Desde que comenzó la actual crisis económica internacional, cada vez arraiga con mayor fuerza entre los ciudadanos la convicción de estar pagando por una catástrofe de la que no son responsables. Peor aún, de que los verdaderos culpables, tras unos momentos iniciales de contención, han vuelto con más bríos que nunca a imponer sus reglas aprovechando el clima imperante de incertidumbre y zozobra. Esta sensación de injusticia dificulta al Gobierno aún más, si cabe, su tarea de convencer a la sociedad sobre las supuestas bondades de las últimas iniciativas en materia laboral y de prestaciones sociales. Ayer, sin ir más lejos, el ministro de Trabajo defendió ampliar la base de cálculo para las pensiones y extender el periodo laboral para el acceso a la jubilación. Además, en el trámite legislativo de la reforma laboral, el PSOE pactó con CiU una enmienda que recortará a los parados de 100 a 30 días el período de gracia para rechazar propuestas de cursos de formación.

El Gobierno insiste en que el conjunto de su política está dirigido a crear empleo y combatir la precariedad laboral, así como para garantizar el futuro del sistema de pensiones. Los sindicatos consideran que se está produciendo el mayor ataque a los derechos de los trabajadores en democracia. Con independencia de las argumentaciones de unos y otros, lo más difícil de aceptar de estas regresiones del Estado del bienestar –que lo son, al margen de cuáles sean sus resultados– es que se están impulsando sin que se hubieran explorado otras alternativas menos sumisas a los dictados del neoliberalismo económico.