El entusiasmo que ha desatado en Berlín, Bruselas e instituciones como la OCDE la reforma laboral aprobada el viernes por el Gobierno de Rajoy constituye la constatación más nítida de la muy inquietante fractura que se está abriendo en Europa entre el poder económico-político y las clases trabajadoras. UGT y CCOO han expresado ya su rechazo frontal al decretazo y preparan un calendario de movilizaciones que con toda probabilidad desembocará en una huelga general. Ayer, además, anunciaron su disposición de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la nueva norma. Los sindicatos seguramente sabrán que lo que está en juego no es un pulso coyuntural contra el Gobierno de turno por alguna medida polémica, sino un conflicto de fondo que determinará el futuro de las relaciones laborales y la propia existencia del sindicalismo. El reto al que se enfrentan las dos centrales es mayúsculo. No sólo por sus propias flaquezas –que las tienen–, sino, sobre todo, porque los grandes poderes financieros y sus intermediarios políticos se sienten más fuertes que nunca pese a ser los causantes de la crisis que tanto sufrimiento está produciendo entre los ciudadanos de a pie. En el colmo del cinismo, María Dolores de Cospedal alegó ayer que el PP es el “partido de los trabajadores”, cuando el Gobierno acaba de aprobar una reforma que consagra la precariedad laboral extrema y dejará al trabajador sometido al arbitrio del empresario. Mucho se habla estos días de Charles Dickens a causa del bicentenario de su nacimiento. Convendría, de paso, releer sus novelas para entender hasta dónde puede conducir la actual doctrina del shock si no se ataja a tiempo.
Siete magistrados del Supremo han sentenciado, por unanimidad, que Baltasar Garzón prevaricó al ordenar unas escuchas en prisión entre los cabecillas de la trama Gürtel y sus abogados. Se da la cruel ironía de que el juez que destapó el mayor escándalo de corrupción de la democracia es el primer condenado por el caso: 11 años de inhabilitación, que suponen en la práctica su expulsión de la carrera judicial. La prevaricación implica que el acusado obra “a sabiendas” de que su actuación es injusta, de modo que contiene un elemento de subjetividad. Por ello, los procesos por prevaricación en la judicatura son poco habituales y han de estar muy bien fundados, ya que, si se prodigaran arbitrariamente, magistrados y jueces evitarían adoptar decisiones molestas para el poder por temor a ser apartados de la carrera. Es más: en España se han producido cientos de órdenes de escuchas, muchas anuladas después por irregularidades, y ningún juez ha sido condenado por prevaricar. Garzón es el primero. Los magistrados del Supremo han decidido que actuó con deliberada injusticia pese a que las escuchas fueron solicitadas por la Policía, avaladas por el fiscal anticorrupción, mantenidas por el juez que continuó la investigación del caso y consideradas legales por uno de los tres magistrados que en su día ordenaron anularlas. Es decir, no era tan obvio para todos que fuesen injustas. Pero qué más da. De lo que se trata es de destruir al juez que destapó la corrupción del PP y osó investigar los crímenes del franquismo. Con la mirada puesta en la inminente sentencia por esta causa, los siete del Supremo han intentado difamarlo equiparando su orden de las escuchas a “prácticas de regímenes totalitarios”. No les da la menor vergüenza.
Días antes de las elecciones generales, Mariano Rajoy se comprometió a “devolver la felicidad” a los españoles apenas llegase a la Moncloa. Transcurridos 50 días de su toma de posesión, el paraíso no llega. Todo lo contrario: ayer, en su primera comparecencia ante el Congreso, el presidente describió un horizonte bastante sombrío y anunció que las ya
terribles cifras de empleo, lejos de mejorar, empeorarán en 2012. Estas declaraciones suponen un descarado reconocimiento de que la reforma laboral que el Gobierno prevé aprobar mañana viernes no sólo será incapaz de crear empleo, sino que ni siquiera logrará contener la actual destrucción de puestos de trabajo. Y a nadie debería sorprender que así sea. Porque el problema al que se enfrenta en estos momentos España no es el de la supuesta rigidez del mercado laboral, sino la combinación de un modelo productivo en declive y la falta de estímulos a una economía basada en la demanda. En lugar de defender en Europa unas políticas más expansivas o buscar fórmulas para que el dinero del BCE llegue a las familias, Rajoy –como antes Zapatero– se limita a obedecer con mansedumbre las órdenes de austeridad que dicta Alemania. Por supuesto que el mercado laboral se puede mejorar, por ejemplo, estableciendo la mochila austriaca para facilitar la movilidad laboral, o repartiendo los tiempos de trabajo. Pero esta reforma no es ahora “lo urgente”, como pretenden inculcar a la sociedad la derecha europea y la vernácula y sus coros mediáticos. Ellos están en su particular batalla: meter prisa y aprovechar el caos para destruir cualquier vestigio de conquistas sociales mediante la aplicación de la doctrina del shock.
Tres acontecimientos, todos ellos ocurridos ayer. En el Congreso de los Diputados, su presidente, el conservador Jesús Posada, rinde un homenaje a Manuel Fraga. Exalta su papel en la transición a la democracia, pero omite por completo su muy relevante trayectoria durante la dictadura franquista. La bancada del PP aplaude con entusiasmo; los socialistas se dividen: unos aplauden, otros no; los diputados de CiU permanecen impasibles; el PNV y los grupos minoritarios de izquierda abandonan el hemiciclo. A pocos metros de la Cámara, en el Tribunal Supremo, las víctimas del franquismo continúan declarando en la causa contra el juez Garzón. Se quejan del abandono a que los ha sometido durante décadas la Justicia española. Narran historias estremecedoras de familiares desaparecidos a los que sueñan con dar una sepultura digna. Cerca de allí, en el Senado, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, afirma que el Ejecutivo no procederá a transformar el Valle de los Caídos en un gran centro de la memoria, tal como ha recomendado una comisión de expertos, hasta que haya “consenso” en la materia. Es decir, hasta que al PP le venga en gana. Tres ejemplos, en un solo día, de los alcances de la desmemoria que algunos pretenden imponer hasta el fin de los tiempos en aras de una reconciliación mal entendida. Una reconciliación basada en la amnesia forzosa y en un torbellino de interpretaciones históricas que, en el mejor de los casos, establecen equidistancias inaceptables entre los que participaron en el régimen y los que, en consonancia con las exigencias éticas que planteara Hanna Arendt, tuvieron el coraje de decir “no”.
La elección de Alfredo Pérez Rubalcaba como secretario general del PSOE fue seguida ayer de un intenso debate en torno a la composición de la nueva Ejecutiva del partido. Rubalcaba tenía ante sí dos opciones, ambas legítimas: formar un equipo “de fieles” o negociar uno “de integración” que reflejara el apoyo obtenido por las dos candidaturas en liza. El flamante líder optó por la primera de las fórmulas, de modo que, de los 38 integrantes del nuevo órgano de dirección, sólo siete son reconocidos simpatizantes de Carme Chacón. Seis han sido designados vocales, sin cargos orgánicos; el séptimo, José Antonio Griñán, será el próximo presidente del partido, un nombramiento sin duda importante pero que no puede interpretarse sin la proximidad de las elecciones andaluzas. La Ejecutiva recibió ayer el respaldo del 80,42% de los compromisarios, lo que llevó a Rubalcaba a proclamar que en cuestión de pocas horas el partido había ganado “30 puntos de unidad”, puesto que él venía de vencer a Chacón con sólo el 50,99% de apoyos. En realidad, lo que demuestra la votación de la Ejecutiva es que Chacón no maniobró para condicionar la decisión de sus simpatizantes, de modo que una parte dio su confianza al órgano de dirección, mientras que otra, nada desdeñable (un 18,6%), votó en blanco. Está por ver si, después de este congreso, Rubalcaba conseguirá unir (y, sobre todo, entusiasmar) al partido; las elecciones andaluzas y los congresos regionales aportarán algunas pistas al respecto. Y también está por ver si la unidad orgánica, en caso de conseguirse, garantizará que este PSOE que surge del 38º Congreso recupere la confianza de sus votantes.
Un día antes de que los delegados al 38º Congreso del PSOE elijan al próximo líder del partido, José Luis Rodríguez Zapatero se despidió con un discurso de elevado contenido cívico en el que se esforzó por defender la vigencia de los valores de la socialdemocracia. Alegó que él siempre se preocupó de aplicar esos valores, y para demostrarlo enunció una serie de iniciativas que impulsó su Gobierno, entre ellas el matrimonio homosexual, la Ley de Dependencia o la lucha contra la violencia de género. También citó Educación para la Ciudadanía y la nueva normativa del aborto, cuya revocación ha anunciado el Ejecutivo de Rajoy. Se echó en falta alguna mención a la Ley de la Memoria Histórica, un texto insuficiente, pero digno de ser incluido en un inventario de avances civiles, sobre todo en un momento en que el juez que osó investigar los crímenes del franquismo corre el riesgo de ser condenado. No todo fueron luces en la agenda de Zapatero -aparcó el compromiso por la laicidad del Estado; abjuró de la justicia universal; envió el mensaje de que el Ministerio de Igualdad era superfluo al decidir su supresión; enterró la Ley de Transparencia-, pero, con todo, tiene en su haber un balance más que positivo en materia de derechos civiles y sociales. Más polémica fue su gestión económica, al abrazar sin apenas objeciones el legado liberal de Aznar hasta que la crisis le estalló en las manos. Elegir hoy un liderazgo “de transición” en el PSOE, como pretenden algunos, sería un grave error. Los socialistas necesitan una dirección estable, con vocación de futuro, que asuma de inmediato la ardua tarea de proseguir, y también de enderezar, el camino que ayer describió Zapatero.
El ministro de Educación y Cultura, José Ignacio Wert, parece decidido a convertir su gestión en un foco permanente de polémica. Dos días después de anunciar la supresión de Educación para la Ciudadanía, recurriendo a la manipulación de un texto académico para justificar su decisión, ayer comunicó su determinación de “poner en valor” las corridas de toros y extender las ayudas públicas a ese sector, utilizando, otra vez, la tergiversación como argumento. En esta ocasión, alegó que Francia ya ha iniciado los trámites con el fin de solicitar a la Unesco la catalogación de la tauromaquia como Bien Inmaterial de la Humanidad, cuando lo que ha hecho el Gobierno francés es incluir las corridas en un inventario general de actividades culturales, sin la pretensión que le atribuye Wert. El ministro se declaró taurófilo y pidió respeto a su postura, del mismo modo, dijo, que él respeta a quienes consideran la tauromaquia un caso de maltrato animal. Estas invocaciones al respeto mutuo suelen tener buena prensa, pero no dejan de ser cínicas en este caso al referirse a una ceremonia primitiva –afortunadamente en decadencia, según revelan sus cifras de actividad– que pretende erigir en arte el sufrimiento de un animal que no ha acudido voluntariamente a la fiesta. Más cínico aún, si cabe, es anunciar la ampliación de las ayudas oficiales (es decir, de todos los contribuyentes) al sector taurino en medio de la terrible crisis económica que atraviesa España, mientras se aplican drásticos recortes a la investigación científica o a los servicios sociales. Hay que recordar que el primer paso hacia esta sinrazón lo dio el anterior Gobierno socialista al transferir las corridas de toros de Interior a Cultura.
El estreno público de José Ignacio Wert como ministro de Educación no ha podido ser más nefasto, sobre todo tratándose de una persona con fama de culta y moderada. Si el martes, en el Congreso de los Diputados, anunció la supresión de la asignatura Educación para la Ciudadanía para satisfacción de la jerarquía eclesiástica y la derecha más reaccionaria, ayer, en una entrevista a la Ser, recurrió a la manipulación de un texto escrito por tres académicos para demostrar que la materia, creada por el Gobierno de Zapatero, encierra un perverso objetivo doctrinario que no corresponde a una “verdadera formación cívica”. Citó en concreto una frase – “los capitalistas son como ratones que
corren en la rueda cada vez más deprisa”– como ejemplo de “adoctrinamiento” socialista. Se da la circunstancia de que el texto en cuestión, Educación para la Ciudadanía. Democracia, capitalismo y Estado de derecho, no es un manual de la asignatura que se use en colegios, sino un ensayo muy crítico con ella desde posiciones de izquierda. Se produce además la ironía de que la peligrosa frase extraída es una paráfrasis de un símil utilizado por el premio Nobel John K. Galbaraith para describir el capitalismo. Pese a todo, la derecha, con la fundación FAES a la cabeza, lleva años manipulando con descaro el sentido de este libro dentro de su cruzada contra una asignatura cuyo auténtico peligro, para la caverna ideológica, es que había abierto sin tabúes la puerta a la enseñanza de los derechos y libertades civiles en España. Si tan preocupado está por los riesgos de adoctrinamiento, el ministro Wert podría demostrar su celo suprimiendo, por ejemplo, la asignatura de religión.
La cifra de parados que ha alcanzado España –5,3 millones de personas– constituye un drama social de tal envergadura que merece un debate urgente no sólo acerca de las recetas que se vienen aplicando desde el estallido de la crisis, sino también acerca del modelo productivo que han impulsado los sucesivos gobiernos socialistas y conservadores.
Dicho modelo alcanzó la consideración internacional de “milagro” bajo el mandato de Aznar, que logró ese éxito mediante el fomento sin límites de la burbuja inmobiliaria, una feroz campaña de privatizaciones (pan entonces, hambre hoy), la degradación del mercado laboral y el disfrute de cuantiosas ayudas europeas que ya no existen. Todo ello, además, en una época de inusual crecimiento económico mundial.
Zapatero gozó de las mieles de ese modelo inercial –incluso mejoró la cifras macroeconómicas heredadas– hasta que le estalló la crisis. El milagro resultó ser humo, la “fábrica europea de empleo” se desmoronó de un soplo, y todo cuanto se les ocurre a los gobernantes –Zapatero a partir de mayo de 2010 y ahora Rajoy– es aplicar dócilmente unas recetas de austeridad y reformas laborales que les dictan desde Berlín y el FMI y que no han conseguido otra cosa que estrangular la economía española y disparar el paro hasta límites insoportables.
El PP podrá argumentar, con razón, que los últimos datos del desempleo corresponden a la etapa del Gobierno socialista. Pero las primeras medidas de Rajoy, y las que se anuncian, van en la misma dirección: tranquilizar a los mercados y a los grandes poderes financieros a costa de alargar en el tiempo el empobrecimiento, el miedo y la incertidumbre de los ciudadanos.
El miércoles pasado, nada más conocerse la absolución de Francisco Camps por un jurado popular, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, preguntó a los cuatro vientos quién restituirá el honor del expresident valenciano. Es poco probable que quienes cuestionaban la honorabilidad de Camps antes del juicio vayan a cambiar de parecer después del alud de pruebas y grabaciones bochornosas que se escucharon durante la vista, por más que cinco de los nueve miembros del jurado hayan decidido que el acusado no recibió regalos en virtud de su cargo. Las convicciones democráticas exigen, por supuesto, acatar el fallo, pero ello no implica que haya que compartirlo ni, mucho menos, respetarlo. Durante el juicio quedó en evidencia la calaña de los dirigentes del Govern y el PP valencianos procesados, así como el alcance de la corrupción que impregnó la Administración pública bajo el mandato de Camps. Hay que recordar que este, al dimitir el 20 de julio de 2011, había pactado declararse culpable junto a otros dos imputados en la causa; sin embargo, cambió en el último momento de estrategia y prefirió afrontar un juicio popular, mientras sus dos compañeros, que reconocieron haber recibidos trajes y otros regalos, fueron condenados y pagaron una multa de 9.600 euros. El PP cometería un error al intentar convertir en una victoria política el que cinco conciudadanos de Camps, ya sea por convicción sincera o por simpatía ideológica, lo hayan exonerado en los tribunales. Y si Rajoy comparte con Cospedal la necesidad irrefrenable de que se le restituya el honor al expresident, lo tiene bastante fácil: invítelo a volver al cargo.
