El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, provocó la noche del jueves pasado un nuevo sobresalto en el PP al activar por sorpresa su maquinaria para las elecciones de 2011. El líder del PP, Mariano Rajoy, había ordenado paralizar la constitución de candidaturas en aquellas organizaciones pendientes de procesos judiciales que puedan afectarlas, hasta conocer la evolución de los mismos. En abierto desacato a las instrucciones de su jefe máximo, Camps, imputado él mismo por cohecho impropio en el caso Gürtel, no sólo reafirmó su voluntad de presentarse a un nuevo mandato autonómico, sino que anunció un comité de campaña y otro electoral muy singulares en los que figuran varios nombres relacionados también con la citada trama de corrupción.

La maniobra tomó por sorpresa a la cúpula del PP, aunque dirigentes del partido se afanaban ayer por convencer a los periodistas de que Rajoy estaba avisado de la decisión del presidente valenciano. Tal vez pretendían así disipar dudas sobre la autoridad del líder, pero lo que han conseguido es el efecto contrario: presentar a este como un dirigente que se pliega con docilidad a la estrategia de un barón territorial y
–peor aún– como un político incapaz de defender su supuesto compromiso en la lucha contra la corrupción al permitir que sus instrucciones al respecto se conviertan con facilidad en papel mojado. Pero hay algo más preocupante que el grado de información de Rajoy sobre las andanzas de sus compañeros de partido y es la sensación de que el PP carece de voluntad para segar la maleza de su jardín.