El Consejo de Ministros puso ayer en marcha el proceso de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para rescatar algunos artículos del Estatut referidos al ámbito judicial que fueron derogados por el Tribunal Constitucional en junio pasado. En contra de lo que vociferan machaconamente el PP y sus medios afines, el Ejecutivo no está buscando atajos fraudulentos para sortear la decisión del Constitucional y romper España, sino que está siguiendo, precisamente, el camino señalado por el propio tribunal en su sentencia. Lo que vinieron a decir los magistrados es que la LOPJ, y no los estatutos autonómicos, es el instrumento para aprobar una descentralización de la justicia como la que se planteaba en el texto catalán.

Lo que está ahora por ver es cómo diseñará la reforma legal el departamento que dirige Francisco Caamaño y si el texto satisfará las aspiraciones de los catalanes, muchos de los cuales querrían una transferencia efectiva de competencias judiciales más que una delegación de funciones desde las instituciones centrales del Estado. Mientras se perfila el proyecto, lo que parece irreversible es que se avanzará en el camino de la descentralización de la Justicia, lo cual resulta coherente con el modelo territorial establecido en la Constitución. Hay quienes piensan, por supuesto, que cualquier transferencia de poder a las autonomías es un paso hacia la desintegración de España, sobre todo si las autonomías son Catalunya o Euskadi y si el Gobierno que cede las competencias no es de su simpatía personal.