El Gobierno israelí se esforzó ayer por justificar la brutal actuación del Ejército contra la llamada Flotilla de la Libertad, que dejó nueve muertos, argumentando que los supuestos pacifistas –o muchos de ellos– respondían a otros intereses que los meramente humanitarios y que ellos atacaron a los soldados israelíes antes de que estos abrieran fuego. Incluso aunque fuesen ciertas ambas afirmaciones, no justificarían de ningún modo una operación doblemente censurable que vulneró abiertamente el derecho al producirse en aguas internacionales y, sobre todo, que provocó unas muertes que se hubiesen podido evitar si la estrategia de contención se hubiese planificado de otra manera en las instancias políticas, como numerosos analistas de la propia prensa israelí recalcaban ayer.

No basta con "lamentar" lo ocurrido, como hizo ayer la ONU. La comunidad internacional debería mostrar más firmeza ante el Ejecutivo de Netanyahu, como cabe esperar que haga contra cualquier gobierno que apruebe o justifique la violación de la ley internacional y promueva o defienda acciones claramente desproporcionadas de violencia. Al mismo tiempo, los países con capacidad de influencia, con EEUU a la cabeza, deberían actuar sin más dilaciones para poner fin de una vez por todas a la afrentosa ocupación de Cisjordania y Gaza, de modo que los palestinos puedan tener un Estado donde vivir como ciudadanos libres. El derecho de Israel a la existencia y a la seguridad no debería invocarse para justificar la humillación y la vulneración de los derechos fundamentales de un pueblo, que es el problema de fondo.