El secuestro del Alakrana entró ayer en una fase mucho más compleja si cabe: los secuestradores han amenazado con asesinar rehenes si España no libera, en un plazo de tres días, a los dos piratas apresados a comienzos de octubre y que están a disposición de la Audiencia Nacional. Para aumentar la presión, los secuestradores permitieron a algunos marineros comunicarse con sus familiares en España con el fin de que les trasladasen el dramatismo de su situación.
Los conocedores de este tipo de delincuencia coinciden en que la salida de menor riesgo es negociar, y cabe imaginar que el Gobierno está ofreciendo sus buenos oficios para este proceso. Queda esperar que la amenaza de los piratas se quede en eso, en una amenaza, que habría que interpretar no sólo como un pulso para que España libere a sus dos compinches –con todas las dificultades judiciales que implica– sino como un alarde de violencia para aumentar el precio del rescate de los 36 rehenes.
Que los familiares de los marineros se quejen contra el Gobierno, dada su desesperación. No se puede decir lo mismo del PP, que insiste en sacar rédito político del drama acusando al Ejecutivo de tomar “decisiones equivocadas”. El Ejecutivo se enfrenta a una difícil prueba, sin duda. Por más que asegure, con motivos, que no tiene la culpa del secuestro, ya que el Alakrana se salió del dispositivo europeo de protección Atalanta.
Desde el PP y sus medios afines se escucha con frecuencia la afirmación de que Zapatero ha enterrado uno de los principales legados de la Transición: la práctica del “consenso”. Esas críticas suelen arreciar en presencia de ciertas iniciativas de peso político y moral como la Ley de la Memoria Histórica o la reforma de la Ley del Aborto. El reciente fallecimiento del ex jefe de la Casa del Rey Sabino Fernández Campo sirvió de pretexto a más de un analista para contraponer el espíritu supuestamente idílico de la Transición con el clima actual de confrontación civil que promueve, según ellos, el presidente del Gobierno.
La Transición fue un proceso singular para un momento excepcional, y, por lo tanto, por mucho que disguste a los nostálgicos, su vigencia ha periclitado. Evidentemente, el escenario ideal para cualquier sociedad es que cada iniciativa goce del apoyo político pleno. Cuando ello no es posible, la democracia otorga el poder decisorio a la mayoría parlamentaria. Esa mayoría la puede ostentar un solo partido o ser conseguida mediante diversas combinaciones aritméticas. Son obviedades, pero nunca sobra recordarlas a quienes parecen temer la consolidación de la democracia y lloran como troyanas por las épocas del “consenso”.
José María Aznar no apeló al consenso para adoptar la mayor parte de sus medidas; el caso más paradigmático fue la guerra ilegal de Irak. En realidad, la derecha invoca el espíritu de la Transición según las circunstancias, cuando se ponen en marcha iniciativas que chocan contra sus intereses o sus principios morales. Durante la actual crisis económica, para evitar derivas por ellos indeseadas, los analistas conservadores no han cesado de exigir a Zapatero un “gran pacto” con el PP. Hasta hace bien poco le ponían como ejemplo el acuerdo de gobierno de democristianos y socialdemócratas en Alemania. Pero resulta que, tras los últimos comicios, Angela Merkel se ha aliado con los liberales, por lo que ya no vale la cantinela sobre la ejemplaridad pactista alemana. En el tema del aborto, los denominados provida se desgañitan exigiendo “consenso”, cuando no aceptan otra realidad que la abolición del aborto.
La democracia se basa en el principio de que la mayoría decida y que la minoría esté protegida. Así de sencillo. La reforma de la ley del aborto no vulnerará los derechos de la minoría, por la simple razón de que no obligará a nadie a interrumpir su embarazo: se tratará, como hoy, de una opción personal.
Cuando se siguen los acontecimientos en el PP, da la impresión de que estamos ante un partido en diferido. Todo parece suceder con retraso con respecto al tiempo real. Ahora resulta que el Comité de Derechos y Garantías del PP decide apartar cautelarmente a Ricardo Costa de su cargo de secretario general del PP valenciano, cuando creíamos haber entendido que ya había tenido lugar esa sanción. Si el PP actuara en tiempo real, la noticia en estos momentos debía ser que Francisco Camps, jefe de Costa, es apartado de su cargo de presidente del partido en Valencia. Pero aún no llega la señal.
El responsable de este desajuste cronológico no es otro que Mariano Rajoy. El líder nacional de los conservadores prefiere denominar “paciencia” a ese desajuste. Alega que la paciencia es una de las principales virtudes que hay que tener en la política. Pero, eso sí, añade que “Santo Job sólo hay uno”, dando a entender que se le acabó su ración particular de aguante, y anuncia que el martes va a poner la casa en orden tras los últimos episodios del sainete del PP.
En la agenda está la batalla por Caja Madrid, y las declaraciones del vicealcalde madrileño, Manuel Cobo, en las que arremetía con inusual dureza contra Esperanza Aguirre y por las cuales la presidenta de la Comunidad ha exigido sanciones contra el brazo derecho del alcalde Gallardón.
El Job bíblico era un hombre cabal, que fue sometido por el Demonio a una serie de terribles adversidades con el fin de medir su resistencia y su fe. Pese a perder a sus hijos y propiedades y ser quejado de lepra, no renegó de Dios, pero sí le dirigió unas duras imprecaciones porque consideraba que no merecía tantas desgracias. Al final, Dios lo reprendió por haber dudado, pero lo perdonó y lo colmó de felicidad. ¿Podrá Rajoy recuperar la alegría, con los dos graneros de votos del PP convertidos en sendos campos de batalla y, sobre todo, con Aznar arengando con que el partido “necesita un líder, no varios”? Difícil. La autoridad del líder del PP se encuentra mucho más minada de lo que estaba la fe del Santo Job.
Al contrario de lo que le sucede a Francisco Camps, que no encuentra la palabra para describir su hermosa relación con el magistrado De la Rúa, el diccionario contiene un vocablo muy preciso, bisílabo y sonoro para definir lo que ocurre en el PP. Guerra. A juzgar por lo que se ha visto en las últimas 24 horas, estamos ante una conflagración de alta intensidad, no una de esas escaramuzas salpicadas de sonrisas a las que nos han tenido acostumbrados hasta ahora Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón.
Las guerras suelen tener un detonante, como lo fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando en el caso de la Primera Guerra Mundial. En este caso es la lucha por el control de Caja Madrid. Pero el telón de fondo es el pulso por el control del PP. La secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, ha pedido a los suyos que laven los trapos en casa. Pero ya es demasiado tarde para que esas apelaciones surtan efecto: el número dos de Gallardón, Manuel Cobo, ataca a Aguirre; la presidenta reacciona con virulencia y mantiene su apuesta por Ignacio González para presidir Caja Madrid… Al mismo tiempo, Ricardo Costa sigue de secretario general del PP valenciano pese a que la dirección nacional lo daba por destituido. La caja de Pandora se ha abierto, soltando todos los demonios a la cara de Rajoy.
Con frecuencia leo o escucho la aseveración de que el presidente colombiano, Álvaro Uribe, si optase a un tercer mandato, estaría “siguiendo la estela” del venezolano Hugo Chávez y otros mandatarios latinoamericanos de izquierdas que “pretenden perpetuarse en el poder”. Este artículo no pretende teorizar sobre las bondades o inconvenientes de la reelección presidencial, sino recordar cómo empezó la reciente avalancha de reformas constitucionales que han abierto la puerta a la reelección en América Latina. Vaya por delante la conclusión: el proceso no lo iniciaron los peligrosos rojos, sino políticos del establishment que han recibido desde los centros de poder y desde la mayoría de los medios de comunicación el certificado de demócratas intachables.
La espita la abrió Alberto Fujimori, al que muchos aclamaron en su día como el líder que necesitaba América Latina por su supuesta eficacia administrativa y su mano dura contra el terrorismo. En 1990 llegó a la presidencia. En 1993, dos años antes de que expirara su mandato y previa abolición del Congreso, impuso una reforma constitucional que facultó la reelección. Se presentó en 1995, y ganó. Volvió a postularse en 2000, con el argumento de que era su primer intento de reelección tras la reforma constitucional, y volvió a ganar. Al año siguiente huyó del país en medio de gravísimas acusaciones de violaciones de derechos humanos y corrupción. Hoy paga en su país una condena de 27 años de prisión.
Carlos Saúl Menem fue elegido en 1989 presidente de Argentina para un sexenio. Un año antes de finalizar su periodo promovió un cambio constitucional que limitó los mandatos a cuatro años, pero que permitió la reelección. En 1995 se presentó como candidato y ganó, con lo que consiguió permanecer una década en la Casa Rosada. Mimado por Washington, Menem sembró los polvos de los que surgirían los lodos de la economía argentina. Terminó envuelto en escándalos de venta ilegal de armas, recepción de sobornos y depósitos ilegales de dinero en el exterior.
En 2002 llegó Uribe a la presidencia de Colombia. En 2005 logró, en medio de un escándalo de supuestos pagos de sobornos, una reforma constitucional que le permitió al año siguiente ser reelegido por un cuatrienio más. Ahora sus seguidores promueven una nueva reforma que le permita aspirar a un nuevo periodo. El mandato de Uribe se está viendo sacudido por escándalos de violaciones de derechos humanos y corrupción. Las reformas de Chávez, Correa, Morales y Ortega vinieron después.
Sólo desde la miseria moral se puede intentar sacar tajada política de un drama humano. Este axioma cobra más fuerza, si cabe, cuando el drama aún se encuentra en curso y su desenlace depende de la serenidad y la prudencia con que se afronte la situación. Es lo que sucede con el secuestro del atunero vasco Alakrana frente a las costas somalíes y la reacción del Partido Popular, que, desde el mismo instante del acto de piratería, no ha cesado de hostigar al Gobierno con acusaciones de “debilidad” o de “falta de previsión”.
La ofensiva continuó ayer, coincidiendo con los enredos jurídicos que se están suscitando a raíz de la detención, el 5 de octubre, de dos de los piratas y su puesta a disposición de la Justicia española. El PP critica que se haya traído a los dos secuestradores, por las dificultades que al parecer existen para juzgarlos y las consecuencias que pueda tener su detención para la integridad de los 36 secuestrados. Es cierto que el arresto entraña problemas, pero lo que hizo Defensa fue obedecer le requerimiento del juez de entregar a los capturados.
El PP también critica la supuesta falta de protección de los atuneros. Omite que España participa en el dispositivo de seguridad europeo Atalanta –ignorado irresponsablemente por el Alakrana– y que la ley española impide que militares participen en labores de protección a bordo de los atuneros. Lo que está estudiando el Gobierno, en consonancia con la Organización Marítima Internacional, es retocar la ley para que los armadores puedan contratar seguridad privada con dotación suficiente para repeler ataques.
Pero, con independencia de estos detalles, lo que debe hacer el PP, ahora, es callar. Sería su mejor aportación para lo que todos esperan: un final feliz del drama que llega hoy a su tercera semana.
Al margen de achacar todos los males de la economía a Zapatero y los sindicatos, los empresarios agrupados en la patronal CEOE harían bien en abrir una reflexión sobre la persona que los representa. Según revela hoy Público, el Ministerio de Economía ha abierto una investigación a Díaz Ferrán por irregularidades en la compañía aseguradora Seguros Mercurio. De confirmarse las infracciones, el empresario, que ya fue objeto de medidas especiales de control hace cinco años por motivos semejantes, podría ser inhabilitado durante 10 años para operar en el sector.
El presidente de la CEOE tiene también problemas con su aerolínea Air Comet y es más que probable que recurra a ayudas oficiales para tapar los agujeros. Curioso liberal este, que, cuando llega la crisis, reclama “paréntesis” en la economía de mercado. Curioso interlocutor social de supuesta imparcialidad que califica de “cojonuda” a Esperanza Aguirre y le suelta dinero a la fundación que financia sus campañas electorales.
Ahora, por supuesto, sus amigos del PP y los medios afines denunciarán que es objeto de una cacería por parte del Gobierno. Como con el caso Gürtel. Son los mismos, por cierto, que exigen abaratar el despido y que infaman sin tregua a los sindicatos.
“Para nosotros, la escuela era una obligación, una monotonía tediosa, un lugar donde se tenía que asimilar, en dosis exactamente medidas, la ‘ciencia de todo cuanto no vale la pena saber’, unas materias escolásticas o escolastizadas que para nosotros no tenían relación alguna con el mundo real ni con nuestros intereses personales (…). Los profesores se sentaban arriba, en la tarima, y nosotros, abajo; ellos estaban allí para preguntar, y nosotros para contestar; aparte de éste, no existía entre los dos colectivos relación alguna”.
“Se había impuesto como un axioma el acuerdo de que una persona del sexo femenino no tenía ninguna clase de deseo físico, a no ser que fuera despertado por el hombre, lo cual, huelga decirlo, oficialmente sólo estaba permitido en el matrimonio”.
Los fragmentos anteriores pertenecen a El mundo de ayer, la autobiografía de Stefan Zweig, y describen los ambientes académico y sexual que reinaban en la refinada Viena de finales del siglo XIX. Conviene ojear este libro ahora que sectores conservadores españoles han abierto sendos debates sobre la educación –con especial hincapié en la falta de autoridad del maestro– y la libertad sexual, a la que intentan embridar por vías indirectas, por ejemplo, con protestas contra el aborto o la píldora del día después.
Para mejorar la educación, no hace falta recuperar las tarimas, en contra de lo que propone Esperanza Aguirre, sino fomentar aun más el diálogo entre maestros y alumnos y, sobre todo, modernizar los métodos de educación, de modo que los estudiantes no experimenten el tedio que abrumaba al joven Zweig en su instituto, del que dijo: “El único momento realmente feliz y alegre que debo a la escuela fue el día en que sus puertas se cerraron a mi espalda para siempre”.
En cuanto a la sexualidad, Zweig se alegraba en 1941 (año en que escribió sus memorias) del cambio que había experimentado la sociedad con respecto a la moral mojigata e hipócrita de sus años juveniles. La libertad sexual constituye uno de los grandes avances de la sociedad y los embarazos no deseados forman parte de sus riesgos. Lo que hay que hacer es avanzar mucho más en la educación sexual en las escuelas y, en paralelo, facilitar desde las instituciones públicas la interrupción del embarazo a la mujer que lo desee, como pretende la futura ley. Todo lo demás, como la manifestación del sábado en Madrid, son pretextos que esconden un objetivo último: volver al “mundo de ayer” del que tanto abominó Zweig.
Mariano Rajoy lleva seis meses sin comparecer ante la prensa en la sede nacional del PP. Ayer lo hizo para hablar monográficamente sobre el caso Gürtel, y el resultado fue una exhibición de falta de vergüenza y un insulto a los ciudadanos, incluyendo a los 700.000 militantes de su propio partido. El líder conservador justificó el sacrificio del secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, con el argumento de que el “nivel de exigencia” de un político de su rango debe ser elevado, pero no aplicó la misma doctrina al presidente de la Comunidad y jefe de Costa, Francisco Camps, que decía querer “un huevo” a El Bigotes y lo llamaba “amiguito del alma”. Por el contrario, en una delirante huida hacia adelante, Rajoy ató su destino político al de Camps, a quien expresó su confianza hasta el punto de garantizarle la continuidad como líder de los populares valencianos y postularlo como candidato a las próximas elecciones autonómicas.
Tras presentar la red Gürtel como la de unos chorizos que se aprovechaban de contactos personales, y no institucionales, en el PP, Rajoy llegó al apogeo del cinismo al anunciar un “código de buenas prácticas” para “reforzar la transparencia” de la gestión del partido.
En todo este muladar de corrupción que salpica a varias comunidades gobernadas por el PP y al propio ex tesorero nacional Luis Bárcenas, el único asomo de dignidad lo ha aportado, paradójicamente, el inmolado Costa, que hace unos días afirmó sentir “vergüenza” por las informaciones que aparecían sobre sus andanzas. Vergüenza: es lo que hoy falta en las altas instancias del PP.
Desde círculos de la derecha se ha puesto en marcha una campaña para recuperar a Esperanza Aguirre como recambio de Rajoy. La campaña consiste en contrastar la debilidad del líder del PP en el caso Gürtel con la supuesta firmeza de la presidenta madrileña frente a los tentáculos de la trama corrupta en su región. Según sus panegiristas, Aguirre habría demostrado excelsas dotes políticas al apartar de sus cargos a los principales imputados y expulsarlos posteriormente del grupo parlamentario.
En realidad, lo que ha hecho Aguirre es convertir la necesidad en virtud. Madrid es la región con más imputados en la trama Gürtel. El Gobierno regional adjudicó a empresas de la red corrupta 358 contratos por tres millones de euros. La conexión con el entramado era López Viejo, hombre de la máxima confianza de Aguirre. En lugar de asumir responsabilidades por el estercolero que anidaba en su comunidad, la presidenta realizó en febrero su primera cabriola: destituyó a López Viejo como consejero, pero presentó la operación ante la opinión pública como una “generosa” dimisión voluntaria para contener a “los que están impulsando una campaña de desprestigio contra el PP”. La destitución no constituyó, por tanto, un ejercicio de ejemplaridad democrática como ahora se pretende hacer creer.
Hace unos días, cuando ya el escándalo había roto todos los diques de contención, Aguirre expulsó a López Viejo, Martín Vasco y Bosch del grupo parlamentario. Los acólitos de la presidenta alabaron como una nueva exhibición de altura política lo que no es más que una maniobra, muy hábil por cierto, para marcar distancias con respecto a Rajoy y la ramificación valenciana del escándalo. ¿Por qué Aguirre no expulsó del grupo parlamentario a López Viejo el mismo día en que lo apartó de su cargo administrativo? ¿Acaso una persona que no es digna de un puesto burocrático sí lo es para representar al pueblo en la Asamblea?
Por lo demás, la lideresa sigue sin pronunciarse sobre Fundescam, una fundación oscura montada por el PP madrileño que financió las campañas en que Aguirre conquistó la presidencia de la comunidad con la ayuda de dos tránsfugas socialistas. La fundación se nutría de aportaciones de empresarios que luego recibían contratos millonarios de la Administración. Tampoco esto parece ir con Aguirre. Una persona de gran astucia política que cuenta con altavoces mediáticos muy fieles, empeñados ahora en erigirla en paladín de la lucha contra la corrupción.
