, todo un ataque frontal al Acuerdo de Shengen se queda sin respuesta.

Todo ello permite calificar la respuesta de la UE a la llamada "crisis migratoria" o "crisis de los refugiados" -cuyo volumen es sustancialmente inferior al que tienen que hacer frente los países vecinos de Siria, todos ellos mucho más pobres que los países que integran la UE- con una sola palabra: vergüenza.

La UE sin proyecto y sin liderazgo

La UE, en particular su órgano de gobierno intergubernamental, el Consejo Europeo, lleva tiempo cabalgando sin dirección sobre una crisis política cada día más profunda, a la que ha contribuido a alimentar. Cuando más necesaria que nunca era una reafirmación de liderazgo y de proyecto que permitiese hacer frente a las tendencias centrífugas cada vez más potentes que actúan en su seno, y a sus agentes, las diversas expresiones políticas de los nacionalismos, los líderes políticos han puesto de manifiesto que carecen de ambas cosas. Una vez más las instituciones europeas han sido llevadas a plegarse ante los políticos más derechistas y menos europeístas para dar una nueva lección de impotencia en el tema de los refugiados y para rendirse ante el chantaje de los euroescépticos británicos.

Tras haber pilotado la mala gestión económica y la nefasta gestión social de la crisis, la derecha política europea, ayuna por completo de proyecto y con abundantes contradicciones internas, en parte derivadas de su competencia con la extrema derecha en el campo del renacer nacionalista y autoritario, da un paso, en esta triste cumbre de febrero de 2016, hacia la deconstrucción de Europa.

¿Y la socialdemocracia europea? A nivel de gobiernos: ausente, subordinada, igualmente sin proyecto diferenciado, no transmitiendo más allá que algunas manifestaciones de resistencia o protesta, como las de Hollande o Renzi, que al caer en saco roto se tornan manifestaciones de impotencia. La socialdemocracia europea está repitiendo el mismo triste papel que jugó ante la gestión política de la crisis económica europea por una derecha capitaneada por Angela Merkel: sin alternativas sustancialmente diferentes, también se conformó con un papel de actor secundario y subordinado.

¿Hay esperanza?

¿Podrá salir la UE del laberinto de inclinada pendiente en el que las crisis económica y política, las secuelas de sus malas políticas, y la ausencia de liderazgos y proyectos europeos claros la tienen sumida?

El pasado 21 de febrero, se celebraron en Madrid una Jornadas sobre "Un Plan B contra la austeridad", promovidas por la Izquierda Unitaria Europea, el movimiento DiEM impulsado por Yanis Varoufakis y otras organizaciones y personalidades de la izquierda europea. No comparto todos los puntos de vista que se expresaron en estas jornadas, pero me parece muy positivo que se constituya un polo de referencia político a la izquierda de la socialdemocracia, con vocación europeísta, dentro de quienes defienden "otra Europa".

En el movimiento sindical europeo van progresando las opiniones de que es necesario construir un polo de referencia político y social a favor de un nuevo modelo de Unión Europea con más integración, más democracia y un fuerte pilar social, y que hay que empezar a tejer una política de alianzas para lograrlo.

Estas tendencias deberían ayudar a que la socialdemocracia europea, o al menos parte de ella, saliera de su marasmo, y afrontara el reto de construir un discurso europeo sólido y coherente que no se diluyera con el mero ejercicio del poder.

En estos días se encuentra de visita en España, el presidente del Comité Económico y Social Europeo, el griego Georges Dassis. Aunque proviene del sindicalismo, las cosas que dice las puede decir en nombre de una institución consultiva de la UE, integrada por representantes de los trabajadores, los empresarios y el llamado tercer sector. En mi corta experiencia como miembro del CESE he podido comprobar como, a pesar de la variedad de intereses representados en el mismo, se puede llegar a posiciones comunes sobre la crisis de los refugiados basadas en valores solidarios y en el respeto a la legalidad internacional, a defender la libre circulación de trabajadores y rechazar la vulneración del Acuerdo de Schengen, a defender el establecimiento de una renta mínima europea, o a orientar sus dictámenes de acuerdo con los valores democráticos y sociales europeos. Es decir, desde la sociedad se puede llegar a consensos inalcanzables hoy en las estructuras intergubernamentales de la UE.

Sí, existen algunos motivos para la esperanza, pero hay que alimentarlos con cuidado, con claridad y coherencia de ideas, proyectos y prácticas, pero también con ánimo de enhebrar consensos para alcanzar mayorías.

 

  • Este texto es la segunda parte del artículo publicado con anterioridad: Una nueva cumbre europea que puede profundizar el camino de la desintegración.
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Una nueva cumbre europea que puede profundizar el camino de la desintegración https://blogs.publico.es/uno-mayo/2016/02/18/una-nueva-cumbre-europea-que-puede-profundizar-el-camino-de-la-desintegracion/ https://blogs.publico.es/uno-mayo/2016/02/18/una-nueva-cumbre-europea-que-puede-profundizar-el-camino-de-la-desintegracion/#respond Thu, 18 Feb 2016 09:40:32 +0000 http://blogs.publico.es/uno-mayo/?p=700 Continuar leyendo "Una nueva cumbre europea que puede profundizar el camino de la desintegración"]]> Javier Doz, Representante de CC OO en el Comité Económico y Social Europeo

 

Los próximos días 18 y 19 de febrero se reúne la cumbre del Consejo Europeo con dos temas sobre la mesa: los términos del acuerdo con el gobierno de Cameron para el referendum de permanencia del Reino Unido en la UE y un nuevo intento de llegar a una posición común que de solución a la crisis de los refugiados.

Existe el riesgo de que sucedan dos cosas: que el Consejo ceda, en buena medida, a las condiciones británicas para permanecer en la UE, y que la UE vuelva a mostrar su división y su impotencia y no adopte ninguna resolución digna de tal nombre sobre el tema de los refugiados. Lo segundo parece casi seguro. Que el Consejo acepte los términos de la propuesta que realizó Donald Tusk a Cameron y las modificaciones que éste quiere introducir en la misma, y que por lo tanto, se llegue a un acuerdo que permita al primer ministro británico llamar al "sí" en el referendum de permanencia, parece algo más complicado.

En cualquier caso, el Consejo representará un paso más en la agudización de la crisis política que vive la UE. Las fuerzas centrífugas del nacionalismo y la insolidaridad van minando cada vez más un proyecto sobre el que las élites políticas dominantes manifiestan una absoluta falta de proyecto y de liderazgo.

Las condiciones de Cameron para la permanencia del Reino Unido en la UE, aún matizadas por la Comisión y el Consejo, son inaceptables. Ante todo las que atentan contra la libre circulación de trabajadores, propiciando la exclusión de los comunitarios de la protección social británica, y las que pretenden tener capacidad de decisión en una zona euro a la que no se quiere pertenecer. Pero también las que quieren impulsar la desregulación legislativa europea o dar capacidad de veto a los parlamentos nacionales sobre las decisiones y normas europeas.

En cuanto al tema de los refugiados poco se puede esperar cuando los gobiernos del Grupo de Visegrado (Polonia, Hungría, Chequia y Eslovaquia) acaban de adoptar un posición provocadora de negativa rotunda y de reafirmación en su empeño de volver a levantar alambradas y muros en las fronteras. Pero tampoco, tras escuchar al primer ministro francés, Manuel Valls, decir que Francia se opone a la propuesta alemana y de la Comisión de hacer permanente el mecanismo de reasignación territorial.

Aceptar las posiciones nacionalistas, insolidarias e ilegales (vulneran la Convención de Ginebra de la ONU de 1951) sobre la crisis de los refugiados; vulnerar los, en su día discutidos desde una óptica contraria, Acuerdos de Schengen, sobre los dos temas de discusión, suponen a mi juicio un paso más en el camino de la destrucción de la UE. Porque destrucción sería su conversión en una simple zona de libre mercado a la que conducen las intenciones de Cameron, pero no solamente ellas.

El problema político principal es que mientras se refuerza el campo del nacionalismo de derechas más disgregador -ya hay dos gobiernos, el húngaro y el polaco, que lo aderezan con restricciones a los derechos democráticos nacionales incompatibles con los principios y valores de la UE- no ocurre lo mismo en el campo de los defensores de más integración europea. Sobre todo porque en el segmento político central, en los gobiernos nacionales y en el Parlamento Europeo (PE), los partidos integrantes de los grupos popular y de los socialistas y demócratas, carece de posiciones claras y coherentes y menos aún un proyecto para sacar a la UE de su crisis política. Y cuando logran alguna posición interesante en el PE, es frecuentente desmentida por las decisiones de gobiernos nacionales de su mismo signo político. Por no hablar de la tendencia de bastantes partidos de la derecha europea de competir en el terreno ideológico y programático con la extrema derecha nacionalista.

No es jugar al catastrofismo afirmar que la UE está enfilando una pendiente que puede llevarla a su destrucción. No se puede permanecer en la pasividad. En cada Estado y en el ámbito europeo, urge construir un polo social y político, con vocación de tranversalidad, para defender una mayor integración política que conlleve necesariamente dos características, que sea más democrática y socialmente más avanzada. Eso ya habría que llamarlo refundación política de la UE.

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Europa en la encrucijada https://blogs.publico.es/uno-mayo/2016/02/01/europa-en-la-encrucijada/ https://blogs.publico.es/uno-mayo/2016/02/01/europa-en-la-encrucijada/#respond Mon, 01 Feb 2016 11:29:19 +0000 http://blogs.publico.es/uno-mayo/?p=682 Continuar leyendo "Europa en la encrucijada"]]> José Antonio Moreno Díaz | Asesor jurídico y representante de CCOO en el Comité Económico y Social Europeo

 

Que vivimos en una sociedad líquida donde todo fluye y nada se mantiene lo suficiente como para poder hacer un análisis sosegado, cabal y sensato ya fue advertido por Zygmunt Bauman hace unos años: lo más duro de dicha realidad es la escasa presencia tanto en la retina social como mediática de cuestiones importantes y/ o graves para nuestra convivencia.

Así, desde la aparición de la foto del pequeño Aylan muerto en una playa hasta hoy, la visibilidad de la tragedia de los inmigrantes hacia Europa ha quedado reducida al mínimo y ello pese a que el dramatismo de la situación —lejos de amainarse— se ha incrementado por el endurecimiento de las condiciones meteorológicas y por el endurecimiento —también y más grave si cabe— de las condiciones políticas y sociales de nuestra querida Europa.

Si el frío y las malas condiciones de alojamiento/hacinamiento ya se vislumbraban desde meses atrás, lo que no era de esperar es el portazo político, ideológico y humanitario de algunos países de la UE: desde la rapiña legal pero inmoral aprobada por Dinamarca al golpe de timón de las autoridades alemanas, pasando por los mensajes xenófobos o el cierre de fronteras entre estados de la UE, para terminar con el propio cuestionamiento del Sistema de Schengen.

Quién nos iba a decir a aquellos que desde los años 90 y desde un punto de vista del respeto a los derechos humanos, las garantías democráticas y el Estado de Derecho cuestionábamos el Sistema de Schengen como el padre de la "Europa Fortaleza" con sus vallas y filtros de frontera exterior, su lista de extranjeros no admisibles o su Sistema de Información, nos encontraríamos años después defendiendo lo único que aún tiene de bueno: el mantenimiento de un teórico espacio común europeo de libertad, seguridad y justicia donde debe primar la libertad de circulación y donde no existen fronteras interiores.

Que nadie se engañe: cuestionar Schengen es cuestionar el propio modelo de construcción europea y primar los intereses nacionales que no son otros que los intereses particulares movidos en muchos casos por una mezcla de egoísmo y falta de memoria aderezado con un generoso chorro de nacionalismo populista. Y esto parece que no ha hecho sino comenzar: de hecho ya se han propuesto —y se adivinan— medidas nacionales para limitar la propia movilidad-libertad de circulación y de restricción de derechos de los propios ciudadanos de la UE.

Todo ello precisamente en este momento en que se requieren las más altas dosis de responsabilidad para asumir el papel tanto como UE como por los propios estados miembros de garantes de los principios democráticos y de respeto al Estado de Derecho; no es aceptable ni creíble que los muros de la construcción europea se tambaleen por la catástrofe migratoria que vivimos. Que los 28 países no asuman su responsabilidad ni siquiera para acoger la pírrica cifra de 160.000 personas propuestas por la Comisión Europea dice mucho de la fragilidad del modelo.

Y se trata de responsabilidad, conviene no olvidarlo. La solidaridad se da voluntaria y unilateralmente. Sin embargo todos los países de la UE han ratificado la Convención de Ginebra de 1951 y además todos están obligados también por la Directiva 2013/32 sobre procedimientos comunes para la concesión de la protección internacional en la UE la cual se basa lógicamente en la anterior. Por lo tanto son exigencias internacionales derivadas de instrumentos jurídicos internacionales y, en consecuencia, obligatorias.

El propio engranaje institucional de la UE en el pecado lleva su propia penitencia, esto es, la demora injustificada en avanzar y consolidar un modelo único y común homologado y armonizado para los todos países de la UE —derivado de lo anterior— ha generado un periplo sinfín de personas buscando —lógica y humanamente— las mejores condiciones objetivas para solicitar asilo en países con sistemas más consolidados y tuitivos.

Asimismo, existen disfunciones en la aplicación de las previsiones vigentes al respecto en la UE, especialmente las derivadas de la aplicación del denominado 'sistema de Dublín', que obliga a que las solicitudes de asilo sean competencia exclusiva del primer país miembro de la UE donde inicialmente contacta o llega el solicitante: esa prevención prevista para situaciones 'normalizadas' de llegada de solicitantes de asilo fracasa rotundamente en un contexto como el actual.

Ahora resulta imprescindible responder a nuestros socios sobresaturados por los nuevos y masivos flujos respetando —y hacienda respetar— un sistema equitativo de reparto de dichas personas, valorando ante todo el factor humano, esto es, sin olvidar nunca que los solicitantes son personas, seres humanos que huyen de terribles situaciones vitales en sus países de origen.

Por otro lado, no parece aceptable que países que reciben prestaciones de la UE en forma de ayudas, compensaciones o subvenciones económicas (fondos financieros, de cohesión, de compensación, estructurales, etc) no asuman su responsabilidad y se pongan de perfil e incluso muestren su hostilidad a las casi simbólicas medidas de reubicación, esto es, facilitar el desplazamiento a su territorio de solicitantes que hayan llegado por otro país Dublín.

La encrucijada es manifiesta pues el cuestionamiento del modelo afecta a la propia construcción europea y sus balances y equilibrios, pero también a sus propios valores y a su propio ADN: al propio modelo social europeo y a su configuración como sociedades avanzadas donde prima el Estado de Derecho ('Rule of Law') y donde las garantías democráticas se fundamentan también en la solidaridad entre sus miembros hacia dentro y en la responsabilidad hacia fuera para con todos aquellos que se ven obligados a abandonar sus países en busca de la protección de los derechos que les son negados, empezando por el propio derecho a la vida y la integridad física y moral.

La respuesta no está en el viento. La respuesta —y la solución— está en Europa porque sólo sus instituciones, sus estados, sus sociedades, sus ciudadanos y ciudadanas pueden demostrar que han sabido estar a la altura de la exigencia histórica del momento que vivimos: en otros momentos éramos los europeos los que huíamos y nos desplazábamos por Europa y otros continentes en busca de asilo y protección. No les fallemos. No nos fallemos.

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Hablemos de profesorado https://blogs.publico.es/uno-mayo/2015/11/11/hablemos-de-profesorado/ https://blogs.publico.es/uno-mayo/2015/11/11/hablemos-de-profesorado/#respond Wed, 11 Nov 2015 10:26:31 +0000 http://blogs.publico.es/uno-mayo/?p=676 Continuar leyendo "Hablemos de profesorado"]]> Francisco García, secretario de la Federación de Enseñanza de CCOO.

 

Poco después de llegar al ministerio, el Sr. Méndez de Vigo ha descubierto al profesorado. Tras el hallazgo, en lugar de convocar a sus legítimos representantes para abordar la negociación de la ingente cantidad de temas pendientes (unos como el Estatuto Docente desde hace años, otros más recientes fruto de las duras políticas de recorte llevadas a cabo en la última etapa), ha decidido poner a trabajar a un experto en la elaboración de un Libro Blanco que será presentado a finales de noviembre. Como quiera que entre el encargo y la presentación del resultado va a pasar poco más de un mes, cabría preguntarse si la solución al debate sobre la compleja cuestión docente estaba tan a mano y sin embargo había pasado tan desapercibida. Disculpen la ironía, pero llevamos muchos días contestando a preguntas sobre si las retribuciones del profesorado deben estar vinculadas a los resultados académicos de sus alumnos, sobre la evaluación del profesorado, sobre si sus clases deben ser grabadas... y así hasta el absurdo.

El ministro se ha mostrado partidario de vincular las retribuciones de los docentes a los resultados de sus alumnos en las pruebas externas estandarizadas. Por cierto, acaba importando más lo que el ministro dice que ha dicho el experto, que lo que éste haya podido decir en realidad, lo que alerta sobre los riegos que corren los expertos "ad hoc", especialmente en periodos preelectorales que se prestan más a la utilización partidaria que al debate sosegado. CCOO rechaza rotundamente la pretensión del Sr Méndez de Vigo porque es injusta y arbitraria, porque los resultados del alumnado en ese tipo de pruebas (que hemos rechazado reiteradamente desde CCOO ya que sirven sobre todo para establecer simplificaciones de "ranking", ahora también de profesores) dependen fundamentalmente de las circunstancias sociales y culturales de los alumnos... Y porque la evidencia empírica pone de manifiesto que los estados que han aplicado políticas de pago por resultados y las han evaluado no han conseguido sus objetivos. La mayor parte de los estados abandonan esta estrategia a los pocos años por ser cara, ineficiente y hasta contraproducente porque acaba aumentando el número de pruebas hasta el absurdo.

Resulta llamativo que la labor individual del profesorado sea convertida por el ministro en el elemento clave para el éxito educativo después de que su gobierno, mediante la LOMCE, haya expulsado al profesorado de la toma de decisiones educativas, haya relegado el papel de los claustros, dejado a los Consejos Escolares sin atribuciones y reservado al Gobierno la definición de los contenidos, los estándares de aprendizaje y las pruebas de evaluación.

Resulta llamativo que se piense en abrir un debate sobre el profesorado, cuando no contra el profesorado, después de que los recortes se hayan llevado por delante a 32.000 profesores/as y la tarea que realizaban en el sistema educativo, cuando hemos de ejercer la docencia en aulas masificadas, más aún tras el RD 14/2012, cuando no se cubren las sustituciones hasta pasadas dos semanas al menos, cuando la pérdida de poder adquisitivo supera el 20%, cuando se ha incrementado la temporalidad en el empleo docente y la precariedad hasta niveles desconocidos...

Resulta llamativo que, en este escenario, se hable sólo de la evaluación del profesorado, y no de la imprescindible evaluación del sistema educativo. Una evaluación de los medios y recursos que se ponen a disposición del sistema educativo y de lo que la sociedad obtiene a cambio. Y es en ese contexto en el que cabe hablar de todos los elementos y agentes que intervienen en el proceso.

Parece como si en la perspectiva de las elecciones políticas, el gobierno quisiera cambiar los términos del debate y pasar de largo por los 4 años negros que hemos vivido en la educación. La inversión educativa ha bajado desde el 5,09% del PIB hasta el 4,1%, dejando por el camino 10.000 millones de euros cada año, las políticas socioeducativas (becas y ayudas) se han debilitado hasta casi su desaparición, faltan miles de plazas de Formación Profesional de Grado Medio y de Grado Superior, miles de alumnos han perdido las medidas de apoyo que necesitan con lo que el sistema educativo puede acabar perdiéndoles a ellos...

Así pues, hablemos de educación. Y hablemos de profesorado. Pero en serio por favor. Después de lo que ha llovido no nos utilicen para hacer electoralismo barato.

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https://blogs.publico.es/uno-mayo/2015/11/11/hablemos-de-profesorado/feed/ 0
Un Congreso contra la pobreza y la desigualdad https://blogs.publico.es/uno-mayo/2015/10/20/un-congreso-contra-la-pobreza-y-la-desigualdad/ https://blogs.publico.es/uno-mayo/2015/10/20/un-congreso-contra-la-pobreza-y-la-desigualdad/#respond Tue, 20 Oct 2015 10:04:18 +0000 http://blogs.publico.es/uno-mayo/?p=671 Continuar leyendo "Un Congreso contra la pobreza y la desigualdad"]]> Javier Doz. Presidente de la Fundación 1º de Mayo

 

Que la desigualdad ha llegado en nuestro país, y en muchos otros países europeos, a niveles insoportables es algo que reconocen hasta algunos de los políticos o ideólogos que han ayudado a que esto sucediera. El fenómeno afecta -con distintos grados, ritmos de crecimiento y puntos de partida- a gran número de países desarrollados, emergentes o en vías de desarrollo (PVD, eufemismo para designar a los más pobres). No a todos, hay que subrayar. Tampoco es refutable, de acuerdo con los estudios sobre el tema, que este incremento de la desigualdad arranca en los años ochenta, a caballo entre el segundo gran proceso de globalización del capitalismo y la economía política hegemónica que lo ha gestionado: el neoliberalismo.

En muchos casos, como en la mayoría de las naciones desarrolladas, el fenómeno del incremento de la desigualdad ha venido acompañado de un aumento de la pobreza. De la pobreza relativa (percibir rentas inferiores al 60% del valor promedio del país) y de la absoluta, en la que no son cubiertas todas las necesidades vitales de las personas. Esta tendencia se ha agudizado a partir de la crisis. Las políticas de austeridad y devaluación interna, impulsadas por el gobierno alemán y aceptadas acríticamente por los demás gobiernos europeos –excepto por el griego de Siryza- y por las instituciones de la UE, han hecho que este aumento haya sido especialmente severo en nuestro continente, en particular en los países sometidos a planes de rescate.

En bastantes países desarrollados, especialmente en los EE UU, el incremento de la desigualdad ha sido una de las causas de la crisis. Las élites económicas y las familias de mayores ingresos se habían venido apropiando de cantidades cada vez mayores de renta, que no podían consumir por lo que las dedicaban a la especulación en los mercados financieros e inmobiliario, apalancándose también para no poner en riesgo la parte mayor de su riqueza. Mientras, los trabajadores y las clases medias, empobrecidos en términos relativos y en ocasiones absolutos, también se endeudaron para mantener su nivel de consumo. Mediante este perverso mecanismo de especulación y endeudamiento, la desigualdad promovida por las élites económicas y políticas se convirtió en un factor muy poderoso de génesis de la crisis.

Pero no en todos los países se ha producido el mismo fenómeno. En América Latina, mientras se siguieron las directrices del FMI, en los 80 y 90, la mayoría de sus Estados conoció un fuerte aumento de la desigualdad –es la región con mayores índices de desigualdad del mundo- y de la pobreza, además de una prolongación de los efectos de sus crisis financieras. En cambio, ya en el Siglo XXI, las políticas desarrolladas por gobiernos de izquierda y centro izquierda han logrado, en la gran mayoría de los casos, combinar un importante crecimiento económico con una disminución grande de la pobreza y una reducción significativa de la desigualdad.

No siempre los aumentos de la desigualdad y de la pobreza, sobre todo de la pobreza severa van unidos. El caso más descollante es el de China. Gracias a las impresionantes tasas de crecimiento económico que vive desde 1978, ha logrado sacar de la pobreza absoluta, desde esta fecha, a más de 400 millones de personas (125 millones aún permanecen en ella); sin embargo, sus indicadores de desigualdad están ya en el rango de los de América Latina.

La situación de Europa, y la de España en particular, son intolerables, habida cuenta de sus niveles de riqueza, a pesar de la crisis, y de los principios que se suponen informan sus tratados, constituciones y leyes fundamentales. Según los datos que Eurostat acaba de publicar la víspera del 17 de octubre (Jornada Mundial de lucha contra la pobreza), una cuarta parte de la población europea –un 24,4%- está en riesgo de pobreza o exclusión social. En el grupo de cabeza de este indicador están los países "rescatados" de la zona euro, en donde se manifiesta un fuerte aumento en el período 2008-2014: Grecia, 36% (+7,9 puntos porcentuales); Irlanda, 29,5% (+5,8); España, 29,2% (+5,7); Portugal, 27,5% (+1.5); y Chipre, 27,4% (+4,1). A ellos hay que añadir Italia, con una tasa del 28,1% y un aumento de 2,8 puntos porcentuales. Las mayores tasas de riesgo de pobreza o exclusión social de toda la UE las ostentan todavía dos países del este que no pertenecen a la zona euro, pero es significativo que partiendo de niveles muy altos sus tasas hayan disminuido en los siete años de crisis. Rumanía la tiene del 40,2% (-4,0 puntos) y la de Bulgaria es del 40,1% (-4,7).

El insoportable crecimiento de la desigualdad en España

La crisis y las durísimas políticas de austeridad que han practicado los gobiernos del PSOE y el PP desde 2010, basadas en la devaluación salarial y el recorte de los gastos sociales (éste último aspecto de modo mucho más profundo bajo el gobierno de Rajoy), han colocado a España en los puestos de cabeza de la desigualdad social en Europa, con una velocidad de crecimiento desconocida en la historia de las estadísticas.

Si utilizamos como indicador el Coeficiente de Gini[1], un indicador muy sensible cuyas pequeñas variaciones indican cambios significativos en los niveles de desigualdad social nos encontramos con una subida desde 31,9 (2007) hasta 34,7 (2014). Esta subida de la tasa en un 8,7% es, con mucha diferencia, la más importante conocida por cualquier país europeo, no sólo en los años de la crisis sino en la historia de esta estadística en un período de tiempo tan limitado. Ha convertido a España en el 2º país más desigual de la UE, empatada con Rumania, pero con una diferencia: en esos siete años, en Rumania la desigualdad bajó desde un coeficiente de 37,8, es decir un 8,2%. El único país que supera a España es Bulgaria con un coeficiente de Gini de 35,4 (2014) que permaneció estable desde 2007. Incluso el país que más ha sufrido las políticas de austeridad y que ha visto incrementar más sus niveles de pobreza, Grecia, no ha visto aumentar apreciablemente sus altos niveles de desigualdad desde el comienzo de la crisis: ha pasado de 34,3 (2007) a 34,5 (2014). Para terminar de hacerse una idea del comportamiento de la desigualdad en Europa, a través del indicador de Gini, conviene decir que el valor medio para toda la UE ha pasado de 30,6 (2007) a 31,0 (2014) y que la zona euro mantiene cifras muy parecidas. Los países más igualitarios son, en 2014: Eslovenia (25,0), República Checa (25,1), Suecia (25,4) y Bélgica (25,9). Y en la Europa no comunitaria: Noruega (22,7) e Islandia (24,0).

El otro gran indicador de la desigualdad, el cociente 20/20, presenta una evolución paralela que nos convierte en campeones europeos del crecimiento de la desigualdad. En España, en 2007, el 20% de la población con mayores ingresos ganaba por término medio 5,5 veces más que el 20% de la población de menor renta. En 2014, eran 6,8 veces más. El cociente había aumentado, nada menos que en un 24%. En este indicador sólo nos superaba, en 2014, Rumania con un valor del cociente de 7,2, pero descendiendo desde 7,8; y estamos empatados con Bulgaria que también vio disminuir el cociente desde su valor de 7 en 2007. Al igual que con el coeficiente de Gini, Grecia, país con unos niveles de desigualdad muy altos a lo largo de toda su historia reciente, ya estaba ligeramente por debajo de España en 2014: su cociente 20/20 era 6,5 y había subido desde 6,0, en 2007. En la media de la UE, los valores han pasado de 5,0 (2007) a 5,2 (2014).

Para terminar, unas cifras sobre la contribución de las desigualdades salariales al aumento de la desigualdad en España. Según los datos del estudio que CCOO hizo público el pasado 13 de octubre sobre la evolución de los salarios y otras retribuciones en las empresas del IBEX35, en 2014. Los primeros ejecutivos de cada empresa se hicieron aumentar sus retribuciones totales en un 80%; los consejeros en un 30%; el conjunto de los directivos vieron aumentar sus ingresos salariales en un 14,3%; y los accionistas sus dividendos en un 72,4%. Por el contrario, los trabajadores vieron disminuir sus salarios en un 1,5%. De este modo ha sido posible que el pasado año la media de las retribuciones de los ejecutivos de las empresas del IBEX fuera 90 veces superior al salario medio de sus trabajadores; y el de los presidentes y consejeros delegados, 158 veces. ¡Hay quien pueda realizar una ofrenda más brutal en el altar de la desigualdad!

La lucha contra la pobreza y la desigualdad debe ser una prioridad política

Esta situación que yo me atrevería a calificar de emergencia no es el fruto de la crisis sumada al ciego comportamiento de las fuerzas del mercado. Tampoco puede atribuirse a las insuficiencias del trabajo de los sindicatos que, sin duda, las tenemos y han podido influir. Principalmente, es el resultado de políticas establecidas en connivencia por las élites económicas y políticas españolas y europeas de cara a asegurarse una salida de la crisis que mantuviera y reforzara sus posiciones de privilegio en el reparto de la renta y sus posiciones de poder. Para lograrlo no han dudado en propiciar la ruptura del contrato social implícito que, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, ha regido por lo general las relaciones laborales y sociales europeas, la construcción de sus Estados de bienestar y el modelo social europeo (con los conocidos desfases temporales de las historias nacionales).

Las políticas de austeridad, reformas/recortes estructurales y devaluación interna han sido conscientemente diseñadas para promover una más desigual distribución de la riqueza, tanto en el nivel primario como en el secundario. En el nivel primario: debilitando o anulando la negociación colectiva, reduciendo el diálogo social a un mero trámite formal o anulándolo, reformando regresivamente por ley aspectos como el despido o la contratación, para producir, mediante todo ello, una devaluación de los costes salariales. Simultáneamente, en el nivel secundario de distribución de la riqueza, se ha actuado en todos los frentes y con idéntico objetivo: recortando los gastos sociales en aspectos esenciales del salario diferido (pensiones; prestaciones por desempleo; ayudas sociales; gratuidad, universalidad y calidad de servicios públicos esenciales como la educación y la sanidad, etc.); y mediante reformas y políticas fiscales regresivas en los ámbitos nacionales al tiempo que se ha seguido consintiendo el dumping fiscal en la UE y no se ha abordado con decisión la lucha contra el fraude fiscal ni la erradicación de los paraísos fiscales.

Con un elevado grado de irresponsabilidad, las élites económicas y políticas se han aprovechado de la debilidad que los trabajadores y sus sindicatos acaban teniendo si se prolongan las situaciones de paro masivo, y del hecho de que las movilizaciones contra la austeridad y sus secuelas –que ha habido muchas y fuertes, nada menos que 40 huelgas generales desde 2010 (27 en Grecia), amén de muchas otras movilizaciones nacionales y regionales- se han desarrollado básicamente en los ámbitos nacionales, mientras que los centros de decisión políticos eran de carácter europeo.

2º Congreso Trabajo, Economía y Sociedad

Para analizar los rasgos fundamentales de esta situación insostenible, en términos políticos y éticos, examinar las alternativas que contribuyan a cambiarla y ayudar a colocar la lucha por la igualdad en el centro del debate político de nuestro país, la Fundación 1º de Mayo de CC OO -en colaboración con la Fundación Ateneo Sindical 1º de Mayo, la Fundación Friedrich Ebert y el Instituto Sindical Europeo (ISE/ETUI)- ha convocado, entre los días 21 y 23 de octubre el II Congreso Trabajo, Economía y Sociedad[2]. Su lema es "Crisis y desigualdad: alternativas sindicales". La conferencia inaugural[3] la pronunciará, en la tarde del día 21, James K. Galbraith, profesor de la Universidad de Texas en donde dirige el Proyecto Desigualdad. Está considerado como una o de las mayores autoridades mundiales en el tema. En el Congreso participarán, en sus sesiones plenarias y en sus talleres de trabajo, académicos y expertos de alto nivel de distintas áreas de conocimiento, sindicalistas y representantes de organizaciones sociales y de los principales partidos políticos.

La igualdad en la distribución de la riqueza tiene que convertirse ya en objetivo principal de las políticas económicas y sociales. Para plasmarlo en la realidad hay que actuar en todos los ámbitos, primarios y secundarios, de la distribución de la riqueza. También, hay que establecer una nueva relación entre el poder político y el económico que rompa la subordinación del primero hacia el segundo.

 

[1] Los datos sobre coeficientes de Gini, así como sobre los cocientes 20/20, están tomados de la última actualización de las estadísticas sobre la desigualdad en Europa de Eurostat, realizada el 16 de octubre de 2015

[2] A la página web del II Congreso TES se accede en: http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NPortada?CodPortada=1278

 

[3] Como las demás sesiones plenarias del Congreso, se celebrará en el Auditorio Marcelino Camacho, en la calle Lope de Vega 40, de Madrid.

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Europa en la pendiente https://blogs.publico.es/uno-mayo/2015/09/30/europa-en-la-pendiente/ https://blogs.publico.es/uno-mayo/2015/09/30/europa-en-la-pendiente/#respond Wed, 30 Sep 2015 13:16:06 +0000 http://blogs.publico.es/uno-mayo/?p=661 Continuar leyendo "Europa en la pendiente"]]> Javier Doz, Presidente de la Fundación 1º de Mayo [CC OO]

 

El verano europeo que acabamos de terminar ha sido tan caluroso en lo atmosférico como en la temperatura política sintomática de la enfermedad que padece la Unión Europea. La enfermedad se llama crisis política, y es debida a la pérdida de valores compartidos, de valores sin los cuales no se puede construir, ni siquiera hacer pervivir, ningún proyecto político, menos aún uno tan complejo e importante como es el de la Unión Europea. Los valores perdidos, o a punto de perderse en esta pendiente por la que se desliza la UE desde los primeros años del Siglo XXI, y a velocidad de vértigo desde 2010, se llaman solidaridad, igualdad, justicia social e, incluso, aquellos que obligan a colocar a la democracia y el respeto a los derechos humanos en el centro del discurso y la práctica política.

Estos valores se están perdiendo principalmente por la progresiva hegemonía de la ideología neoliberal en materia de economía política, que ha roto con los diques de contención que el contrato social de la posguerra europea había establecido a través de la llamada Europa Social, hoy una entelequia, y por el auge de los nacionalismos en sus diversas variantes. La confluencia de la ruptura de la cohesión social con la de la cohesión territorial, o política, entre los Estados de la UE, o en el interior de los mismos, supone un peligro mortal para la propia pervivencia del proyecto europeo.

Me temo que ya no vale el tópico de que Europa progresa a través de las crisis. Ha sido más o menos cierto en el pasado pero la crisis política que hoy vive la UE no se resuelve con pequeños arreglos parciales para ir tirando. Lo mismo que en España ya no vale el bagaje que la transición y la Constitución nos dejaron, por mucho que haya que reconocer los positivos servicios prestados, para mantener la cohesión territorial de España y la confianza de la mayoría de la ciudadanía en sus instituciones políticas.

Dos son los acontecimientos principales de este verano, en donde se han manifestado las conductas que, de no revertirse, hacen inviable el proyecto europeo. En julio, el nuevo episodio agudo de la crisis griega condujo a un acuerdo entre el cuarteto (la troika más el MEDE) y el Gobierno griego de Syriza para un tercer rescate por valor de 86.000 millones de euros. A partir de agosto, la crisis de los refugiados, que ya ha costado la vida a más de 2.600 personas en lo que va de año, adquiere una dimensión desconocida al penetrar por las fronteras de diversos países de la UE decenas de miles de personas que inician su camino europeo, ahora en mayor medida, a través de Grecia.

Nuevo acto del drama griego

Algunos dirán que el acuerdo sobre Grecia de julio es una muestra de que la UE resuelve, mal que bien, los problemas graves aunque sea a través de parches y cuando la campana ya ha sonado. No analizaré detalladamente aquí los términos del rescate. En mi opinión, sólo si se procede a una reestructuración de la deuda -cosa que sí quiere el FMI, que en otros aspectos tuvo una posición muy negativa en las negociaciones, pero no Alemania, el poder político dominante en la UE- y recibe, al mismo tiempo, una fuerte inyección de inversiones del débil Plan Juncker el tercer rescate podría funcionar.

Pero lo que realmente podría apartar definitivamente de cualquier tipo de apoyo al proyecto europeo -al menos a quienes se resisten a creer que las políticas de austeridad y la economía política neoliberal que las sustenta son la única forma de gobernar la economía europea a pesar de su fracaso económico y la desigualdad e injusticia social que han producido-, es haber presenciado durante seis meses la sistemática operación de acoso y derribo del único gobierno que se ha enfrentado en serio a esas políticas. Porque ese ha sido el núcleo de la actuación política de los interlocutores del Gobierno de Syriza en las innecesariamente prolongadas negociaciones sobre el tercer rescate de Grecia. En más de una ocasión, cuando el acuerdo estaba a punto de cerrarse, tras alguna reunión de la cumbre del Consejo, fue torpedeado. A veces por el FMI que exigía "más reformas" pero se oponía a una de las más necesarias. Tal es el caso de la reforma fiscal del gobierno de Tsipras que pretendía que las empresas y las rentas de capital pagaran lo que era justo. Otras veces era Schäuble, que no tuvo recato en afirmar públicamente que no creía en un nuevo rescate y que lo mejor era el Grexit. Son abundantes los testimonios, más allá de lo contado por Varufakis, que acreditan cual era el objetivo político perseguido: impedir todo aquello que pudiera considerarse como una victoria, siquiera fuese parcial, del Gobierno de Syriza y evitar, por cualquier medio, que se contagiara el cuestionamiento de las políticas de austeridad y devaluación interna y que esto influyera en un cambio en el mapa político europeo.

A esta operación se apuntaron gobiernos como el de Rajoy, con todo su aparato mediático empeñado en echar el "fracaso" de Syriza en la cabeza de Podemos, o el portugués de Passos Coelho, sacrificando los intereses nacionales. Tampoco los gobiernos socialdemócratas, más allá de introducir algunos matices, han sido capaces de plantear una política distinta, situación en la que llevan desde hace cinco años y que ya conocimos en España durante los dos últimos años de gobierno de Zapatero. Todos han acabado plegándose a los dictados del gobierno de Angela Merkel, que ha contado con el presidente del Eurogrupo, el socialdemócrata holandés Jeroen Dijsselbloem como uno de sus más fieles ejecutores.

Pero ha sido sin duda el BCE quien ha colocado al Gobierno de Syriza en la tesitura de aceptar los términos finales del Memorandum del tercer rescate, a pesar de su desacuerdo con una parte de sus condiciones. La alternativa era salir del euro. Y no porque esté establecido el procedimiento para ello. Aquí se actuó de facto, al margen de cualquier procedimiento o garantía jurídicamente establecidos, a través de un proceso bastante simple: el modo de negociación y la sistemática campaña contra el gobierno griego producen una masiva fuga de capitales (en una Europa que acoge, sin corrección real, los paraísos fiscales más potentes del mundo); el BCE restringe la liquidez en euros y obliga al gobierno griego a establecer un "corralito". Como esta situación es insostenible en un plazo corto, o bien se aceptaban las condiciones de los acreedores –las instituciones de la UE no han actuado como una unidad política con un proyecto común, sino como un club de acreedores- y Grecia permanecía en la eurozona, o tenía que establecer una moneda propia. Esta ha sido la fórmula práctica –"la pistola de Dragui"- de soslayar la falta de normas y procedimientos democráticos para abordar una situación semejante. Como razonablemente, y de acuerdo con el sentir muy mayoritario del pueblo griego, la mayoría de su gobierno griego y de Syriza no querían salir del euro, acabaron aceptando condiciones, algunas de las cuales habían rechazado en el referéndum que convocó Alexis Tsipras.

A continuación, los mismos portavoces políticos y medios de comunicación, que habían falseado u ocultado las posiciones de cada parte en las negociaciones, se han apresurado a pintar la aceptación de los términos del acuerdo final como una derrota absoluta, sin matices. Pero el objetivo final, que daría a las fuerzas políticas europeas que han participado en esta operación de acoso y derribo del gobierno de Syriza la victoria completa, no lo han logrado. Con lo poco conseguido y contando a los griegos la verdad, Tsipras y Syriza han vuelto a vencer en las elecciones del pasado 20 de septiembre, en unas condiciones especialmente difíciles, ruptura del partido incluida.

Buena parte de las condiciones del memorándum del rescate están por supuesto muy alejadas de las pretensiones que tenía el gobierno griego y buena parte de ellas están en el marco de la economía política conservadora hegemónica en Europa, pero hay más reformas que recortes y no todas son las del recetario de la austeridad. Inversiones y reestructuración de la deuda aparecen en el texto del acuerdo pero sin referencia ni al cuanto ni al cómo. Por ello tampoco se puede decir que estén garantizadas por el mismo, máxime con los antecedentes de incumplimiento habidos.

La consecuencia de lo sucedido es clara: no se puede mantener la cohesión que garantice la pervivencia de la UE con unas políticas que fomentan la divergencia entre los Estados de la Unión en término de riqueza y de poder político y mediante unos procedimientos escasamente democráticos, y sin unas reglas claras de funcionamiento en todo caso.

Crisis de los refugiados

Acoger a los refugiados que huyen de situaciones de guerra, persecución o catástrofe, y brindarles la debida asistencia, no es sólo una obligación moral inscrita en los valores y principios que inspiran la UE según sus tratados. Es, además, un imperativo legal que se deduce de varias normas fundamentales que obligan a la UE y a los gobiernos de sus Estados miembros. No se trata sólo de cumplir con los principios establecidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU, 1948) sino con los preceptos incluidos en la Convención sobre el Estatuto del Refugiado (ONU, 1951), en la Convención Europea de Derechos Humanos (Consejo de Europa, 1950) y en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (UE, 2000), por citar sólo algunas de las principales normas que obligan a las instituciones de la UE y a sus gobiernos nacionales.

Sin embargo, en lugar de organizar la acogida y procurar los medios materiales para hacerlo en las mejores condiciones posibles, hemos asistido en los últimos dos meses a algunos de los espectáculos más bochornosos que nos ha deparado la vida política europea en muchos años.

Por una parte, a un regateo vergonzoso sobre el número de refugiados que debía acoger cada país. Cuando cuatro países fronterizos con Siria, mucho más pobres que la media de la UE, albergan a 4,1 millones de refugiados sirios; cuando los que están en el Líbano representan hasta el 28% de su población; cuando ACNUR sólo ha logrado reunir el 37% de la financiación necesaria para alimentar a quienes sobreviven en sus hacinados campos porque los países desarrollados, incluidos los europeos, no aportan los fondos imprescindibles para ello; cuando en lo que va de año han muerto 2.600 personas intentando llegar a Europa; al tiempo que sucede todo esto, al conjunto de los Estados miembros de la UE le resulta extraordinariamente difícil distribuir a 120.000 refugiados -¡el 0.023% de la población europea!- entre todos ellos. Aún si la cifra real de los que acabaran entrando fueses siete veces mayor, como se calcula, los 720.000 resultantes sólo serían el 0,14% de la población europea.

Por otro lado, resulta intolerable que un Estado miembro, Hungría, en lugar de cumplir su obligación de asilo construya altas vayas con cuchillas en sus fronteras para que no se acerquen los refugiados y dicte leyes que los llevarían a la cárcel si entran "sin permiso". Pero los responsables políticos europeos no han hecho nada al respecto y el partido del aprendiz de dictador húngaro, Viktor Orban, el FIDESZ, que es miembro del Partido Popular Europeo, puede permitirse el lujo de reunirse con la CSU bávara para hacer campaña conjunta contra los "excesos de generosidad" de la Canciller Merkel ; y ser un factor de presión para la contraofensiva que se está produciendo en Alemania contra la política de cumplir las obligaciones que impone el derecho de asilo de los refugiados.

Una pérdida de los valores y principios democráticos y sociales tan acusada y una primacía tan fuerte de los intereses nacionales, interpretados por políticos conservadores muy reñidos con los conceptos de solidaridad y cohesión, como la que se ha dado en el modo de abordar las dos crisis comentadas en este artículo son nuevas muestras de la pendiente por la que desciende la UE, que de no cambiar el rumbo, podría suponer incluso su fin como proyecto político supranacional democrático de los europeos

El Plan Juncker, el Manifiesto de los cinco presidentes y la inauguración del Congreso de la CES

Se pretende hacer creer que el Plan Juncker y las propuestas contenidas en el llamado Manifiesto de los cinco presidentes suponen un cambio importante para abordar "de otra manera" la crisis económica y la crisis política que vive la UE. Lamento no poder ser tan optimista.

El Plan de inversiones que lleva el nombre del presidente de la Comisión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Europea tiene un monto insuficiente y unos objetivos que tendrían que ser más ambiciosos (salir de la crisis y cambiar el modelo de crecimiento de las economías europeas) y, sobre todo, partiendo de una muy escasa financiación pública europea, no resulta nada claro cómo va actuar de palanca para la movilización de otros recursos que se pretende sean privados en gran parte .

En cuanto al Manifiesto de los cinco presidentes es muy limitado en sus propósitos y en sus propuestas, y manifiesta un error de partida: no se asienta en ningún tipo de diagnóstico acerca del tipo de crisis política que vive la UE. Además de contener propuestas sumamente peligrosas como es el papel preponderante que se quiere dar al "Sistema de autoridades nacionales de competitividad" en el Semestre europeo o en las negociaciones salariales en los ámbitos nacionales, el documento se olvida completamente del pilar social de la construcción de la Unión Económica y Monetaria.

Ignacio Fernández Toxo, que presidió ayer en París la sesión inaugural del XIII Congreso de la CES en la Maison de la Mutualité, tras escuchar la intervención de Jean Claude Juncker, en la que el presidente de la Comisión subrayó la importancia de reforzar la dimensión social de la UE, le contestó con ironía invitándole a realizar una adenda al Manifiesto que había redactado.

Martin Schulz y François Hollande, al igual que Junker, levantaron la bandera del progreso social con palabras que traslucían tanto las habituales ganas de los políticos de agradar a los auditorios como la mala conciencia por las evidentes regresiones sociales que está padeciendo la UE y muchos de sus Estados en los últimos años.

Las palabras, sobre todo si son palabras muy gastadas por el uso, tienen una eficacia limitada. También las de los sindicalistas. La contribución del sindicalismo europeo a sacar de la pendiente a la UE y hacer variar su rumbo tendría que ser importante. A pesar de lo que ha llovido en los últimos años, el sindicalismo europeo sigue siendo europeísta, valga la redundancia, cada vez más europeísta de "otra Europa". Pero para poder ser una fuerza relevante en el cambio de rumbo de la UE, en el que el protagonismo corresponde a los actores políticos, el sindicalismo tiene que afrontar su propia renovación que incluya necesariamente además de la claridad de un proyecto el reforzamiento de sus capacidades organizativas y de acción supranacionales. Pero esto corresponde ya a otra reflexión

 

 

 

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Aumentar el salario mínimo para combatir la pobreza y la desigualdad laboral https://blogs.publico.es/uno-mayo/2015/07/06/aumentar-el-salario-minimo-para-combatir-la-pobreza-y-la-desigualdad-laboral/ https://blogs.publico.es/uno-mayo/2015/07/06/aumentar-el-salario-minimo-para-combatir-la-pobreza-y-la-desigualdad-laboral/#respond Mon, 06 Jul 2015 06:37:35 +0000 http://blogs.publico.es/uno-mayo/?p=645 Continuar leyendo "Aumentar el salario mínimo para combatir la pobreza y la desigualdad laboral"]]> Ramón Gorriz, secretario de Acción Sindical de la CS de CCOO
Manuel Lago, economista del Gabinete Confederal de CCOO

 

El ayuntamiento de la segunda ciudad más grande del país acaba de tomar una decisión de enorme transcendencia: subir un 70 % el salario mínimo que tienen que pagar todas las empresas en su ámbito municipal. Que nadie se ponga nervioso, no es la Barcelona de Ada Colau: se trata de la Ciudad de Los Ángeles en Estados Unidos y su alcalde es Eric Garcetti.

Hace unas semanas, el pleno del Ayuntamiento, con la única abstención de un concejal, decidió aumentar el salario mínimo actual de 9 a 15 dólares por hora. El mundo al revés. La liberal USA dando lecciones de cohesión social a la Europa del estado del bienestar. Los detalles que se conocen de la decisión son interesantísimos, tanto por el método como por el contenido y los objetivos.

En Los Ángeles, la pobreza alcanza a un 25 % de la población; en esa enorme bolsa de exclusión entran personas que tienen empleo pero cobran un salario tan bajo que se convierten en trabajadores y trabajadoras pobres. Por eso su alcalde dice que la subida del salario mínimo es el programa contra la pobreza más grande en la historia de su ciudad.

El acuerdo es el resultado de un largo debate social en el que participaron sindicatos y empresas, y que el poder local traslada a una estrategia equilibrada y de largo recorrido: el plazo para aplicarlo es de cinco años para que no tenga efectos negativos en las empresas. Pero, además, se establece que a partir de 2022 el salario mínimo crecerá lo mismo que la inflación, para evitar que el problema se reproduzca.

El método, el contenido y por último los objetivos explícitos del plan. Por un lado, combatir la pobreza laboral y la desigualdad, que no han dejado de crecer en los últimos años, utilizando la intervención pública como mecanismo para corregir la tendencia al desequilibrio propia del capitalismo. Por otro, siguiendo la lógica económica keynesiana, se pretende que, mejorando los salarios de las personas suba la demanda y, por lo tanto, se impulse el crecimiento económico.

En síntesis, detrás del acuerdo del pleno del ayuntamiento de la ciudad de Los Ángeles hay tres motivos de gran relevancia y de largo recorrido:

  1. Que el salario minino legal se puede y se debe utilizar como un instrumento privilegiado para combatir la pobreza laboral y la desigualdad social.
  2. Que el aumento de los salarios en general ––que obviamente son empujados al alza al subir el mínimo legal–– se convierte en el eje de una política expansiva que tiene como objetivo final impulsar el crecimiento de la economía y por lo tanto del empleo.
  3. Que el poder político, en este caso representado por el local, asume como obligación propia combatir la pobreza y la desigualdad actuando con los instrumentos legales de los que dispone y lo hace no con medidas paliativas de segunda ronda, las políticas sociales, sino en la propia distribución primaria de la riqueza.

Antes de empezar a desarrollar estos puntos es bueno detenerse en la constatación de algunas cuestiones. La primera es que también en EEUU existe un salario mínimo con una cuantía fijada por la ley, aunque con ámbitos competenciales compartidos, desde lo federal a lo estatal e incluso al ayuntamiento. El salario mínimo no es una reliquia del pasado, no es un resto de intervencionismo de economías no competitivas.

La segunda es que, en el acuerdo del ayuntamiento de Los Ángeles, la evolución de la cuantía del salario se vincula al IPC, esto es, la inflación sigue siendo la variable de referencia con el objetivo de mantener el poder adquisitivo.

Todo un ejemplo de buenas ideas de política económica de las que tendríamos mucho que aprender en Europa y, especialmente, en nuestro país. En España, el salario mínimo por hora es de 5 euros, está prácticamente congelado desde 2011 y el Gobierno lo ha utilizado como un mecanismo para devaluar los salarios en el conjunto de la economía. El resultado es un enorme aumento de personas que, a pesar de tener empleo, están por debajo del umbral de la pobreza, la desigualdad salarial, la caída de la demanda interna y una recesión de seis años.

Volviendo a los términos centrales, la conclusión de lo aprobado en Los Ángeles ahora, en otras ciudades EEUU antes y, lo que con gran probabilidad será una propuesta central en el programa electoral del Partido Demócrata en las elecciones de noviembre, es darle a los salarios el papel clave en el crecimiento de la economía y en el bienestar de los ciudadanos.

El modelo del capitalismo financiero, globalizado y desregularizado implica también una distribución desigual e injusta de la riqueza, de apropiación de renta por parte de los empresarios, de devaluación salarial. En las últimas décadas los salarios reales de la clase trabajadora no han crecido, lo que unido al importante incremento de la productividad, ha provocado una redistribución de la renta en contra de la mayoría salarial.

Una redistribución injusta en lo social e ineficiente en lo económico. Injusta, porque ha generado un grave problema de pobreza laboral para las personas con bajos salarios: en Los Ángeles pero también en España, una persona que cobra el salario mínimo, en especial si sufre un contrato parcial, no puede tener una vida independiente de forma digna en términos materiales.

Ineficiente, porque la concentración de la riqueza en pocas manos es negativa para el crecimiento económico porque debilita la demanda, tal y como acaba de reconocer el FMI en un informe reciente en el que le tocaba dar la de cal después de volver a insistir en otro documento casi simultaneo en los recortes laborales y la subida de la imposición indirecta.

La propuesta de CCOO para el nuevo período que abren el ciclo económico y el ciclo electoral es precisamente esta: recuperar las rentas salariales para mejorar la calidad de vida de las personas —para combatir la pobreza y la desigualdad— y para dar solidez y consistencia a la recuperación de la economía, lo que permitirá crecer más y mejor y generar empleo.

Una estrategia de aumento salarial, que tiene dos mecanismos diferentes pero complementarios. El primero es la negociación colectiva, que con el ANC 2015/2017 inicia una senda diferente con el objetivo de recuperación del poder adquisitivo perdido en los años de la Gran Recesión.

El segundo es la fijación del SMI para 2016 y los años sucesivos, que el sindicato va a colocar como la pieza central en su interlocución con el gobierno que surja después de las elecciones de otoño.

Vamos a defender la propuesta que ya hicimos en estos años atrás y es que para cumplir con la Carta Social Europea, el SMI debería incrementarse en España un 40 %: 900 euros mensuales frente a los 648 de la actualidad, un incremento que podría aplicarse de forma paulatina. Esto ayudaría, por un lado, a combatir la pobreza laboral y por otro, a utilizar los salarios como factor determinante en un crecimiento sólido e inclusivo del PIB, del que se beneficie toda la sociedad.

 

 

 

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La democracia mutilada https://blogs.publico.es/uno-mayo/2015/07/01/la-democracia-mutilada/ https://blogs.publico.es/uno-mayo/2015/07/01/la-democracia-mutilada/#respond Wed, 01 Jul 2015 11:41:26 +0000 http://blogs.publico.es/uno-mayo/?p=630 Continuar leyendo "La democracia mutilada"]]> Ramón Górriz, secretario confederal de Acción Sindical de CCOO

Francisco Gualda, director del Gabinete Jurídico de CCOO

 

Entre las novedades de la reforma del Código Penal introducida por la Ley Orgánica 1/2015, de 10 de marzo, que ha entrado en vigor el 1 de julio de 2015 –Disp. Final Octava- destaca una importante reforma en la regulación del delito por el que se vienen acusando y condenando a numerosos trabajadores y trabajadoras y representantes sindicales, con ocasión de los conflictos generados durante el desarrollo de una huelga.

La nueva regulación del art. 315.3 configura una pena de multa alternativa a la prisión, y rebaja la penalidad que venia operando hasta ahora, con lo que pondera de forma mucho mas adecuada la gravedad objetiva de una conducta en la que, a pesar de no existir daños a personas o bienes, se venían solicitando por la Fiscalía más de tres años de prisión en todos los casos en que se generaba un conflicto, incluso irrelevante, con los integrantes de un piquete.

Aún así, la norma sigue siendo un estímulo para la represión de la actividad sindical, al automatizar la aplicación de un delito de coacciones, al que el legislador no define, como hace en todos los casos, a partir del empleo de la violencia –art. 172–, sino por la mera incidencia en el desarrollo de la actividad productiva. Esta técnica legislativa, que la reforma no corrige, está motivando una calificación indiscriminada por parte del Minsterio Fiscal de toda una variedad de comportamientos, disputas o discrepancias en la actuación de los piquetes informativos.

Pero no deja de llamar la atención que una vez superada esta anomalía del Código Penal, se introduzca otra modalidad delictiva con enorme potencialidad en los conflicos laborales, como es el nuevo art. 557.ter, que permite al empresario utilizar el Código Penal cuando se produzca cualquier anomalía en el funcionamiento de la normalidad productiva, sin más condicionante que el derivado de ir contra la voluntad del titular del centro, sin ponderarse que se actúe de forma lícita, o en ejercicio de la actividad sindical.

Es así oportuno que la Fiscalía General del Estado, a la hora de fijar los criterios interpretativos de esta nueva norma, tome en consideración los elementos generales del delito de coacciones, y elimine la automatización de la consideración como delito de cualquier conflicto, incluso irrelevante, ante la presencia de los representantes de los trabajadores, o los piquetes informativos.

Así las cosas, a las dificultades propias de una acción reivindicativa o movilización laboral en una sociedad fuertemente intoxicada por el discurso político y mediático del pensamiento conservador, viene a sumarse ahora un verdadero manual de normas legales para criminalizar el conflicto social y poner a disposición del empresario y de la autoridad gubernativa el poder coercitivo de leyes de dudosa constitucionalidad para combatir el sindicalismo democrático.

En el ámbito de los conflictos sociales, el conjunto de medidas puestas a disposición de los poderes públicos por la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana tiene su complemento, de no menor relevancia, en la reforma del Código Penal.

Nos encontramos con todo un catálogo de modalidades delictivas, y circunstancias agravantes de la responsabilidad, para imponer la prevalencia de una concepción autoritaria del orden público frente a la expresión de la discrepancia política, potenciando la respuesta penal contra los organizadores, promotores, o participantes en reuniones y manifestaciones, sin exigir una gravedad objetiva de los comportamientos, seleccionado a los responsables sin una intervención directa en los hechos, y configurando agravantes cuando se desarrollan las actuaciones en el marco de los derechos de libertad de expresión, reunión y manifestación.

La ampliación del atentado a los supuestos de oponer resistencia a la autoridad –art. 550-, sin exigir que sea activa y se manifieste en un comportamiento agresivo, o la expansión del delito de desobediencia a la autoridad cuando se   incumplan órdenes de miembros de seguridad privada, al tiempo que se legitima la privatización de la seguridad pública mediante la subcontratación de esta actividad por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad –art. 556–.

La ampliación del delito de desordenes públicos que opera al margen de los comportamientos violentos, de modo que el centro del delito se convierte exclusivamente en la alteración de la "paz pública" sin exigir hechos objetivos de violencia –art. 557–, a la vez que se criminaliza la libertad de expresión cuando se entiende que sirve para "reforzar" la disposición de otros a llevarlos a cabo.

Todas estas prácticas se pueden castigar con hasta seis años de prisión, cuando se lleven a cabo en el curso del ejercicio del derecho de reunión o manifestación, que opera como una agravante –art. 557.bis.3º-, y es un elemento disuasorio de primera magnitud que garantiza el "buen orden" en la exposición de la discrepancia.

Con ello se introducen nuevas restricciones a una de las vías de participación democrática, al configurarse el Derecho Penal como un ámbito que delimita tales libertades fundamentales, y coloca la amenaza de la sanción penal, incluyendo penas privativas de libertad, ante la existencia de incidentes de muy variada intensidad, atribuyendo a los responsables, promotores, organizadores o portavoces una responsabilidad penal por los mismos.

 

La prisión como respuesta penal

Pero los elementos de regresión que se introducen en nuestra legislación de la mano de esta reforma no se acaban aquí. Uno de los aspectos más preocupantes de la reforma penal es la incorporación a nuestro sistema penal de la cadena perpetua, bajo la denominación de "prisión permanente revisable" –art. 33, 36 y 92 CP–.

La prisión permanente revisable implica una prisión de por vida, si bien se introduce la posibilidad de que el juez pueda acordar la "suspensión de la ejecución de la pena", cuando hayan transcurrido 25 años de condena, y el órgano judicial pueda emitir lo que llama un "un pronóstico favorable de reinserción social", para lo cual se toman en cuenta toda una serie de factores sin una ponderación concreta, y que carece de cualquier nota de previsibilidad y lo convierte en una modalidad del derecho de gracia, en este caso, bajo la potestad judicial.

Es claro que los delitos en los que se señala esta pena son odiosos, como lo son otros muchos, pero no por ello se pueden eliminar los elementos básicos con los que debe operar un Estado de Derecho, entre los que se encuentran ineludiblemente la humanidad de las penas, y la seguridad jurídica sobre su duración, ninguno de cuyos elementos respeta la nueva regulación.

Pero no olvidemos que uno de los ejes de la reforma es configurar la pena de prisión como el eje de la respuesta penal. La resocialización de la persona y la función preventiva de la pena son elementos olvidados en este modelo penal, que se instaura en las corrientes de pensamiento neoliberal donde el control social se realiza por la vía de la exclusión de capas de población entera, a través de su incorporación al sistema penitenciario.

Recoge así un modelo ineficaz, costoso, segregacionista, y que debería ser objeto de intensa revisión, a fin de dotar a un sistema penal de respuestas adecuadas para ser realmente un instrumento preventivo al servicio de la garantía de las libertades y los derechos , y no una mera vía de castigo y escarnio personal.

Estas consideraciones y reflexiones críticas nos llevan a exigir la derogación de estas reformas y a recuperar la prevalencia de la cultura constitucional en la aprobación de leyes que afectan al desarrollo de derechos esenciales en una sociedad abierta y democrática. Emplazamos a las fuerzas políticas a que se comprometan en su programa electoral a la derogación de estos cambios legislativos -con motivo de las próximas elecciones generales-, que destilan un nostálgico clasismo al mostrar una especial sensibilidad a las demandas de las élites económicas, mientras colocan en el punto de mira a trabajadores/as, sindicalistas y activistas sociales.

 

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La intolerable conducta del FMI y el Eurogrupo hacia Grecia https://blogs.publico.es/uno-mayo/2015/06/25/la-intolerable-conducta-del-fmi-y-el-eurogrupo-hacia-grecia/ https://blogs.publico.es/uno-mayo/2015/06/25/la-intolerable-conducta-del-fmi-y-el-eurogrupo-hacia-grecia/#respond Thu, 25 Jun 2015 22:03:04 +0000 http://blogs.publico.es/uno-mayo/?p=623 Continuar leyendo "La intolerable conducta del FMI y el Eurogrupo hacia Grecia"]]> Javier Doz
Presidente de la Fundación 1º de Mayo | 25 de Junio de 2015

 

Las revelaciones efectuadas por Financial Times (FT) en sus ediciones electrónicas de ayer, 24 de junio, sobre la contrapropuesta que el FMI y el Eurogrupo han hecho, en la senda de la vieja Troika, al nuevo plan griego presentado por Alexis Tsipras en la cumbre informal del Consejo del 22 de junio –y que supuestamente obtuvo el beneplácito de los allí reunidos-, son una muestra más del intolerable y antidemocrático acoso que los líderes políticos europeos y del FMI están sometiendo al gobierno democrático de un Estado miembro de la Unión Europea. Acoso que busca ante todo la derrota política, o el máximo desgaste político, del Gobierno de Syriza, y evitar que un buen acuerdo para el pueblo griego pudiera favorecer las expectativas electorales de los partidos emergentes de la izquierda europea. Se basa no en razones de racionalidad económica, sino en motivos estrictamente ideológicos y de cálculo de oportunidades y ventajas políticas.

Lo esencial de las revelaciones de FT es que, impulsados por el FMI y el ministro de finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, "los acreedores" (nombre colectivo por el que se quiere ahora describir a la vieja Troika cuando sus componentes actúan juntos) han rechazado la propuesta del Gobierno griego, y presentado una contrapropuesta con cambios sustanciales que sólo pretenden endurecer el ajuste y, sobre todo, hacer que caiga exclusivamente sobre las espaldas de trabajadores y pensionistas y no sobre las de los empresarios. Lo hacen con un descaro sin límites y actuando como si ellos fueran el gobierno democrático de Grecia, invadiendo sus competencias y entrando hasta en los pequeños detalles.

La nueva vuelta de tuerca del FMI y el Eurogrupo, según el texto de la contrapropuesta a la que ha tenido acceso FT, se centra sobre todo en la reforma de las pensiones en el doble sentido indicado: por una parte exige que el aumento de la edad de jubilación a los 67 años termine de aplicarse en 2022, en lugar de en 2036 como establecía la primera propuesta del Gobierno griego, y que la paga extra compensatoria para las pensiones más bajas se elimine en 2017. En sentido contrario, la Troika pretende "eliminar la mayoría de las contribuciones y tasas que estaban en el nuevo plan de Tsipras, incluyendo el aumento del 3,9% en las contribuciones de los empleadores al principal plan de pensiones". No se puede olvidar que los pensionistas y los trabajadores griegos ya han sufrido severos recortes, en sus pensiones vigentes y en sus derechos futuros, como consecuencia de los dos planes de rescate anteriores.

Para que termine de quedar bien claro quienes no deben pagar los costes de la deuda, el FMI y los ministros de economía y finanzas del Eurogrupo echan abajo la propuesta del Gobierno griego de incrementar los recursos del Estado mediante la subida del impuesto de sociedades: de modo general del 26% al 29% -sólo admiten hasta el 28%- y una aportación única en 2015 del 12% de los beneficios empresariales por encima de 500.000 euros. Esta última la rechazan del todo.

Todo esto para que Grecia pueda terminar de recibir los 7.200 millones de euros del último tramo del 2º rescate, cuando en lo que va de año Grecia ha devuelto ya a sus acreedores de la Troika 18.927 millones, y tendrá que devolver otros 18.668 millones en lo que reste de 2015[1]. Es decir, como todos los préstamos anteriores, la mayor parte del mismo se empleará en devolver otros préstamos a los mismos acreedores. La deuda pública griega total, a finales de 2014, alcanzaba un valor del 185% del PIB, tras la quita del 52% del nominal de su valor en manos de acreedores privados en 2012. Está engrandecida por la caída del PIB en un 25%, en buena parte motivada por las políticas de austeridad que todavía pretenden Schäulbe y el Eurogrupo mantener con un obstinación suicida.

Cualquier economista serio sabe que las deudas no pueden devolverse cuando se establecen políticas que hacen que los ingresos, dependientes de la demanda, caigan. Pues bien, el seguir imponiendo a Grecia más austeridad a pesar del fracaso -para toda Europa- económico con insostenibles secuelas de paro, pobreza y desigualdad, se ve acompañado de otras posiciones que terminan de desvelar las auténticas intenciones de unos líderes que están llevando a la UE al desastre: negativa a que en el acuerdo figure ninguna referencia a una futura e imprescindible reestructuración de la deuda, ni tampoco lo que podría corresponderle a Grecia del limitado Plan Juncker de inversiones (que debería haberse aprobado al terminar junio pero que no se sabe cuando lo será, como siempre ocurre con todo lo que pueda compensar los ajustes y la austeridad).

La responsabilidad del FMI y, en particular, de su presidenta, Christine Lagarde, en este último episodio de acoso de la Troika al Gobierno de Syriza es de primer orden. Y se produce cuando cada vez más estudios producidos por una parte de sus propios expertos van mostrando de manera inapelable que la austeridad que se pretende seguir manteniendo contra Grecia ha sido un fracaso.

Es posible que al final prevalezca la racionalidad y el interés por evitar las consecuencias financieras, económicas y políticas para toda la UE de una quiebra del Estado Griego. Es posible, por lo tanto, que termine alcanzándose un acuerdo, y que éste último episodio del acoso al gobierno griego sólo pretenda sumar activos en la mochila del desgaste político de Syriza y de sus aliados europeos. Pero lo que demuestra de forma indudable, por si no hubiera suficientes pruebas anteriores de ello, es que las razones principales de la conducta de las instituciones de la UE y del FMI en el caso griego son ideológicas y políticas, de la peor muestra del neoliberalismo económico contemporáneo, trufado con vicios tan peligrosos como el cortoplacismo, el sectarismo, el poco respeto por la transparencia y la democracia. En suma, quienes gobiernan Europa y las instituciones financieras internacionales carecen de proyecto válido para la mayoría de la gente.

[1] Financial Times

 

 

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AENC: empleo, salarios e igualdad https://blogs.publico.es/uno-mayo/2015/06/09/aenc-empleo-salarios-e-igualdad/ https://blogs.publico.es/uno-mayo/2015/06/09/aenc-empleo-salarios-e-igualdad/#respond Tue, 09 Jun 2015 07:46:08 +0000 http://blogs.publico.es/uno-mayo/?p=614 Continuar leyendo "AENC: empleo, salarios e igualdad"]]> Ramón Górriz | Secretario Confederal de Acción Sindical de CCOO

 

El 8 de Junio se ha firmado el III Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2015, 2016 y 2017, alcanzado entre las organizaciones empresariales y las Confederaciones Sindicales de CCOO y UGT.

El Acuerdo va a servir para dar mayor protagonismo a los convenios colectivos y con ellos al sindicato en el próximo periodo, que debe ser el de la consolidación del cambio de ciclo económico, en el que el empleo, los salarios y la igualdad, es decir las personas, ocupen un papel relevante en el proceso de cambio real que debe haber en España.

Es un instrumento orientado a extender la negociación colectiva para la mayoría de la población asalariada, y debe significar una recuperación del consumo, por tanto de la demanda, y un impulso de la actividad económica.

Con este Acuerdo se pone fin a la devaluación salarial y a la precarización del empleo, potenciando la estabilidad de la contratación y los instrumentos de flexibilidad interna negociada frente al uso abusivo de los despidos, como método recurrente del ajuste empresarial.

El Acuerdo es algo más que un pacto salarial, es una enmienda a las últimas reformas laborales, y a la legislación antisindical, aprobadas por los gobiernos desde el año 2010. Una apuesta por la negociación colectiva y por el ejercicio de la autonomía   de las partes, que las reformas laborales han intentado debilitar.

Para la Confederación sindical de CCOO, el empleo de calidad a través de la contratación indefinida, y el inicio de una senda de crecimiento y recuperación del poder adquisitivo de los salarios, son los objetivos sindicales del AENC, y en este sentido queremos que se conviertan en el eje vertebrador de la negociación de todos los convenios.

Mención importante a destacar es lo concerniente al papel del convenio sectorial, como herramienta para regular, desarrollar y adaptar al sector todos los elementos plausibles de negociación, junto a la potenciación de las Comisiones Paritarias y la utilización de los Sistemas de Mediación y Solución de Conflictos. También el capítulo dedicado a la ultraactividad, que recoge las pautas para su regulación convencional, incorporando las medidas pertinentes a fin de preservar la continuidad de los convenios.

Los contenidos salariales del Acuerdo establecen que, durante su vigencia, las rentas salariales deben recuperar el poder adquisitivo, y que este debe hacerse por la creación de empleo y el incremento salarial en términos reales.

La cláusula de garantía salarial establecida, que operará sobre 2015 y 2016, garantiza el incremento salarial, y tiene la gran virtud de estar referenciada a la inflación.

La negociación del III Acuerdo se ha realizado en una situación de deflación (inflación negativa), con unas referencias del Gobierno del PP, plasmadas en el incremento del Salario Mínimo Interprofesional de un 0,5%, y de un incremento para la revalorización de las pensiones de un 0,25%, fiel a sus políticas de austeridad. A ello hay que sumar las recomendaciones para la negociación colectiva de las empresas públicas, dictadas por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, que ordenan un 0% de incremento de las retribuciones con respeto a 2014, y no pactar incrementos salariales o cláusulas de revisión salarial vinculadas al IPC u otros índices de precios generales, así como reforzar las políticas unilaterales de los poderes empresariales , en todo lo que se refiere a la organización del trabajo y al establecimiento de derechos y garantías, impidiendo cualquier mejora por encima del ET y de la LOLS.

En definitiva el Acuerdo es una rectificación de las políticas impulsadas por el Gobierno y el Banco de España, y una reafirmación del papel de los sindicatos en la defensa de los intereses de los asalariados y asalariadas.

CCOO ya ha exigido al Gobierno del PP y a su Ministro de Hacienda, la aplicación de este Acuerdo a todos los empleados del sector público.

El acuerdo abre un nuevo tiempo de la negociación colectiva, que debe traducirse en la ampliación de la cobertura de los trabajadores con convenio y en la recuperación de los ámbitos donde se haya podido perder como consecuencia de las últimas reformas laborales.

 

 

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El Gobierno re-anuncia una mejora parcial de pensión a mujeres con hijos: ¿sensibilidad de género o electoral? https://blogs.publico.es/uno-mayo/2015/06/05/el-gobierno-re-anuncia-una-mejora-parcial-de-pension-a-mujeres-con-hijos-sensibilidad-de-genero-o-electoral/ https://blogs.publico.es/uno-mayo/2015/06/05/el-gobierno-re-anuncia-una-mejora-parcial-de-pension-a-mujeres-con-hijos-sensibilidad-de-genero-o-electoral/#respond Fri, 05 Jun 2015 15:38:00 +0000 http://blogs.publico.es/uno-mayo/?p=601 Continuar leyendo "El Gobierno re-anuncia una mejora parcial de pensión a mujeres con hijos: ¿sensibilidad de género o electoral?"]]> Carlos Bravo Fernández, Secretario de Protección Social y Políticas Públicas. Confederación Sindical de CCOO

@carlosbravofdez

 

Por segunda vez en 15 días, el Gobierno anuncia una medida de mejora de pensiones causadas a partir del 1 de enero de 2016 para mujeres que hayan cotizado al menos 15 años en España y hayan tenido dos o más hijos.

Ya lo hizo en plena campaña electoral, en el marco del Plan Integral de Apoyo a la Familia que presentó entonces, anunciando que remitiría esta medida para su debate a la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo y a las organizaciones sindicales y empresariales para abordarla también en el ámbito del Diálogo Social en materia de pensiones.

Ahora, sin que se hayan producido, ni la remisión al Congreso de los Diputados, ni la convocatoria de los interlocutores sociales, vuelve a anunciar la misma medida.

En su fundamentación combina dos elementos: impulsar la natalidad, y reducir las diferencias de género en el sistema de pensiones. Sin duda, sería bueno que en ambos casos nuestra situación fuera mejor.

Respecto al primero, la tasa de natalidad actual es de las más bajas del mundo (1,27) y no ayuda, junto con la inmigración, el otro gran factor de reequilibrio demográfico del que el Gobierno no habla, a abordar el reto demográfico que este país tiene. Sin embargo, su eficacia es más que dudosa. Cuando se necesitan medidas que permitan que la voluntad y el hecho de tener hijos se acompasen, (todos los estudios apuntan que se tienen menos hijos de los deseados, al ser una decisión que exige recursos y dedicación), y sirvan para aumentar la natalidad es en los momentos en que se tienen los hijos. Para ello, se precisa inversión en infraestructuras para niños de 0-3 años, un sistema efectivo y justo de ayudas a todo tipo de familias, facilidades para la adopción cuando se desea, medidas efectivas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, entre otras muchas.

En relación con la reducción del impacto de género en nuestros sistemas de protección social, es evidente que la medida ayudará a reducirlo, pero de manera insuficiente y algo injusta. ¿Por qué se aplicaría a las mujeres que inicien el cobro de sus pensiones a partir del año próximo y no a los millones de mujeres que ya son pensionistas, han tenido hijos y podrían ver también mejoradas sus prestaciones? Evidentemente por razones de coste. Se busca una medida de efecto, pero con impacto económico limitado.

Por otra parte, la brecha salarial procede del mercado de trabajo, de la feminización del contrato a tiempo parcial (hoy un 70% de mujeres), del techo de cristal que impide la misma promoción profesional para hombres que para mujeres, entre otras, afectando a la generalidad de las mujeres trabajadoras, no sólo a las que han tenido hijos aunque, sin duda, lo padecen de forma más intensa.

A ello, habrá que sumar los efectos de la actual devaluación salarial que, aún afectando al conjunto del mercado laboral, tiene un impacto extraordinario en las nuevas contrataciones y, entre ellas sin duda, las de las personas jóvenes.

Por último, el Gobierno anuncia una medida correctora de las desigualdades de género, pero una vez más, no la financia. Se pagará con las cotizaciones de los activos, aumentando el actual déficit de la Seguridad Social y cargándolo sobre el Fondo de Reserva y las cotizaciones de la población activa, dejando al margen de la financiación de esta medida de política general a las rentas de capital, del patrimonio,..., lo que ocurriría, al menos en lo que estas rentas significan sobre la totalidad de los ingresos fiscales, si una medida de corrección como esta fuera financiada con transferencias del Estado procedentes de la imposición general.

En resumen, una iniciativa que mejorará las pensiones de una parte, hoy pequeña, de las futuras mujeres pensionistas, pero que vuelve a ser, especialmente, una decisión aislada, parcial, que utiliza el sistema de Seguridad Social para financiar objetivos de corto plazo y utilización electoral.

Al tiempo, se evita abordar de forma profunda e integral dos grandes cuestiones sociales: de un lado, actuar sobre el conjunto de elementos que determinan las diferencias de género en el mercado de trabajo, en las políticas de apoyo a la familia y en los sistemas de protección social.

De otro, una de las prioridades que ha de atender nuestro actual sistema de Seguridad Social, reforzar el sistema de ingresos de la Seguridad Social. Desde el mercado de trabajo, por supuesto y, adicionalmente, desde las ya hoy necesarias fuentes de financiación complementarias, cuya necesidad se ha adelantado más de una década a causa de la actual crisis económica y de las políticas desarrolladas para afrontarla. Esas dos vías de financiación deben fortalecerse cuanto antes para garantizar ingresos suficientes en los próximos 40 años, el periodo de mayor exigencia demográfica en materia de pensiones, que después descenderá, no lo olvidemos, como consecuencia, precisamente, del descenso de la natalidad en España desde finales de los años 70 del siglo pasado.

 

 

 

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La política migratoria de la UE: la insolidaridad como lema https://blogs.publico.es/uno-mayo/2015/05/26/la-politica-migratoria-de-la-ue-la-insolidaridad-como-lema/ https://blogs.publico.es/uno-mayo/2015/05/26/la-politica-migratoria-de-la-ue-la-insolidaridad-como-lema/#respond Tue, 26 May 2015 10:27:38 +0000 http://blogs.publico.es/uno-mayo/?p=583 Continuar leyendo "La política migratoria de la UE: la insolidaridad como lema"]]> Javier Doz, Presidente de la Fundación 1º de Mayo

 

¡Vergogna!, pronunció el Papa Francisco, contundente y sintético, al referirse a las muertes de miles de refugiados y emigrantes en las aguas del Mediterráneo y a la insensibilidad de los gobiernos europeos, incapaces de encontrar una solución racional y solidaria a la matanza. ¿Qué podemos decir ahora al constatar que la principal solución encontrada por los responsables políticos de la UE y de los gobiernos europeos es la de atacar militarmente a las bandas de traficantes de personas y procurar hundir, si se puede, los barcos que utilizan? Aunque con gestos de esta naturaleza quieran aparentar energía de cara a una parte de las opiniones públicas, sensibles a los postulados de las derechas nacionalistas y xenófobas, los líderes políticos europeos saben que la etapa final de su acción militar –la actuación de buques de guerra europeos contra las embarcaciones de los traficantes en aguas territoriales libias- difícilmente contaría con la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU. ¿O es que no se acuerdan de las repercusiones geopolíticas que tuvo la ampliación unilateral del mandato de la ONU de proteger a la población de la Cirenaica de las amenazas de Gadafi al objetivo de facto de derribar su régimen, con las consecuencias que todos conocemos? ¿Es que piensan que Rusia no ejercería su derecho de veto? ¿O se volvería a actuar al margen de Naciones Unidas?

 

En todo caso, esa aparente contundencia contra uno de los actores malos de esta dramática película no oculta el escandaloso hecho de que fuese la única medida supuestamente aprobada en la reunión de ministros de exteriores y defensa de la UE, el pasado 18 de mayo; y que estuviese acompañada de un bochornoso debate acerca del modo de repartir entre sus países la ridícula cifra de 20.000 refugiados anuales. Sobre este punto no se llegó a ningún acuerdo por la negativa de bastantes países europeos a aceptar las cifras propuestas por la Comisión Europea, o el hecho mismo de que la Comisión les dijera algo al respecto. El contraste entre lo acordado y lo rechazado lo dice todo acerca de los bajísimos niveles de sensibilidad política y moral que tienen quienes hoy gobiernan Europa, máxime si se tiene en cuenta quienes son las naciones que están realmente cargando con el dramático problema de los refugiados y cuales ha sido la responsabilidades políticas de los gobiernos europeos –y de los EE UU, por supuesto- en la génesis o/y gestión de los conflictos bélicos del Norte de África y el Oriente Próximo que están produciendo buena parte de esos refugiados.

 

Según los últimos datos publicados por ACNUR, correspondientes a 2014, los refugiados en el mundo han alcanzado la cifra de 51,2 millones de personas, cifra record desde el fin de la 2ª Guerra Mundial. De ellos, 33,3 millones son desplazados internos en sus propios países. El 86% de los mismos malviven en los países más pobres del mundo, los denominados en la jerga actual "países en vías de desarrollo". Las naciones desarrolladas y emergentes, juntas, apenas acogen a 7,2 millones del total. En toda la UE hay actualmente 435.000 refugiados, de los que sólo tienen reconocido el estatuto de refugiado 185.000. Estas cifras suponen apenas el 0,85% y el 0,36%, respectivamente, del total de refugiados. Aún si comparamos las cifras europeas sólo con el total de refugiados que viven fuera de sus países de origen, 18 millones, todos los Estados miembros de la UE estarían acogiendo, de hecho, apenas el 2,42% del total de refugiados expatriados, y habrían reconocido jurídicamente su estatuto de refugiado a sólo el 1.02% de ese total. Sólo la Guerra Civil de Siria, ahora ya superpuesta a la guerra yihadista promovida por Estado Islámico en Siria e Iraq, ha producido ya 3,5 millones de refugiados expatriados y 6,5 millones de desplazados internos. Al lado de todas estas cifras ¿Qué se puede decir de la pelea de los gobiernos europeos por la distribución de la ridícula cifra de 20.000 refugiados al año en toda la UE? ¿Y qué más del hecho de que tampoco se atienden los angustiosos llamamientos de ayuda financiera de ACNUR para atender a millones de personas en unos campos de refugiados sobresaturados? No cabe sino decir bien alto: ¡es una vergüenza! Todo un monumento al egoísmo y la insolidaridad, que lo dice todo acerca de una UE desnortada en casi todas sus señas de identidad durante la última década.

 

El severo juicio que merecen los responsables políticos de la UE y los gobiernos europeos por actuar así, se ve agravado por la responsabilidad política que tienen algunos de los gobiernos de nuestro continente –aquí sí que hay que individualizar las responsabilidades- en la generación de algunos de los conflictos político militares -o en los errores en la intervención en ellos-, que están provocando los refugiados que ahora se rechazan. El principal ejemplo es el surgimiento del Estado Islámico. Es inseparable de la desastrosa intervención militar de los Estados Unidos y el Reino Unido y otras naciones europeas en Iraq (2003), y de la posterior disolución del ejército y del Estado del régimen baasista. No hay más que repasar el estado mayor y la nómina de dirigentes militares de la organización terrorista/Estado que preside Abubaker al Bagdadi para encontrarse con muchos destacados oficiales del Ejército y de los servicios secretos de Sadam Hussein. Si desastrosa ha sido, sin duda, la guerra de Iraq desde un punto de vista geoestratégico, desde un punto de vista político y moral habría que calificarla de ilegítima e ilegal. Y en la nómina de los políticos irresponsables que acompañaron a George W. Bush, en las Islas Azores, a dictar el ultimátum que la desencadenó -aduciendo motivos que ya entonces eran manifiestamente falsos-, estaban –nunca nos olvidaremos- los primeros ministros del Reino Unido (Blair) y España (Aznar).

 

Hoy, las consecuencias de la Guerra de Iraq complican el ya de por sí difícil final de la Guerra Civil Siria. Si en los orígenes de la misma, al igual que en las demás rebeliones de la Primavera Árabe, están el rechazo de la tiranía por el pueblo y la resistencia del régimen dictatorial a aceptarlo, la pronta intromisión del yihadismo en el conflicto, con fines bien diferentes, provocó una cadena de vacilaciones, contradicciones y errores (involuntarios y voluntarios) por parte de los enemigos del Gobierno de al-Asad: las naciones occidentales, los Estados del Golfo y Turquía. Inicialmente, sus armas y pertrechos llegaron también a la oposición islamista, la mayor parte de cuyos combatientes se integraron finalmente en el Frente Al Nusra (Al Qaeda) y el Estado Islámico de Iraq y el Levante. Las monarquías (teocráticas y suníes) del Golfo y Turquía continuaron estos suministros bastante tiempo más allá que los EE UU. Incluso, una vez que el Estado Islámico proclamó el Califato en amplias porciones del territorio de Iraq y Siria, Turquía siguió permitiendo el contrabando de petróleo a través de su frontera con Siria, su principal fuente de financiación. Y Turquía es miembro de la OTAN.

 

Y para terminar: Libia. De este país parten la mayoría de los barcos repletos de refugiados (la mayoría) y emigrantes económicos. La destrucción del frágil Estado libio ha llevado al país al caos, a una nueva guerra civil y a la condición –no se sabe si temporal- de Estado fallido, en el que Estado Islámico está construyendo su base territorial más cercana a Europa. Pues bien, nadie duda que a esta situación contribuyó la violación del mandato del Consejo de Seguridad de la ONU, y la ampliación de los bombardeos intensivos hasta que el régimen de Gadafi fue destruido (y su líder asesinado por linchamiento). Los bombardeos, ejecutados por Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, fueron apoyados militarmente por otras naciones europeas, entre ellas España, y políticamente por la UE.

 

Y ahora, la UE, presos muchos de sus líderes por el ascenso de corrientes nacionalistas y xenófobas en sus opiniones públicas o en el interior de sus propios partidos, mira para otro lado sobre el drama de los refugiados, en otro alarde de insolidaridad y egoísmo –y ceguera estratégica- hacia sus vecinos del Sur.

 

En los últimos tiempos, son ya demasiadas las equivocaciones, malas orientaciones e insuficiencias acumuladas por las políticas exteriores, de seguridad y de migraciones de la UE, o de uno o varios de sus principales Estados. Entre ellas: promover o participar en intervenciones militares y desentenderse de las consecuencias geoestratégicas, políticas y sociales posteriores de las mismas; hacerlo, en ocasiones, al margen de la legalidad internacional; volver a apoyar a las dictaduras –como la egipcia de Al-Sisi- como remedio frente al ascenso del islamismo, al tiempo que se racanea la ayuda económica al único país democrático, Túnez, que queda de la Primavera Árabe; etc. Y en el tema que nos ocupa: primacía absoluta de un enfoque de seguridad interna, insolidario y egoísta, sobre los de política migratoria común europea, cooperación para el desarrollo económico y social y la democracia política de los vecinos del Sur, y cumplimiento de las obligaciones de los convenios internacionales sobre los refugiados de la ONU.

 

Algunos dirán, con razón, que no se puede esperar que los responsables políticos de la austeridad, de los recortes salariales y laborales y de la devaluación de rentas de los europeos (de trabajadores y clases medias, no de los más ricos, por supuesto), y del acoso que sufre el gobierno griego de Syriza, se aparten de los rumbos de insolidaridad, egoísmo nacional y ceguera estratégica que caracterizan hoy su falta de proyecto europeo de futuro, para ser generosos con los que vienen de fuera.

 

Yo sólo añadiré que ambas conductas son las dos caras de la misma mala moneda política, que lo que decidieron y lo que no fueron capaces de decidir los ministros de exteriores y de defensa el 18 de mayo es una vergüenza, y que todo ello apuntala mi convicción de que la UE sólo tiene salvación si se produce un profundo cambio político –una refundación política de Europa- basada en la democracia, la igualdad y el progreso social, y la solidaridad. Todo un programa de cambio para realizar en Europa que requiere que sus Estados miembros avancen en la misma dirección. Difícil pero necesario.

 

 

 

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125 aniversario del 1 de Mayo, 5º aniversario de las políticas de austeridad en Europa https://blogs.publico.es/uno-mayo/2015/04/29/125-aniversario-del-1-de-mayo-5o-aniversario-de-las-politicas-de-austeridad-en-europa/ https://blogs.publico.es/uno-mayo/2015/04/29/125-aniversario-del-1-de-mayo-5o-aniversario-de-las-politicas-de-austeridad-en-europa/#respond Wed, 29 Apr 2015 20:12:43 +0000 http://blogs.publico.es/uno-mayo/?p=573 Continuar leyendo "125 aniversario del 1 de Mayo, 5º aniversario de las políticas de austeridad en Europa"]]> Ramón Górriz, Secretario confederal de Acción Sindical de CCOO
José Babiano. Director del Área de Historia, Archivo y Biblioteca Fundación 1º de Mayo

 

Como es bien conocido el 1 de Mayo tiene un doble origen, aunque en ambos casos, vinculados a la lucha del movimiento obrero por la jornada de ocho horas. De un lado, el 1 de Mayo se remonta a los disturbios de Haymarket, en 1886 en Chicago, cuando a raíz de una provocación policial fueron detenidos, juzgados y condenados seis dirigentes obreros locales. Fue un juicio farsa, carente de las más mínimas garantías jurídicas. No tenía otro objetivo que proporcionar un escarmiento a un combativo movimiento obrero local. Un movimiento inmerso en una oleada de huelgas destinadas a lograr la reducción de unas jornadas de trabajo agotadoras por su duración. Sin embargo, este hecho luctuoso dio lugar a uno de los principales mitos del movimiento obrero, como son los «mártires de Chicago» y el 1 de Mayo.

Pero junto a este origen americano, la celebración del 1 de Mayo cuenta con un origen europeo. Este segundo origen se sitúa en uno de los dos congresos obreros, de carácter internacional, que se celebraron en París de forma simultánea en julio de 1889; es decir, en el centenario de la Revolución Francesa. Uno de estos congresos reunió a los principales dirigentes marxistas de Europa. Muchos de ellos habían conocido el exilio y la cárcel. En él se aprobó una breve resolución llamando a un día de manifestaciones y paros a favor de la jornada de 8 horas para el 1 de mayo de 1890. Si no era posible, debido a las prohibiciones de las autoridades de cada país, se convocarían manifestaciones el domingo más próximo a ese día, como ocurriría en España. La fecha elegida, obviamente, hacía referencia a la tragedia de Chicago y a su memoria.

La convocatoria no tenía vocación de permanencia. Sin embargo, el éxito de las primeras manifestaciones y del resto de acciones de protesta, llevadas a cabo en 1890, empujó a los sucesivos congresos obreros nacionales e internacionales a repetir la convocatoria. Y no sólo eso, sino que se extendió hacia el Este de Europa, Asia y América Latina a lo largo del primer tercio del siglo XX. Fue en ese periodo en el que aparecieron como nueva corriente del movimiento obrero los comunistas, que también adoptaron el 1 de Mayo como jornada internacional de lucha.

El impacto había sido tal, que el jefe de la Iglesia católica difundió en 1891 la encíclica «Rerum Novarum», que es el documento que da origen al llamado catolicismo social. Dicho de otro modo, una especie de versión católica de «El manifiesto comunista», para tratar de neutralizar la pujanza del movimiento obrero. No fue la única tentativa en este sentido. El 1 de Mayo de 1955, Pio XII instituyó la fiesta de San José Obrero, un intento de rivalizar con un 1 de Mayo obrero global.

En la medida en que se extendió y consolidó, el 1 de Mayo cobró una dimensión ritual muy fuerte, en el sentido de constituir una actividad pública celebrada regularmente y ajustándose siempre a una serie de pautas. Por ejemplo, en España hasta la Guerra Civil la jornada comenzaba con una asamblea-mitin en un teatro o al aire libre. A continuación la comitiva obrera tomaba la calle, dirigiéndose en manifestación para entregar el pliego de reivindicaciones aprobadas en la asamblea a la autoridad correspondiente (el presidente del gobierno o de las cortes en el caso de Madrid, el gobernador civil en las distintas capitales de provincia o el alcalde en otras ciudades). Durante el trayecto, las sociedades de oficio ondeaban sus banderas rojas y estandartes. Igualmente, bandas de música amenizaban la marcha entonando la «Internacional», la «Marsellesa» y otra serie de himnos populares y del trabajo. La música dotaba a la marcha de un aire mezcla de solemnidad y festividad.

El resto del día se completaba con una «jira» campestre en la que los trabajadores –así, en masculino, dada la composición social y la cultura del primer obrerismo- y sus familias gozaban de la comida y del tiempo primaveral. La jornada concluía con una velada cultural en el ateneo obrero o en la casa del pueblo, donde se representaba alguna pieza de teatro social. La velada podía incluir asimismo un recital poético o la actuación de un orfeón aficionado, perteneciente a la propia casa del pueblo o al ateneo obrero.

Este ritual cumplía varias funciones. En primer lugar, la salida a la calle, exhibiendo los símbolos propios, como la bandera roja, o entonando las canciones e himnos del repertorio obrero, constituía un acto desafiante, de demostración de fuerza. Al mismo tiempo servía como momento de renovación anual de los ideales de emancipación. Una renovación que tenía lugar en el contexto metafórico de la llegada de la primavera y de la renovación de la vida en la naturaleza. El ritual también ejercía como mecanismo de reconocimiento entre iguales, de reforzamiento de la identidad propia de un mundo que, hasta cierto punto, no dejaba de ser una «contra-sociedad» alternativa a la sociedad burguesa, con sus partidos y sindicatos, sus casas del pueblo y ateneos, sus cooperativas, sus grupos de ocio, etcétera. En suma, el reforzamiento de la identidad de clase.

El franquismo dentro de su programa de persecución y dura represión contra el movimiento obrero, arrasó con sus formas culturales e incluso trató de eliminar su lenguaje –los trabajadores pasaron a denominarse en la jerga franquista «productores»- Cuando en los años sesenta del siglo XX el movimiento resurgió de nuevo, esencialmente a través de las Comisiones Obreras, sus formas culturales habían mutado y sus rituales, represión franquista mediante, aparecieron simplificados con respecto al pasado. Así ocurrió con el 1 de Mayo.

Durante 125 años el 1 de Mayo viene siendo un termómetro de la situación del movimiento obrero en un doble sentido. Por un lado da cuenta del estado de sus propias filas, en contextos políticos, sociales y económicos muy diversos. Por otro, nos permite observar las demandas y reivindicaciones concretas, expresadas año tras año. En ese sentido, el capitalismo de la globalización y las políticas neoliberales constituyen la penúltima prueba. Esto significa que el movimiento obrero se enfrenta en Occidente a la pérdida de los derechos del trabajo, producto de la ruptura del pacto social keynesiano por parte de las élites económicas y políticas. Dicho de otro modo, ha de hacer frente a la precariedad laboral y social, entendida ésta como modo de gestión capitalista de la mano de obra. Mientras tanto, en el mundo postcolonial, se registra la violación sistemática de los derechos humanos de las personas empleadas en las industrias deslocalizadas. De tal suerte que con frecuencia ni siquiera gozan del derecho a la sindicalización y a menudo pagan con su libertad y con su vida el intento de ejercer ese elemental derecho.

Este 1 de Mayo, no sólo es el 125 aniversario de su primera celebración. Coincide además con el quinto aniversario, en mayo de 2010, de la reunión de los ministros de finanzas de la Zona Euro en la que se decidió llevar adelante los programas de austeridad en Europa. Este fenómeno marca profundamente este nuevo 1 de Mayo en varios sentidos. En primer lugar, la dimensión internacional de la jornada apela a la solidaridad incondicional con el pueblo griego. Si consigue aflojar la soga de austeridad con que Bruselas y Berlín rodean su cuello, no sólo los trabajadores griegos, sino los del sur de Europa en su conjunto daremos un gigante paso adelante.

La jornada exige asimismo una acción resuelta contra las políticas del gobierno español en varios sentidos. En primer lugar, para rescatar a las personas que carecen de empleo, mediante la implementación de una renta básica de inserción. En segundo lugar, para reforzar la negociación colectiva y los convenios, como el mejor instrumento para defender el salario y las condiciones de trabajo en los sectores de actividad y en las empresas; y ello, especialmente tras la Reforma Laboral de 2012. En tercer lugar, para fundir la jaula de hierro de la represión que el gobierno ha forjado alrededor del movimiento obrero y de la sociedad civil, mediante la reforma del Código Penal y la llamada «Ley Mordaza». No ignoramos que esta legislación no pretende sino criminalizar y castigar la resistencia a las políticas de austeridad, tal como pone de manifiesto el hecho de que alrededor de 300 trabajadores están pendientes de ingresar en prisión por ejercer el derecho de huelga. Un derecho que, por cierto, incluye la participación en piquetes informativos.

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Hasta las estadísticas oficiales descalifican la Reforma Laboral https://blogs.publico.es/uno-mayo/2015/04/29/hasta-las-estadisticas-oficiales-descalifican-la-reforma-laboral/ https://blogs.publico.es/uno-mayo/2015/04/29/hasta-las-estadisticas-oficiales-descalifican-la-reforma-laboral/#respond Wed, 29 Apr 2015 06:17:00 +0000 http://blogs.publico.es/uno-mayo/?p=560 Continuar leyendo "Hasta las estadísticas oficiales descalifican la Reforma Laboral"]]> Ramón Gorriz, secretario de Acción sindical de la CS de CCOO.
Manuel Lago, economista del Gabinete Confederal.

 

La primera entrega de la encuesta anual laboral (EAL) refleja como respondieron las empresas en 2013 a los problemas causados por caídas en su actividad. Es el primer ejercicio de aplicación completa de la reforma laboral que impuso el Gobierno de Rajoy a partir del año 2012.

El Gobierno desregula y se lava las manos; desequilibra nuestro modelo de relaciones laborales y lo hace en el peor momento porque, pocos meses antes de su reforma, las empresas y los sindicatos habían acordado responder a los desafíos de la crisis con medidas pactadas y equilibradas.

El II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) 2012-2014 fue la respuesta a una situación que requería adoptar medidas excepcionales para favorecer el mantenimiento del empleo. La moderación salarial, los cambios en la estructura de la negociación colectiva y la apuesta por la flexibilidad interna frente a la destrucción de empleo eran los ejes de un acuerdo muy relevante, firmado en enero de 2012. Pero la reforma laboral lo arrasó.

La EAL depende del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y su objetivo formal es analizar cómo responden las empresas ante los cambios de la economía; pero en realidad es un intento de avalar la reforma. Pues bien, ese intento de justificación ha fracasado porque los datos de la encuesta demuestran lo contrario: la reforma laboral no ha sido positiva en ninguno de sus grandes objetivos formales.

Flexibilidad externa contra flexibilidad interna

En primer lugar, la reforma no ha conseguido que las empresas aplicaran medidas de flexibilidad interna frente a los ajustes del empleo ante caídas en su nivel de actividad. Solo el 6 % de las empresas han aplicado únicamente medidas de reordenación interna —salarial o de jornada— frente al 39 % que utilizó en exclusiva el ajusto duro, los despidos y la no renovación de contratos temporales.

En un intento burdo de esconder esta realidad, la EAL crea una categoría intermedia agrupando las empresas que han aplicado los dos tipos de medidas, de flexibilidad interna y externa, que son el 21 % del total. Pero el análisis detallado de este agregado refleja que la gran mayoría de las empresas ajustaron el empleo con medidas duras, mientras que las de flexibilidad interna fueron un simple acompañamiento que la práctica —e incluso la norma— hace habitual en nuestro país.

En realidad, las empresas han aplicado fórmulas de flexibilidad interna que ya existían antes de la reforma, básicamente, reducciones de jornada y suspensiones de contratos mediante expedientes de regulación de empleo. La conclusión es clara: las empresas han hecho sus ajustes con despidos, gracias a una reforma laboral que anuló los mecanismos pactados por empresas y sindicatos en el AENC, con el objetivo de utilizar de forma preferente las medidas de flexibilidad interna.

No era necesario modificar el ámbito de la negociación colectiva

En segundo lugar, la reforma no ha conseguido modificar los ámbitos de la negociación colectiva, en especial, descentralizarla potenciando los convenios de empresa en contra de los de sector.

Pero antes de analizar este punto, la EAL desvela un aspecto muy relevante: el 98 % de las empresas regulan sus relaciones laborales con convenios colectivos. En el año 2013 se extendió la idea falsa de que la cobertura de la negociación colectiva había entrado en un pronunciado declive, que se había reducido mucho el número trabajadores con convenio. La EAL demuestra lo contrario: en ese año, prácticamente el 100 % de los trabajadores están cubiertos por la negociación colectiva.

La negociación colectiva sigue siendo sobre todo sectorial, porque más del 82 % de las empresas están reguladas por un convenio de sector. La apuesta por un cambio de ámbito en la negociación de convenios en favor de los de empresa ha fracasado. En la justificación de la reforma se insistía en la necesidad de descentralizar la negociación para acercarla a las necesidades de las empresas, pero este discurso se ha demostrado como falso. Y no solo porque las empresas no lo hayan hecho, sino porque la EAL refleja algo mucho más relevante: la inmensa mayoría de las empresas estaban y están cómodas con el modelo de negociación colectiva en el que predomina el ámbito sectorial.

El 81 % de las empresas encuestadas dicen que no necesitan un convenio de empresa porque el sectorial se adapta mucho o bastante a sus necesidades y tan solo un 4 % dice que no se adapta. Se suponía que la reforma del Gobierno —entremetiéndose en lo que debe ser negociado entre empresarios y sindicatos— respondía a una demanda empresarial, pero la EAL desvela que las empresas españolas, las grandes y las pequeñas, no plantean dificultades sobre la estructura de la negociación colectiva.

El despido sigue siendo la principal vía de ajuste en las empresas

Por último, la EAL pregunta cómo responden las empresas ante los cambios en su nivel de actividad, esto es, ante aumentos o caídas relevantes y de cierta duración de su demanda. Recordemos que otro objetivo formal e importante de la reforma era cambiar el modelo de ajuste de las empresas ante la caída (o el aumento) de las ventas.

Y la Encuesta también refleja otro objetivo frustrado porque las empresas se reafirman en el viejo modelo de ajuste: ante una hipotética caída de su actividad, el 67% de las empresas optarían por reducir sus costes laborales y lo harían de la misma forma que hasta ahora, despidiendo a sus trabajadores temporales en primer lugar; es decir, la variable de ajuste sigue siendo el empleo y, en especial, el eventual.

La respuesta a como actuarían las empresas ante un aumento relevante y duradero de la demanda, resulta aún más preocupante: el 68 % contratarían eventuales, y un 12% acompañarían esta medida con un aumento de las horas de trabajo o la subcontratación. Solo el 19 % de las empresas recurrirían a los contratos indefinidos. Este resultado descalifica la reforma que abarató y facilitó el despido para impulsar la contratación indefinida. Solo una de cada cinco empresas utilizará la contratación estable y cuatro de cada cinco prefieren seguir utilizando la eventualidad o la subcontratación ante un aumento de actividad significativo y estable.

Conclusión final: la reforma fracasa en sus objetivos formales

La conclusión final de este informe es que los resultados de la encuesta laboral anual confirman las críticas del movimiento sindical sobre la reforma laboral. El Gobierno facilitó la vía de ajuste a través del despido y dejó en manos de las empresas todo el poder de decisión para aplicarlo, y estas optaron por la vía más fácil y rápida: reducir sus plantillas.

El resultado ha sido una mayor destrucción de empleo de la que se hubiera dado de aplicarse un modelo más equilibrado en el reparto de los costes de la crisis entre el trabajo y el capital, en la línea de lo pactado en el AENC que apostaba por utilizar prioritariamente las medidas de flexibilidad interna.

Y, lo que es peor, la EAL señala que este modelo de ajuste vía empleo es el que aplicarían las empresas en el caso de una nueva recesión, de forma que, si no se deroga la actual normativa laboral, España volvería a destruir empleo con gran intensidad y rapidez ante cualquier caída en la actividad productiva de las empresas.

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Europa en su laberinto https://blogs.publico.es/uno-mayo/2015/04/24/europa-en-su-laberinto/ https://blogs.publico.es/uno-mayo/2015/04/24/europa-en-su-laberinto/#respond Fri, 24 Apr 2015 09:18:09 +0000 http://blogs.publico.es/uno-mayo/?p=551 Continuar leyendo "Europa en su laberinto"]]> Ramón Górriz Vitalla. Secretario de Acción Sindical de CCOO
Ramón Baeza San Juan. Director de la Fundación 1º de Mayo

 

Entre los pasados días 17 y 20 de Abril se celebraron en Washington las llamadas "Reuniones de Primavera" de las Instituciones Financieras Internacionales (FMI y Banco Mundial) a las que se añadió la reunión de los ministros de finanzas del G-20. Llama la atención que los comunicados finales de estos encuentros parecieran tener la voluntad de restar importancia a los síntomas claros de ralentización de las economías de los países emergentes y en desarrollo o de la fragilidad de los signos de recuperación en la Unión Europea. Sorprendentemente, se obviaron las propias previsiones económicas publicadas por el FMI sólo unos días antes de las cumbres.

No faltó en el comunicado del comité ministerial del FMI (IMFC) la eterna exhortación a las reformas laborales como prerrequisito para el crecimiento económico. Solo que, en esta ocasión, la referencia adquirió un carácter que se nos antoja entre cínico y sarcástico: once días antes de las reuniones de Washington los servicios de investigación del propio FMI habían publicado un informe reconociendo la falta de evidencia empírica que vincule las reformas de los mercados de trabajo con un mayor crecimiento económico. Por el contrario, otro informe reciente, también del FMI, concluye que las reformas laborales acometidas en los últimos años han incrementado notablemente la desigualdad. De ambos ni una mención, por su puesto.

No obstante eludiremos aspectos que se repiten desde hace décadas en estas cumbres para centrarnos en uno de los temas que concitaron más atención en las reuniones de las IFI: Grecia. Con mayor o menor vehemencia y diplomacia los líderes mundiales coincidieron en exigir a ese país el cumplimiento de sus compromisos (pago de la deuda y reformas), abandonando cualquier veleidad de revisión relevante de las condiciones impuestas por sus acreedores. Sorprende la potencial capacidad de desestabilización otorgada a un país cuyo PIB apenas supone el 0’35% de la economía mundial a no ser que no estemos hablando estrictamente de economía sino de ejemplaridad.

El prestigioso Instituto de Política Macroeconómica (IMK) acaba de publicar el informe "Grecia: solidaridad y ajuste en tiempos de crisis". Utilizando un importante arsenal de datos fiscales, este trabajo aborda el impacto de la crisis y de las políticas para combatirla sobre los ingresos, la desigualdad y la pobreza en Grecia entre los años 2008 y 2012. Nos permitimos citar algunas partes de su resumen ejecutivo donde se afirma: "Los datos muestran que la pauperización ha golpeado a amplios segmentos de la sociedad (...) que numerosas macrovariables e indicadores sociales son el resultado de un deficiente enfoque de la gestión de la crisis y de una inflexibilidad ideológica unida a intereses políticos, haciendo la salida de la crisis más dolorosa y complicada. Las conclusiones de este análisis deben evaluarse a la luz de la severa depresión económica causada por las políticas de la Troika".

 El movimiento sindical europeo, ha puesto de manifiesto, reiteradas veces, que hacer frente a la situación de emergencia que vive Grecia, exige políticas de solidaridad y cooperación, y no, las políticas de la Troika, que han contribuido al hundimiento económico y social de un Estado de la Unión Europea. "Grecia tras las elecciones: no es una amenaza, es una oportunidad. Los miles de millones de euros que ha recibido Grecia se han empleado básicamente para estabilizar al sector financiero. Y al mismo tiempo se ha llevado al país a una profunda recesión a causa de los brutales recortes del gasto público que no han impedido que Grecia sea el país más endeudado de la UE. El resultado es una crisis social y humanitaria que no tiene precedentes en Europa. Un tercio de la población vive en condiciones de pobreza (...) Muchas personas carecen de ingresos para cubrir sus gastos de alimentación, electricidad, calefacción y vivienda. Una elevada parte de la población se ha quedado sin seguro médico y sólo puede acudir al sistema sanitario para situaciones de urgencia. El resultado de las elecciones constituye una impugnación generalizada a una política fracasada. Nada de lo que se hecho tiene ninguna relación con la necesidad de resolver los problemas de Grecia. No se ha resuelto ninguno de los problemas estructurales del país y, en cambio, se han creado muchos nuevos.

 Las políticas de ajuste sólo han contribuido a agravar los males originales de la economía causando, además, importantes destrozos sociales. Parece ocioso pretender explicar las razones que impulsan al actual gobierno de Atenas a cambiar las imposiciones que han conducido a su país a una tal debacle.

Más difícil de justificar es la ausencia de autocrítica por parte de unas autoridades europeas -cooperadoras necesarias de los anteriores gobiernos helenos en la generación de la crisis- que, en su gestión, se han comportado como potencias coloniales –en palabras del anterior líder de la Confederación Europea de Sindicatos, el británico John Moncks.

En las actuales negociaciones el Eurogrupo está tratando a Grecia más con la arrogancia del acreedor que con la complicidad del socio que comparte un proyecto común. Las "instituciones de Bruselas" consideran que la práctica imposibilidad de obtener financiación en los mercados deja al gobierno heleno en una posición de tal debilidad que le impide, en la práctica, casi cualquier margen de maniobra. En suma, que Tsipras es poco más que un boxeador knockeado que tiene que elegir entre tirar la toalla o acabar tendido en la lona.

Este enfoque es de un peligroso simplismo. En primer lugar porque Grecia es más fuerte de lo que aparenta: posee la enorme capacidad del que tiene ya muy poco que perder y no se reconoce en sus socios. Eso la transforma en un interlocutor temible y en este contexto hay que entender su acercamiento a Rusia. El gobierno griego tiene una legitimidad democrática de la que carece la Troika, el Eurogrupo y la propia UE. Si la Unión pretende tratar de igual a igual, en términos democráticos, a un Estado miembro lo primero que debería haber hecho sería haber avanzado más en una unión política, proyecto maniatado por los mismos que ahora se conforman con jugar el papel de "cobradores del frack". Además, el ejecutivo de Atenas parece de momento tener poca contestación interna: tanto el PASOK como Nueva Democracia encuentran muchas dificultades para oponerse a las iniciativas gubernamentales. En otras palabras ¿tienen las autoridades europeas interlocutor alternativo al actual en Grecia?

En sentido contrario, la posición europea es más frágil de lo que en principio pudiera parecer, dejando al margen el mero papel de acreedor. Las amenazas –en no pocas ocasiones groseramente disfrazadas de sugerencias- de expulsar a Grecia de la moneda única no parecen sencillas. Recurriendo a fuentes alemanas (informe "Grexit? Beware of slippery slopes", publicado en febrero por la antena en Berlín de la Fundación Jacques Delors) concluimos que existen dificultades para que un Estado miembro abandone la moneda única y la total imposibilidad legal de que sea expulsado. Es más "una salida ordenada de Grecia del Euro parece imposible y conduciría a una tremenda incertidumbre financiera, política y legal".

Más allá de su relación con Grecia, la forma en la que se ha gestionado la crisis ha erosionado profundamente los consensos básicos sobre los que se ha cimentado el proyecto europeo. El primero de ellos, una tácita comunidad compartida que se ha sustituido por un enfrentamiento entre países, basado en tópicos y prejuicios del pasado ("nazis vs. lacys") de cuyas peligrosas consecuencias todavía no somos plenamente conscientes. El segundo, la ruptura de un modelo social. Hace pocas semanas el alemán, socialista y presidente del Parlamento Europeo -Martin Schulz- lo denunciaba gráficamente cuando relataba que sus padres habían vivido una vida de sacrificios desde la certeza de que su esfuerzo permitiría a sus hijos vivir mejor que ellos y, que por el contrario, ahora se demandaba a los europeos sacrificios con la seguridad de legar a las futuras generaciones una situación peor. A su juicio, ningún proyecto político se puede construir sobre esas bases. Y, finalmente, la presunción de una eficacia económica que la crisis se ha llevado por delante. Todo ello aliñado con un deterioro de la calidad de la democracia que pocos se atreven a contestar. No es un conflicto entre naciones, sino entre la mayoría de la sociedad y las élites económicas y financieras.

Es imposible que se consolide el proyecto europeo sobre el principio de "el que paga, manda" o utilizando a los griegos como cabezas de turco para demostrar que nadie puede salirse del guión –por más legitimidad democrática que tenga- sin que penda la espada de Damocles de ser expulsados extra muros. Es inconcebible que Grecia esté encontrando más comprensión en organizaciones como la OCDE que sus propios socios de la UE. Y es insultante que líderes como Mariano Rajoy se permitan recordar al ejecutivo heleno que los pactos han de cumplirse.

Las próximas semanas serán decisivas para encontrar una solución al conflicto abierto. Un punto de encuentro podría construirse en torno al interesante informe de la OIT     (Organización Intencional del Trabajo) "Trabajos productivos para Grecia" que pone el acento en el medio-largo plazo y comparte las responsabilidades futuras entre la UE y Grecia, alejándose de la lógica deudor/acreedor. Sería conveniente que todas las partes asumieran que este proceso sólo puede concluir ganando todos o perdiendo todos. Pero las fuerzas progresistas no pueden olvidar que, sobre todo, en Grecia se está echando un pulso a las políticas de austeridad cuyos efectos devastadores todos conocemos. El sindicalismo europeo parece haberlo comprendido perfectamente.

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Frente al autoritarismo: libertad e igualdad https://blogs.publico.es/uno-mayo/2015/04/20/frente-al-autoritarismo-libertad-e-igualdad/ https://blogs.publico.es/uno-mayo/2015/04/20/frente-al-autoritarismo-libertad-e-igualdad/#respond Mon, 20 Apr 2015 05:10:29 +0000 http://blogs.publico.es/uno-mayo/?p=539 Continuar leyendo "Frente al autoritarismo: libertad e igualdad"]]> Javier Doz, presidente Fundación 1º de Mayo

 

La crisis financiera y económica que estalló en 2008, cuyas muy negativas consecuencias seguimos padeciendo en España y en Europa, ha producido mucho desempleo, mucha pobreza y mucha desigualdad, los factores que más definen la injusticia social. Pero también ha venido acompañada de una reacción autoritaria que erosiona las libertades y derechos de nuestros sistemas democráticos.

En el actual renacimiento del autoritarismo han confluido, al menos, dos tipos de prácticas políticas. Por un lado, las que pretenden justificar la disminución o supresión de ciertos derechos democráticos -por ejemplo, la confidencialidad de las comunicaciones o el derecho a un juicio justo con garantías procesales- escudándose en la necesidad de luchar contra el terrorismo internacional, en su actual versión de signo yihadista. Por otro lado, las que hacen del recorte de los derechos y libertades un instrumento para combatir la protesta social. Si las primeras no ocultan sus objetivos e intenciones, las segundas procuran hacerlo mediante un discurso mistificador, en ocasiones incluso estableciendo ficticios lazos entre la protesta social y el terrorismo

En ambos casos se da la circunstancia de que quienes preconizan o ejecutan estas prácticas de empobrecimiento de la democracia, o claramente antidemocráticas, son algunos de quienes más han contribuido con acciones y políticas equivocadas e injustas a favorecer el caldo de cultivo del terrorismo; o bien, a provocar un deterioro del bienestar de la mayoría y una más injusta distribución de la riqueza que justifican plenamente la protesta social.

No puedo dejar de pensar en los protagonistas de la foto de las Azores al reflexionar sobre la contribución de la insensata segunda Guerra de Iraq, y su no menos insensata posguerra, a la creación del Estado Islámico, que ocupa hoy buenas porciones de territorio en Siria e Iraq, y ha arrebatado a Al Qaeda el liderazgo del yihadismo internacional. No negaré que el yihadismo sea hoy una amenaza muy seria a todas las libertades y derechos, empezando por los de la población – musulmana, cristiana o de otras confesiones- de los territorios que ocupan y terminando por la negación del derecho a vivir y a expresarse libremente de los humoristas de Charlie Hebdo o los universitarios keniatas. Pero al yihadismo hay que combatirle mediante la coordinación internacional de la acción de los servicios de inteligencia, policiales y judiciales, y aún por medios militares si resulta imprescindible, pero siempre dentro del respeto a la ley y a los derechos humanos. No se le combate con guantánamos o abughraibs. No se le combate aceptando dictaduras como la de Al-Sisi en Egipto mientras se racanea la ayuda económica al Túnez democrático. Estas conductas, incompatibles con los valores democráticos, refuerzan la capacidad del yihadismo para reclutar nuevos partidarios. Lo mismo que el fracaso de las políticas de integración social de la población de origen inmigrante en los países europeos. Tampoco es aceptable para la salud de nuestras democracias la creación de sistemas de espionaje masivo de las comunicaciones telefónicas y por Internet, como los que ha puesto en funcionamiento la NSA, según la muy documentada denuncia de Edward Snowden, y que, sin control alguno judicial o parlamentario, acaban utilizándose para el espionaje político e industrial de los países amigos.

Pero el principal motor de las nuevas formas de autoritarismo que nos ha traído la crisis económica es la tradicional actitud de la ideología más conservadora que pretende combatir la justificada protesta social –contra las consecuencias de la crisis y su nefasta gestión política, productora de pobreza y desigualdad– con medidas represivas que implican un evidente recorte de derechos fundamentales.

No es un fenómeno que se esté dando sólo en España, pero en nuestro país y bajo el actual gobierno está alcanzando cotas muy preocupantes. Una de sus peores expresiones es el ataque al principal instrumento que tienen los trabajadores para enfrentarse a los recortes sociales y la devaluación salarial: el derecho de huelga. El modo de hacerlo ha sido la reactivación de un artículo del Código Penal, el 315.3, que permanecía peligrosamente "dormido", utilizando la peor de las interpretaciones posibles, la que confunde la legítima actuación de los piquetes de huelga con un atentado al "derecho al trabajo". Ni el Gobierno ni la Fiscalía general han querido responsabilizarse de la masiva puesta en práctica del nuevo enfoque, pero son incapaces de explicar cómo sólo ha comenzado a aplicarse dicha interpretación del 315.3 ahora, en las huelgas contra la gestión de la crisis. Cerca de 300 sindicalistas, la mayoría de CC OO y UGT, han sido procesados, y algunos condenados ya, con peticiones de hasta ocho años de cárcel. El PP se ha negado a derogar esta disposición legal concebida contra el derecho de huelga en la reciente reforma del Código Penal.

La reforma del CP y la Ley de Seguridad Ciudadana ("Ley mordaza") suponen a juicio de muchas organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos un grave ataque a las libertades de expresión, reunión y manifestación. La ampliación de los supuestos de faltas y delitos, el aumento de la cuantía de las multas y de las penas, y la ampliación de los poderes del gobierno a costa de los que tenía el sistema judicial en numerosos supuestos, por actos relacionados con el ejercicio de tales libertades, difícilmente pueden tener otro propósito que el de actuar contra las protestas sociales y atemorizar a los potenciales participantes en las mismas.

A las reformas legales hay que añadir las constantes actuaciones gubernativas en contra de protestas justas y pacíficas que han sido reprimidas con detenciones, identificaciones y multas. En el caso de los desahucios se pone de manifiesto el descarnado funcionamiento de un sistema injusto que quiere protegerse reforzando el autoritarismo: los bancos que provocaron la crisis y fueron rescatados con nuestro dinero promueven la pérdida de la vivienda de aquellos a los que dejaron sin empleo y que el Estado, por supuesto, no rescata; y a quienes se resisten civilmente a los desahucios se les detiene y multa gubernativamente, o se les procesa.

Entre las amenazas varias que afectan al mundo de la cultura y la comunicación, no podemos dejar de mencionar una que nunca ha quedado bien resuelta en democracia: la injerencia de los gobiernos, nacional y autonómicos, en el control de las televisiones públicas para ponerlas a su servicio en contra de la libertad y el pluralismo de la información a los que tienen derecho la ciudadanía que las financia.

De todas estas cosas se va a hablar el 23 de abril, a partir de las 19 horas, en los locales de Comisiones Obreras de Madrid de la calle Lope de Vega 38, en un acto organizado por la Fundación 1º de Mayo. En este año de elecciones, desde diversas plataformas sociales y políticas deberíamos contribuir a que la cuestión del deterioro de los derechos y libertades democráticos entre de lleno en el debate electoral y a lograr de los partidos políticos compromisos para la derogación del artículo 315.3 del CP y de la Ley de seguridad Ciudadana.

La respuesta democrática a la protesta social no debería ser otra que la promoción de la justicia social y la igualdad. El aumento de la desigualdad fue un factor determinante en la formación de las burbujas especulativas financiera e inmobiliaria que condujeron a la crisis. Y la crisis está haciendo crecer tendencias políticas autoritarias, que se ven acompañadas por corrientes sociales xenófobas y racistas. Por eso la lucha por la libertad y la igualdad son, hoy, inseparables. Liberta e igualdad deben completarse con la solidaridad, versión moderna de la "fraternidad" que completaba la tríada de grandes objetivos de la Revolución francesa. Hay que actuar decididamente para combatir las peores consecuencias que la crisis económica y su mala gestión política han producido: el desempleo y la precariedad laboral, la pobreza y la desigualdad. Pero hay que hacerlo reforzando, además, los derechos y libertades de la ciudadanía, y promoviendo los mayores niveles posibles de participación de la ciudadanía en la gestión de los asuntos públicos.

 

 

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Luchar contra la pobreza laboral y la desigualdad salarial en España https://blogs.publico.es/uno-mayo/2015/03/26/luchar-contra-la-pobreza-laboral-y-la-desigualdad-salarial-en-espana/ Thu, 26 Mar 2015 06:56:53 +0000 http://blogs.publico.es/uno-mayo/?p=531 Continuar leyendo "Luchar contra la pobreza laboral y la desigualdad salarial en España"]]> Ramón Górriz y Manuel Lago

 

El salario medio que proporciona la encuesta de coste laboral (ECL) oculta la terrible realidad de la pobreza y la desigualdad salarial que estamos sufriendo de forma creciente en España. Para aproximarse a esta realidad es mucho más útil el modulo de salarios por deciles que incorpora en sus datos anuales la encuesta de población activa (EPA).

En la distribución por deciles se divide el total de la población asalariada en diez tramos con el mismo número de personas en cada uno de ellos. En 2013, último año con datos, 14.143.600 personas trabajaron como asalariadas y por lo tanto cada decil estaba formado por 1.414.260 personas. En el decil 1 están las 1,414 millones de personas que tienen el salario más bajo; en el último decil, el 10, el mismo número de personas con el salario más alto. Entre ambos valores están los otros ocho deciles.

En el año 2013, los 1,4 millones de asalariados del decil 1 tenían de salario medio 414 euros mensuales brutos en 12 pagas, una cuantía que estaba muy por debajo del umbral del riesgo de pobreza. Aunque resulte difícil de aceptar, en España hay 1,4 millones de trabajadores por cuenta ajena que tienen una retribución anual de menos de 5.000 euros que, distribuidos en doce nóminas mensuales y dos pagas extras (el formato más habitual en nuestro país) equivale a una nómina mensual de 355 euros brutos.

Esta es la situación más dramática pero también los que están en el decil 2 y en el 3 tienen salarios bajos, aunque no tanto. En todo caso si sumamos los tres deciles, tenemos como resultado que 4,2 millones de asalariados, el 30% del total, tienen una nómina mensual que no alcanza los 950 euros brutos. O utilizando una expresión que ha hecho fortuna, 1 de cada 3 personas asalariadas no llega a ser mileurista.

Las personas asalariadas encuadradas en los últimos deciles son cada vez más pobres porque están sufriendo la devaluación salarial con mayor intensidad que el resto. Desde 2010 a 2013, todos los tramos salariales han perdido poder adquisitivo pero sus efectos han sido mucho más duros precisamente entre los que menos cobran: el decil 1 perdió el 23% de su salario real frente a una media del 7,4% del conjunto de los asalariados.

Las 1.414.260 personas asalariadas que están en el último tramo salarial no solo son pobres, sino que cada vez son más pobres porque en tres años han perdido casi 1 de cada 4 euros de su salario real.

La pobreza laboral y la desigualdad son las dos caras del mismo problema. El deterioro salarial afecta más intensamente a los que menos cobran, de forma que al empobrecerlas más se agranda la brecha con los niveles más altos. En el año 2007, el salario medio del decil 1 era de 502 euros mientras que el decil 10 estaba en 3.671 euros. La comparación entre los dos valores nos da una ratio que mide la diferencia entre ambos: los asalariados del decil 1 cobraban 7,3 veces menos que los del decil 10, esto es, una proporción de 7 a 1.

En el año 2013 este aumento de la desigualdad se agrava todavía más porque la proporción es ahora de 11 a 1. Esto refleja que, además del empobrecimiento, se está dando un enorme aumento de la brecha salarial, un enorme incremento de la desigualdad.

 

Las coordenadas que dibujan el mapa de la pobreza laboral

Analizar la composición del decil 1, conocer las causas que determinan la pertenencia a este tramo de salario que equivale a ser un trabajador pobre, sirve para después formular propuestas para luchar contra esta inaceptable situación.

Trabajar con jornada parcial es el factor determinante para estar en el grupo de los salarios más bajos porque el 92 % de las personas que conforman el decil 1 trabajan como asalariadas a tiempo parcial y solo el 8 % trabaja a jornada completa. Hay el triple de mujeres que hombres en el tramo de los salarios más bajos ya que el 75 % de las personas del tramo salarial más bajo son mujeres frente al 25 % de hombres, una ratio de 3 a 1 en contra de las mujeres.

Aunque los jóvenes se llevan la peor parte, hay personas de todas las edades en la escala inferior de los salarios. El 14 % de las personas del decil 1 tienen menos de 24 años, cuando su peso el total de los asalariados es solo del 5%; pero también 1 de cada 10 mayores de 55 años está en el tramo los peores salarios.

Españoles y extranjeros sufren la pobreza salarial ya que el 73 % de las personas que están en el decil 1 son españolas y, por lo tanto, el 27 % tiene nacionalidad extranjera, de forma que solo 1 de cada 4 personas con bajos salarios es inmigrante, las otras tres tienen nacionalidad española.

Los bajos salarios no son cosa solo de los contratados temporales como lo demuestra que el 51 % de las personas asalariadas del decil 1 tiene un contrato indefinido y el 49 % de carácter temporal, esto es, la mitad de las personas con bajos salarios tienen una relación laboral estable.

Los nuevos en las empresas son los que cobran menos, pero los bajos salarios afectan también a la gente con antigüedad porque es cierto que el 52 % de los que componen el decil 1 llevan menos de 2 años en su puesto de trabajo, pero también lo es que el 27 % lleva más de cinco años.

Los servicios de bajo valor añadido concentran los bajos salarios ya que el 62 % del colectivo que tienen el nivel salarial más bajo son personas que trabajan como empleadas en los hogares, en la hostelería, en el comercio y en los servicios auxiliares a empresas (limpiezas y vigilancia sobre todo).

Los salarios más bajos están casi todos en el sector privado que absorbe al 96 % de las personas que conforman el decil 1 y tan solo el 4 % trabaja en el sector público y cuanto más pequeña es la empresa, más trabajadores y trabajadoras con bajos salarios hay como lo demuestra que el 63 % de las personas que están en el decil 1 trabajan en empresas que tienen menos de 10 trabajadores.

 

Combatir esta situación injusta es una prioridad sindical

Esta situación de pobreza laboral y de desigualdad es inaceptable en una sociedad democrática digna de ese nombre. Por eso, luchar contra esta marginación de varios millones de trabajadores y trabajadoras pobres es una de las prioridades del movimiento sindical. Porque esta situación insoportable tiene solución, que pasa por una política salarial más justa.

En concreto, CC.OO está proponiendo una mejora sensible y sostenida de los salarios en términos reales que es indispensable para dar consistencia a la recuperación económica y dentro de esta propuesta para todos los asalariados hay que actuar con medidas específicas para los salarios más bajos.

En primer lugar elevando el salario mínimo interprofesional hasta 800 euros mensuales en dos o tres años recuperando su pérdida de poder adquisitivo para convertirse en un dique de contención contra los salarios de pobreza.

En segundo lugar estableciendo salarios mínimos de sector más altos en las ramas de actividad con más pobreza laboral. En tercer lugar y vinculado con el punto anterior, los incrementos salariales en estas actividades tienen que estar por encima de la media. Por último, pero tal vez lo más importante, hay que derogar gran parte de la normativa legal de la contratación a tiempo parcial que ha convertido a esta figura en un contrato a demanda, sin derechos y por lo tanto no deseado por la inmensa mayoría de las personas que lo sufren solo porque no tienen otra alternativa.

 

 

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La universidad se moviliza contra las reformas https://blogs.publico.es/uno-mayo/2015/03/20/la-universidad-se-moviliza-contra-las-reformas/ https://blogs.publico.es/uno-mayo/2015/03/20/la-universidad-se-moviliza-contra-las-reformas/#respond Fri, 20 Mar 2015 09:02:42 +0000 http://blogs.publico.es/uno-mayo/?p=520 Continuar leyendo "La universidad se moviliza contra las reformas"]]> Francisco García Suárez
Secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO

 

Tras la reforma de las enseñanzas no universitarias, ahora le toca el turno a la educación superior. El gobierno parece dispuesto a transitar por el mismo sendero de la falta de diálogo y la imposición de unas políticas que suscitan un amplio rechazo, tanto en la comunidad educativa como en la sociedad. Los procesos de reforma educativa emprendidos por el Ministerio de Educación tienen un denominador común: el debilitamiento de la enseñanza pública, la quiebra de la equidad y la igualdad de oportunidades y la mercantilización de nuestro sistema educativo.

El 24 de marzo la comunidad universitaria está llamada a movilizarse contra las políticas de recorte y los decretos promovidos desde el Ministerio, mediante una huelga universitaria en la que participarán conjuntamente profesorado, personal de administración y servicios y alumnado. También lo está la sociedad, convocada a manifestar su rechazo en las calles.

El Gobierno no quiere irse sin dejar los deberes hechos, también en el ámbito de la educación superior. Los tiempos políticos, con los procesos electorales a la vuelta de la esquina, desaconsejan abrir un debate en torno a una nueva ley universitaria. Pero nos engañaríamos si consideramos que la ausencia de ley va a cortapisar las ambiciones reformistas del Ministerio, porque a través de tres Reales Decretos se van a llevar a cabo reformas estructurales que van a tener consecuencias de hondo calado en nuestro sistema de educación superior. Eso sí, se ahorran el diagnóstico previo, el debate social, el control del Parlamento, la evaluación de cómo está funcionando el actual sistema de grados y postgrados (que empieza a producir los primeros egresados)..., lo que les permite legitimar sus políticas con medias verdades. Así, tratan de apuntalar su reforma de la estructura de las enseñanzas (duración de los estudios de grado y de postgrado), con la afirmación de que el 3+2 es el modelo hegemónico en Europa, lo que es desmentido por un análisis mínimamente riguroso de la realidad de los países de nuestro entorno. Los estudios del profesor Guy Haug ponen de manifiesto la diversidad de modelos existentes en Europa. En una conferencia recientemente pronunciada en Madrid, el profesor Haug señalaba que no hay una preeminencia clara de un modelo en Europa y se mostraba partidario de grados "robustos" de cuatro años, que otorgaran conocimientos y competencias suficientes para el desempeño profesional.

Los tres decretos guardan una rigurosa coherencia entre sí, encajan como las piezas de un puzle y constituyen una reforma universitaria en toda regla, llevada a cabo por la puerta de atrás. Los decretos tendrán consecuencias sobre la financiación de nuestras universidades públicas que, de generalizarse los grados de tres años, perderán 1.000 millones de euros, que se sumarán a los 1.500 millones que han dejado de percibir en los últimos cuatro años como consecuencia de los recortes. Esta nueva merma gravitará fundamentalmente sobre el capítulo de gastos de personal y sobre lo poco que queda del capítulo de inversiones, lo que nos coloca ante un doble escenario: por un lado, se abre la puerta a nuevos recortes en el empleo (a sumar a los más de 8.100 puestos de trabajo perdidos en los últimos dos años) y con ello al consiguiente deterioro de la calidad de la enseñanza y del empeoramiento de los servicios (bibliotecas, administración...); por otro, el deterioro de las inversiones (capítulo que ya ha sido esquilmado por los recortes) incapacita a las universidades públicas no solo para crecer y adaptarse a las nuevas exigencias o para crear infraestructuras para la docencia o la investigación, sino también para remozar infraestructuras obsoletas (hay que tener en cuenta la antigüedad de algunos campus).

Pero los decretos tienen también un claro sesgo privatizador. Las universidades privadas se están "especializando" en la formación de postgrado. Mientras han ido experimentando un incremento lento aunque sostenido en la escolarización de estudiantes de grado -epígrafe en el que alcanzan el 12% del total-, en los estudios de postgrado matriculan a más del 28% del total del alumnado. En este contexto, disminuir la duración de los grados y aumentar la de los másteres, favorece objetivamente que las universidades privadas accedan a una parte progresivamente creciente del "pastel" de la educación superior. Para dejar las cosas más claras, uno de los decretos preparados por el gobierno desregula los requisitos exigidos hasta ahora para crear centros de educación superior, que pasarán a ser mucho menos exigentes. Por tanto, florecerán las "universidades internacionales del garaje".

Pero las consecuencias van mucho más allá: se dibuja una universidad menos pública, menos democrática y de menor calidad. Los grados de 3 años quedarán devaluados respecto a los actuales y solo podrán garantizar una formación muy generalista que exigirá ser completada con un máster cuyo coste duplica -en el mejor de los casos- el de un curso ordinario, lo que incrementará de forma sustancial el gasto de las familias. La tendencia a derivar a las familias una parte creciente del coste de la educación superior se ha agudizado con la crisis y con los recortes presupuestarios. A medida que iba reduciéndose el gasto público en educación superior (el gasto por alumno ha caído de 7.760 euros en 2010 a 6.481 en 2014, una reducción del 16,5%), aumentaba el gasto privado, que ha pasado del 0,8% al 1% del PIB. El único capítulo de ingresos de las universidades que ha crecido en los últimos cuatro años es el de tasas, que ha pasado de representar el 16% del total de los ingresos en el año 2010, al 22,8% en 2014, lo que refuerza la idea enunciada: una buena parte de lo que las administraciones han detraído de la financiación de las universidades, lo ponen las familias a través del incremento de las tasas. En un contexto de reducción de las becas y de endurecimiento de los requisitos para acceder a las mismas, estas medidas dibujan un modelo universitario con un creciente sesgo clasista, en el que la igualdad de oportunidades y la equidad se convertirán en una entelequia.

Para redondear la faena, tanto el ministro Wert como su secretaria de estado hablan, cada vez que la ocasión se lo permite, de la oportunidad de sustituir las becas universitarias por un sistema de créditos. Así, hipotecarían a nuestros jóvenes, generarían una burbuja de créditos universitarios como la que estalló en EEUU durante la crisis y garantizarían que sólo fueran a la universidad los hijos de las clases más favorecidas, que es realmente en lo que están pensando. La ocurrencia podría mover a la risa si no viniera de donde viene y no supiéramos el daño que le están haciendo a la educación en nuestro país. A mí me preocupa porque "donde ponen el ojo, ponen la bala". Y porque el modelo de universidad que se dibuja con estas reformas ni garantiza la cohesión social, ni servirá de motor del desarrollo económico y social.

 

 

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¿Quiénes son los 'ni-ni'? https://blogs.publico.es/uno-mayo/2015/03/16/quienes-son-los-ni-ni/ https://blogs.publico.es/uno-mayo/2015/03/16/quienes-son-los-ni-ni/#respond Mon, 16 Mar 2015 14:31:23 +0000 http://blogs.publico.es/uno-mayo/?p=509 Continuar leyendo "¿Quiénes son los 'ni-ni'?"]]> Javier Pueyo
Adjunto a la Secretaría Confederal de Juventud de CCOO

 

Suele atribuirse a Mark Twain esa célebre distinción entre las mentiras, las grandes mentiras y las estadísticas. Hay datos que desvelan parte de la realidad, pero que ocultan lo fundamental. Es cierto, por ejemplo, que -de acuerdo con la Encuesta de Población Activa (EPA)- el número de jóvenes de entre 16 y 29 años en situación de inactividad laboral ha aumentado desde el inicio de la crisis: si en el cuarto trimestre de 2007 representaban el 33,12% del total, a finales de 2014 eran ya el 42,05%. Incluso es verdad que, a pesar de que hoy residen en España 1.681.100 personas menores de 30 años menos que en 2007 (debido en parte a la evolución demográfica y en parte a la emigración), el número total de jóvenes inactivos ha aumentado.

¿Preocupante? Mucho, pero antes de sacar conclusiones precipitadas conviene revisar otros indicadores de la propia EPA. De entrada, la expresión 'ni-ni' -tan cargada de desprecio como extendida, también en ámbitos oficiales- hace referencia a quienes ni estudian ni trabajan. Son 2.802.200 los menores de 30 años que se encuentran en situación de inactividad laboral, pero resulta que hoy hay 243.000 jóvenes más que al inicio de la crisis que se dedican a estudiar (2.446.700 en total). Y eso a pesar de la disminución de la población joven y de las crecientes dificultades -incremento de las tasas, recorte de las becas- para acceder a estudios universitarios por parte de quienes tienen menos recursos. Es una consecuencia lógica de las actuales tasas de paro y de la evidente relación entre formación y empleo: vista la imposibilidad de acceder al mercado de trabajo, más jóvenes prolongan su estancia en las aulas o regresan a ellas tras abandonarlas.

Llegados a este punto, hay quien sentiría la tentación de meter a todas aquellas personas inactivas y ajenas a los sistemas de educación o formación en el saco de los 'ni-ni', con toda la carga peyorativa -buscada o no- que la etiqueta arrastra. Es, de hecho, lo que hacen el Gobierno y distintos organismos, empresas e instituciones en muchos de sus análisis.

Sin embargo, la realidad no es tan sencilla. Podemos pensar que en España hay cientos de miles de jóvenes viviendo como los participantes del reality show 'Generación ni-ni'. Pero también podemos aproximarnos a nuestro entorno con algo más de rigor y constatar, EPA en mano, que de entre los inactivos que no están estudiando o formándose, hay quienes padecen una "enfermedad o incapacidad propia", quienes "cuidan niños o adultos enfermos, discapacitados o mayores" y quienes asumen "otras responsabilidades familiares o personales". Los únicos que no explican objetivamente su situación de inactividad son aquellos que afirman que no buscan empleo porque "creen que no lo van a encontrar" (lo que cabría vincular al creciente "efecto desánimo"), que aducen "otros motivos" para no trabajar, que no saben qué responder o que aportan razones que el Instituto Nacional de Estadística no puede clasificar. ¿Y qué porcentaje de jóvenes de entre 16 y 29 años se hallaban en el cuarto trimestre de 2014 en todos estos supuestos? El 3,17%, varias décimas menos que en 2007. Un porcentaje poco relevante y algo menor, incluso, que el de la población de 40 a 54 años que se encontraba en el mismo periodo en semejantes circunstancias (3,42%).

Es posible abusar de las etiquetas, obviar la realidad heterogénea de la juventud laboralmente inactiva, hacer un uso burdo y superficial de las estadísticas y realizar cuantos análisis de brocha gorda sean necesarios para acabar concluyendo que existe una 'generación ni-ni' que ni trabaja ni estudia ni tiene la menor intención de hacerlo. Pero los malos diagnósticos conducen a peores propuestas. Y el problema de la juventud aquí y ahora tiene más que ver con que ni puede trabajar ni se facilita que pueda estudiar ni tiene ninguna expectativa de salir del pozo de paro y precariedad en que se encuentra atrapada desde hace ya demasiado tiempo.

 

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Aprovechar mejor los montes sin desprotegerlos https://blogs.publico.es/uno-mayo/2015/03/09/aprovechar-mejor-los-montes-sin-desprotegerlos/ https://blogs.publico.es/uno-mayo/2015/03/09/aprovechar-mejor-los-montes-sin-desprotegerlos/#respond Mon, 09 Mar 2015 08:42:22 +0000 http://blogs.publico.es/uno-mayo/?p=469 Continuar leyendo "Aprovechar mejor los montes sin desprotegerlos"]]> Pedro J. Linares
Secretario Confederal de Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO
Francisco Javier Cabezos
Secretario de Salud Laboral y Medio Ambiente de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO

Revitalizar el sector forestal constituye un elemento clave para recuperar y reactivar un mundo rural en franco retroceso en gran parte de nuestra geografía. La ausencia de una auténtica política agrícola, la falta de inversiones y la insuficiencia de servicios públicos en las zonas rurales son algunas de las causas de esta situación. Son muchas las carencias del mundo rural y precisamente por ello sorprende que el Partido Popular aborde la reforma de la Ley de Montes sin el necesario consenso, ni parlamentario ni social, y quizá pensando sólo en determinados intereses sectoriales y empresariales.

Un factor importante de esta situación en el mundo rural deriva de problemas que se arrastran en el sector forestal como el individualismo y el abandono de muchas propiedades forestales, los problemas de titularidad de los montes, la poca apertura de los mercados de productos forestales, la escasa inversión pública y privada o el desinterés de la sociedad por el monte, un desinterés posiblemente provocado por el desconocimiento del potencial del sector, tanto desde un punto de vista económico, como del medioambiental y la potencialidad de creación de empleo y reactivación en zonas hoy deprimidas.

Conviene saber que el empleo en el sector forestal se caracteriza por una alta tasa de temporalidad, una gran rotación, escasa formación y elevadas tasas de accidentabilidad. El empleo forestal está tan poco valorado que ni siquiera existe en la Estadística Forestal y su número varía enormemente según distintas fuentes: 31.700 según el INE, 23.600 según la Seguridad Social ó 61.000 según la patronal ASEMFO. En cualquier caso, hablamos de un volumen de empleo nada despreciable y que requiere de políticas públicas para su mejora.

El sector forestal es muy importante también como proveedor de materia prima para ciertos sectores industriales como el papel, el tablero y el mueble o la biomasa energética, sectores asociados que generan también un número muy importante de empleos. Un abastecimiento mayor de productos forestales locales para estas industrias reduciría costes y mejoraría la competitividad de estas empresas.

Por ello es necesario abordar políticas integrales en el sector y modificar diversas normativas, con el objetivo de reducir el abandono de propiedades forestales, de poner en marcha un registro único de la propiedad forestal y de los aprovechamientos forestales públicos, de condicionar las subvenciones públicas y las autorizaciones de aprovechamientos a una gestión forestal adecuada y planificada, de incentivar el uso energético de la biomasa forestal residual o de mejorar la prevención de los incendios forestales, entre otras, ya que generarían múltiples beneficios medioambientales y de reactivación económica local. Reformas de este tipo se recogen en el estudio Sector forestal: propuestas de cambio para la creación de 50.000 empleos que CCOO presentó en octubre de 2012.

Sin embargo, en el 89% de los montes españoles (24 millones de ha) no se ha puesto en marcha ningún instrumento de ordenación que racionalice su aprovechamiento desde el punto de vista ambiental y económico pese a que, contrariamente a lo que se cree, la mayor parte de las zonas forestales de la península tienen una elevada productividad de los recursos forestales y naturales. Incentivar la inversión forestal con medidas como las anteriormente señaladas conseguiría un efecto de arrastre sobre otros sectores industriales, así como elevados retornos fiscales derivados del incremento de actividad productiva.

En un momento como el actual de abandono del medio rural y de elevado desempleo no nos podemos permitir la inacción en materia forestal. No podemos dejar que la situación de los bosques y montes se deteriore porque además ya sabemos que la falta de gestión constituye un importante riesgo de incendios forestales.

Pero el proyecto de ley remitido por el Gobierno del Partido Popular recientemente al Congreso de los Diputados tiene otros objetivos: eximir de instrumentos de gestión forestal, eliminando la obligación que estableció la reforma de la ley en 2006 de que todos los montes contaran con un plan de gestión, o simplificar determinados trámites administrativos como es que determinados montes puedan presentar un modelo-tipo de gestión forestal sin considerar sus particularidades. También se plantea la posibilidad de presentar una "declaración responsable" del aprovechamiento forestal en vez de la actual autorización administrativa previa para los aprovechamientos maderables y leñosos de turno corto en los montes no gestionados por los órganos forestales autonómicos. Es decir, menos gestión, menos exigencias, menos control público, más desregulación.

Además, con la reforma de la Ley de Montes, el Gobierno pretende modificar la regulación de la actividad de los agentes forestales, que vienen desarrollando su trabajo con eficacia en el medio rural y en las zonas forestales. Se trata de funcionarios de la Administración que realizan con capacitación y eficacia tareas de vigilancia, enfocadas a prevenir e inspeccionar la gestión forestal, los incendios forestales, las ilegalidades urbanísticas y otras infracciones en materia de medio ambiente. Estos cuerpos han sufrido en estos últimos años importantes recortes en sus plantillas y han visto cómo algunas administraciones autonómicas les intentaban cercenar sus atribuciones como policía judicial. Así ocurrió, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid durante el Gobierno de Esperanza Aguirre en 2007, aunque afortunadamente sus intenciones no prosperaron.

El Gobierno del Estado vuelve a la carga e intenta de nuevo eliminar sus competencias en la investigación de delitos urbanísticos, contra el medio ambiente o por incendios forestales, abocando a los montes y terrenos forestales a una desprotección mayor. Para ello, intenta subordinar sus actuaciones a las de otros cuerpos de policía judicial, estableciendo que actuarán como meros auxiliares de éstos y que se limitarán a las primeras diligencias de prevención.

¿Por qué restringir sus capacidades si han demostrado su eficacia y amplia experiencia sobre el terreno actuando, por ejemplo, como policía judicial de las fiscalías de medio ambiente? ¿Por qué prescindir de la capacidad de más de 6.000 efectivos que intervienen actualmente en la mayor parte de las infracciones ambientales que se cometen en las zonas forestales?

Pensar que el Gobierno del Estado o el de algunas Comunidades Autónomas no tiene interés en que se investiguen con suficiente diligencia y rapidez determinadas conductas delictivas quizá sea excesivo, pero, desde luego, reducir la capacidad de la Administración en la investigación y persecución de infracciones y delitos no parece que sean medidas pensadas para la mejora de la protección de nuestro medio rural.

Estamos ante una iniciativa más del Gobierno que pretende hacer de la desregulación una oportunidad y en este, como en otros campos, esta lógica es absolutamente perversa y las consecuencias pueden ser irrecuperables. Si queda algo de cordura, se debería paralizar este proyecto de ley para, desde el mayor consenso posible, implantar un modelo de gestión verdaderamente sostenible que tenga en cuenta los factores económicos, ecológicos y sociales.

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https://blogs.publico.es/uno-mayo/2015/03/09/aprovechar-mejor-los-montes-sin-desprotegerlos/feed/ 0
8 de Marzo: día a día trabajamos por la igualdad real https://blogs.publico.es/uno-mayo/2015/03/03/8-de-marzo-dia-a-dia-trabajamos-por-la-igueldad-real/ https://blogs.publico.es/uno-mayo/2015/03/03/8-de-marzo-dia-a-dia-trabajamos-por-la-igueldad-real/#respond Tue, 03 Mar 2015 08:45:32 +0000 http://blogs.publico.es/uno-mayo/?p=449 Continuar leyendo "8 de Marzo: día a día trabajamos por la igualdad real"]]> Ana Herranz Sainz-Ezquerra
Secretaria confederal de Mujer e Igualdad CCOO

 

Cada 8 de Marzo, Comisiones Obreras refuerza su compromiso con la igualdad de género y denuncia la persistente discriminación, la desigualdad y la violencia que sigue impactando duramente a las mujeres.

Una persistente desigualdad, que incrementa la segregación en el mercado de trabajo, el desempleo, la brecha salarial, la precariedad laboral (alta temporalidad y tiempo parcial) y, de manera insoportable, la violencia contra las mujeres. Brechas de género que son el resultado de los efectos combinados de la crisis económica, las políticas de recortes en los servicios públicos, la disminución de prestaciones y protección social, así como un permanente retroceso legislativo e ideológico.

Retroceso que se manifiesta en la regresiva ley de Educación LOMCE donde se fomenta la segregación y desaparecen los contenidos específicos en materia de igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género y recientemente tras el logro para la igualdad que supuso la retirada del proyecto de reforma del aborto, ahora, ataca de nuevo el gobierno del partido popular con una propuesta de reforma de la Ley 2/2010 de Derechos sexuales y reproductivos, para prohibir a las mujeres de 16 y 17 años interrumpir su embarazo si no cuentan con el consentimiento paterno; excepcionalidad que mayoritariamente se produce en ámbitos de violencia intrafamiliar o desarraigo, lo que abocará a las menores a soluciones de clandestinidad y el consiguiente riesgo para sus vidas.

CCOO manifiesta su contundente rechazo a estas políticas económicas y sociales y denuncia la persistente desigualdad y precariedad laboral de las mujeres, que contrasta con la valoración triunfalista del gobierno ante los recientes datos de la EPA 2014 que, sin embargo, muestran la fuerte destrucción de empleo y el incremento de las brechas de género; la Brecha de actividad es de 12 puntos menos (el 53,9% para las mujeres el 65,9 para los hombres); la Brecha de desempleo de 2 puntos más (el 24,9% de paro femenino); la Brecha de ocupación de 10 puntos menos (52,71% para las mujeres, el 62,45% para los hombres); el tiempo parcial femenino crece mientras se reduce el masculino –las mujeres tienen el 75%- y de manera espectacular el dato de la Brecha salarial que se incrementa hasta alcanzar el 31%, de tal modo que las mujeres ganan una media de 6.144 E menos año que los hombres. (INE EES 2102).

Del mismo modo y basado en los datos de un reciente informe elaborado por el Gabinete económico de CCOO, se evidencia el desmoronamiento de la protección social, muy cercana al umbral de la pobreza y con fuerte impacto sobre las mujeres. Datos que hablan por sí solos, en 2014 la tasa de protección de las desempleadas ha sido del 45%; de cada 100 mujeres en paro, 56 quedan fuera de la protección por desempleo; del 45% que recibe prestación el 55% tiene prestación asistencial de 426 euros y apenas 1 de cada 5 de las mujeres desempleadas (el 21%) cobra una prestación contributiva por desempleo, recibiendo una media de 725 euros.

En este sentido queremos destacar positivamente el reciente Programa Extraordinario de Activación para el Empleo, fruto del Acuerdo del Diálogo Social, con un importante impacto de género, aliviando a miles de trabajadoras de una situación dramática e insostenible y favoreciendo su inserción laboral.

Otra cuestión de vital importante es la insoportable y persistente violencia contra las mujeres, que evidencia la ineficacia de los poderes públicos. Son cuatro las mujeres asesinadas en lo que va de año y en 2014 fueron 53, de las que solo cuatro tenían medidas de protección en vigor; y son más 120.000 denuncias las que se realizan anualmente por violencia de género, con gravísimas consecuencias físicas, psicológicas, laborales y sociales.

CCOO ante el evidente fracaso en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, queremos incidir en la necesidad de aplicar de forma eficaz la LO 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género, garantizando los servicios y presupuestos necesarios que hagan efectiva la prevención, protección y atención a las víctimas, el empleo y su autonomía económica, la recuperación del objetivo educativo de igualdad entre mujeres y hombres y la promoción, la formación y sensibilización a profesionales y operadores jurídicos. Es preciso hacer hincapié en la repuesta institucional y la implicación del conjunto de la sociedad, factores clave para que las mujeres hagan efectivo su derecho a desarrollar sus vidas en libertad, seguridad e igualdad.

En este 8 de Marzo, desde COMISIONES OBRERAS exigimos políticas de crecimiento sostenible con dimensión de género, la restitución de los servicios públicos, sanidad, educación, atención a la infancia y personas dependientes, una política fiscal progresiva y solidaria, ampliación de la protección social y la puesta en marcha de políticas activas de empleo que impliquen objetivos de calidad para combatir la precariedad, las brechas de género y la violencia contra las mujeres.

Se hace necesario activar el diálogo social y la negociación colectiva, integrando la dimensión de género en todas las políticas de forma que se neutralicen los impactos negativos que muchas veces tiene sobre las mujeres y, es por ello, que exigimos voluntad política del Gobierno para consensuar con los interlocutores sociales, la elaboración y puesta en marcha del necesario Plan Especial para la igualdad de mujeres y hombres en el ámbito laboral y contra la discriminación salarial, repetidamente anunciando por el Gobierno y ahora en vías de elaboración.

Así mismo es fundamental para avanzar en la corresponsabilidad de mujeres y hombres es la mejora y creación de servicios públicos de calidad, -escuelas infantiles de 0 a 3 años-, la ampliación del permiso de paternidad legalmente aprobada, así como la financiación de la Ley de Dependencia que posibilite satisfacer la demanda existente y generar empleo estable y de calidad.

De vital importancia es combatir y eliminar la violencia de género, aplicando de forma eficaz la Ley integral contra la violencia de género, garantizando los servicios y presupuestos necesarios que hagan efectiva la prevención, protección y atención a las víctimas, la recuperación del objetivo educativo de igualdad entre mujeres y hombres y la promoción, la formación y sensibilización a profesionales y operadores jurídicos.

En este 8 de Marzo, CCOO renueva su compromiso con las políticas de igualdad entre mujeres y hombres, reforzando la transversalidad de género en la negociación colectiva, negociando medidas y planes de igualdad que mejoren el acceso al empleo, la formación, la promoción, y combatiendo la discriminación salarial de las mujeres, TRABAJANDO DIA A DIA por de la IGUALDAD REAL Y EFECTIVA ¡¡¡¡¡

 

 

 

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Diez años de Gobierno Frenteamplista en Uruguay: una revolución tranquila https://blogs.publico.es/uno-mayo/2015/02/17/diez-anos-de-gobierno-frenteamplista-en-uruguay-una-revolucion-tranquila/ https://blogs.publico.es/uno-mayo/2015/02/17/diez-anos-de-gobierno-frenteamplista-en-uruguay-una-revolucion-tranquila/#respond Tue, 17 Feb 2015 06:36:09 +0000 http://blogs.publico.es/uno-mayo/?p=425 Continuar leyendo "Diez años de Gobierno Frenteamplista en Uruguay: una revolución tranquila"]]> Daniel Kaplún
Sociólogo, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, y secretario de organización del Comité del Frente Amplio en Madrid.

 

 

El pasado domingo 30 de noviembre se celebró en Uruguay la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, obteniendo el candidato del Frente Amplio, Tabaré Vázquez, un triunfo arrollador, con más de 14 puntos de diferencia sobre su contrincante del Partido Nacional (o "blanco") Luis Lacalle Pou. El Frente Amplio consigue así su tercer mandato consecutivo, revalidando además su mayoría absoluta en ambas cámaras legislativas, lo que le permitirá seguir profundizando en su programa de transformación del país, que ha dado lugar a uno de los mayores periodos de crecimiento económico y bienestar social de toda la historia nacional.

El Dr. Tabaré Vázquez sucederá el 1º de marzo próximo a José "Pepe" Mujica, probablemente el mandatario actual mejor valorado y más popular, tanto dentro como fuera del país, universalmente reconocido por su honestidad y coherencia personal, por la extrema austeridad de su forma de vida y la peculiarísima empatía que genera en el encuentro personal, cualquiera sea su interlocutor: no hay manera de no quedar encandilado por este abuelo bonachón y sabio, voluntariamente pobre, que habla para que todos le entiendan y no por ello deja de expresar una profunda filosofía de vida y una forma completamente insólita (en los tiempos que corren) de entender la tarea de gobierno como una vocación de servicio a su pueblo, completamente exenta de cualquier ambición personal o de poder, y sin la menor sombra de parafernalia ni protocolo.

Por todo ello, en los últimos años el Gobierno del Frente Amplio ha puesto a este pequeño país en el mapa internacional, constituyéndose en uno de los referentes ineludibles para todos los que queremos y luchamos denodadamente por un cambio en nuestro modelo de convivencia y, en definitiva, en nuestra arquitectura social. La renovación de su triunfo electoral parece, por lo tanto, un momento adecuado para dejar algunas reflexiones, inevitablemente personales, pero no necesariamente intransferibles.

He dedicado otro trabajo, publicado en Nueva Tribuna, a reconstruir los orígenes del Frente Amplio, las condiciones sociales, políticas y legislativas que lo hicieron posible, terminando con una breve reflexión sobre las dificultades para extrapolar esa experiencia a la actual coyuntura política española.

En este artículo intentaré resumir algunos de los logros más significativos de los 10 años de gobierno frenteamplista, explicando hasta qué punto el país se ha transformado radicalmente en estos 10 años, recuperando una parte sustancial de su peculiaridad en el contexto latinoamericano, aquella que, a mediados del siglo pasado, le dio a conocer como "la Suiza de América".

Esta transformación tiene, obviamente, su base en un periodo de excepcional bonanza económica (sin la cual no hubiera sido posible), pero las políticas gubernamentales pueden potenciar los efectos de las coyunturas o frenarlos, por una parte, y aprovecharlos de muy distintas formas y para muy distintos fines por otra.

El neoliberalismo sostiene machaconamente que es necesario crecer primero para redistribuir después, como efecto "natural" del propio crecimiento de la economía, y la década frenteamplista demuestra contundentemente que esta ley no sólo no es ineluctable sino que es radicalmente falsa: Uruguay ha logrado crecer redistribuyendo, y esa misma redistribución ha contribuido sustancialmente a potenciar su propio crecimiento.

La enumeración de los síntomas de esa transformación nos llevaría mucho más de lo admisible en el espacio otorgado a este artículo, pero trataremos de resumir en breves pinceladas los más significativos:

 

a) Crecimiento económico y reducción de la pobreza:

El 1º de marzo de 2005, al asumir la Presidencia, Tabaré Vázquez se encontró con un panorama económico y social tétrico, expresado básicamente en:

  • 17,5% de caída del PIB en 5 años.
  • Tasa de desempleo del 16,5%.
  • 40% de la población por debajo del umbral de la pobreza.
  • 5% de la población en situación de indigencia.
  • Caída del ingreso medio per cápita de un 20%.
  • Caída de un 11% en el poder adquisitivo de los salarios.
  • Multiplicación del trabajo sumergido y del empleo precario.

8 años después (finales de 2012), la situación era drásticamente distinta:

  • 57% de crecimiento acumulado del PIB.
  • El desempleo había bajado hasta el 6%.
  • El número total de ocupados se había incrementado en 300.000, lo que equivale a un crecimiento del 22% respecto a la cifra de 2004.
  • Mejora redistributiva de los salarios reales: 15% los más bajos, 4% los más altos.
  • Aumento en el número de cotizantes al Banco de Previsión Social hasta 1.400.000 (récord histórico), lo que redunda en una mejora de su sostenibilidad y, por lo tanto, en una reducción sustancial de la aportación del Estado al BPS: en una población altamente envejecida, la sostenibilidad de las pensiones deja de ser un problema (lección ineludible para quienes nos amenazan con la inviabilidad a corto plazo del sistema jubilatorio público español).
  • Incremento medio de las pensiones en un 48%.
  • Reducción del número de pensiones claramente insuficientes de 79.000 a 4.500.
  • Incremento del poder adquisitivo de las pensiones mínimas de un 22%.
  • Restauración obligatoria de los Consejos de Salarios (convenios colectivos), que impulsó la sindicalización masiva de trabajadores y la formalización de la economía sumergida, que se redujo en un 33% (estimado).
  • Regularización de sectores de actividad tradicionalmente informales, como el servicio doméstico.

En ese proceso de reducción de la pobreza tuvo gran importancia la creación del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), y el programa de choque que se llevó a cabo durante los primeros meses de Gobierno, el Plan de Emergencia Social (PANES), que afectó a 75.000 hogares (unas 330.000 personas). Algunos de los componentes fundamentales del PANES fueron:

  • La institución del Ingreso Ciudadano, un sistema de transferencia directa de dinero a familias sin ingresos, condicionada al ejercicio de sus propios derechos: escolarización efectiva de los hijos, atención sanitaria, etc.
  • El programa "Trabajo por Uruguay", destinado a facilitar la inserción laboral de los beneficiarios. Se trataba de ofrecer ocupación por un tiempo limitado, desarrollando actividades de servicio comunitario, y acompañado de un proceso de formación para el empleo

A la finalización de esta primera actuación de choque (diciembre de 2007), el MIDES puso en marcha un proyecto de más largo plazo, denominado "Plan de Equidad", que consta de medidas tales como:

  • La universalización de los servicios sociales básicos
  • Mejora de ingresos a través de empleos con salarios dignos
  • Extensión de prestaciones sociales básicas como las Asignaciones Familiares, que actualmente alcanzan ya a los trabajadores informales y a la población mayor de 64 años no perceptora de pensiones jubilatorias.
  • Programas concretos tales como la Tarjeta Uruguay Social (que facilita el acceso a productos de la canasta alimentaria básica), "Juntos somos más" (programa de inserción laboral a través de cooperativas sociales), "Jóvenes en Red" (destinado a jóvenes que no trabajan ni estudian), "Uruguay crece contigo" (para mujeres embarazadas y niños de hasta 4 años) o "Cercanías" (para núcleos familiares en situación de pobreza extrema), el Plan "Siete Zonas" (trabajo social concentrado en 7 zonas de particular concentración de la exclusión social), el Programa de Integración de Asentamientos Irregulares (PIAI) o el Plan Juntos (mejora de la calidad de vida, integración y participación social de sectores en extrema pobreza).

b) Mejora de la calidad y cobertura de los servicios sociales básicos, particularmente de las prestaciones sanitarias:

Históricamente, el sistema sanitario uruguayo se caracterizaba por una dualidad fuertemente desigual: un sistema público meramente asistencial y de último recurso (para pobres de solemnidad), altamente infradotado y con personal pésimamente retribuido; y un sistema privado basado en una red de mutualistas (en general sin ánimo de lucro), al que acudía todo aquél que pudiera pagárselo, con prestaciones muy desiguales según el poder adquisitivo (y por lo tanto las aportaciones) de los usuarios. Tanto el uno como el otro se caracterizaban, además, por su orientación predominantemente curativa y no preventiva.

En 2004 ambos sistemas estaban en quiebra, el público por falta de inversión y presupuesto para su sostenimiento, el privado por la drástica reducción del número de afiliados.

Una de las primeras (y más trascendentes) medidas adoptadas por el Gobierno de Tabaré Vázquez fue la implantación del Sistema Nacional Integrado de Salud, y la consiguiente universalización del Seguro de Salud, cuya cobertura se aproxima ya al 100% de la población.

El sistema permite optar entre la cobertura pública o privada: en el primer caso, dotando a la red sanitaria pública de equipamiento material y recursos humanos adecuadamente remunerados, hasta equipararla en calidad y prestaciones a la privada; en el segundo, facilitando el pago por parte del Fondo Nacional de Salud de las cuotas de las mutualistas, lo que ha redundado en una recuperación acelerada en el número de usuarios y su consiguiente reflotamiento. Con este sistema, cada familia aporta según sus posibilidades, pero recibe asistencia según sus necesidades, constituyéndose la asistencia sanitaria en un salario indirecto, de valor económico difícilmente calculable, pero que contribuye sustancialmente a la redistribución progresiva de la renta.

Además, se ampliaron considerablemente las prestaciones, incluyéndose la salud mental y la sexual y reproductiva (entre otras), y se potenciaron la atención preventiva, la educación sanitaria y las medidas higiénicas, en un todo integrado encaminado a reducir drásticamente la morbilidad.

De este modo, la asistencia sanitaria pasó en poco tiempo de ser una asignatura pendiente a convertirse en uno de los buques insignia del Gobierno frenteamplista.

El sistema educativo estaba igualmente en quiebra financiera y cualitativa, pero los logros en esa materia aún están lejos de ser satisfactorios, constituyendo, por lo tanto, una de las asignaturas pendientes para la legislatura venidera. De momento, el esfuerzo se ha centrado fundamentalmente en los aspectos cuantitativos, es decir en la mejora presupuestaria y de la dotación material:

  • Se ha duplicado el presupuesto hasta alcanzar el 4,5% del PIB, lo que ha permitido en primer lugar mejorar la retribución de los docentes y demás trabajadores de la enseñanza en más de un 50%, hasta alcanzar unos niveles "casi" dignos.
  • Se ha hecho un gran esfuerzo en la restauración de edificios, seriamente deteriorados tras décadas de completo abandono, y se han construido nuevas dotaciones.
  • Se ha mejorado la dotación material, con especial énfasis en la informatización (Plan Ceibal)
  • Se ha incrementado notablemente la escolarización infantil, y la matrícula en las enseñanzas de nivel secundario y terciario
  • Así como la alfabetización de adultos
  • Se han incrementado considerablemente las becas
  • Y finalmente se ha aprobado una nueva Ley General de Educación, aunque su desarrollo está aún lejos de completarse.

Pero sigue faltando una revisión a fondo de contenidos y metodología, cuestiones sobre las que se ha discutido mucho en este periodo sin llegar a acuerdos efectivos entre las partes implicadas. Y completar la descentralización de la educación superior, aún excesivamente concentrada en la capital, entre otras actuaciones que constituyen uno de los principales desafíos para la legislatura siguiente.

c) Vivienda: erradicación progresiva del chabolismo, recuperación de viviendas deterioradas, reflotamiento del Banco Hipotecario

Otra gravísima consecuencia de la crisis de 2002 fue la multiplicación de los asentamientos informales, carentes de las más mínimas condiciones habitacionales.

A esta multiplicación del chabolismo se sumaba la situación de quiebra de facto del Banco Hipotecario (banco público dedicado específicamente a la financiación de la vivienda), lo que contribuía a bloquear el acceso a la vivienda de hogares relativamente solventes pero a los que la banca privada (gravemente tocada también por la crisis) no estaba dispuesta a financiar.

Fue necesario abordar con energía ambas cuestiones: se reflotó el BHU y se consiguió recuperar, mediante una política adecuada de refinanciación o reestructuración de deuda, un gran número de créditos morosos, reduciendo en pocos años la morosidad del 70 al 7%. Y se creó la Agencia Nacional de la Vivienda, destinada a proveer de soluciones habitacionales a familias consideradas insolventes por el sistema financiero comercial, a la vez que se aprobaba una Ley de vivienda de interés social.

Con todo ello, sólo en el año 2012 se lograron entregar más de 12.000 viviendas terminadas, más otras 23.700 en construcción, se impulsaron planes de ahorro para vivienda (21.000 cuentas "Yo Ahorro"), se otorgaron más de 6.000 créditos para compra de vivienda y otros 8.000 para refacción en menos de 3 años, etc.

d) Algunas sombras y tareas pendientes:

En las líneas anteriores creo haber dejado claro algo de lo mucho que se ha logrado en estos 10 años. Pero un crecimiento sostenido de esa naturaleza tiene también sus costes, y es importante no ignorarlos, porque de lo contrario nos pasarán inevitablemente factura a corto o medio plazo.

Uno de los principales problemas que es necesario afrontar de inmediato es el medioambiental: una parte importante del crecimiento de las exportaciones se ha basado en algunas líneas de producción muy agresivas para el medio ambiente, tales como la soja o (sobre todo) la forestación para la producción de pasta de papel. Si no se no se atacan adecuada y rápidamente estos problemas, corremos el riesgo de que esto sea "pan para hoy y hambre para mañana", pues se terminaría por desertizar uno de los territorios más fértiles del planeta.

En paralelo, el transporte por carretera de grandes cantidades de madera ha dejado nuestras (ya de por sí anticuadas y muy deterioradas) infraestructuras viarias en un estado prácticamente catatónico, y es necesario emprender urgentemente su remodelación y reconstrucción, así como la reactivación del sistema ferroviario, que quedó totalmente inutilizado por los gobiernos precedentes, y potenciar las comunicaciones por vía fluvial, hoy inexistentes.

Otra de las consecuencias medioambientales de este crecimiento acelerado es la contaminación de los acuíferos y cuencas fluviales, con la consiguiente pérdida de calidad de una excelente red de abastecimientos de agua potable.

Más allá de los problemas medioambientales, la otra asignatura pendiente es la educación a la que, como ya se explicó anteriormente, se ha dado un importante impulso en términos cuantitativos pero le sigue haciendo falta una profunda revisión y actualización de sus contenidos.

Por último, no podemos eludir la mención al grave problema jurídico y ético que implica la pervivencia de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (o ley de impunidad), que sigue impidiendo el juicio y castigo a los culpables de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura y la investigación a fondo de sus actos, entre ellos la desaparición forzosa de más de un centenar de personas. Pero en esta cuestión la responsabilidad del Frente es cuando menos limitada, puesto que la derogación de esta ley fue sometida a referéndum ya en dos ocasiones sin que se lograse la mayoría suficiente para ello.

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El retroceso de la sanidad pública en perspectiva histórica https://blogs.publico.es/uno-mayo/2015/02/10/el-retroceso-de-la-sanidad-publica-en-perspectiva-historica/ https://blogs.publico.es/uno-mayo/2015/02/10/el-retroceso-de-la-sanidad-publica-en-perspectiva-historica/#respond Tue, 10 Feb 2015 08:47:08 +0000 http://blogs.publico.es/uno-mayo/?p=413 Continuar leyendo "El retroceso de la sanidad pública en perspectiva histórica"]]> Lola Morillo
Socióloga del Gabinete Interfederal de CCOO

En la historia de la sanidad pública española existen varios hitos que es preciso recordar en estas épocas de recortes indiscriminados.

En 1942 se aprueba el primer seguro de enfermedad obligatorio. Debe ese calificativo a la obligación que el Estado se impone a sí mismo y que al mismo tiempo impone a asalariados y patronos. Este seguro se concibió como una forma de protección frente a las situaciones de enfermedad que pudieran presentarse a la población trabajadora y a los familiares a su cargo. Su aprobación se acompaña de la creación de 532 ambulatorios repartidos por todo el Estado, entre 1943 y 1976.

El segundo desarrollo importante fue la aprobación en 1963 de la ley de bases de la Seguridad Social, que procedió a la unificación de los diferentes seguros sociales existente hasta entonces: vejez, maternidad, accidentes de trabajo, cargas familiares, enfermedad común y accidente no laboral, enfermedad profesional, invalidez y paro. La Seguridad Social crea también una red de hospitales propios que alcanza su culminación en el período comprendido entre 1972 y 1976. Anteriormente el seguro obligatorio de enfermedad contrataba los servicios hospitalarios del sector privado.

La construcción de los hospitales de la Seguridad Social coincide con el desplazamiento del centro de gravedad de la asistencia sanitaria pública desde los ambulatorios hacia el hospital. Paralelamente comienza a producirse un abandono en el cuidado de la red ambulatoria, deterioro que aparece reflejado en los dos informes oficiales realizados en la segunda mitad de la década de los setenta, el Informe al Gobierno, publicado en 1975 por la Comisión Interministerial para la Reforma de la Sanidad, y el Libro Blanco de la Seguridad Social, hecho público en 1977 por el Ministerio de Trabajo. Respecto a la atención primaria, el Libro Blanco mencionaba como problemas la masificación de las consultas, la desvinculación con los servicios hospitalarios o el carácter residual del ejercicio de la medicina general.

El tercer gran hito fue el impulso dado a la atención primaria. Por un lado, en 1978 se crea la especialidad de medicina familiar y comunitaria, con el objetivo de mitigar el carácter residual que hasta entonces había tenido la práctica de la medicina general. Desde 1995 esta especialidad constituye un requisito para ejercer como médico de atención primaria en el sistema público. Por otro lado, en 1984 comienza la reforma de la atención primaria con la creación de los centros de salud y los equipos de atención de atención primaria, inspirados ambos en la Declaración de Alma Ata de la OMS. Se produce así un tránsito desde la asistencia primaria de los ambulatorios, basada en la enfermedad, la curación y el tratamiento ocasional de problemas específicos, a una atención primaria centrada en la salud y en la prevención como parte de un proceso continuado de atención. La dedicación horaria del personal sanitario de atención primaria se incrementa con respecto al modelo anterior y para ello se establece una jornada semanal de cuarenta horas. Frente a la falta de objetivos comunes que el Libro Blanco de la Seguridad Social había detectado como problema del modelo ambulatorio, se propone una filosofía de trabajo en equipo entre el personal sanitario y no sanitario. Todas estas mejoras convertirán a la atención primaria española en un referente internacional.

El cuarto punto de referencia en la historia de la sanidad pública española fue la aprobación de la ley general de sanidad en 1986 que, sobre la base del sistema nacional británico, reconoce la extensión de la asistencia sanitaria pública a toda la población. Anteriormente el acceso a la red pública tenía lugar a través de dos dispositivos: la red sanitaria de la beneficencia o seguridad pública pensada para atender a las personas sin recursos económicos, y la red sanitaria de la Seguridad Social concebida para prestar asistencia a la población trabajadora y a sus familiares. Por razones de crisis económica, dirá la exposición de motivos de la ley general de sanidad, la universalización de la asistencia sanitaria se realizará paulatinamente. Se inicia así un proceso de extensión de la cobertura en el que cabe destacar dos desarrollos. El primero fue el reconocimiento en 1989 de la cobertura sanitaria de la Seguridad Social a las personas sin recursos económicos suficientes. El segundo desarrollo, la inclusión en la sanidad pública de los ciudadanos extranjeros, recibió un impulso importante con la ley orgánica 4/2000.

Una vez expuestos los avances logrados en la sanidad pública española a lo largo de su historia, es el momento de abordar las consecuencias de las reformas implantadas en los últimos años.

Se ha reducido la cobertura de la asistencia sanitaria pública. A raíz del real decreto 16/2012, 873.000 residentes extranjeros han sido excluidos de la asistencia sanitaria pública, según le explica el gobierno a la Comisión Europea en el Programa Nacional de Reformas de 2013. Los términos también han cambiado, el real decreto citado vuelve a hablar de asegurado y beneficiarios del asegurado. Las personas pensionistas pagan ahora por sus medicinas según una fórmula regresiva que perjudica a las rentas más bajas. El copago farmacéutico se ha implantado además en un momento de grave crisis económica en el que, según el Barómetro de Mayores, el 70% de los mayores proporciona a sus familiares una ayuda imprescindible para poder vivir dignamente.

Tanto la atención primaria como la atención especializada han visto disminuir su capacidad para ofrecer una mejor asistencia. En solo dos años, entre enero de 2012 y enero de 2014, se han eliminado 19.000 puestos de trabajo, sin que el Boletín de Personal al Servicio de las Administraciones Públicas permita saber cuántos corresponden a cada nivel sanitario. En atención primaria, 90 de los 300 centros de salud de la Comunidad de Madrid rechazaron en 2013 firmar los objetivos del contrato programa anual, por considerar que el presupuesto para cubrir las ausencias de personal era insuficiente para garantizar la calidad de la asistencia. Así que no es extraño que entre 2011 y 2013 se haya triplicado el porcentaje de personas que considera que los servicios asistenciales de la atención primaria y la atención especializada han empeorado en los últimos años, según los datos ofrecidos por el Barómetro Sanitario que anualmente realiza el CSIC para el Ministerio de Sanidad.

Simultáneamente aumenta la participación del sector privado en la provisión de la atención sanitaria pública a través de una infinidad de fórmulas. Un pequeño grupo de grandes constructoras, bancos, aseguradoras sanitarias privadas y fondos de inversión, se han convertido en socios habituales de la sanidad pública. Bajo la fórmula de concesión de obra pública, el PP en la Comunidad de Madrid ha cedido a empresas como Sacyr, FCC o Acciona la financiación y construcción de al menos siete nuevos hospitales. La administración abona a estas empresas un canon anual que, según la experiencia británica, a la larga supondrá pagar seis veces más de lo que hubiera costado su construcción pública.

La segunda modalidad de participación del sector privado, la concesión administrativa, conlleva una mayor carga ideológica y privatizadora, puesto que las empresas privadas además de construir y gestionar el edificio proporcionan la asistencia sanitaria pública. El gobierno del PP en la Comunidad Valenciana es el que mayor uso ha hecho de esta fórmula y en la actualidad al menos el 20% de la población valenciana recibe asistencia sanitaria pública a través del sector privado. En la Comunidad Valenciana las empresas privadas no solo han asumido la asistencia sanitaria de los nuevos hospitales que han construido, sino también la atención prestada en los centros de salud que antes gestionaba el sector público.

Una tercera forma de participación de las empresas privadas consiste en cederles actividades que previamente realizaba la sanidad pública como las pruebas diagnósticas y de laboratorio, los servicios informáticos, las derivaciones a atención especializada o las intervenciones quirúrgicas. Este aumento de experiencias privatizadoras contrasta con el escaso interés de nuestros gobernantes por desarrollar sistemas de información que permitan confirmar la supuesta superioridad del sector privado.

 

 

 

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La campaña electoral entra en el Congreso https://blogs.publico.es/uno-mayo/2015/02/02/la-campana-electoral-entra-en-el-congreso/ https://blogs.publico.es/uno-mayo/2015/02/02/la-campana-electoral-entra-en-el-congreso/#respond Mon, 02 Feb 2015 17:37:35 +0000 http://blogs.publico.es/uno-mayo/?p=404 Continuar leyendo "La campaña electoral entra en el Congreso"]]> José Campos Trujillo
Secretario de Relaciones Instituciones de CCOO

 

Se inicia el que puede ser último año de las reformas, contrarreformas y recortes del Gobierno. El 20 de noviembre se cumplen los 4 años de la mayoría absoluta de PP. Según fuentes gubernamentales las reformas seguirán hasta el último suspiro de la legislatura. Hasta 26 proyectos y 63 proposiciones de ley esperan en febrero a sus señorías. Para que todas las iniciativas pendientes quepan en esta recta final, el PP tendrá que forzar mucho su rodillo o bien seguir abusando del real decreto ley.

En 2014 se aprobaron más leyes que en los dos años precedentes, aunque su utilidad para el bienestar ciudadano es otro cantar, porque del mandato legislativo del Gobierno sigue brillando más "la cantidad que la calidad". El Gobierno sigue lamentándose de la herencia recibida, pero sus legisladores ni siquiera son fieles a sus votantes.  El Gobierno, bastante alejado de la realidad social, ni siquiera ha tenido un gesto para iniciar mejor el año subiendo el SMI (o las pensiones mínimas) a niveles algo dignos. A cambio Rajoy puede seguir presumiendo de bastante fidelidad a las indicaciones de Bruselas, o sea, las de Angela Merkel. Tal vez no esté muy satisfecho de haber impulsado el pasado año el engendro provisional de la Ley de Propiedad Intelectual, tampoco por dejar libre a numerosos delincuentes al liquidar la justicia universal, o qué decir sobre la retrógrada Ley Mordaza.

La campaña electoral entra de lleno en el Congreso, tanto en los contenidos legislativos como en el número de sesiones plenarias. Menos mal que no queda tiempo para legislar tanto este año. El período de sesiones se acorta ante las diversas convocatorias de elecciones. Sólo quedan catorce sesiones plenarias en el Congreso y diez en el Senado. A lo sumo es posible alguna extra en julio y poco más a partir de septiembre.

De todas formas, el Gobierno pisa el acelerador con iniciativas legislativas en materias muy importantes. Así, por ejemplo, habrá más recorte del gasto en las administraciones públicas con la aprobación de dos anteproyectos de ley en el marco de la reforma de las administraciones (Informe CORA), el del régimen jurídico del sector público y el anteproyecto de ley de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

También sacó de su largo letargo a la reforma del Código Penal, para ser aprobada en un Pleno extraordinario en enero. Esta es una ley que por la magnitud de su articulado, y su propia trascendencia, no se merece una tramitación exprés, sino más calidad y consenso. Pero tampoco, ni pacto ni negociación suficiente ha habido en la tramitación de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, a la que auguro corta vida (como tanta normativa regresiva de esta legislatura) por su carácter represivo. Con las urgencias, algunas leyes como la de servicios profesionales no verá la luz, al igual que la Ley de reforma del aborto, aunque el Gobierno trata de contentar a sus votantes con una ley que obligue a las menores a pedir permiso a sus padres para abortar, y además con ayudas a las familias numerosas.

Esta X Legislatura dejará una amarga impronta para los derechos y las libertades. Será recordada en lo social como un período bastante estéril, que ni ha servido para mejorar la calidad de los servicios públicos ni para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

Todo lo contrario, el Estado del Bienestar se ha debilitado sensiblemente, ha sido agredido por el poder legislativo, para que los débiles sigan soportando el peso de la crisis, y se permita la abusiva socialización de las pérdidas bancarias y de sectores como el energético. Hay más pobreza y menos derechos. El final de la X legislatura agrega más desconfianza en el legislador.

Dado que ya estamos en precampaña electoral, eso está por ver, pero a estas alturas de legislatura no nos hará olvidar que justo cuando los más débiles necesitaban mayor protección social, han tenido más recortes en derechos y servicios públicos. Ni la reforma fiscal ni los nuevos presupuestos generales facilitarán la vida a la ciudadanía. A pesar del maquillaje de la precampaña electoral, queda claro que la legislatura ha sido un fracaso para la igualdad social y el empleo digno.

También se anunció que éste será el año del despegue definitivo de la economía. Pero en este país lo único que despega es mucha juventud haciendo las maletas para poder subsistir. Y eso que Rajoy se presentó en 2011 como el valedor del bienestar y la prosperidad diezmados por la crisis. Ha hecho bien poco al respecto y, además, ha tenido bien poco en cuenta a los agentes sociales, a excepción de la recién pactada ayuda temporal de 426 euros para desempleados sin ingresos y con cargas familiares.

Y qué decir de lo prometido respecto a la regeneración democrática. El país es un lodazal con 2.000 imputados encausados. El prestigio de las instituciones ha sido duramente dañado también en esta legislatura. Existe un clamor ciudadano contra los abusos de posición y la malversación de caudales públicos. Se exige más transparencia y participación en las instituciones, y más eficiencia e independencia en la justicia. Ni lo uno ni lo otro tampoco se ha facilitado en esta legislatura de mayoría absoluta.

Eso sí, se ha aprobado una Ley de Transparencia, de nuevo sin consenso y, a todas luces, insuficiente. Y dado el fracaso del pretendido pacto de Rajoy con el PSOE, el Gobierno ha dejado para el final una batería insuficiente de iniciativas  contra la corrupción, como la regulación del ejercicio de los altos cargos de la administración, el control financiero de los partidos para evitar su financiación paralela, y la ley de enjuiciamiento criminal, para abreviar la instrucción o investigación de los casos de corrupción... Todo ello lo patrocina el Gobierno, cuyo grupo parlamentario ha rechazado hasta 25 comisiones de investigación planteadas por la oposición, y que discrecionalmente indulta a significados personajes relacionados con casos de corrupción.

En la recta final de la legislatura pocos verán en nuestro país que seamos un pueblo más próspero y que contemos con mayor justicia social. Fuera del Parlamento sigue haciendo mucho frío, aunque una mayoría de sus inquilinos no reparen en que la desigualdad y la pobreza creciente conviva, además, con abundantes casos de corrupción y abusos de poder.

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El proyecto TREN 2020: menos frustración y más resultados para el ferrocarril español https://blogs.publico.es/uno-mayo/2015/01/30/el-proyecto-tren-2020-menos-frustracion-y-mas-resultados-para-el-ferrocarril-espanol/ https://blogs.publico.es/uno-mayo/2015/01/30/el-proyecto-tren-2020-menos-frustracion-y-mas-resultados-para-el-ferrocarril-espanol/#respond Fri, 30 Jan 2015 06:36:32 +0000 http://blogs.publico.es/uno-mayo/?p=384 Continuar leyendo "El proyecto TREN 2020: menos frustración y más resultados para el ferrocarril español"]]> Manel Ferri Tomàs y Ricard Riol Jurado
Asociación para la Promoción del Transporte Público (PTP)

 

"España apuesta todas sus cartas al PITVI: un plan de autovías gratuitas, aeropuertos y AVE para todos, olvidándose de los desplazamientos cotidianos y del transporte de mercancías sostenible"

 

El ferrocarril, por sus características energéticas, de capacidad y de seguridad, es un elemento clave para mejorar la maltrecha situación ambiental y social del transporte, que actualmente depende en exceso de la carretera y de los combustibles fósiles para el transporte de viajeros (en coche y avión) y de mercancías (en camión).

ESPAÑA, ¿PAÍS DE CAMIONES Y COCHES? Para potenciar tren no es válida cualquier estrategia, tanto en el sector ferroviario como en el resto de políticas de transporte terrestre. No se puede obviar que España es la primera potencia europea en kilómetros de autopistas y autovías, y ha sido el país europeo que más kilómetros ha construido en poco tiempo, entre 1990 y 2010 se llegó a duplicar la red, alcanzándose cerca de 14.000 kilómetros. En consecuencia, entre 1990 y 2005 la demanda del coche y camión se han multiplicado por dos y dos y medio respectivamente. El tráfico de mercancías por tren ha caído un 30% en el mismo periodo, situando a España a la cola de los países europeos con ferrocarril, con un 3-4% de cuota.

AVE PARA TODOS. Conectar todas las provincias con un AVE a Madrid en menos de tres horas y media ha sido y será un pésimo objetivo político que ha generado escasos nuevos tráficos para el ferrocarril, principalmente porque más del 90% de los desplazamientos se producen en ámbitos urbanos y metropolitanos y en segundo lugar porque en España no todos los desplazamientos de largo recorrido siguen una estructura radial centralizada, como se pone de manifiesto en los corredores Mediterráneo y Atlántico, así como en el eje del Ebro y del Guadalquivir.

Con la excepción de algunos corredores muy consolidados, las nuevas líneas de alta velocidad exclusivas para viajeros no son una solución adoptable para todo el territorio debido a sus altos costes de construcción y mantenimiento, que exigen demandas elevadas. Por ello, pese a contar con la mayor red de alta velocidad de Europa, España ocupa un modesto puesto 16 en el ranking de kilómetros anuales recorridos en tren por habitante, muy por detrás de los primeros: Suiza, Francia, Austria, Suecia y Dinamarca, que a excepción del caso francés no se caracterizan por sus líneas exclusivas de alta velocidad.

Después de que el ex Ministro Álvarez Cascos accediera a incluir un AVE por capital peninsular en el Plan de Infraestructuras del Transporte 2000-2007, todos los territorios han exigido con lamentable soberbia acelerar los plazos del tren súper veloz hacia Madrid, a veces olvidando que estaban ofreciéndose pésimos servicios de Cercanías o Regionales en ejes de movilidad metropolitana principales. Esta vorágine expansiva del AVE, junto al mayor programa de autovías de Europa, ha hecho que el ferrocarril no haya incrementado la demanda en su principal nicho de mercado, la movilidad cotidiana ni el transporte de mercancías. La ex Ministra Magdalena Álvarez y el ex Ministro José Blanco agravaron la situación con el Plan Estratégico de Infraestructuras del Transporte 2005-2020, e inicialmente la actual Ministra, Ana Pastor, dio una nueva vuelta de tuerca con el Plan de Infraestructuras del Transporte y Vivienda (PITVI) 2012-2024.

CAMBIO DE PARADIGMA. Ante este panorama Comisiones Obreras, Greenpeace-España y WWF-España encargan a la Asociación para la Promoción del Transporte Público (PTP) la elaboración de una propuesta ferroviaria alternativa que rompa con los tópicos de la planificación vigente y apueste por el ferrocarril en sus principales mercados potenciales, llamada TREN 2020.

El Plan TREN 2020 se configura como un elemento de debate ambiental, social y territorial, abierto a toda la sociedad española, con la mirada puesta en Europa y con total voluntad constructiva, que no plantea una ruptura con la planificación vigente pero sí una reorientación y una priorización que desde la Administración Central debería entenderse como una oportunidad para no volver a repetir los errores del pasado y para evitar que las infraestructuras sigan utilizándose como arma electoral y partidista desde los territorios, sin criterios de servicio público ni de cohesión social.

Este documento es la mejor forma de compatibilizar el cambio modal a favor del tren, descarbonizar el transporte terrestre, democratizar la movilidad en un país donde el 50% de la población no tiene acceso diario al coche, y generar empleos verdes en el transporte ferroviario con nuevos servicios. Este plan es la alternativa al fracasado "AVE para todos" y a los planes de recorte de los servicios regionales, que tras la bandera de la austeridad y el ahorro esconden un fracaso de gestión a cargo del Ministerio de Fomento.

¿Cuáles son las principales novedades del plan TREN 2020 respecto los planes de infraestructuras del Ministerio de Fomento?

1. No se trata del enésimo plan de infraestructuras, sino del primer plan de uso del ferrocarril. Para ello se propone combinar planes de servicio con planes de infraestructura entre 2013 y 2030. De nada sirve construir infraestructuras por las que van a circular pocos trenes (un AVE diario a Huesca) o mantener líneas colapsadas sin desdoblar (Corredor Mediterráneo). Es necesaria una mayor vinculación de la planificación del servicio con la de infraestructuras.

2. Parte de una diagnosis inédita del ferrocarril español que permite priorizar las actuaciones. Se plantea una nueva propuesta metodológica para fomentar la demanda del ferrocarril de pasajeros, más sensible a elementos como la frecuencia de paso, la proximidad de las estaciones a los núcleos poblados o la frecuencia de paso, que a la velocidad máxima de los trenes. De esta manera se ha realizado un examen exhaustivo de la accesibilidad de las estaciones, prestaciones de velocidad, frecuencias de paso y población residente con objeto de cuantificar dónde es posible captar más demanda.

3. Apuesta principal por los servicios de Cercanías y Regionales en los principales ejes de movilidad metropolitana y regional, en coordinación con las autoridades territoriales del transporte y las comunidades autónomas. Actualmente la prioridad del Estado no es la movilidad mayoritaria, sino los desplazamientos de muy largo recorrido, que son los más esporádicos.

4. Se plantea prioridad en las actuaciones a corto, medio y largo plazo, tanto en servicios como en infraestructuras. Con el claro objeto de anticipar la captación de la demanda hacia el ferrocarril se proponen tres grandes etapas: Corto plazo: incremento del escaso servicio ferroviario actual en corredores que con ninguna o pocas actuaciones en infraestructura, puedan un servicio ferroviario competitivo en zonas de elevada demanda. Se han detectado líneas con un amplio potencial de demanda y escasas inversiones necesarias para su puesta a punto: Vigo – A Coruña – Ferrol, Palencia – Valladolid, Vitoria – Pamplona, Zaragoza – Huesca, Tarragona – Castelló, Madrid – Talavera, València – Alacant, Alacant – Murcia, Murcia – Cartagena, Murcia – Águilas, Sevilla – Cádiz, Sevilla – Huelva. Medio plazo: remodelación paulatina o ampliación de infraestructuras ferroviarias poco competitivas en ámbitos de elevada demanda, principalmente localizadas en zonas costeras del Atlántico y Mediterráneo, así como nuevas infraestructuras en los territorios insulares de Gran Canaria y Tenerife. Largo plazo: extensión de las mejoras de las infraestructuras y servicios al resto de territorios

5. Creación de sistemas de Cercanías y Regionales cadenciados, siguiendo modelos ferroviarios de éxito como los regionales de Suiza, Austria, Alemania, Italia, Suiza, Dinamarca, Hungría o Marruecos. Los sistemas cadenciados se basan en la repetición de horarios en los mismos minutos de cada hora, funcionando cada 15, 30 o 60 minutos a lo largo de gran parte del día; generando una frecuencia de paso atractiva, un atributo que en movilidad cotidiana puede ser más importante incluso que los tiempos de viaje. El Plan TREN 2020 propone que toda ciudad de más de 50.000 habitantes y dotada de ferrocarril competitivo quede conectada con un mínimo de un tren cada dos horas hasta su capital más cercana y que las Cercanías operen como mínimo cada hora y cada media hora en hora punta.

6. Integración de tarifas ferroviarias e integraciones tarifarias regionales. El modelo tarifario actual de Renfe es totalmente disuasivo para fidelizar la demanda, ya que en muchas líneas existen casi tantas tarifas distintas como tipos de tren circulan. Es imprescindible que exista una única tarifa base para generar abonos con los que se pueda utilizar cualquier tipo de tren y aprovechar al máximo la oferta vigente.

7. Introducción de modelos de bajo coste para las líneas ferroviarias regionales con menos demanda. No se debe plantear la supresión de servicios considerados "deficitarios" en base a la ocupación actual sin haber aplicado modelos de bajo coste ni políticas de estímulo de la demanda como sí han hecho numerosos operadores del resto de Europa. Renfe es el único operador ferroviario que no ha apostado por este segmento de demanda, al no comprar ningún tren pequeño que pueda ser operado por un agente único sobre una infraestructura automatizada.

8. El Estado debe implicarse en la movilidad cotidiana asegurando una mayor dotación económica para el transporte metropolitano y los servicios regionales. En 2015, el volumen de gasto público del Ministerio de Fomento es de 5.200 millones de Euros para el capítulo de inversiones en infraestructuras ferroviarias y trenes; mientras que sólo de destinarán 500 millones de Euros para el mantenimiento de los servicios de Cercanías y Regionales en toda España, una relación de 10 a 1. El Plan Tren 2020 propone destinar una partida anual de 750 millones de Euros para fomentar el transporte público regional en toda España e incrementar notablemente la financiación de las autoridades del transporte en todo el Estado.

9. Se plantea un mayor realismo económico, con objeto de evitar la frustración ya vivida en cada uno de los planes de infraestructuras del Ministerio de Fomento, caracterizados por ser más ambiciosos que sus antecesores y presentar menos grado de cumplimiento al final de su vigencia. Por ello el plan TREN 2020 plantea una inversión anual de 2.519,5 millones de Euros anuales, un 50% inferior a la actualmente prevista por el PITVI. Además se propone un plan de racionalización de infraestructuras con el doble objetivo de conseguir ahorro público y potenciación del sector ferroviario: moratoria en la construcción de autovías y autopistas; racionalización de la oferta de AENA en coordinación con los trenes rápidos; tarificación directa de las autovías gratuitas, que reportaría unos ingresos de 1.800 y 3.500 millones de euros anuales y/o aplicación de la Euroviñeta para camiones en España, que aportaría unos ingresos de 3.000 millones de Euros anuales. En ámbitos metropolitanos se debe tener en cuenta otras posibilidades financieras como el Versement Transport o la destinación de la recaudación de peajes y aparcamientos al transporte público.

10. Propone objetivos ambientales y no dotación ciega de infraestructuras. El año 2020 es un momento decisivo, al haber planteado la Unión Europea una reducción del 20% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) respecto a los niveles alcanzados en 1990, es decir, no superar las 26 millones de toneladas anuales en el sector transporte. El Plan Tren 2020 plantea tres escenarios ambientales, según la política adoptada en todo el conjunto del transporte terrestre, no sólo la ferroviaria. Con una mayor adaptación a la demanda, mejor gestión energética e introduciendo cambios en el diseño de los vehículos, el tren puede acercarse a las cero misiones e CO2. En cualquiera de los escenarios de movilidad previstos se hace imprescindible incrementar la cuota modal del ferrocarril para acercarnos al objetivo europeo de un 20% de reducciones de CO2 respecto a 1990 en 2020.

11. Aprovechar al máximo las infraestructuras actuales, sean convencionales o de alta velocidad. No siempre es necesaria la construcción de nuevas infraestructuras para generar un transporte ferroviario competitivo. El plan TREN 2020 propone intervenir sobre 7.049 kilómetros de vía férrea, mediante proyectos de electrificación (28%), rectificación de líneas convencionales para alcanzar los 160 km/h o trenes-tranvía (23%), finalización de líneas de alta velocidad en obras muy avanzadas (23%), rectificación de líneas convencionales para velocidad alta (22%).

12. Ante la actual crisis energética y ambiental se propone una importante electrificación del transporte ferroviario, ya que el último plan de electrificaciones (no AVE) se acometió en la segunda crisis petrolera de 1979. La primera vez que se electrifica un tramo de vía férrea convencional no asociado al AVE será el tramo Medina del Campo – Salamanca, en 2015.

13. Poner fin a la expulsión del ferrocarril de los centros urbanos, que ha traído como consecuencia una pérdida de la demanda de los servicios ferroviarios regionales a favor de la carretera. La integración urbanística del ferrocarril debe realizarse en clave europea, es decir, con proyectos de accesibilidad o trenes tranvía que no pasen necesariamente por soterramientos faraónicos o expulsiones del ferrocarril fuera de la ciudad.

De hecho el Ministerio de Fomento ya ha iniciado un tímido cambio en su estrategia, que se acerca a los criterios de racionalidad del plan TREN 2020, en 2015 no todo lo que se inaugurará serán AVE, sino líneas convencionales como la Sevilla – Cádiz o A Coruña – Vigo, adaptadas a todo tipo de tráficos con elevado potencial de transporte regional y metropolitano. Estamos convencidos que el debate que se puede generar a través de esta propuesta contribuirá a mejorar las soluciones del transporte ferroviario en un escenario compartido por una inmensa mayoría social, porque el transporte del año 2020 debe ser más sostenible, eficiente, seguro y equitativo.

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Auschwitz y las otras víctimas. A setenta años de la liberación del campo de exterminio. https://blogs.publico.es/uno-mayo/2015/01/27/auschwitz-y-las-otras-victimas-a-setenta-anos-de-la-liberacion-del-campo-de-exterminio/ https://blogs.publico.es/uno-mayo/2015/01/27/auschwitz-y-las-otras-victimas-a-setenta-anos-de-la-liberacion-del-campo-de-exterminio/#respond Tue, 27 Jan 2015 09:02:08 +0000 http://blogs.publico.es/uno-mayo/?p=374 Continuar leyendo "Auschwitz y las otras víctimas. A setenta años de la liberación del campo de exterminio."]]> José Babiano
Director Archivo de Historia. Fundación 1 Mayo | CCOO

 

(...) si queremos que "nunca jamás Auschwitz" no se quede en un simple eslogan debemos aprender a entender al otro, al que es distinto a nosotros. Debemos mostrar nuestra compasión, nuestra comprensión y nuestra empatía. Debemos aceptar que hay gente distinta a nosotros, gente que piensa de forma distinta a nosotros.

Marian Turski (superviviente de Auschwitz, con la marca B-9408 tatuada)

 

Hace ahora 70 años. El 27 de enero de 1945 el Ejército Soviético liberó el campo de Auschwitz-Birkenau, el mayor complejo de exterminio nazi y donde fueron asesinadas más de un millón de víctimas. Sesenta años después, el 1 de noviembre de 2005 la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la resolución 60/7 que institucionalizó el 27 de enero como Día Internacional de Conmemoración Anual en Memoria de las Víctimas del Holocausto.

Esta conmemoración resalta valores cívicos fundamentales como los Derechos Humanos, las libertades, la tolerancia, el respeto al diferente o el rechazo al racismo y al antisemitismo. Todos estos valores forman parte fundamental de la ética democrática.

La memoria de Auschwitz tiene su propia historia. Después de 1945 estuvo ligada al antifascismo, que no hacía distingos entre las víctimas. Luego, con la Guerra Fría hubo un olvido inicial de los crímenes nazis en aras de la cicatrización de las heridas en países como Francia o Alemania. Fue el juicio de Eichmann en Jerusalén lo que hizo que la opinión pública internacional descubriera el Holocausto y que las víctimas se vieran por fin escuchadas, como nos ha contado el historiador Enzo Traverso. Después, la serie alemana Holocausto o películas como La lista de Schindler o la más reciente Hannah Arendt han popularizado el Holocausto como la tragedia que fue.

Ahora bien, la memoria del Holocausto no puede limitarse a rituales oficiales de conmemoración del pasado. Es preciso reconocer y honrar a las víctimas, por supuesto. Pero la memoria tendrá asimismo sentido en la medida en que conlleve un potencial crítico. Como dice la propia resolución 60/7 de la ONU, el Holocausto será siempre una advertencia para todo el mundo de los peligros del odio, el fanatismo, el racismo y los prejuicios.

En este sentido debe comprometer a la sociedad civil y a las instituciones en la lucha contra el racismo y la xenofobia, tal y como aparecen hoy. Y hoy no sólo están creciendo en Europa las fuerzas políticas xenófobas y racistas de extrema derecha, desde Francia hasta Grecia, desde Gran Bretaña hasta Hungría, incluida la misma Alemania. Al mismo tiempo, los gobiernos de estos países, espoleados electoralmente por esa misma extrema derecha, recortan los derechos de los trabajadores extranjeros que residen en sus países. Ocurre, además, que en la Europa de hoy se ha instalado en el imaginario mediático una analogía entre la figura del inmigrante y los rasgos del musulmán. La islamofobia desempeña así en el nuevo racismo el papel que antaño desempeñaban los judíos en el antisemitismo.

El antisemistismo sigue siendo una seña de identidad de los nacionalismos de Europa central, pero la voluntad de estigmatizar al islam afecta a Europa en su conjunto. Las movilizaciones promovidas por los autodenominados Patriotas Europeos contra la Islamización de Occidente en estas últimas semanas es un pésimo indicador de una creciente ola de discriminación y acoso a las comunidades musulmanas del continente. Los horrendos crímenes yihadistas en Francia no puede justificar la islamofobia en ningún caso.

Por otra parte el 27 de enero nos trae a la memoria que alrededor de 5000 españoles fallecieron en Mauthausen. Se trataba de republicanos –rojos españoles- que, toda vez que cruzaron la frontera en 1939, fueron capturados por los nazis en Francia. Las autoridades hitlerianas se pusieron en contacto con Franco para averiguar si admitía su repatriación. Se negó y con ello les envió al infierno del campo nazi.

El historiador Antonio Míguez se ha referido a la Genealogía genocida del franquismo y Paul Preston al holocausto español. Independientemente del grado de precisión jurídica o política de los términos holocausto y genocidio para caracterizar lo que hizo el franquismo, es evidente que éste llevó a cabo matanzas masivas. Matanzas que respondían a planes de exterminio sobre los que ha arrojado luz la investigación histórica. La dictadura ha legado de ese modo más de 114.000 desaparecidos, cuyos restos no han sido recuperados ni identificados. Eso convierte a España en el país con más desapariciones forzadas del mundo, después de Camboya. Otros crímenes contra la humanidad, como la tortura, han sido denunciados por las propias víctimas o sus familiares que, ante la imposibilidad de encontrar justicia y reparación en España han acudido a la Justicia Argentina.

En 2014, el Informe del Relator Especial de la ONU, Pablo Greiff, recomendaba al gobierno español que tomase una serie de iniciativas en relación a las desapariciones forzadas. Entre ellas se encontraba la investigación de oficio y el final de una política archivística que garantiza de impunidad. El Informe del Relator Especial coincidía en buena medida con el Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU. Ninguna de estas recomendaciones ha sido abordada. Por eso, en España la conmemoración de las victimas del Holocausto, no puede disociarse de la memoria de las victimas del franquismo. Una memoria que exige justicia desde el punto de vista de los Derechos Humanos. Verdad, Justicia y Reparación.

 

 

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Grecia en la crisis europea https://blogs.publico.es/uno-mayo/2015/01/16/grecia-en-la-crisis-europea/ https://blogs.publico.es/uno-mayo/2015/01/16/grecia-en-la-crisis-europea/#respond Fri, 16 Jan 2015 15:11:46 +0000 http://blogs.publico.es/uno-mayo/?p=367 Continuar leyendo "Grecia en la crisis europea"]]> Javier Doz. Presidente de la Fundación 1º de Mayo-CC OO

 

Cuando los ecos del brutal ataque del terrorismo yihadista, en París, y de la impresionante respuesta de la ciudadanía francesa se van mitigando, volvemos a tener el nombre de Grecia en el centro de la política europea. Por las elecciones del próximo 25 de enero, por la inestabilidad de los mercados financieros y por las presiones que electores y políticos griegos están sufriendo por parte de los paladines de las políticas de austeridad que, según parece, son incombustibles ante su clamoroso fracaso.

Fue en 2010 cuando la crisis económica mundial comenzó a vivir su fase europea, de la que todavía hoy no se ha salido. El epicentro fue Grecia. Su estallido tuvo lugar en mayo cuando, a través del Ecofin, Alemania impuso su condena a Grecia en forma de rescate, obligando de paso a los países de la Zona euro a adoptar las prescripciones de su economía política más conservadora para gestionar la crisis: austeridad presupuestaria extrema, reformas estructurales que recorten prestaciones y servicios públicos, y devaluación salarial de los países endeudados y sometidos a procesos de rescate para compensar, supuestamente, los efectos recesivos de la austeridad mediante ganancias de competitividad.

Cinco años más tarde, y con la crisis del euro convertida en una crisis política de la Unión Europea, Grecia vuelve a ser el epicentro de su nueva fase. ¿Será la del inicio de la rectificación? ¿O continuará el progreso de cuarteamiento de la UE?

Tras la convocatoria de elecciones generales, por el fracaso de Nueva Democracia en la elección de su candidato a Presidente de la República, se han vuelto a generar presiones políticas tendentes a impedir que el partido al que todas las encuestas señalan como favorito, Syriza, pueda formar un gobierno que ponga en cuestión la continuidad de las políticas de austeridad y promueva la reestructuración de la deuda griega. No son nuevas. Conocidas son las que obligaron a dimitir a Yorgos Papandréu y auparon a Antonis Samarás. Poco importó, en este caso, que fuese su partido, Nueva Democracia, el responsable de la falsificación de las cuentas públicas griegas que sirvieron de justificación para unos tipos de interés de castigo, impuestos inicialmente en el primer rescate griego al calor de la campaña de la prensa amarilla alemana. Ahora, han sido primero las "declaraciones de fuentes gubernamentales" al semanario Der Spiegel, luego las del presidente del think tank IFO, Hans Werner Sinn, las que han planteando el bajo coste o la necesidad de la salida de Grecia del euro. Matizaciones del gobierno alemán o desmentidos de la Comisión Europea aparte, los mensajes han quedado para su uso en la campaña electoral griega y para alimentar el nerviosismo de los mercados financieros. La jugada es conocida: se alimenta ese fácil nerviosismo y luego se achaca al temor de que la izquierda gane. Profecía autocumplida se llama.

Una de las más inaceptables paradojas de la situación política europea es, sin duda, ésta: los máximos responsables de la imposición a Grecia de una política completamente fracasada, que ha producido un hundimiento económico histórico en Europa después de la 2ª Guerra Mundial, amén de estragos sociales y políticos de parecido o peor calibre, en lugar de cambiarla, tienen la osadía de presionar para que los griegos no voten a aquellas formaciones que preconizan el más que justificado cambio. Siendo el gobierno de Alemania el principal responsable de la dirección de la política económica europea, hay que preguntarse: ¿Cómo es posible que una nación que actúa así pueda seguir ejerciendo -lo quieran o no sus gobernantes- el liderazgo político de Europa? ¿Hacia dónde va la UE con un liderazgo alemán de esta clase? Recientemente, Hans Kundnani ha sumado su voz a la de Joschka Fisher para volver a subrayar esa histórica incapacidad de liderazgo positivo de Alemania sobre Europa. Y no son precisamente "enemigos" de Alemania.

El mal gobierno, la corrupción y la irresponsabilidad de las élites políticas y económicas de Grecia junto con la austeridad extrema han hundido al país. Caída del PIB del 24%, y del 40% de la renta disponible de las familias. Tasas de paro y de pobreza del 26% y del 33%, respectivamente, gravísimo deterioro de los sistemas educativo, sanitario (3 millones de excluidos de la asistencia sanitaria de la seguridad social) y de protección social, drástico recorte de salarios y pensiones, destrucción del diálogo social y la negociación colectiva, vulneración de los convenios internacionales (OIT, Consejo de Europa), bolsas de hambre y desnutrición, etc., etc. Y su deuda pública, si antes del rescate era del 129% del PIB (2009), hoy supera el 180%, después de haber experimentado una quita del 53% de su valor nominal. ¿Puede haber una superior acumulación de pruebas sobre el fracaso absoluto de una política?

Si Grecia es el caso extremo, las consecuencias de la mala "gestión alemana" de la crisis europea afectan a toda la UE: segunda recesión y situación actual de riesgo de estancamiento con deflación. La tendencia general no oculta la profunda divergencia por países de las dos variables principales, crecimiento y empleo. Mientras que los países rescatados, incluido España, Italia y otros están lejos de haber recuperado los niveles de PIB y empleo previos a la crisis, Alemania y otros del Norte ya recuperaron, en 2012, su PIB de 2007. Sin negar el papel de las fortalezas y debilidades internas para este comportamiento tan desigual, no hay duda de que el masivo flujo de capitales hacia Alemania y el Norte de Europa, motivado por decisiones políticas (o la falta de ellas), está siendo una poderosa causa de divergencia. Y si la Unión Europea pasa a ser un factor de divergencia entre sus miembros, invirtiendo el papel jugado desde su fundación, será insostenible a largo o medio plazo.

Hoy reclaman un cambio de rumbo de la política económica europea no sólo los sindicatos y organizaciones sociales y buena parte de los partidos de izquierda, sino un número creciente de instituciones internacionales y gobiernos y académicos de variado signo político. Lo ha hecho el propio Mario Draghi, con palabras medidas, en Jackson Hole. Pero el poder político determinante de la UE se resiste a reconocer su fracaso. El Consejo Europeo y el BCE, fuertemente presionados, sólo rectifican parcialmente, con retraso, sin plantearse la coordinación de medidas monetarias, fiscales y de inversión. Mientras se está a la espera de que el BCE, el próximo 22 de enero, de un paso más en su política de expansión monetaria, comprando deuda de los Estados, se ve sometido a la oposición del Bundesbank y a la presión de Angela Merkel para que, si lo hace, lo haga en cuantía reducida después de imponer una contraproducente espera. El Plan Juncker está muy lejos, en sus objetivos, de lo que la UE necesitaría para reducir sustancialmente la caída de la inversión que la crisis ha producido (siete puntos de PIB). Que la inversión privada aporte el 80% de la financiación es sólo un deseo. Lo que aportan los presupuestos de la UE, sacándolo de otras partidas de inversión, son unos ridículos 15.000 millones de euros. Compárese esta cifra con los 45.000 millones de inversiones que se dejaron de gastar en los presupuestos ordinarios de 2007-2013 y se trasladaron a 2014-2020, después de ser sólo dibujados en el Plan de crecimiento y empleo de 2012. Pues bien, ni siquiera se aporta esta última cantidad que figuraba en ese fraudulento Plan, aprobado por la cumbre del Consejo y que nunca gastó nada porque no se realizó nada. A pesar de todo ello, el gobierno alemán pone pegas y retrasa la aprobación del Plan Juncker, de modo que su aplicación no se iniciará, en el mejor de los casos, hasta finales de 2015.

Una forma de gobernar así es insostenible. Pone en peligro la existencia de la propia UE. La deriva económica del continente europeo no se arregla con algo más de flexibilidad en los periodos de cumplimiento de los objetivos de déficit (de los de deuda, mejor no hablar porque son inalcanzables para muchos países), algo de expansión monetaria y un poco de inversión. Se necesitaría hacer coincidir en el tiempo y con la mayor intensidad posible cuatro actuaciones: un plan europeo de inversiones como el que propone la Confederación Europea de Sindicatos (250.000 millones anuales durante diez años); la aplicación de toda la gama de medidas de flexibilización cuantitativa por parte del BCE, incluida la compra de deuda de los Estados; una coordinación de las políticas fiscales para activar la demanda; y un plan efectivo contra la evasión y la elusión fiscales. A partir del crecimiento que generaría la combinación de estas medidas se plantearía un mucho más efectivo y menos dañino programa de reducción de los déficits y deudas nacionales. La mutualización de una parte significativa de las deudas de los Estados mediante su conversión a eurobonos, reduciría la necesidad de proceder a reestructuraciones de las mismas. En los casos inevitables (lo es, al menos, el de Grecia) debería procederse con orden y prontitud. Reestructurar la deuda no equivale a su impago. Existen diversas modalidades aplicables a empresas y a Estados. Entre los países europeos que, después de la 2ª Guerra Mundial, reestructuraron su deuda se encuentra Alemania. Lo hizo en 1953, y ayudó poderosamente al "milagro económico alemán".

Pero aún más preocupante es, a mi juicio, la falta de proyecto político de futuro para Europa que atenaza a las dos principales corrientes políticas del continente, populares y socialdemócratas, en particular cuando desde los gobiernos configuran el poder principal de la UE, el Consejo Europeo. No ha habido ninguna alternativa mínimamente articulada a la política de la "Europa alemana" (la austeridad) como política para la gestión de la crisis. Y ahora, para enfrentarse a una situación muy difícil, compleja y peligrosa, con manifestaciones mayoritarias de desconfianza de la población hacia las instituciones políticas europeas y nacionales, con síntomas serios de deslegitimación de los sistemas democráticos, con un auge de las corrientes políticas nacionalistas, xenófobas, populistas o de extrema derecha en numerosos países europeos, todas ellas contrarias a la existencia misma de la UE y algunas de ellas con aspiraciones a ser la primera fuerza política en países centrales (Frente Nacional en Francia), ¿cuál es la respuesta de los principales líderes políticos europeos? Simplemente, capear el temporal, sin ideas ni proyectos. Se cede en la vía de la renacionalización de las políticas, como es el caso del programa REFIT que, con la excusa de simplificar la legislación europea, va a eliminar importantes directivas que protegen derechos sociales o medioambientales. Idéntica dirección llevan las concesiones que se están preparando para que el gobierno de Cameron no convoque el anunciado referéndum sobre la pertenencia del Reino Unido a la UE. En los ámbitos nacionales, son muchos los partidos, en el gobierno o en la posición, que adoptan puntos de vista propios de la agenda de la extrema derecha antieuropeísta, en cuestiones como las migraciones o la movilidad de los ciudadanos de la UE.

Actuando así no sólo no se solucionará la crisis política que atenaza la UE sino que se agudizará. Los lazos de cohesión imprescindibles para mantener unido el proyecto europeo continuarán deteriorándose. Para superar la desconfianza profunda de la ciudadanía en los responsables políticos y las instituciones de la UE se necesitan, sobre todo, dos cosas: por un lado percibir de un modo efectivo que las decisiones que se adoptan enfrentan correctamente los problemas en beneficio de la mayoría, que no generan desigualdad, de trato ni de resultados, entre los Estados o en el interior de los mismos; por otro, que los líderes políticos, los partidos políticos europeos (¿existen realmente?) tengan un proyecto claro de hacia dónde debe ir Europa y que medios se necesitan para ello.

La crisis política que vive la UE sólo se solucionará con más Europa, pero con una Europa mucho más democrática, socialmente avanzada y solidaria. Caminar hacia ella puede requerir probablemente una refundación política y la adopción de un modelo que no se puede alejar mucho del propio de una federación o confederación de Estados. Las fuerzas políticas y sociales que realmente creen en un proyecto europeo fundamentado en dichos valores tienen que salir de la posición defensiva que les ha atenazado durante más de una década y comenzar a dar la batalla ideológica y política para construir una mayoría social de escala europea que lo sustente. El 11 de diciembre, en París y otras ciudades de Francia, el pueblo francés con la presencia simbólica de los demás pueblos europeos se enfrentó unido a quienes quieren acabar con una parte de las ideas y valores sobre los que se sustenta la Unión Europea. No debiera ser flor de un día, como algunos quieren ya convertirlo.

Europa, la UE, para recobrar su alma y su impulso necesitan ideas y valores sólidos y cohesionadores. Las próximas elecciones griegas y las reacciones que desencadenen sus resultados, sobre todo si se confirma el triunfo de Syriza, deberían servir de ayuda para la superación de las malas ideas y las malas prácticas que llevan hacia el fin del proyecto político más importante del Siglo XX (que ya no lo está pareciendo en lo que llevamos de Siglo XXI), y a la apertura de un proceso de reflexión y debate públicos sobre la Europa del futuro.

 

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Catalunya, una cuestión de democracia https://blogs.publico.es/uno-mayo/2015/01/07/catalunya-una-cuestion-de-democracia/ https://blogs.publico.es/uno-mayo/2015/01/07/catalunya-una-cuestion-de-democracia/#respond Wed, 07 Jan 2015 21:18:56 +0000 http://blogs.publico.es/uno-mayo/?p=349 Continuar leyendo "Catalunya, una cuestión de democracia"]]> Pepe Gálvez
Responsable de Cultura de la Fundación 1 de Mayo

 

La celebración de la movilización del 9N precedió en once días a la del cincuenta aniversario de Comisiones Obreras en Catalunya. La primera plasmó un mapa de la realidad catalana bastante más complejo del que reproduce la simplificación mediática. Por una parte demostró, una vez más, la capacidad organizativa y movilizadora del independentismo. Por otra, evidenció que esta iba por barrios y que había zonas de Catalunya, que coinciden con las de mayor peso de la inmigración, claramente refractarias a su hegemonía. Ahora bien, si nos atenemos a sondeos de opinión repetidos y por tanto bastante creíbles, esos abstencionistas están muy mayoritariamente por la solución de un referéndum o sea por que la ciudadanía catalana decida democráticamente el futuro de su relación con España. En lo que no están de acuerdo, seguramente, es en la apropiación por parte del independentismo de esa reivindicación democrática. Apropiación que el pasado 9 de noviembre se volvió a escenificar, esta vez de forma más evidente, al realizar un simulacro de sufragio universal bajo el control y garantías de sólo una parte de la sociedad. No es casual que la última encuesta del CEO señale un salto importante de Podemos ni que ello ponga nerviosos tanto a CiU como a la CUP. Hoy en día en la sociedad catalana es absolutamente mayoritario el sentimiento de que el actual diseño autonómico no funciona, es una fuente de problemas y no de soluciones, y que por ello ha de cambiarse; de igual forma que también es mayoritaria la convicción de que ese cambio se ha de realizar de forma democrática. Ahí acaban las mayorías claras, el resto es una disputa por la hegemonía en la que tiene mucho que decir los intereses clasistas, porque lo que también está en disputa es como se inscribe el futuro de Catalunya en la salida a la actual crisis sistémica.

El nacionalismo catalán de centro derecha y buena parte del de centro izquierda, intenta encubrir sus posiciones sobre la crisis tras la bandera del secesionismo. Por ello sitúa la independencia no sólo como la reivindicación principal a resolver ya, sino también como la solución principal a los problemas de la crisis. Sus ejes propagandísticos, bastante exitosos todo sea dicho, son por una parte, la recuperación de los ingresos que se derivarán de corrección del llamado expolio fiscal, y por otra, la potencialidad que provocará la liberación de la corrupción y de la caspa madrileña. Ahora bien la realidad no sólo reduce drásticamente las cifras del llamado expolio, sino que evidencia significativos yacimientos propios de corrupción así como la comunión de intereses económicos y sociales entre CiU y PP. Las reducciones presupuestarias en Educación y Salud, así como la posición beligerante de CiU en la contrarreforma laboral o en materias fiscales, las políticas privatizadoras, la obediencia más que complicidad respecto a la Caixa... señalan hacia un modelo de Catalunya que hoy ya es una pesadilla para la mayoría social.

Una de las señas primigenias de Comisiones Obreras en Catalunya fue el reconocimiento de sus derechos colectivos como nación. Así, una organización nutrida mayoritariamente de emigrantes asumió como propia la reivindicación de l’Estatut d’Autonomía, una estructura diferenciada dentro del estado democrático que había de sustituir a la dictadura. Y esa seña de identidad, que se consolida con la creación de la Comisión Obrera Nacional de Catalunya, se ha mantenido al mismo tiempo que su relación confederada con las Comisiones Obreras de España. Una relación ésta, basada tanto en la comunidad de intereses, objetivos y luchas como en la existencia de fuertes lazos afectivos. Una relación que ha sido dinámica y fructífera y que sólo fue puesta en peligro por la visión unitarista de España de José María Fidalgo. De estas raíces y de esta historia se deriva, con naturalidad, la apuesta por el reconocimiento de la evolución del hecho nacional en Catalunya y por un cambio democrático que lo posibilite. Desde nuestra identidad y desde nuestros intereses ese cambio no puede darse al margen del proceso de reivindicación democrática que se está dando en el conjunto de España, sino integrándose plenamente en él.

La derecha catalanista es parte del problema, no de la solución, entre otras cosas porque es corresponsable de la degradación de la democracia en el conjunto de España y de Europa. Sin embargo para enfrentarse al centralismo del PP necesita reivindicar la democracia, aunque después intente limitarla al ámbito catalán y a los mecanismos que le permitan seguir gobernando: simulacro de consulta y elecciones "plebiscitarias". Por el contrario la demanda democrática de la sociedad es cada vez más expansiva, más radical y más extensa y por ello mismo más necesitada de estrategias unitarias que agrupen la diversidad tanto nacional como de los diferentes colectivos que pueden conformar la mayoría social.

 

 

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Prostitución estadística https://blogs.publico.es/uno-mayo/2014/12/23/prostitucion-estadistica/ https://blogs.publico.es/uno-mayo/2014/12/23/prostitucion-estadistica/#respond Tue, 23 Dec 2014 08:16:26 +0000 http://blogs.publico.es/uno-mayo/?p=335 Continuar leyendo "Prostitución estadística"]]> Elena Méndez Bértolo

 
Unos meses después de que la Unión Europea solicitase a los países miembros la inclusión de la prostitución y la droga en el cálculo del PIB y con el gran esfuerzo estadístico consumado el debate sigue estando sobre la mesa.

El tema plantea dos conflictos al mismo tiempo. El primero pasaría por cuestionar la idoneidad de regular la prostitución o la producción, tráfico y consumo de drogas, prescindiendo de la hipocresía moral que rodea a estas actividades. Si, como es evidente, constituyen parte del mercado global y no precisamente parte pequeña, su legalización permitiría control sobre las mismas, garantías y derechos laborales para sus trabajadores y trabajadoras, garantías de calidad y seguridad para l@s consumidor@s y por supuesto un retorno económico para las arcas del Estado a través de impuestos. En este escenario tanto la contabilización de sus transacciones económicas para su muestro estadístico como la detección de actividades abusivas y de explotación quedarían sin duda mejor delimitadas.
El segundo conflicto que se plantea tiene que ver con no entender por qué se decide poner el esfuerzo (técnicamente muy complejo y como resultado, basado en estimaciones bastante cuestionables) en medir el peso de la prostitución y el narcotráfico en el PIB, (en el caso del narcotráfico, actividad ilegal en nuestro país),  y no en otras actividades que si bien no están reguladas, realmente aportan valor a una sociedad y en gran medida hacen posible el desarrollo de la actividad económica incluida en la contabilidad oficial. Entre otras, me gustaría referirme al trabajo doméstico y al trabajo de cuidados a personas en situación de dependencia por ser absolutamente relevantes por su peso y significado. Estas actividades son las eternas invisibles en la estadística pero su valor es a todas luces, innegable. Algunos estudios al respecto hablan de un peso en el PIB de entre un 20-30%.

El trabajo doméstico y de cuidados no es un trabajo oculto. Es un trabajo invisible. Por oculto entenderemos actividades que no se realizan en el marco de la legislación laboral o fiscal, no declaradas, disimuladas, sumergidas, paralelas, marginales, ilegales, no registradas o clandestinas (que sí se encuentran incluidas mediante estimaciones en el PIB). Pero el trabajo invisible no es un trabajo oculto si no un trabajo no reconocido como tal. Lo que con frecuencia se conoce como "ayuda". No se compone de actividades mercantiles ni de relaciones económicas internas. Los bienes y servicios que crean ni se venden ni se compran, ni se refieren a un precio.
Sin embargo, casi dos tercios del trabajo realizado por la población adulta al año corresponden a trabajos no remunerados. Es decir, el tercio visible en las estadísticas se sostiene sobre un trabajo que permanece invisible (Durán: 1999; Sanchís, 2005) y que se realiza de forma absolutamente mayoritaria por mujeres, consideradas oficialmente como población inactiva (EPA;INE) Podrá molestar pero no sorprender la afirmación de que esta situación agrava de forma clara la desigualdad entre hombres y mujeres.

Hartmann (1994) sostiene que la división del trabajo en las sociedades occidentales contemporáneas es "resultado de un largo proceso de interacción entre el patriarcado y el capitalismo". Así, el patriarcado como estructura social y organizado entorno a un modelo económico capitalista relega el papel del trabajo de las mujeres revalorizando la importancia del área dominada por los hombres fuera del hogar e invisibilizándolo. El resultado es que el trabajo invisible no tiene un valor económico claro en forma de salario mientras que la sociedad utiliza el bienestar generado  por éste y los millones de horas de trabajo que implica,  sin ninguna contraprestación.
Pero si existe la posibilidad de introducir en la contabilidad una actividad ilegal (narcotráfico) o alegal (prostitución), existen también las técnicas y los conocimientos para avanzar en la emergencia, visibilización y contabilización del trabajo doméstico y de cuidados. Y si no existen, es sólo cuestión de pensarlos, compartirlos, consensuarlos, corregirlos y usarlos.
Deben asumirse las limitaciones de un indicador para explicar lo que es un país y cuanta riqueza genera su sociedad. El PIB no es un reflejo directo de la calidad de vida de l@s ciudadan@s, ni mide el valor de su capital humano. Siempre escaparán a él las posibilidades de poner en valor elementos como por ejemplo la creación artística no industrializada o la cultura en su sentido más amplio. Aun así se entiende su utilidad como referencia. Sin embargo, en un mundo moderno y complejo como el nuestro debe aspirarse a poseer instrumentos estadísticos sofisticados y capaces, en el caso del PIB, de reflejar mediante los elementos que lo compongan, el modelo productivo de un país.

Los humanos hemos sido capaces de expresar en cifras las cosas más increíbles y hasta de determinar nuestras políticas sociales basadas en letras de calificación –Países A, B,C...–. Así que no caigamos en un engaño tan burdo. Si el trabajo doméstico y de cuidados no se contabiliza en el PIB es porque no existe la voluntad de hacerlo. Y es que en el momento en el que los servicios que aportan estas personas tengan un valor económico será necesario un reconocimiento social de las mismas. Es por ello que en la maquinaria capitalista están mejor ocultas no vaya a ser que luego venga alguien solicitando una contraprestación justa, garantías, derechos laborales y hasta tiempo de descanso. Si el objetivo es el beneficio ilimitado y la disminución de costes la herramienta para incrementarlos ¿cómo pagar por lo que se obtiene gratis? Eso sí, no hay país en el mundo que soporte 24 horas de huelga de est@s trabajador@s.

 

 

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Luces y sombras en la gestión de la ONCE https://blogs.publico.es/uno-mayo/2014/12/17/luces-y-sombras-en-la-gestion-de-la-once/ https://blogs.publico.es/uno-mayo/2014/12/17/luces-y-sombras-en-la-gestion-de-la-once/#respond Wed, 17 Dec 2014 09:18:33 +0000 http://blogs.publico.es/uno-mayo/?p=330 Continuar leyendo "Luces y sombras en la gestión de la ONCE"]]> Lola Morillo. Socióloga del Gabinete Interfederal de CCOO

Roberto Abenia. Secretario general de la Sección Sindical Intercentros de CCOO en la ONCE

 

­La ONCE (Organización Nacional de Ciegos) es una corporación de Derecho Público de carácter social. Los poderes públicos tutelan la ONCE a través del Consejo de Protectorado, formado, entre otros, por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. La ONCE es además una organización de base asociativa que cuenta con más de 70.000 personas que se han afiliado voluntariamente porque cumplen con el requisito de padecer ceguera o deficiencias visuales graves. Carece de ánimo de lucro y sus fines se dirigen a conseguir la autonomía personal y la plena integración de las personas ciegas y con deficiencia visual grave. Su fuente principal de financiación proviene de la venta del cupón y otros juegos autorizados.

A través de la venta de productos de lotería, la ONCE consigue integrar en la actividad laboral a cerca de 20.000 personas con discapacidad, las vendedoras y vendedores que vemos por la calle, que constituyen el 84% del personal de la entidad. Un dato importante estriba en que entre el personal vendedor son minoría los que tienen una discapacidad visual (39%) y mayoría los que padecen otro tipo de discapacidad (61%). Si bien es positivo que la ONCE dé empleo a personas con otro tipo de limitaciones físicas o sensoriales, esto supone también menos posibilidades laborales para los afiliados a la ONCE, un colectivo que por sus deficiencias visuales graves difícilmente va a encontrar empleo en otros sectores.

Los salarios en la ONCE son un tema polémico. Se desconocen con exactitud las retribuciones de los directivos, a pesar del carácter público de la entidad, aunque se sospecha que son altas. Prueba de ello es que su presidente reconoció en una entrevista a El País en 2013 que ganaba "doscientos y pico mil euros". Esta cantidad contrasta con las retribuciones de los vendedores y vendedoras, en especial, de aquellos que tienen contrato temporal. El personal vendedor con contrato temporal, cuyo peso en la plantilla oscila entre el 20% para las mujeres y el 22% para los hombres, tiene un salario inferior en un 30% al personal fijo. Se trata de un desarrollo que ha tenido lugar en otras grandes empresas españolas y cuyo resultado es la creación de una doble escala salarial: una para los fijos (senior se llaman en la ONCE) y otra para los temporales (los junior). El personal vendedor fijo cobra 999 euros brutos al mes desde 2012, y el temporal, 699 euros. Tras tres años como junior y una estampita a Santa Lucía, patrona de las personas invidentes, se puede alcanzar el estatus de senior.

Otro tema que preocupa a la plantilla de la ONCE es la venta de productos de juego a través de empresas como estancos, gasolineras o quioscos de prensa. Este canal de venta carece de fines sociales, no promueve la integración laboral de personas ciegas y supone una privatización de una parte de la actividad de la ONCE. El producto que se comercializa a través de este canal complementario, estimado entre el 6 y el 8%, dificulta el logro de la cuantía mínima de venta que se exige al personal vendedor de la ONCE, 4.500 euros al mes. El incumplimiento de esta cantidad mínima, que en 2012 afectó a 2.200 vendedores y vendedoras de la entidad (el 11% del colectivo), puede conllevar sanciones como la suspensión de empleo y sueldo de 10 a 30 días o el despido por "baja rentabilidad".

La igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres constituye un asunto mejorable en la gestión de la ONCE. En los puestos de responsabilidad, los hombres copan los puestos de directivos y mandos intermedios, al suponer el 80 y el 70% respectivamente. Entre el colectivo laboral más numeroso, el personal vendedor, las mujeres representan el 30% frente al 70% de los varones. Este reducido peso de las mujeres no está en consonancia con la proporción de afiliadas a la ONCE (51% en 2014) ni con la importancia de las mujeres entre la población con discapacidad en edad de trabajar (el 46%). Debe recordarse que las discapacitadas sufren una discriminación doble, como mujer y como discapacitada. Prueba de ello es que los hombres discapacitados tienen más facilidad que las mujeres para encontrar trabajo, tal como se deduce de los datos de ocupación de personas con discapacidad, 58% son varones frente al 42% de mujeres, según los datos proporcionados por el INE en su informe El Empleo de las Personas con Discapacidad 2012. Parece, por tanto, urgente la incorporación de mujeres a los puestos de responsabilidad y a la red de ventas.

Un elemento característico de la ONCE que se está perdiendo es la red de centros propios situados en pueblos y provincias de toda España. En ellos el personal vendedor realiza gestiones administrativas relacionadas con la venta del cupón. Sirven también como centro de atención especializada (social, educativa, de ocio) para las personas afiliadas a la entidad, especialmente en los ámbitos comarcales. En los últimos años se han cerrado más de 150 centros, los últimos en las localidades asturianas de Sama y Mieres. Su cierre acentúa los problemas de movilidad del personal vendedor y de las personas afiliadas a la ONCE, que se ven obligadas a realizar largos desplazamientos para poder recibir atención especializada o llevar a cabo las gestiones habituales de su trabajo.

Otro aspecto que supone un deterioro en la calidad de vida del personal vendedor es el desmantelamiento de los servicios de vigilancia de la salud de la ONCE, mediante el despido del personal médico y ATS. Este servicio estaba plenamente justificado entre las vendedoras y vendedores, dada su discapacidad y la conveniencia de tener acceso a servicios médicos en su propia empresa.

Modificar los aspectos señalados debería constituir una prioridad en la gestión de la ONCE y en la función de tutela que desempeña el Estado. Se trata, en definitiva, de garantizar que esta entidad siga desempeñando su inestimable labor social con criterios de transparencia, solidaridad y equidad interna.

 

 

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Plan Juncker, mucho ruido y pocas nueces https://blogs.publico.es/uno-mayo/2014/12/12/plan-juncker-mucho-ruido-y-pocas-nueces/ https://blogs.publico.es/uno-mayo/2014/12/12/plan-juncker-mucho-ruido-y-pocas-nueces/#respond Fri, 12 Dec 2014 08:09:47 +0000 http://blogs.publico.es/uno-mayo/?p=315 Continuar leyendo "Plan Juncker, mucho ruido y pocas nueces"]]> José Campos Trujillo
Responsable de Participación Institucional de la Confederación de CCOO

 

Con el beneplácito de la mayoría de la Eurocámara y las bendiciones de la canciller alemana, Angela Merkel, el Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha propuesto un paquete inversor para la recuperación económica dada la lenta y titubeante recuperación de la economía en la Unión Europea, además de una posible recaída en la recesión. El llamado Plan Juncker por el empleo y la inversión es una iniciativa de la Comisión Europea (CE) que atiende la mala conciencia comunitaria sobre sus políticas de saneamiento fiscal a ultranza, y de reformas que, en estos años difíciles, han provocado una fuerte devaluación laboral y una notable caída de la cobertura social. Y es que el reformismo y los recortes han descargado todo su peso durante demasiado tiempo sobre las espaldas de los ciudadanos europeos.

Es de partida una idea plausible, aunque no deja de ser un reconocimiento tácito del abuso de poder e injusticia social perpetrado en la UE sobre las personas, que ha precarizado sus empleos y ha contribuido a mantener un alto índice de desempleo en la eurozona (11,5%), destacando países periféricos como Grecia (26%), España (24%) o Chipre (15%). En total, según Eurostat, son 24,4 millones los europeos sin empleo (18,3 millones en la eurozona) y el paro juvenil en la eurozona llega al 23,5%. Demasiado coste humano incluso para los políticos de Bruselas.

Aparte de la reanimación económica, otro factor de peso para que se haya alumbrado el paquete de medidas Juncker es la necesidad de implementar políticas europeas para atajar la brecha social entre los llamados estados del norte y los de sur. Una asimetría que tensiona las relaciones entre los países miembros y que hace tiempo debiera haberse reconducido a niveles más razonables.

Sin embargo, el plan de Juncker se da en un contexto en el que las medidas de austeridad y los recortes no cesan. Así que lo que Juncker predica, por ahora, no tiene mucha credibilidad. Más parece una declaración de buenas intenciones porque una cosa es predicar y otra dar trigo, pero sobre todo porque este plan de inversión público-privado, que en la exasperante lentitud comunitaria probablemente empezará a funcionar en el año 2016, lo confía todo a la ingeniería financiera. Así, de los 315.000 millones de euros del plan hay muy poco de dinero público, solo 21.000 millones provistos vía presupuestos y a través del BEI. El resto, los dirigentes comunitarios presuponen que será el capital privado el que proveerá. Queda, por tanto, todo este asunto de Juncker al albur del interés de los inversores y a la iniciativa de las empresas.

Con estos escasos mimbres en los próximos tres años, se pretende mejorar las infraestructuras energéticas y de transportes y crear 3,3 millones de empleos. Se estima que el PIB comunitario crecería un 3% PIB. Pero tal como se ha planteado esta iniciativa tiene poco grado de verosimilitud. La Comisión Juncker debería abogar por un plan que realmente sea un instrumento efectivo para combatir la crisis e impulsar la actividad económica y el empleo. Por otra parte, en el paquete de medidas sigue sin ser relevante la lucha contra el fraude y la evasión fiscal.

No obstante, ahora que la nueva CE ya está en marcha sí que es un momento idóneo para darle la vuelta a la tortilla del austericidio cocinado por la troika comunitaria. Se trataría de implicar seriamente a los estados miembros en la aplicación de una estrategia diametralmente opuesta. Me refiero a ese plan Marshall que fue alumbrado en el seno de la Confederación Europea de Sindicatos (CES) y que CCOO suscribió junto a otras organizaciones hace ya dos años y que pasó desapercibido no obteniendo tampoco la atención que merecía por parte de las autoridades.

Este plan alternativo fue propuesto tanto a las instituciones comunitarias como a los gobiernos nacionales. Con él los sindicatos plantean una política más decidida de inversiones públicas a favor del empleo de calidad y el crecimiento. Supondría dedicar el 2% del PIB comunitario a este tipo de inversiones durante 10 años. Esta propuesta social es más que oportuna en un momento en el que algunos se empeñan en levantar muros nacionales para evitar la inmigración y juegan a arruinar la Europa Social.

Hora es de apostar con bastante más rigor que Juncker a favor de un continente mejor donde se restaure el valor del trabajo, se dignifiquen las condiciones de vida de los europeos. Hora es de recuperar la credibilidad en el proyecto común europeo empezando por rescatar a las personas y reduciendo lo antes posible desigualdades, las importantes bolsas de pobreza y la fractura social existente. Para eso es necesario un plan más audaz, posible y creíble por el empleo y, además, instaurar lo antes posible una renta básica europea.

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Los impuestos se bajan a costa de los parados https://blogs.publico.es/uno-mayo/2014/12/10/los-impuestos-se-bajan-a-costa-de-los-parados/ https://blogs.publico.es/uno-mayo/2014/12/10/los-impuestos-se-bajan-a-costa-de-los-parados/#respond Wed, 10 Dec 2014 06:14:39 +0000 http://blogs.publico.es/uno-mayo/?p=297 Continuar leyendo "Los impuestos se bajan a costa de los parados"]]> Enrique Negueruela

 

Cuando el Gobierno presentó el Presupuesto de 2015 con un recorte de 7.219 millones de euros sobre el de 2011 y 4.427 sobre el de 2014, el Ministro Montoro dijo: "Hay mucha gente que no va a perder su empleo, y en términos cuantitativos eso permite un ahorro, de 4.100 millones de euros". La afirmación de Montoro, una vez más, es una mentira. El crecimiento del empleo que prevé el Presupuesto es de 223.500 empleos. Si calculamos lo que puede suponer en prestaciones según el gasto medio por parado, estamos hablando de 735 millones de euros que se ahorrarían. Esta cifra no tiene nada que ver con los casi 4.500 millones de euros que se recortan en los Presupuestos de 2015.

En julio de 2012 acompañando la Reforma laboral, se modificó la normativa de prestaciones recortándolas de forma drástica: desde la aprobación del recorte de prestaciones se ha pasado de que percibiera prestaciones el 37,1% de los parados hasta este último trimestre en el que solamente el 30,3% las perciben.

Rajoy mintió en el debate electoral porque dijo que no recortaría las prestaciones. El recorte se ha producido por dos vías. La primera por las modificaciones realizadas en la propia normativa: "parcialización de los subsidios", recorte del subsidio previo a la jubilación pasando de 52 a 55 años, exigiendo determinado nivel de ingresos familiares y estar percibiendo otra prestación o tener derecho a ella, aumento de la cotización de la prestación contributiva a cargo de los parados, disminución del 60% al 50% de la base reguladora en los 18 meses del segundo tramo de la prestación contributiva, etc. En su conjunto, estos recortes superan los 2.500 millones de euros.

Aunque es muy complejo calcular lo que suponen estos recortes con el nivel de estadísticas de que se dispone, gracias a las casi seis mil preguntas que ha realizado el senador socialista Ricardo Varela, podemos aproximarnos a cuantificar algunos de ellos sobre 2013. Por poner algunos ejemplos: más de cien mil familias han visto recortados sus ingresos mensuales de 426 euros a solamente 239,63 euros de media, por la "parcialización de los subsidios" con cargas familiares. Este recorte afecta también a más de 70 mil parados sin cargas. Supone 510 millones de euros. El cambio en la cotización de los parados ha supuesto que a los parados se les hayan descontado 350 millones de euros más, que anteriormente aportaba el SEPE. La disminución del 2º tramo de la prestación contributiva ha supuesto cerca de dos mil millones de recorte. Las altas iniciales al subsidio para mayores de 55 años se han visto reducidas en un 58%.

La actual crisis empezó en 2008 por lo que ya van seis años. La segunda vía de recorte ha consistido precisamente en no adaptar la duración de las prestaciones a la duración de la crisis, duración nunca conocida, por lo que siete de cada diez parados están desprotegidos.

Hasta octubre de este año se han gastado 20.734 millones de euros en prestaciones y en los dos meses que faltan el gasto rondará los 4.000 millones. Ello hace suponer que a finales de este año, se habrán dejado de gastar más de cinco mil millones de euros del presupuesto inicial de 2014, 29.728 millones de euros, pese a que ya ese presupuesto era casi dos mil millones menos que el del año anterior.

El Gobierno está presupuestando sobre el gasto realizado el año anterior, en vez de sobre la previsión de gasto del año que se trate. Las prestaciones en el Presupuesto de 2015 se recortan en 4.427 millones de euros sobre el de 2014 pero es muy posible que, sin cambios normativos, en 2015 ocurra como este año y queden sin gastar otros cinco mil millones de euros además del recorte.

El presupuesto de Empleo se nutre de cotizaciones a la Seguridad Social, fondos europeos y de la aportación del Estado. El recorte presupuestario se realiza por una disminución de las cotizaciones (dos mil millones menos) y, fundamentalmente, por la caída de la aportación directa del Estado, (8.229 millones de euros menos en el presupuesto inicial).

Si el gasto en 2015 ronda los veinte mil millones de euros significaría un recorte en prestaciones por desempleo de diez mil millones de euros sobre 2011 con 930 mil parados más. En un año de elecciones el PP no se atreve a presupuestar el gasto que se prevé. Además, en políticas activas de empleo el recorte ha sido de casi otros tres mil millones de euros.

En cuatro años este gobierno ha eliminado 10.277 millones de políticas de empleo y dejará de gastar otros cinco mil millones en 2015. Los 18.329 millones que aportaba el Estado en 2011 se verán reducidos a unos cinco mil millones.

La política de este gobierno se ha dirigido a modificar la distribución de la riqueza de este país. En datos anualizados mientras las rentas de los asalariados caían en 46 mil millones, el excedente empresarial aumentaba en 16 mil. Ahora se hace una reforma fiscal para que dejen de pagar quienes tienen más y la financia con los 8.229 millones que aportaba el Estado y les quita a los parados, sabiendo que tiene otros 5.000 millones de colchón.

Cuando presentó la reforma fiscal Montoro expresó la posición del Gobierno: van a compensar la rebaja de los impuestos en 2015 con el recorte de prestaciones. Los que más tienen se van a beneficiar de lo que se les quita a los que, por no tener, ni tienen empleo ni, la mayoría de ellos, tampoco prestaciones. Esa es la justicia de este Gobierno.

 

 

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Artículo 135 de la Constitución: ¿modificar o derogar la reforma de 2011? https://blogs.publico.es/uno-mayo/2014/12/05/articulo-135-de-la-constitucion-modificar-o-derogar-la-reforma-de-2011/ https://blogs.publico.es/uno-mayo/2014/12/05/articulo-135-de-la-constitucion-modificar-o-derogar-la-reforma-de-2011/#respond Fri, 05 Dec 2014 07:07:59 +0000 http://blogs.publico.es/uno-mayo/?p=269 Continuar leyendo "Artículo 135 de la Constitución: ¿modificar o derogar la reforma de 2011?"]]> Javier Doz | presidente de la  Fundación 1º de Mayo

 

La propuesta de revisar la reforma del artículo 135 de la Constitución Española, efectuada por el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha servido para que los principales portavoces del PP se hayan lanzado en tromba contra él, tildándole de irresponsable y veleta. Los demás partidos de la oposición se han conformado con llamarle oportunista.

Pero Pedro Sánchez tiene toda la razón en reabrir el debate, al calor de una proposición parlamentaria de la Izquierda Plural, y sólo parte de ella en el alcance que quiere dar a la reforma. Lo que pretende es suprimir la parte más dañina y estrambótica de aquella reforma constitucional, pactada con nocturnidad y alevosía por Zapatero y Rajoy, e implementada en el tiempo récord de quince días de agosto de 2011. Porque su redacción, tal vez fruto de las extraordinarias prisas si no de la impericia de sus redactores y de la irresponsabilidad de los dirigentes de ambos partidos, fue más allá de lo exigido por el diktat del BCE y del gobierno alemán, al establecer la prioridad absoluta del pago de la carga de la deuda sobre cualquier otro gasto presupuestario, por muy vital que fuese para la ciudadanía del Estado Español o para sus instituciones.

¿Nos podemos imaginar cómo se podrían renegociar unas mejores condiciones de pago con los acreedores de España, si estos pueden parapetarse en un mandato de nuestra Constitución para negarse a ello? ¿Por qué no existe esta prescripción de prioridad absoluta de pago ni en la Constitución alemana ni en ninguna otra de la UE? En la vorágine de los últimos tres años de crisis española y europea había caído en relativo olvido uno de sus episodios más oscuros y lamentables. Un episodio en el cual la soberanía y la dignidad de los españoles fueron vapuleadas. A quienes últimamente se llenan la boca con tanta frecuencia con las apelaciones a la soberanía nacional hay que recordar que la peor forma de no respetarla es subordinar los intereses de la inmensa mayoría a los dictados de los poderes económicos y de los mercados y de los poderes políticos exteriores que dicen interpretarlos.

En agosto de 2011 se rompió el consenso constitucional

Ha hecho bien Pedro Sánchez en reabrir el debate. Tiene razón en su propuesta. Pero esta tiene un alcance limitado. Porque lo que habría que hacer es derogar la nueva redacción del artículo 135 de la CE, que lo que hace es elevar la exigencia de déficit presupuestario cero en el conjunto de las Administraciones Públicas al rango constitucional. ¿Por qué? Porque lo que se hizo no fue otra cosa que constitucionalizar uno de los principios de la corriente más influyente de la economía política alemana, el ordoliberalismo. Esta corriente, fundada en los años treinta del Siglo XX al calor de la hiperinflación de la República de Weimar, está hoy trufada con postulados muy conservadores tomados de la economía neoclásica y de la economía de la oferta que han terminado por configurar lo que podría denominarse también neoliberalismo alemán.

Al constitucionalizar un principio de economía política tan discutible y tan de parte, tan ferozmente antikeynesiano, el PSOE y el PP rompieron, en agosto de 2011, el consenso constitucional más allá de la aritmética de aquella votación parlamentaria. Y lo hicieron introduciendo un precepto que sintetiza como pocos las políticas de austeridad que simultáneamente imponían las instituciones europeas y sobre las cuales la opinión, hoy mayoritaria, entre analistas e instituciones internacionales es que han fracasado, además de ser socialmente injustas por el tipo de reparto de las cargas de la crisis que establecen. Y por si no fueran suficientes estos argumentos para reclamar la derogación de la reforma constitucional del 2011, habría que añadir que ninguna constitución, y menos aún una que se precia de haber nacido sobre la base de un gran consenso político, puede colocar un dogal de tal dimensión sobre las políticas fiscal y presupuestaria de cualquier gobierno futuro.

La reducción del déficit público es necesaria

Por supuesto que es necesario reducir el déficit público y controlar el volumen de la deuda para que el servicio de la misma no suponga una carga insoportable para las cuentas públicas. Pero como muestra el análisis histórico de las políticas aplicadas para hacer frente a las crisis económicas y financieras desde finales del Siglo XIX -uno de los más completos es el contenido en el informe presentado por el propio FMI en la reunión anual de otoño que se celebró en Tokio en octubre de 2012- cuando se aplicaron políticas de austeridad fiscal y presupuestaria, la crisis se prolongó y profundizó, cayeron el crecimiento y el empleo y, por lo general, tampoco se redujeron el déficit y la deuda. Incluso, estos aumentaron por la disminución de los ingresos fiscales debida a la inducida caída de la actividad económica. Sólo las políticas keynesianas de estímulo de la demanda agregada para relanzar el crecimiento y el empleo han sido útiles parta salir de las crisis financieras y económicas

Una vez que las políticas monetarias y fiscales expansivas han logrado la recuperación del crecimiento económico es cuando los gobiernos deberían centrarse en la reducción del déficit y de la deuda -con o sin reestructuración de ésta última-, pero ya desde las mucho mejores condiciones para hacerlo derivadas del crecimiento de la economía.

¿Mantener en la Constitución el núcleo de unas políticas fracasadas?

La gestión política de la crisis actual, la más profunda desde la Gran Depresión, vuelve a corroborar los análisis de la historia económica. La comparación entre los resultados de las políticas de austeridad, reformas estructurales -que no han sido otra cosa que recortes de derechos y prestaciones laborales y sociales- y de devaluación interna, impuestas por Berlín y Bruselas a toda la UE, y en particular a la Zona euro, con los obtenidos por EE UU y los países del G20 que mantuvieron los compromisos y orientaciones de sus cumbres de 2008 y 2009, es evidente. Estos han dado resultados positivos mientras que la austeridad y sus acompañantes han sido un fracaso. Al otro lado del Atlántico se han recuperado niveles de crecimiento y empleo anteriores al estallido de la crisis. La UE, por el contrario, sufrió una segunda recesión y corre el riesgo de caer en una tercera o iniciar un largo período de estancamiento y deflación (a la japonesa). Una mayoría de países europeos, entre ellos España, están muy lejos de recuperar los niveles de empleo anteriores a la crisis, mientras que el crédito y la inversión siguen sin repuntar. A esto hay que añadir las insoportables secuelas de pobreza, incremento de la desigualdad y deterioro de los servicios públicos esenciales,

Por todo ello, pienso que es más que razonable reclamar la anulación de una reforma constitucional que simboliza la esencia de una política tan fracasada como injusta, máxime cuando su precepto esencial, el déficit cero, no se cumple porque resulta imposible de cumplir. Es cierto que, en el contexto político actual, la anulación de la reforma podría provocar un aumento de la prima de riesgo e ir contra corriente de las prescripciones del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria (2012). Sobre lo primero, pienso que para abaratar los intereses de la deuda lo más importantes es entrar en una senda de crecimiento económico sostenible y disponer de un sistema fiscal progresivo que proporcione ingresos suficientes al Estado. Sobre lo segundo, habría que subrayar que la UE vive una crisis política que no puede superarse dentro del actual marco institucional. Las fuertes tendencias centrífugas que la crisis, su mala gestión y la falta de proyecto político de futuro han generado sólo se podrán vencer con una reforma en profundidad de los tratados que permitan revitalizar la UE con un nuevo proyecto más democrático y socialmente avanzado. Y para ese nuevo proyecto buena parte del Fiscal compact y demás instrumentos de "gobernanza de la austeridad" son inservibles.

Por otro lado, como recientemente acaba de recordar Joaquín Estefanía, la redacción primigenia del 135 contenía ya otro párrafo sumamente inconveniente. Aquel que refiriéndose a los créditos destinados a hacer frente al pago de la deuda afirma: "Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión". Una interpretación literal de este precepto impediría cualquier tipo de reestructuración de la deuda española, sea por quita, ampliación de los plazos de pago o reducción de los tipos de interés que se pagan por ella.

En España, que vive una profunda crisis social y política, la reforma del artículo 135 de la CE, que derogase la modificación de 2011 y otros aspectos como el que acabamos de comentar, debería efectuarse en el marco de una reforma constitucional de calado que abordase todo lo que ha quedado obsoleto, se ha mostrado inconveniente, o se necesita para hacer frente a nuevas situaciones políticas o exigencias de la ciudadanía. Pero este es ya otro capítulo.

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Amordazar al movimiento sindical https://blogs.publico.es/uno-mayo/2014/12/03/amordazar-al-movimiento-sindical/ https://blogs.publico.es/uno-mayo/2014/12/03/amordazar-al-movimiento-sindical/#respond Wed, 03 Dec 2014 10:41:28 +0000 http://blogs.publico.es/uno-mayo/?p=240 Continuar leyendo "Amordazar al movimiento sindical"]]> Empar Pablo Martínez | @emparpm
Secretaría confederal de Movimientos y Redes Sociales de CCOO

 

La Ley de Seguridad Ciudadana no es una iniciativa aislada. Precarizando condiciones de trabajo y de vida a los trabajadores y trabajadoras, suprimiendo derechos de ciudadanía, reprimiendo el ejercicio de las libertades democráticas y pudriendo con su acción política el entramado y los valores constitucionales, este Gobierno y sus alianzas, presentan una batalla ideológica y de modelo social que estamos librando hoy, de nuevo.

En un contexto de profunda crisis, económica, social e institucional, de creciente indignación ciudadana, de injusticias y pobreza, en lugar de fortalecer las vías de diálogo, el Gobierno ha impuesto una demoledora reforma laboral que está suponiendo un enorme retroceso en las libertades sindicales y la negociación colectiva, agudizando la precarización de las condiciones de trabajo, que no ha creado empleo y ha propiciado el incremento de los conflictos laborales: expedientes de regulación de empleo, huelgas sectoriales y de empresa; ha propuesto una reforma del Código Penal que criminaliza el ejercicio de huelga y cercena la libertad sindical y ha presentado una ley de Seguridad Ciudadana que limita el derecho fundamental de manifestación y reunión, relativizando los principios de legalidad y seguridad jurídica, y debilitando el estado de derecho y las libertades democráticas.

El PP ha hecho oídos sordos a la exigencia sindical, no solo de ámbito nacional, sino europeo e internacional, de supresión del artículo 315.3 del Código Penal. Esta exigencia se fundamenta en que dicho precepto tiene su origen en el ordenamiento penal franquista, cuya finalidad era reprimir las huelgas. Hoy esta norma es desproporcionada puesto que el derecho de huelga ya está protegido sin que resulte necesario un tipo penal específico. A la vista de la utilización por parte de la Fiscalía, en 90 procedimientos abiertos que afectan a 300 sindicalistas, de determinadas figuras delictivas como el delito de coacciones a la huelga, como vía de criminalización de la protesta laboral, este sindicato ha impulsado una campaña contra la penalización del ejercicio de huelga y la libertad sindical, bajo el lema "Huelga No Es Delito".

Las iniciativas llevadas a cabo por el sindicato en el marco de esta campaña de sensibilización, reivindicación y movilización, pasan por presentar una Queja ante la OIT, un Informe-denuncia ante el Comité Europeo de Derechos Sociales, impulsar innumerables mociones en ayuntamientos de ámbito local y de comunidades autónomas, tejer imprescindibles alianzas con el movimiento sindical europeo e internacional, la sociedad civil organizada a través de la Cumbre Social y con asociaciones como Jueces para la Democracia o la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo, convocar concentraciones, manifestaciones, organizar jornadas de expertos o coordinar la acción jurídica para garantizar la máxima protección de las personas afectadas ante lo que consideramos una injusticia y una velada embestida contra el movimiento sindical, frente a quienes tienen intereses contrarios a la población asalariada.

Pero como decía, a la persecución de la libertad sindical desde el 315.3 del Código Penal, se suman otras medidas del Gobierno pensadas para cercenar libertades públicas y limitar derechos como es el proyecto de ley orgánica de Seguridad Ciudadana, rechazada por múltiples sectores sociales y políticos.

Por lo que nos afecta más directamente a las organizaciones sindicales, la llamada "Ley Mordaza" incorpora unas previsiones de tipificación de infracciones, que al no ponderar las circunstancias específicas que concurren en el ejercicio de los derechos fundamentales de libertad sindical y de huelga, pueden producir efectos claramente contrarios a la Constitución. En la práctica, esta regulación, convertirá un conflicto laboral en un conflicto de orden público.

El ejercicio de la libertad sindical y la huelga no implican únicamente el derecho a "dejar de trabajar", sino que según diversas sentencias del Tribunal Constitucional, abarca la publicidad del hecho mismo de la huelga, sus circunstancias o de los obstáculos que se oponen a su desarrollo, a los efectos de exponer la posición sindical, recabar la solidaridad de terceros o superar su oposición. El derecho de huelga implica el derecho de requerir de otros la adhesión a la misma y a participar, dentro del marco legal, en acciones conjuntas dirigidas a tal fin. La actividad del llamado "piquete de huelguistas", con sus funciones de información, propaganda y persuasión a los trabajadores para que se sumen a la huelga o disuasión a los que han optado por continuar el trabajo, integra el derecho reconocido por el artículo 28.2 de la Constitución, del Título Primero de Derechos y Deberes Fundamentales.

Los supuestos de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, afectarán fundamentalmente a trabajadores y trabajadoras en el ámbito de servicios esenciales o a los denominados servicios básicos; pero pueden afectar al resto de la plantilla cuando ejerzan la libertad sindical en los espacios y lugares públicos, o incluso en sus respectivos centros de trabajo, pues se determinan infracciones en aspectos vinculados a la protección de dicha propiedad e instalaciones privadas.

Aunque son bastantes los supuestos concretos de afectación de los derechos fundamentales de libertad sindical y de huelga de este proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, señalaré algunos para ejemplificar la dimensión de lo que pretende aprobar el Gobierno. Se puede obtener una información detallada consultando el Informe elaborado por los servicios jurídicos de CCOO.

Según el artículo 35.1 de la nueva ley, dado que el ejercicio del derecho de huelga o incluso las reuniones de carácter sindical en las instalaciones en la que se prestan servicios básicos para la comunidad o en sus inmediaciones pueden generar, como es consustancial al derecho de huelga, un perjuicio para su funcionamiento, esto supondría la aplicación directa de una infracción muy grave con sanciones que pueden oscilar entre 30.001 y 600.000 euros. Además, existe una regla de atribución de responsabilidad a los organizadores o promotores (sindicatos, comités, secciones sindicales e incluso asamblea de trabajadores). La delimitación de este tipo de instalaciones se refiere a energía, comunicación, suministros, telecomunicaciones que engloban a millones de trabajadores y trabajadoras.

Otra infracción grave seria la recogida en el artículo 36.4. Se permite la sanción de cualquier acto de obstrucción que pretenda impedir a cualquier autoridad, empleado público o corporación oficial, el ejercicio legítimo de sus funciones o cometidos; esto permite incluir la labor informativa de los piquetes por más que se limiten a trasladar a los empleados públicos los objetivos y fines de la huelga. La norma no recoge qué se entiende por acto de obstrucción y determina notable inseguridad sobre los supuestos de huelga, en los que, además, su finalidad legítima es precisamente alterar la normalidad productiva.

Un último ejemplo, el "deslucimiento" de bienes abre la posibilidad de sanción administrativa de hasta 600 euros según el artículo 37.13 de la nueva ley de Seguridad Ciudadana que lo tipifica como infracción leve. Es decir, será sancionable la mera colocación de una pegatina en un bien público o privado, sin alusión siquiera a la denuncia del propietario; con lo que se colisiona con los actos de difusión de los conflictos laborales y la huelga.

En definitiva, las reformas y proyectos legislativos sobre Seguridad Ciudadana y el Código Penal del Gobierno que desmantelan principios y derechos fundamentales, forman parte de un modelo que CCOO combate porque dibuja una sociedad autoritaria, desigual, insolidaria e injusta.

 

 

 

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La Europa desnortada, ¿hacia dos polos en I+D+i? https://blogs.publico.es/uno-mayo/2014/11/26/la-europa-desnortada-hacia-dos-polos-en-idi/ https://blogs.publico.es/uno-mayo/2014/11/26/la-europa-desnortada-hacia-dos-polos-en-idi/#respond Wed, 26 Nov 2014 15:11:25 +0000 http://blogs.publico.es/uno-mayo/?p=230 Continuar leyendo "La Europa desnortada, ¿hacia dos polos en I+D+i?"]]> Emilio Muñoz Ruiz. Instituto de Filosofía del CSIC y Unidad de Investigación en Cultura Científica del CIEMAT

 

La Europa comunitaria surgió de un proceso de sosegada reflexión tras las catástrofes bélicas que marcaron la primera mitad del siglo XX. En este proceso las dos grandes potencias europeas que se habían enfrentado, Francia y Alemania, llegaron al acuerdo, no exento de dificultades y dudas, de que debían trabajar juntas para desarrollar un proyecto común. La tarea no era fácil ya que para conseguir cristalizar la idea desde una visión europeísta era necesario contar con un fuerte liderazgo en cada una de las potencias y al mismo tiempo con liderazgos de segundo nivel, pero no menos importantes, en el resto de los países. Unos liderazgos que por otra parte debían alejarse de nostalgias y asentarse en la oportunidad, y que, finalmente, no solo se plasmaron en el inicio del proceso, sino que se extendieron hasta el final de la década de los setenta.

Esa época de construcción europea empezó a dar su primeros pasos arropada por Charles De Gaulle y Konrad Adenauer, con liderazgos de impronta nacionalista, pero a la vez flexibles y cargados de grandes objetivos, y continuó con el predominio de los de orientación socialdemócrata, que fueron perdiendo protagonismo tras la caída del muro de Berlín, cuyo cuarto de siglo se conmemora en estos días, en beneficio del concepto emergente de "fin de la historia" (Fukuyama dixit) del capitalismo neoliberal; una corriente que ha arraigado con fuerza en Europa, debido en buena medida al inicio de la decadencia de las corrientes socialdemócratas perdidas entre ambigüedades y terceras vías, lo que finalmente ha arrastrado al proyecto europeo hacia una severa crisis de identidad, bajo el liderazgo carente de cultura o/y empatía histórica de Angela Merkel.

Todo este proceso, además de sus consecuencias generales y en diversos ámbitos, puede influir muy negativamente en las políticas de ciencia y tecnología que durante cuatro décadas han sido la principal sustancia de mi relación con la política.

La investigación y el desarrollo (I+D) estuvieron siempre presentes en la génesis de Europa. Al principio y en ausencia de un apoyo en tratados se abordaron exclusivamente bajo la fórmula tradicional de la cooperación científica y técnica por medio del Programa COST, pero en los ochenta, gracias al impulso del comisario Étienne Davignon y sobre la base de los tratados del Carbón y del Acero y del EURATOM, se puso en marcha la figura de los Programas Marco que, con cifras económicas crecientes (a pesar de su escasa proporción con respecto al total de la inversión de los Estados en I+D) y formulaciones estratégicas innovadoras, sirvieron de revulsivo a los Estados menos avanzados, ya que para competir con éxito en los programas europeos era y es imprescindible disponer de masa crítica investigadora, capital humano cualificado y laboratorios e instalaciones que garanticen competitividad a escala internacional.

Cada día es más evidente la importancia del conocimiento científico y tecnológico "per se" para hacer posible el desarrollo eficiente en términos económicos y sociales, pero en la Europa sumida en crisis y contradicciones que promueve políticas de austeridad y recortes en la I+D+i en los países del sur pero no en los del norte, se empiezan a percibir riesgos de futuro en la gobernanza europea.

Europa fue en sus orígenes un factor decisivo para buscar la convergencia entre sus integrantes en términos de bienestar, nivel científico y tecnológico, desarrollo económico y social, y convergencia entre las regiones más desfavorecidas, pero en los últimos años se ha dado un golpe de timón a estas políticas y la única convergencia por la que se parece apostar es la de la fiscalidad.

Sobre ese panorama y en el terreno del conocimiento científico y tecnológico se vislumbra un inquietante futuro y, lo que es peor, una hipotética y más que probable división en polos en la que el norte produciría el grueso del conocimiento, dejando al sur el manejo de una porción residual, a que los ciudadanos sureños sean solo consumidores de productos de alta tecnología y al favorecimiento de sectores que permitan el disfrute de su ocio a los productores septentriones.

Algo muy grave que requiere una reflexión profunda y la subsiguiente acción política y social.

 

 

 

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¿Cuánto vale la vida de una mujer? https://blogs.publico.es/uno-mayo/2014/11/19/cuanto-vale-la-vida-de-una-mujer/ https://blogs.publico.es/uno-mayo/2014/11/19/cuanto-vale-la-vida-de-una-mujer/#respond Wed, 19 Nov 2014 09:16:26 +0000 http://blogs.publico.es/uno-mayo/?p=209 Continuar leyendo "¿Cuánto vale la vida de una mujer?"]]> Ana Herranz Sainz-Esquerra. Secretaria Confederal de Mujer e Igualdad de CCOO

 

El 1 de agosto de 2014 entró en vigor en España el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, más conocido como el Convenio de Estambul.

Según el Consejo de Europa, la violencia estructural contra las mujeres está basada en el género, en una posición desigual de subordinación de la mujer en relación al hombre, que conlleva a un desigual reparto en el acceso a los recursos económicos, a la participación política, acceso a la educación, sanidad... poniendo en relieve las barreras invisibles que aún imposibilitan una igualdad de "iure y de facto" como elemento clave de la prevención de la violencia.

El 25 de noviembre día internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres, se visualiza la cara más dramática de la discriminación de la mujer como son los asesinatos o los malos tratos que sufren las mujeres a cargo de sus parejas o exparejas, que en lo que va de año se ha cobrado la vida de 43 mujeres.

Son numerosas las voces, entre ellas las del Consejo de Europa que exigen la igualdad en los resultados, es decir de derecho y de hecho, la desaparición de la violencia estructural que diariamente sufren las mujeres como el único medio capaz de prevenir la violencia de género que cada año mutila, daña la salud de las mujeres y en el peor de los casos cuesta la vida de miles de mujeres en el mundo.

Mayores dificultades de acceso, permanencia y calidad en el empleo que históricamente han tenido las mujeres y que perviven en la actualidad, basta con ver los resultados de la EPA del 3T que no auguran precisamente que las mujeres puedan disfrutar de una autonomía y el acceso a los recursos económicos en igualdad de condiciones que los hombres. Junto con este hecho el no reconocimiento del trabajo no remunerado de cuidados de personas dependientes y de criaturas y el menor valor que se le atribuye al trabajo de las mujeres sólo hace que perviva la brecha de género en el empleo y por lo tanto por lo tanto el acceso a los recursos y a su empoderamiento.

CCOO reclamamos políticas activas de empleo a favor de las mujeres, mayor inversión en este campo tal y como aconseja el Convenio de Estambul ya que de lo contrario miles de mujeres se verán obligadas a convivir con sus maltratadores ante la falta de expectativas.

Exigimos políticas públicas que garanticen unos servicios de atención y cuidado de las criaturas y personas dependientes con la finalidad de que sea el Estado quien atienda las tareas de atención y cuidado, permitiendo a las mujeres una salida del hogar y no el camino inverso como está pasando en la actualidad.

CCOO exigimos la reversión de la reforma laboral y la supresión de la actual política de recortes en recursos sociales que junto con la ausencia de políticas eficaces de igualdad inciden en el agravamiento de los factores de la violencia estructural.

Desde CCOO denunciamos el fracaso de las políticas en la lucha contra la prevención de la violencia de género mermadas año tras año, así como los recortes destinados a políticas dirigidas a promocionar la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres, justamente todo lo contrario que establece el Convenio de Estambul en su art- 12 relativo a la prevención y en su art. 8 relativo a los recursos financieros que los estados deben dotar.

Sin embargo, el anteproyecto de PGE contraviene al reciente suscrito Convenio, dando la espalda a las políticas de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres, ya que el programa 232.B destinado a tal fin está dotado con 20,8 millones € lo que supone una reducción del 38% en cuatro años si tomamos la referencia del año 2010.

Igual tratamiento recibe el capitulo 232C de actuaciones para la prevención integral de la violencia de género, y aunque para este año se ha producido un incremento de 1,87 millones aún es un 25% inferior al del año 2010, no es si admisible que los recortes y las políticas de austeridad afecten a las actuaciones contra la violencia de género, si verdaderamente existe voluntad política de erradicar cualquier forma de violencia contra las mujeres.

Así mismo el Convenio de Estambul, llama a los estados parte a poner a disposición de las mujeres que sufren violencia de género todos los recursos necesarios que garanticen su salida de la violencia de género. Y en este tema CCOO consideramos que hay un escasísimo desarrollo de las medidas referidas al fomento del empleo, tanto en contratación de mujeres víctimas de violencia de género como en contratos de sustitución de los mismos.

En este sentido CCOO demandamos la aplicación, desarrollo y evaluación periódica de las medidas y bonificaciones relativas al fomento del empleo y del programa socio-laboral de las mujeres víctimas de violencia de género, junto con información y evaluación periódica de la Estrategia Nacional para la erradicación de la violencia de género (2013-2016), haciendo efectiva la colaboración con los agentes sociales contemplada en distintas medidas del Plan Estratégico para el desarrollo efectivo de las mismas.

CCOO así mismo ha instado al gobierno a que defienda en la OIT una propuesta para erradicar la violencia contra las mujeres en el lugar del trabajo, ya que en estos momentos no hay ningún convenio OIT en esta dirección.

Está bien suscribir y ratificar cualquier iniciativa que tenga por objeto promover la Igualdad de Oportunidades de mujeres y hombres y combatir la discriminación, sobre todo cuando hablamos de la vida de las mujeres, pero CCOO exigimos que una vez que se han suscrito los compromisos se hace necesario cumplirlos, dotarlos económicamente y evaluar las actuaciones acometidas, porque cuando hablamos de la vida de las mujeres no todo vale, o ¿si?.

 

 

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La pobreza no tiene “apellidos” ni “prefijos” https://blogs.publico.es/uno-mayo/2014/11/12/la-pobreza-no-tiene-apellidos-ni-prefijos/ https://blogs.publico.es/uno-mayo/2014/11/12/la-pobreza-no-tiene-apellidos-ni-prefijos/#respond Wed, 12 Nov 2014 10:40:51 +0000 http://blogs.publico.es/uno-mayo/?p=197 Continuar leyendo "La pobreza no tiene “apellidos” ni “prefijos”"]]>  

Daniel Kaplún

 

El tema de la pobreza en España ha ido cobrando creciente presencia en los medios de comunicación y en el debate público, como lógico efecto de su crecimiento exponencial a consecuencia de la crisis económica que padecemos (la mayoría de los españoles) desde hace ya no menos de 6 años.

Esa presencia se ha visto frecuentemente seguida o precedida (respectivamente) de "apellidos" o de "prefijos" que le acompañan: pobreza "infantil", pobreza "energética"..., o por el otro lado el "umbral" de la pobreza, o el "riesgo" de pobreza...

Estas formas de "apellidar" o "prefijar" a la pobreza, parecen poner el foco en un solo y único síntoma, como si la pobreza "energética" (por ejemplo) consistiese únicamente en que se carece de recursos para caldear o iluminar la vivienda, pero sí se tienen para vestirse, desplazarse, alimentarse adecuadamente o incluso llevar una vida social plena; en definitiva, todo aquello que nos permite vivir dignamente como seres humanos (y consiguientemente sociales). O como si (aún más absurdo) la pobreza "infantil" afectase únicamente a los niños, mientras los padres disfrutasen de los bienes y servicios básicos, pero se los negasen a sus hijos.

Y lo mismo podría decirse del "umbral" de la pobreza o del "riesgo" de pobreza:

• El "umbral" de la pobreza es un límite más o menos arbitrario que se fija para determinar quiénes pueden o deben ser considerados pobres y quiénes no; límite fijado generalmente en términos de renta, ya sea familiar o per cápita (y no es para nada lo mismo una cosa que la otra, como trataré de explicar más adelante).

• El "riesgo" de pobreza es un concepto aún más difuso, puesto que se trata de determinar a personas o colectivos que, sin serlo de facto, estarían amenazados de forma más o menos inminente de caer en la pobreza; en otras palabras, pobres "potenciales", lo que en términos operativos suele determinarse mediante una franja o intervalo inmediatamente por encima del "umbral", y siempre en términos de renta.

A mi modesto entender, la pobreza es un fenómeno único y global, que afecta a la totalidad del núcleo de convivencia y a cada uno de sus integrantes, aunque generalmente no en la misma medida, ni de la misma manera. Y en muchos casos también al entorno del núcleo afectado, particularmente a sus familiares más directos que, movidos por el amor y la solidaridad, suelen privarse a sí mismos de bienes o servicios esenciales para apoyar la supervivencia de los afectados más directos.

Lo que puede divergir son los síntomas que exteriorizan y hacen visible la pobreza. Síntomas que suelen ser el resultado de una elección, quizá no siempre consciente ni necesariamente deliberada, sobre aquello de lo que se puede prescindir y lo que se debe mantener. Es decir, de una escala de prioridades que lleva a decidir la supresión o reducción del acceso a determinados bienes o servicios y la conservación de otros.

La experiencia empírica nos indica que, con frecuencia, dicha escala de prioridades suele estar más regida por elementos socio-culturales que puramente racionales. Porque se suele otorgar prioridad a aquellos bienes o servicios que permitan disimular u ocultar las dificultades económicas por las que está atravesando la familia, por una parte, y sobre todo a proteger a los hijos de esa visibilidad y de sus posibles consecuencias en su entorno social.

Dicho en términos coloquiales, la escala de prioridades suele estar muy influenciada por la intención de guardar las apariencias. Y esta intención está, a su vez, íntimamente relacionada con los sentimientos y vivencias afectivasque se suelen generar en torno a la pobreza:

• La culpabilidad, y su consecuencia directa

• La vergüenza

Estas vivencias resultan especialmente intensas cuando el ingreso en la situación de pobreza es sobrevenido después de una vida de (relativa) abundancia o, al menos, exenta de dificultades económicas importantes. Y se acentúa cuando dicha situación de empobrecimiento sobrevenido se produce de forma individual, y no afecta al conjunto del entorno residencial o laboral del afectado.

Aunque pueda parecer contradictorio con lo sostenido hasta ahora, podríamos proponer por lo tanto dos nuevos "apellidos" para la pobreza:

• La pobreza crónicao estructural, es decir aquella que se ha padecido "desde la cuna"

• El empobrecimiento sobrevenido a consecuencia de la pérdida o reducción drástica de los ingresos de que se dispone

Esta última situación es la que ha crecido de forma exponencial en estos años de crisis, ocasionando a su vez una profunda transformación en la estructura social española, que se expresa en un fenómeno de movilidad vertical descendente, para la que no estábamos en absoluto preparados, después de una década de (aparente) sobreabundancia.

Este fenómeno de movilidad social descendente genera, a su vez, una profunda crisis de identidad en quienes lo padecen: su capacidad adquisitiva no se corresponde en absoluto con las necesidades y hábitos adquiridos durante la vida precedente, que determinan la identidad de clase subjetiva de cada individuo y, consiguientemente, de quienes conforman su núcleo de convivencia.

Se produce, por lo tanto, una ruptura entre la posición social objetiva y la identidad percibida, que impulsa a ese ocultamiento y ensimismamiento al que me refería anteriormente, potenciada por una moral social, profundamente enraizada en nuestra cultura, que nos impulsa a la búsqueda del éxito individual, tanto en términos materiales como de prestigio social. Moral social que, a la vez que premia el éxito (sin prestar mayor atención a los procedimientos por los que se lo ha alcanzado), tiende a estigmatizar el fracaso, culpabilizando de él a quien lo vive y negándole oportunidades de redención posterior.

De ahí la culpa con la que se suele vivir, al menos en una primera etapa, el empobrecimiento sobrevenido, y la necesidad de ocultarlo a nuestro entorno, en particular a aquellos de los que tememos una respuesta hostil. Esa culpa afecta especialmente a quienes se ven obligados a dejar de pagar sus deudas (particularmente los créditos, y en especial los relacionados con la vivienda) y los costes derivados del mantenimiento de los servicios esenciales: energía, agua potable, etc.

Dentro de esa tendencia al ocultamiento de la pobreza sobrevenida habría, por lo tanto, una gradualidad, determinada por la menor o mayor visibilidad externa de sus efectos, por una parte, y por quiénes se vean afectados por ellos. Así, cabe pensar que la denominada "pobreza energética" se encontraría en uno de los primeros estadios de la decadencia (en una sociedad en la que se tiende a facilitar muy poco el acceso a la vivienda a personas ajenas al entorno familiar más directo), mientras que la "pobreza infantil" se situaría en las últimos eslabones de la cadena, puesto que la protección a la infancia constituye, a su vez, una parte esencial de nuestra cultura social.

En cualquier caso, quienes luchamos por la construcción de un modelo social igualitario nos enfrentamos a un enorme desafío: el de transformar la culpa en rebeldía, ésta a su vez en solidaridad y, finalmente, la solidaridad en lucha colectiva organizada. En otras palabras, y retomando el lenguaje marxiano que, al menos en mi caso, he mamado desde mis primeros (y ya lejanos) pasos en la militancia política y social, transformar lo que en este momento sería una "clase en sí" en "clase para sí". Con la dificultad añadida de que se trata de un estrato social que escapa en buena medida a los modelos clásicos en los que nos hemos formado, y se hace por lo tanto necesario generar, sobre este fenómeno del empobrecimiento sobrevenido, una teoría sociológica que nos permita interpretarlo en su globalidad para poder abordarlo con acierto.

Aunque con frecuencia a tientas y sin un marco teórico exhaustivo, algunos movimientos sociales han logrado avances muy significativos en ese proceso de empoderamiento o adquisición de consciencia de clase(como se le prefiera llamar). De todos ellos, probablemente la Plataforma de Afectados por la Hipoteca es uno de los que más profunda y acertadamente ha reflexionado y actuado las raíces ideológicas y actitudinales del fenómeno. Pero su acción sigue limitada al núcleo de quienes han tomado la iniciativa de aproximarse al movimiento.

Sigue faltando, por lo tanto (al menos en mi modesta opinión), una adquisición de consciencia de carácter masivo, capaz de impulsar la transformación social profunda que se necesita en este país y en esta coyuntura. Las razones por las que, a mi juicio, las organizaciones políticas actualmente existentes no son capaces (algunas) o no se proponen (otras) dicha transformación serían largas de explicar y deberían por tanto ser objeto de otro artículo.

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La crisis europea es política. La UE necesita un nuevo proyecto político https://blogs.publico.es/uno-mayo/2014/11/07/la-crisis-europea-es-politica-la-ue-necesita-un-nuevo-proyecto-politico/ https://blogs.publico.es/uno-mayo/2014/11/07/la-crisis-europea-es-politica-la-ue-necesita-un-nuevo-proyecto-politico/#respond Fri, 07 Nov 2014 10:22:56 +0000 http://blogs.publico.es/uno-mayo/?p=166 Continuar leyendo "La crisis europea es política. La UE necesita un nuevo proyecto político"]]> Javier Doz

La crisis económica mundial que estalló en 2008, y que todavía padecemos intensamente, no sólo está teniendo en nuestro continente una profundidad y una duración superior a las que han padecido otras regiones del mundo, sino que ha terminado provocando una profunda crisis política del proyecto europeo. La crisis política de la Unión Europea tiene varias facetas. Por una parte, la relacionada con una opción de política económica para gestionar la crisis equivocada: la austeridad, impuesta por los países acreedores y económicamente más fuertes, encabezados por Alemania, a los endeudados y económicamente más débiles de la periferia europea. Por otra, conectada con la primera, la generada por los efectos sociales de la crisis cuyas principales manifestaciones son la profunda desconfianza de la mayoría de los ciudadanos europeos en sus instituciones y el auge electoral, en las elecciones europeas y en bastantes nacionales (o en los sondeos electorales), de partidos antieuropeos, populistas y de extrema derecha. En tercer lugar, se ha constatado la falta de funcionalidad de las instituciones de la UE, en particular para gobernar la economía de la zona euro, y su gran déficit democrático. Finalmente, a la erosión profunda de la cohesión social que la mala e injusta gestión política de la crisis ha producido en muchos países, entre ellos España, fruto del desempleo masivo y el incremento de la pobreza y la desigualdad, hay que añadir el deterioro de los lazos de confianza y solidaridad entre los Estados miembros, incluso entre sus poblaciones, lazos imprescindibles para sostener un proyecto político supranacional como la UE.

 

El fracaso de la austeridad

Que las políticas de austeridad y reformas estructurales –entendidas como recortes de los derechos sociales y laborales y debilitamiento de la negociación colectiva para promover la devaluación salarial- han sido un completo fracaso lo reconoce casi todo el mundo; menos sus principales responsables, el gobierno alemán a la cabeza. Lo han terminado por reconocer incluso uno de los organismos de la troika, el FMI. A su manera, sin autocrítica y con su ya habitual esquizofrenia. Lo han dicho la OIT, por supuesto, pero también la OCDE. Y, finalmente, el propio Mario Draghi, el pasado septiembre en Jackson Hole, ha sugerido "otra política", porque la política monetaria del BCE, a la que aún le queda recorrido si le dejan, no basta, y porque es necesario impulsar inversiones y coordinar una política fiscal incentivadora del crecimiento.

Que la austeridad nunca fue la receta adecuada para enfrentarse a una recesión económica era cosa bien sabida desde los tiempos de la Gran Depresión. Lo reconocen hasta los más recientes estudios del FMI sobre las crisis económicas y las políticas para salir de ellas (de nuevo la esquizofrenia). Que se pretenda mantener cuando a Europa le ha ido tan mal -dos recesiones y actual riesgo de una tercera- si se compara con los EE UU, los demás países desarrollados o los emergentes entra dentro del campo de la temeridad. A diferencia de Europa, en casi todos ellos ha primado la recuperación del crecimiento y el empleo sobre la reducción de los déficits públicos, mediante una combinación de políticas monetarias expansivas y de incentivación de la demanda.

Desde una perspectiva histórica, podríamos estar viviendo, como ha advertido Joschka Fischer, otra manifestación de la incapacidad de Alemania para liderar Europa, por pretender hacerlo desde una aplicación rígida de su ideología en materia de economía política y desde la imposición de la primacía de sus intereses nacionales (En el Siglo XX, Europa ya vivió otros ejemplos mucho más terribles y antidemocráticos de esta incapacidad alemana).

 

Políticas de imagen para ocultar la parálisis y las malas decisiones

Desde hace más de dos años, la cantinela oficial es la de que hay que complementar la austeridad y las reformas estructurales con medidas que impulsen el crecimiento y el empleo. Por el momento no se han adoptado ninguna. En junio de 2012, la cumbre del Consejo Europeo aprobó un plan de crecimiento y empleo ficticio, una mera apariencia, del que no se ha realizado absolutamente nada. Los 6.000 millones del miniplan de empleo juvenil, el 5% de la supuesta financiación del plan mayor, todavía no han comenzado a librarse. Cuando hay indicadores que apuntan a una nueva recesión o un estancamiento prolongado, se acaban de celebrar, en octubre, dos cumbres del Consejo que no adoptaron ninguna medida para enfrentarse a la situación. El 8 de octubre, en Milán, se reunieron para hablar de empleo juvenil sin acordar nada; fue la 6ª cumbre para tal fin en año y medio, Los días 23 y 24, en Bruselas, pasaron de largo sobre una situación económica de emergencia. Los líderes europeos esperan que, en diciembre, Jean Claude Juncker les presente su Plan de inversiones de 300.000 millones Pero el gobierno alemán ya ha advertido que no pondrá financiación pública nueva ni permitirá endeudamiento europeo para financiarlo. ¿Se repetirá el fraude del plan de 2012?

Finalmente y para terminar el sombrío panorama, el Bundesbank, con su presidente Jens Weidmann a la cabeza, reúne apoyos para paralizar las intenciones de Draghi de ampliar la "flexibilización cuantitativa" con compras de deuda pública, el recurso principal de política monetaria que le queda por adoptar al BCE.

Es difícil encontrar una tan prolongada sucesión de incapacidades o adopción mala y tardía de decisiones como la que llevan practicando los responsables políticos europeos desde 2010. Algunos dirán que se han producido avances en el gobierno económico de la UE y la zona euro. Reconoceré algunas medidas adoptadas en el campo financiero: una limitada e incompleta Unión Bancaria; los fondos de estabilidad financiera como mecanismos disuasorios, aunque inutilizados para otros fines prácticos relacionados; y lo hecho por el BCE para rebajar los tipos de las deudas nacionales. Pero el resto de los elementos de gobernanza –six pack, two pack, pacto por el euro plus, semestre europeo, y el nuevo Tratado o Fiscal Compact– son inseparables de la austeridad. Están pensados básicamente para aplicarla y, además, ahondan el déficit democrático de la UE, al ceder a la Comisión y el Consejo elementos de soberanía tan esenciales como el presupuestario sin reforzar simultáneamente las competencias del Parlamento Europeo.

Al tiempo, sigue sin haber instrumentos de gobierno económico para la política fiscal, las política de inversión y las industriales y medioambientales, entre otras. En el momento de escribir estas líneas hemos conocido los planes del gobierno irlandés para crear nuevos instrumentos para sus prácticas de dumping fiscal, y el muy grave escándalo del Luxemburgo Leaks, revelado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) que denuncia que existen más de 500 acuerdos secretos, entre el gobierno del Gran Ducado y empresas multinacionales, para promover la evasión o elusión fiscales. La mayoría de estos acuerdos fueron firmados cuando Jean Claude Juncker era primer ministro de Luxemburgo.

 

Existe el riesgo de ruptura

¿Cómo se extrañan todavía algunos gobernantes europeos por el hecho de que, en estas circunstancias la ciudadanía europea les dé la espalda, y también a la UE?

Una manifestación extrema de hasta donde pudiera llegar la crisis política europea en sus componentes nacionales la tenemos en Francia. La posibilidad de que Marine Le Pen, reconvertida a una suerte de neoperonismo a la francesa, pudiera vencer en las próximas elecciones generales es ya real. Si sucediera, la UE recibiría una herida de muerte. Pero en lugar de decir algo que se enfrente al regreso de los nacionalismos europeos, el mal que asoló nuestro continente durante siglos, la derecha en casi todos los países juega a competir con los nacionalistas antieuropeos en el terreno de la agenda política de la extrema derecha. Mientras, la socialdemocracia tiene hoy como políticos más destacados a Manuel Valls y Matteo Renzi, cuya principal aportación política es su voluntad de emular a Tony Blair

Hoy, el problema principal de Europa es la falta de política, de propuestas y de praxis, para enfrentarse a los grandes problemas que sufren los ciudadanos, empezando por la que lleve a restaurar un crecimiento sostenible y superar el desempleo masivo, la pobreza y la desigualdad. Pero para romper el círculo vicioso del descontento ciudadano que retroalimenta la fragilidad e, incluso la ilegitimidad de la UE es imprescindible formular un nuevo proyecto de futuro. Además de ser honestos, y parecerlo, los políticos europeos tienen que acertar en las políticas y decir hacia donde se quiere ir. Ante la clamorosa ausencia de proyecto de futuro, la partida puede perderse frente a los nacionalismos disgregadores de los Estados nación y de los que resurgen con fuerza en el interior de los mismos, como en el caso de Cataluña dentro del Estado Español.

 

Refundación política sobre la base del federalismo

Creo, con toda convicción, que la solución, en España y en Europa, es el federalismo, un federalismo articulado en dos grandes planos, el de la UE y el de los Estados nación que lo adoptaran. Este sería el núcleo de una propuesta para la refundación política de la UE: retomar y renovar la propuesta de los Estados Unidos de Europa. La democracia, participativa y transparente, tendría que ser una componente insustituible tanto en el proceso constituyente –Convención Europea- como del modelo final de la Europa federal.

¿Planteamiento utópico en el disgregador y gris panorama político europeo? No, por mucho que se tarde en alcanzar un objetivo tan ambicioso, es imprescindible formularlo ya, para comenzar a agrupar fuerzas políticas y sociales europeas en torno a él, y para tener la oportunidad de, primero contrarrestar, y después imponerse democráticamente a la profunda corriente nacionalista y antieuropeísta que recorre Europa.

La izquierda política y social europea tiene que acompañar una propuesta de esta naturaleza con alternativas a más corto plazo, al menos en dos grandes campos: el económico y el sociolaboral. Pueden ayudar bastante para ello dos propuesta elaboradas por la Confederación Europea de Sindicatos (CES): su plan de inversiones para un crecimiento sostenible y la del Nuevo Contrato Social Europeo.

 

Es urgente otra política económica

La UE necesita una nueva política económica que promueva el crecimiento y el empleo y, a partir de ellos, alcanzar la estabilidad presupuestaria y financiera de sus Estados. Simultáneamente, se deberían sentar las bases de un cambio de modelo productivo hacia una economía verde, integrando las políticas energética, industrial y medioambiental. Estos objetivos informan el Plan de inversiones de la CES [1], que preconiza un monto anual de las mismas equivalente al 2% del PIB, durante 10 años. Su financiación, en buena parte realizada a través del BEI, descansaría en endeudamiento europeo garantizado por el BCE (eurobonos). El BCE, por su parte, debería adoptar sin demora, todas las medidas de "flexibilización cuantitativa" a su alcance, incluida la de compra de deuda pública de los Estados. Correspondería a la Comisión y al Consejo completar la tercera pata de un plan económico de urgencia mediante la coordinación de las políticas fiscales con el objetivo de incentivar la demanda interna europea, junto con la adopción de cuantas medidas sean necesarias para acabar con el fraude y la elusión fiscales de empresas y particulares, con el dumping fiscal de ciertos Estados miembros, y para poner fin al escándalo de la existencia de paraísos fiscales bajo la jurisdicción de Estados europeos.

 

Europa como democracia socialmente avanzada

El pilar social es imprescindible en cualquier proyecto de futuro. Europa solo tendrá futuro como democracia socialmente avanzada. Cohesionando socialmente a los Estados miembros se ayuda a cohesionarlos entre sí. La calidad del empleo y la reducción sustancial de los niveles de pobreza y desigualdad deben de ser los objetivos principales. El nuevo proyecto político europeo tendrá que construirse junto con un sistema de normas políticas, sociales y laborales básicas, que garanticen un mínimo común denominador de derechos y prestaciones a todos los trabajadores y ciudadanos europeos, y la igualdad real de hombres y mujeres y de cualesquiera colectivos de personas que vivan y trabajen en la UE. En el campo del trabajo y de las relaciones laborales hay que garantizar la fortaleza y autonomía de las partes en la negociación colectiva así como dotar de una nueva dimensión al diálogo social europeo que comprenda su articulación con los de ámbito nacional.

En la situación actual de crisis económica, social y política, el proyecto político europeo, tal vez el más relevante del Siglo XX, sólo se salvará si los partidos políticos, viejos o nuevos, son capaces de remontarse sobre el marasmo del tacticismo, el electoralismo y el oportunismo y formular proyectos de futuro coherentes y mostrar la voluntad de realizarlos. ¿Lo harán?

 

Nota[1]: "Un nuevo rumbo para Europa: Plan de la CES para la inversión, el crecimiento sostenible y empleos de calidad". CES, noviembre de 2013

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Esto no funciona. Hay alternativas https://blogs.publico.es/uno-mayo/2014/10/20/esto-no-funciona-hay-alternativas/ https://blogs.publico.es/uno-mayo/2014/10/20/esto-no-funciona-hay-alternativas/#respond Mon, 20 Oct 2014 10:53:12 +0000 http://blogs.publico.es/uno-mayo/?p=155 Continuar leyendo "Esto no funciona. Hay alternativas"]]> Bruno Estrada López. Director de Estudios de la Fundación 1º de Mayo.

 

La semana pasada el fantasma de la fuga de capitales recorrió la economía española, se acentuó la caída de la Bolsa que se venía experimentando desde hacía cuatro semanas y afloraron incipientes problemas de financiación de la deuda pública (en la última subasta de bonos del Tesoro no se cubrió todo el tramo de emisión y los tipos de interés se incrementaron), poniendo de manifiesto una creciente desconfianza de los mercados financieros en la recuperación de la economía de la eurozona en general, y de la economía española en particular. Los inversores mostraron abiertamente sus dudas respecto a los efectos de la política económica del Partido Popular, que está empobreciendo a España y enriqueciendo a Alemania, destino principal de los capitales en fuga.

La austeridad fiscal asimétrica (El Informe de la OCDE de 2014 muestra que los ingresos medios en metálico, incluidas pensiones, que reciben del estado el 30 % de población más pobre, representa apenas 65% de los ingresos medios del estado recibidos por el 30% de la población más rica) ha hecho que la capacidad de generación de empleo y riqueza de nuestro país dependa esencialmente del estado de confianza de los inversores, principalmente extranjeros, restringiendo la posibilidad de que el estado juegue un papel determinante en la actividad económica. Asimismo la devaluación salarial (que se ha llevado por delante gran parte de la legislación laboral que protegía a los trabajadores y la capacidad de estos de defender sus condiciones de trabajo y salarios a través de la negociación colectiva) ha tenido unos efectos depresivos en la demanda, deteriorando el estado confianza de los inversores en nuestro país.

La política monetaria impulsada por el BCE, que no permite financiar el endeudamiento público a coste cero como ha hecho la Reserva Federal de EEUU, ha acentuado las consecuencias negativas de las políticas de austeridad fiscal y devaluación salarial. El veredicto de los inversores se muestra claro: la errónea política monetaria del BCE, la austeridad fiscal y la devaluación salarial nos llevan a la ruina colectiva, y los países en ruina no ofrecen perspectivas de negocio, excepto para los fondos de inversión de alto riesgo, también llamados fondos-buitre.

Confiar la capacidad de recuperación de la actividad económica tan solo a los flujos de capitales extranjeros cortoplacistas de un país, que es un elemento clave en la política económica del PP, es como esperar que las lluvias torrenciales rieguen las cosecha. Lo más probable es que cuando terminen las lluvias (flujos de capital cortoplacistas) el campo este inundado y las cosechas estén podridas (las empresas endeudadas y con sus activos artificialmente sobrevalorados). Los recientes fraudes de Gowex y Carbures en el Mercado Alternativo Bursátil han mostrado descarnadamente las limitaciones de estos mecanismos para financiar a las pymes, incapaces de afrontar la sequía de crédito que la fallida reestructuración bancaria no ha podido solventar. Al contrario, se debe avanzar en la regulación de la creación de capital por empresas y bancos, y en la gestión de los flujos internacionales de capital, como propone actualmente el propio FMI.

Un mejor reparto social del capital ya creado, mediante impuestos sobre el patrimonio y la renta como los propuestos por Piketty, será una medida indispensable para que el estado tenga una mayor capacidad de impulsar la actividad económica (inversiones públicas en infraestructuras, transferencias de renta redistributivas, banca pública), pero no será suficiente.

El gasto público puede ser la chispa que haga que vuelva a funcionar el alternador que permitirá poner en movimiento a la economía española, pero para que la conducción económica a medio plazo sea más igualitaria y próspera para la mayoría, y no se esté gripando continuamente, debe impulsarse un nuevo modelo de financiación-propiedad de las empresas. Este nuevo modelo debe tener como objetivo que el capital de nueva creación sea productivo para el conjunto de la sociedad, esto es que se reinvierta en las empresas y que no se dirija a prioritariamente a los mercados financieros especulativos, enriqueciendo exclusivamente a los grandes propietarios de capital que es lo que está sucediendo actualmente. Hay que recordar que veinte familias españolas detentan, directa o indirectamente, el 37% del valor en Bolsa de las empresas del Ibex-35.

Esto no es una elucubración teórica de despacho, el gobierno socialdemócrata sueco de Olof Palme, que eran socialdemócratas de verdad que se preocupaban por mejorar las condiciones de vida de los trabajadores suecos (hoy Suecia es la sociedad más igualitaria del mundo), aprobó en 1984 la creación de los Fondos de Asalariados, que suponían el reparto de parte de los beneficios empresariales directamente a los trabajadores, mediante la emisión de acciones que eran gestionadas colectivamente por estos. La mayor capacidad de los trabajadores para defender sus intereses, sin olvidar que estaban en un marco de competencia, supuso una fuerte reinversión de los beneficios en las empresas, aumentando su capacidad de innovar tecnológicamente, de modernizar su maquinaria, de formar a sus trabajadores, esto es, de ser más competitivas en la incipiente globalización, a la vez que se creaba empleo de calidad. En los siete años que duró esta legislación, antes de que la aboliera el gobierno de derechas en 1991, el PIB per capita de Suecia pasó de representar el 77% del de EEUU al 121% y el desempleo bajó del 3,5% al 1,9%.

Más importante que los inversores emitan su veredicto sobre la conducción económica de este gobierno es que los ciudadanos de nuestro país puedan valorar cuanto antes, en las urnas, la catástrofe social producida por las políticas económicas aplicadas en España y las otras alternativas existentes, teniendo en cuenta que en los siete años que llevamos desde el estallido de la crisis nuestro PIB per capita respecto al de EEUU, ha descendido del 66,3% al 54,8%, y la tasa de desempleo ha aumentado del 8,4% al 25%.

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Lo social y lo político https://blogs.publico.es/uno-mayo/2014/09/28/lo-social-y-lo-politico/ https://blogs.publico.es/uno-mayo/2014/09/28/lo-social-y-lo-politico/#respond Sun, 28 Sep 2014 07:33:50 +0000 http://blogs.publico.es/uno-mayo/?p=139 Continuar leyendo "Lo social y lo político"]]> Javier Aristu

 
En 1997, hace ya casi dos décadas, Bruno Trentin, uno de los grandes nombres del  sindicalismo de postguerra, manifestaba su descontento por el abandono o alejamiento de la izquierda —en este caso la italiana— respecto del compromiso con "las grandes cuestiones que, originariamente, justificaban su existencia: la emancipación del trabajo y la transformación de la sociedad civil" (La ciudad del trabajo, Fundación 1 de mayo, pág. 35). Trentin manifestaba, además, su asombro ante la inconsciencia o despego con que esa izquierda manifestaba su ceguera ante la transformación que ya en los años noventa del pasado siglo se estaba desarrollando a toda máquina en el interior de "los procesos productivos, la organización del trabajo subordinado, la composición de la clase trabajadora y las estructuras de los mercados laborales" en el mundo occidental y más allá. Venía a concluir que la izquierda y sus intelectuales orgánicos estaban buscando sus referentes políticos y sociales "fuera de la sociedad civil y fuera del trabajo subordinado", fuentes de donde habían tomado su inspiración.

Pienso que esta descripción se puede aplicar sin ningún tipo de duda al ejemplo español. El abismo que existe entre izquierda política y universo del trabajo es escandaloso; es posible que casi siempre, con excepciones puntuales, y sobre todo tras la Transición política, haya existido esa quiebra, esa distancia, esa dificultad para que la izquierda política española capte y lea los procesos de fondo que, la mayor parte de las veces,  comienzan en los procesos productivos, en las transformaciones en la relación capital-trabajo. Nos llevaría más tiempo y espacio del que disponemos en este artículo comprobar con datos cómo parte de la historia de nuestra izquierda, con sus éxitos electorales y sus derrotas,  es la historia de una incomprensión: la existente entre la elite política y la cuestión del trabajo. Nuestra elite política —llámese socialdemócrata, comunista o izquierdista— ha primado en su relato político la reforma del Estado, los aspectos institucionales políticos (lo que antes llamaríamos aparatos ideológicos de estado)  frente al propio y sustancial conflicto social que, por norma general, se expresa a través de las luchas reivindicativas del mundo del trabajo. No es que el primero no sea importante ni decisivo, que lo es; ocurre que el segundo —siendo desde mi punto de vista más decisivo aún— siempre ha estado minusvalorado, incomprendido, oculto a los detectores de las cúpulas de esos partidos de izquierda. Trentin titulaba el tercer capítulo de su libro "¿Cambiar el trabajo y la vida o conquistar antes el poder? Parece claro que en España se optó por lo segundo...solo que en vez del poder se trataba del gobierno. A lo mejor porque no pretendieron cambiar el trabajo ni la vida.

Escritas estas líneas anteriores, leemos en la prensa que el PSOE anuncia que, si gana las próximas elecciones generales, propondrá, tras negociar con sindicatos y patronal, una reforma del actual estatuto de los Trabajadores y afirmando que "hay que acabar con la política de devaluación salarial y fortalecer a las organizaciones sindicales y empresariales y la negociación colectiva". Es un anuncio interesante y que indica que, a pesar de todo, el proceso social termina por afectar al proceso político. En otra vertiente repasamos el Borrador de Principios Políticos de Podemos y comprobamos la ausencia absoluta de cualquier referencia a los cambios y mutaciones que se están produciendo en el sistema productivo español y, en consecuencia, a las transformaciones en los mercados laborales y en las legislaciones sociales: un cierto desprecio académico hacia "lo social" considerado como simple "factor movimientista" primando, por encima de todo, el factor electoral y la ocupación del espacio electoral.

Es evidente que los resultados del 25M muestran en un espejo, esta vez ya sin el vaho que hacía borroso el paisaje, lo que se venía gestando desde años antes: un general descontento con los que gobiernan y con los que hacen oposición; un rechazo a la manera de llevar los asuntos públicos; un grito contra la corrupción; y muchas cosas más. Pero nos equivocaríamos si pensáramos que debajo de dicha protesta y rebeldía cívica no subsiste un factor relacionado con las condiciones y consecuencias con que se está desarrollando la reestructuración productiva española (y europea). Tras esos jóvenes urbanos airados que han votado a Podemos, a Compromìs o a IU —y que posiblemente antes se abstuvieron o votaron al PSOE— fluye un consistente y decisivo proceso social que afecta a la manera de producir, a la forma de contratación laboral, a la "precariedad permanente", a la reestructuración de métodos de gestión y producción en las empresas, a la ineficiencia con que se estableció la relación formación-universidad-empleo, etc., en definitiva, a todo eso que viene en llamarse "el mundo del trabajo". Sería por tanto un gran error concebir lo que está pasando como una simple "protesta generacional frente al régimen de la Transición" —que algo de eso también hay— o concebir su alternativa en clave de una "República constituyente" como si ésta, el régimen político republicano, tuviera per se los instrumentos decisivos (que no tendría al parecer esta monarquía) para parar, reconducir o redirigir esta revolución pasiva social que discurre triunfante ante nuestros ojos. La izquierda clásica —si sobrevive a este tornado social— y los nuevos exponentes políticos que han ganado autoridad tras el 25M deberían plantearse si no merece la pena dedicar cuadros, intelectuales y recursos de investigación práctica al mundo del trabajo, a las consecuencias de esta reconversión global, y, a su vez, establecer con los sindicatos una relación más fluida y permanente que permita recibir de ese ámbito algo más que votos. Creo que tampoco les vendría mal a los nuevos sujetos políticos en ascenso "leer" más el conflicto social, ir más allá del simple discurso del "recambio de un régimen".

Estos últimos exponentes alternativos —tomo prestadas las palabras de la politóloga Nadia Urbinati— centran en Internet, en la web, el modelo de una "democracia directa" a través de una comunicación directa, sin presencia física en "el foro político". Sin embargo, dicha hipotética "igualdad ciudadana en la web" nada tiene que ver con el proyecto clásico de igualdad social y económica. Este impugnaba la democracia política (burguesa) porque era indiferente frente a la desigualdad social. Hoy predomina en estas respuestas alternativas el problema de la superación de la distancia entre política institucional y ciudadanos. Siguen olvidándose de la desigualdad económica y social, la que de verdad marca a una sociedad injusta y desnivelada.

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Arriba los salarios!!! https://blogs.publico.es/uno-mayo/2014/09/24/arriba-los-salarios/ Wed, 24 Sep 2014 03:55:41 +0000 http://blogs.publico.es/uno-mayo/?p=126 Continuar leyendo "Arriba los salarios!!!"]]> Ramón Górriz Vitalla | Secretario Confederal de Acción Sindical de CCOO

 

España es uno de los países de la OCDE donde el empresario paga menos, por tanto gana más, por unidad de producto producida. En los últimos cuatro años, los costes laborales unitarios industriales se han reducido el 7,4%, mientras que en la zona euro solo han sido del 2,9%. Sin embargo, los precios de exportación españoles no bajaron. Por tanto, queda meridianamente claro que los costes laborales no pueden utilizarse, como causantes de los problemas de competitividad de la economía española.

En España, la retribución del trabajo a lo largo de la crisis ha sufrido una profunda devaluación salarial: los recortes salariales han sido tanto en el sector público como en el privado.

El excedente empresarial ha aumentado a lo largo de toda la crisis, efecto de la destrucción de empleo y del recorte de salarios propiciado por la Reforma Laboral.

La Reforma Laboral, ha debilitado la negociación colectiva, ha incrementado el poder empresarial y ha devaluado los salarios, en concreto, las élites económicas y políticas, autoras intelectuales de la Reforma, han aprovechado la grave crisis económica  para intentar arrancar los derechos de los trabajadores y reducir su condiciones de trabajo.

Muchas empresas han empleado la mejora del excedente para amortizar deuda, debido al coste de la financiación y a las dificultades para renovar o conseguir crédito, cuestión que deja al descubierto el mal funcionamiento del sistema financiero español.

El crecimiento económico debe apoyarse necesariamente en la demanda interna. Esto exige recuperar el consumo privado, el gasto de los hogares. Para que esto ocurra , el crédito debería fluir a las familias para incrementar su gasto, pero este sigue contrayéndose a un ritmo elevado; y los salarios reales y las prestaciones públicas deberían recuperar el poder adquisitivo.

La mayoría de las personas, viven de los salarios y de las prestaciones públicas, por tanto son  determinantes en la evolución de la demanda interna y de las variaciones del PIB.

El débil cambio de ciclo de la economía española abre una nueva situación para la fijación de los incrementos salariales.

El agotamiento del sector exterior al crecimiento del PIB y una demanda interna aún muy insuficiente, la recuperación débil de la actividad económica, la precarización del empleo, el amplio margen de costes laborales generado en los últimos cuatro años, en un contexto de baja inflación , hacen necesario el aumento de los salarios en términos reales, para que se conviertan en la palanca principal de un crecimiento económico sostenible.

El estancamiento dado a conocer de la economía europea, aumenta las posibilidades de caer en un nuevo proceso de deflación y de la tercera recesión, alertando sobre las previsiones de crecimiento de la economía española que si se confirman, no cabe ninguna duda que afectaran negativamente al crecimiento económico.

Para impulsar la recuperación y tratar de evitar caer en la deflación y en una nueva recesión, la recuperación de los salarios y del Salario Mínimo Interprofesional es la mejor receta.

En este contexto económico, CCOO, en el sector público apuesta por la recuperación de los derechos económicos y sociales, recortados de manera injusta en estos años de la crisis y en la recuperación del poder adquisitivo perdido en estos años.

Consolidar la mejora del poder adquisitivo (salarios, pensiones, prestaciones,..), que los salarios participen de las mejoras de la productividad que se esta generando, asegurar la recuperación de la demanda, son elementos que nos alejan de los peligros de la deflación y de una nueva recesión, y objetivos principales para CCOO, en todo el proceso de la Negociación Colectiva.

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Acabar con el desempleo exigirá la modificación del artículo 135 de la Constitución https://blogs.publico.es/uno-mayo/2014/09/20/acabar-con-el-desempleo-exigira-la-modificacion-del-articulo-135-de-la-constitucion/ https://blogs.publico.es/uno-mayo/2014/09/20/acabar-con-el-desempleo-exigira-la-modificacion-del-articulo-135-de-la-constitucion/#comments Sat, 20 Sep 2014 08:26:03 +0000 http://blogs.publico.es/uno-mayo/?p=110 Continuar leyendo "Acabar con el desempleo exigirá la modificación del artículo 135 de la Constitución"]]> Bruno Estrada López  |  Director de Estudios de la Fundación 1º de Mayo.

 

Ahora que está creciendo el consenso social para impulsar políticas de demanda capaces de crear empleo y consolidar la débil recuperación del crecimiento macroeconómico, la sociedad española se va a encontrar con importantes limitaciones para utilizar uno de los pilares de las políticas de demanda: el gasto público.

Los elevados niveles de desempleo y de precarización del trabajo de nuestro país no son fruto de una maldición divina, sino de políticas muy concretas, 1) las relacionadas con la desregulación de los mercados financieros y el fomento de la burbuja inmobiliaria, que están en el origen de la crisis, y 2) las medidas que bajo la excusa de combatir la crisis se han utilizado para cambiar la correlación de fuerzas radicalmente a favor del capital. En este sentido hemos visto como en España se ha aplicado de forma demoledora la terrible frase que pronunció Milton Friedman tras el paso del huracán Katrina por Nueva Orleans: "ahora que las escuelas y guarderías están inundadas es el momento de privatizar la educación".

Nos va a fallar la capacidad de generar empleo del sector público, ya que, como fruto de la criminalización a la que ha sido sometido el déficit público por la derecha europea y española, y por parte importante de la socialdemocracia, nuestro ordenamiento constitucional incluyó la estabilidad presupuestaria hace ya tres años. En la exposición de motivos de la Ley que reformó con urgencia el artículo 135 de la Constitución se dice:

"En el mismo sentido, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento tiene como finalidad prevenir la aparición de un déficit presupuestario excesivo en la zona euro (...) La actual situación económica y financiera, marcada por una profunda y prolongada crisis, no ha hecho sino reforzar la conveniencia de llevar el principio de referencia a nuestra Constitución (...). La presente reforma del artículo 135 de la Constitución Española persigue, por tanto, garantizar el principio de estabilidad presupuestaria, vinculando a todas las Administraciones Públicas en su consecución".

Ya advirtió el economista polaco Kalecki hace más de setenta años, en sus reflexiones recogidas en el breve y brillante texto "Aspectos políticos del pleno empleo" editado en 1943, que la limitación de la capacidad de endeudamiento del estado era parte del debate político-ideológico, no un axioma económico, y que tenía como objetivo reducir las posibilidades de que el estado, fundamentalmente a través de la inversión en infraestructuras y las transferencias de renta a la población con menores recursos, influya sobre la cantidad de empleo de un país.

"En un sistema de desregulación financiera el nivel del empleo depende en gran medida del llamado "estado de confianza de los inversores".(...) Esto da a los agentes de los mercados financieros (agencias de rating, bancos, fondos de inversión, bancos[1]) un poderoso control indirecto sobre la política gubernamental: todo lo que pueda sacudir el estado de la confianza debe evitarse cuidadosamente porque causaría una crisis económica (...). El gobierno podría aumentar el empleo mediante sus propias compras (inversiones y gasto social[2]) y este poderoso instrumento de control perdería su eficacia (...). La función social de la doctrina del "déficit cero" es hacer que el nivel de empleo dependa fundamentalmente del "estado de confianza de los inversores". Por lo tanto, los déficits presupuestarios necesarios para realizar la intervención gubernamental deben considerarse "socialmente" peligrosos.

Sin embargo, la realidad económica ha terminado imponiéndose a esa simple y manipuladora visión del fundamentalismo de mercado. Aunque desgraciadamente la aplicación de esas recetas durante casi un lustro en varios de los países del sur de Europa está produciendo una tremenda catástrofe social, como ha tenido que reconocer la OCDE en su último informe sobre España.

EEUU inició la recuperación del crecimiento económico, y de su capacidad de crear empleo, mucho antes que la zona euro, gracias a una política fiscal expansiva (en tres años su gasto público creció seis puntos del PIB hasta alcanzar el 42,7%), en la cual ha sido determinante el apoyo prestado por la Reserva Federal (Fed) mediante una heterodoxa política monetaria con tipos de interés cercanos a cero, la llamada de Expansión Cuantitativa. La tasa de desempleo de EEUU empezó a reducirse a partir de 2009, y en la actualidad está por debajo del 7%, casi una cuarta parte de las tasas de Grecia y España.

Con tipos de interés cercanos a cero la línea divisoria entre la política monetaria y la política fiscal desaparece si el Banco Central compra deuda pública directamente al gobierno: el incremento del gasto público no requerirá un aumento de la presión fiscal que pudiera poner en dificultades la recuperación de la actividad en el sector privado. Financiar una política de incremento del gasto público mediante emisión de deuda pública a tipos de interés cercanos a cero, que es lo que ha hecho EEUU desde el inicio de la crisis, sale muy barato y produce resultados sorprendentes sobre el empleo a corto plazo.

Es cierto que una política monetaria expansiva con ese volumen de creación de dinero no se puede mantener en el tiempo indefinidamente, como actualmente se está discutiendo en la Fed, pero aplicada durante un tiempo tasado sus pros son mayores que sus contras. No hay que olvidar la mayor experiencia que tienen las autoridades monetarias norteamericanas, en positivo y en negativo, frente a las europeas, basada en su propia historia económica (la Reserva Federal de EEUU ha cumplido los cien años, mientras que el BCE fue creado en 1998). En 1934, cinco años después del "Crac del 29" y con una política monetaria restrictiva, el PNB real de EEUU se había desplomado un 25% y el crédito casi se había contraído a la mitad. En la actualidad el PIB de EEUU es un 6% superior al de 2007. Asimismo entre 1941 y 1955, durante nada menos que quince años, los bonos del Tesoro de EEUU a 3 meses se mantuvieron en tipos de interés inferiores al 2% para impulsar la actividad económica durante la Segunda Guerra Mundial y para impedir que tras el fin de la guerra se produjera una fuerte recesión que incrementara la conflictividad social.

En los países del sur de Europa, el estado no ha podido jugar este papel como dinamizador de la economía durante la crisis, lo que ha incrementado significativamente sus tasas de desempleo. Las autoridades comunitarias (Comisión Europea y BCE), con la complicidad de la mayor parte de los gobiernos nacionales (en nuestro país la reforma del artículo 135 se aceptó por parte de PSOE y PP), han impuesto límites al crecimiento del gasto público al impedir un endeudamiento barato de los estados. Se ha preferido utilizar la expansión monetaria, iniciada más tímidamente y con retraso, para financiar los beneficios de los bancos privados, mientras dejaban que estos países, y sus ciudadanos, se empobrecieran.

Sin embargo, la necesidad de que el estado recupere una parte importante de su capacidad de actuación económica (y en ese sentido la derogación de la reforma constitucional del art.135 es imprescindible) para servir de palanca de impulso del crecimiento económico, no debe hacernos olvidar las palabras de Roosevelt en el sentido de que la economía viene de abajo hacia arriba. Una política económica que tenga como norte la creación de empleo debe considerar también el impulso de las actividades empresariales privadas, que en la actualidad dependen principalmente de que haya perspectivas positivas en el crédito y en la demanda, esto es, en el crecimiento de los salarios y del empleo. Asimismo en relación al crédito, una potente banca pública de inversión podría jugar un decisivo papel en nuestro país (la reestructuración bancaria puede dejar el 70% del mercado en manos de tres entidades), como ya lo hace en otros países europeos, canalizando la política monetaria expansiva hacia pymes y particulares, y financiando una activa política industrial, en colaboración con la iniciativa privada, pero no sometida a sus intereses.

Notas 1 y 2: Los textos entre paréntesis son aclaraciones mías.

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Crisis, diálogo social y derechos laborales https://blogs.publico.es/uno-mayo/2014/09/15/crisis-dialogo-social-y-derechos-laborales/ Mon, 15 Sep 2014 09:07:15 +0000 http://blogs.publico.es/uno-mayo/?p=84 Continuar leyendo "Crisis, diálogo social y derechos laborales"]]> Fernando Lezcano | Secretario de Organización y Comunicación de CCOO

 

La intensa campaña propagandística del Gobierno animada por un ciclo electoral que se le presenta cuando menos inestable, no puede ocultar que el crecimiento de la economía española es tan débil y se produce en un contexto tan incierto (estancamiento económico en la zona euro y amenaza de una tercera recesión, conflictos bélicos en Europa, en Siria e Irak, entre israelíes y palestinos,...) que de mantenerse por más tiempo las políticas austericidas podríamos volver a caer en recesión y en todo caso, estaríamos retrasando la salida de la crisis y con ello prolongando e intensificando el dolor de las gentes.

Algunas cuestiones son francamente indiscutibles: el empleo que se crea tiene un marcado carácter estacional y viendo el número de  horas trabajado más parece que estemos ante un reparto espurio del trabajo por la vía de generalizar el contrato a tiempo parcial y con bajos salarios, que ante la creación de nuevos puestos de trabajo.

Por otra parte, apostar por empleos con escaso valor añadido es tanto como pretender salir de la crisis reproduciendo uno de los factores que, junto a la construcción de vivienda residencial, nos llevó a ella.

El deterioro de los salarios en los años de crisis más intensa, la situación de desempleo masivo  y la caída de las prestaciones hace que el consumo se resienta y con ello la misma actividad económica y el empleo.

Estos mismo factores también son los causantes de un incremento significativo de la pobreza y la exclusión social que tiene su aspecto más amargo cuando alcaza a los niños. Sólo hay que ver como la tasa de cobertura de las prestaciones ha caído de un 79 a un 59% o que existen 740.000 hogares que no perciben ningún tipo de ingreso para hacerse una idea del desastre social al que estamos asistiendo.

En estas condiciones se entenderá que las prioridades de CCOO para el próximo período sean: afianzar el débil crecimiento y  crear empleo de calidad  junto al restablecimiento de la protección social.

Para garantizar que la mejora de la economía es sólida e irreversible se necesitan, entre otras medidas, poner fin a la etapa de devaluación de las condiciones de trabajo y de los salarios, de ahí que nos propongamos intentar reeditar los acuerdos entre las organizaciones empresariales y sindicales que, cuando menos, deben regular el crecimiento de los salarios, el fortalecimiento de la negociación colectiva y asegurar que los convenios no decaen cuando expira su vigencia.

Un acuerdo que contemple la mejora de los salarios, además de aliviar las penurias de las familias, animaría el consumo y con ello la actividad económica y la creación de empleo. El  acuerdo debería ser el resultado de la reactivación del diálogo social con los empresarios en lo que hemos dado en llamar el diálogo social bipartito (sindicatos y CEOE-CEPYME)

El empleo también debe ser la prioridad de las políticas activas pensando fundamentalmente en los jóvenes y los parados de larga duración. Acuerdos que apunten en esa dirección deben venir del diálogo social tripartito, ahora entre los agentes sociales y el Gobierno, activando el compromiso asumido el 29 de julio por el propio presidente del Ejecutivo. Es en este escenario en el que también se debe tratar la recuperación de las prestaciones sociales, donde debe establecerse medidas que incrementen la tasa de cobertura cuando menos en un diez por ciento y donde se regule una Renta Mínima que garantice ingresos suficientes para las cientos de miles de familias que en estos momentos no tienen ninguno.

Hacer viables estas medidas requiere de un replanteamiento de las propuestas que incluye la reforma fiscal del Gobierno. Efectivamente, de no evitarlo, la nueva fiscalidad que promueve el Gobierno supondría una caída de los ingresos que difícilmente permitiría abordar las políticas públicas imprescindibles para aplicar las medidas citadas o mejorar el estado de bienestar.

Las medidas que, en caso de que haya voluntad, se podrían acordar en el marco del diálogo social tripartito tendrán que aparecer reflejadas en el proyecto de presupuestos generales del Estado para el 2015 o si eso no es posible, por las fechas en las que nos encontramos, debería contarse con el compromiso del grupo parlamentario que sustenta al Gobierno de que serán presentadas como enmiendas durante su tramitación parlamentaria.

Sea como fuere, para CCOO los posibles acuerdos en materias tan fundamentales deben sustanciarse no más allá del mes de octubre. No vamos a prestarnos a una estrategia de imagen del Gobierno con tintes electoralistas. El conflicto social sigue abierto y de las contrapartes depende que se aborde desde la negociación y el acuerdo o desde la confrontación. Entre tanto impulsaremos una campaña de información y movilización, una de cuyas primeras citas será el 7 de octubre, (día internacional por el trabajo decente) y así aprovechar la inquietud electoral de nuestros gobernantes en beneficio de los trabajadores y trabajadoras.


Confederación Sindical de CCOO | www.ccoo.es
Fundación 1º Mayo | www.1mayo.ccoo.es

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Insistir en recetas fracasadas, letal para las personas https://blogs.publico.es/uno-mayo/2014/09/10/insistir-en-recetas-fracasadas-letal-para-las-personas/ Wed, 10 Sep 2014 10:26:45 +0000 http://blogs.publico.es/uno-mayo/?p=28 Continuar leyendo "Insistir en recetas fracasadas, letal para las personas"]]> Rodolfo Benito Valenciano
Secretario Confederal de Estudios de CCOO y Presidente Fundación 1º de Mayo

 

Paro, pobreza y desigualdad. Estas, y no otras, son las prioridades que hay que abordar. Y ello exige profundos cambios en la política económica que requieren, a su vez, del arrumbamiento definitivo de las políticas de austeridad.

El panorama social se caracteriza por el incremento de la pobreza asociada al alto y prolongado desempleo, que hace que 740.000 hogares en los que viven 1.400.000 personas, no perciben ningún tipo de ingresos. Baja la protección por desempleo y su calidad se degrada. Tenemos, de otra parte, los índices de desigualdad más altos de la Unión Europea.

Cierto es que asistimos a una cierta, aunque anémica, recuperación económica, pero con marcadas incertidumbres internas y externas, que no comporta cambios y no se traduce en mejoras para la población, en primer lugar para quienes peor lo está pasando.

El empleo, hemos de afirmarlo con total rotundidad, no está creciendo de manera efectiva, sino que se está produciendo un reparto espurio del mismo por la vía de la contratación precaria, a tiempo parcial no deseada y con bajos salarios.

Se está configurando una salida de la crisis reproduciendo uno de los factores, el impulso a actividades de bajo valor añadido que, junto al "boom" de la construcción residencial, caracterizaron el modelo de crecimiento de la etapa anterior y que en gran medida fueron responsables de la misma.

Y ésta en ningún caso puede ser la salida. Es necesario un nuevo modelo económico, un decidido impulso de la economía productiva, del sector industrial, la restitución de derechos sociales y laborales y un mercado laboral que favorezca la estabilidad y la calidad del empleo y con ello, también, unos mayores niveles de productividad.

El sector público debe tener un papel relevante en la recuperación económica siendo parte fundamental para el necesario cambio de modelo económico.

No se puede, en definitiva, insistir en recetas fracasadas, en neoliberalismos ciegos pero letales para las personas, en políticas, que una vez realizado un balance social de daños, va a ser demoledor.

Un proyecto de país que defina un nuevo modelo de crecimiento, con el objetivo de mucho más y mejor del empleo y el incremento de la productividad del trabajo. No es un problema técnico-económico, es una decisión política.

Para ello, es fundamental, democratizar la economía, un nuevo nexo de unión entre economía y política democrática, un papel mucho más relevante del Estado en el conjunto de la actividad económica y una concentración del esfuerzo inversor privado en el incremento del volumen de capital físico de las empresas y en su capacidad de innovación tecnológica, desacoplándose de actividades especulativas a corto plazo, como la inmobiliaria.

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