Jordi Sánchez, y Jordi Cuixart, portavoces respectivamente de la Asamblea Nacional Catalana y de Omnium Cultural, dos asociaciones que aglutinan a buena parte de la sociedad civil catalana, se encuentran desde el pasado 16 de octubre en prisión, acusados por la Audiencia Nacional de sedición.
Su encarcelamiento ha suscitado, entre otros, un debate social y mediático sobre si su carácter es más político o más jurídico, planteado en términos de si debemos hablar, de nuevo, de la existencia de presos políticos perseguidos y procesados por defender sus ideas, perfectamente legítimas.

En casos similares la respuesta de Naciones Unidas y de los más respetados organismos internacionales de defensa de los derechos humanos y libertades parte de una sencilla y clara definición:

"Un detenido se considera que es un preso político, cuando su encarcelamiento y condena son contrarios a los principios del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Convenio Europeo de Derechos Humanos (ambos suscritos por el Estado español), en particular la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, la libertad de expresión y de información, la libertad de reunión y la libertad de asociación."

Resulta patente, a la vista de esta definición, que las dos personas encarceladas, que sólo han ejercido, y promovido el ejercicio pacífico, de esas libertades, cumplen todos los requisitos para ser considerados PRESOS POLíTICOS.

En nuestra asociación, formada por antiguas presas y presos políticos de la Dictadura franquista, conocimos de primera mano la lógica represiva revestida de legalidad de los tribunales especiales. Y consideramos que la jueza de la AN que ha decretado el procesamiento y prisión incondicional de los ‘dos Jordis’, Carmen Lamela, hace una interpretación manifiestamente abusiva de unas leyes que, en democracia, no pueden ser utilizadas para negar a un pueblo su derecho democrático a decidir sobre su futuro, ni para perseguir a quienes le representan.

Este atropello resulta especialmente indignante, cuando aún no se ha tomado decisión alguna para investigar y depurar las responsabilidades por la brutal represión a las personas que intentaron ejercer pacíficamente un derecho democrático el pasado 1 de octubre.

Estos hechos se inscriben, por otra parte, en la escalada de recorte de libertades y criminalización de la protesta que este gobierno viene llevando a cabo, a través de la ‘ley Mordaza’ y de otras aplicaciones abusivas de la legislación y del sistema judicial, como reacción defensiva y represiva frente a la crisis abierta del régimen del 78 de la que el conflicto territorial es la punta del iceberg.

Desde LA COMUNA llamamos a todas las organizaciones y sociedad civil para rechazar la escala de intimidación centralista contra el pueblo y las instituciones catalanas, y para organizar una respuesta unitaria y solidaria en defensa de unas libertades que tanto nos costó recuperar.