Un sistema electoral injusto

12 Oct 2010
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Hace algo más de año y medio, a petición del Gobierno, el Consejo de Estado reflexionó a fondo sobre el sistema electoral español con vistas a su posible revisión. El dictamen del órgano consultivo no dejó lugar a dudas: el sistema vigente presenta “desajustes importantes” y contiene aspectos “susceptibles de mejora para garantizar la igualdad de electores y partidos”.

El Consejo propuso aumentar en 50 los 350 escaños actuales, reducir de dos a un diputado la representación mínima de cada provincia y sustituir la fórmula de traducción de votos en escaños, la ley d’Hondt, por otra más proporcional. Aquella propuesta cayó en saco roto por la oposición del PSOE, el PP y los principales partidos nacionalistas. Ahora, socialistas y conservadores se disponen a impulsar una reforma electoral que, como una ley escoba, toca muchas cuerdas, menos la sustancial: perfeccionar la democracia e impedir que más de dos millones de votantes se queden tras las elecciones sin representación parlamentaria.

El actual modelo beneficia de manera especial al PSOE y el PP. En contra de lo que sostienen algunos furibundos centralistas, las formaciones nacionalistas apenas obtienen ventajas en la distribución de escaños, aunque sí se aseguran un poder notable como llave para la gobernabilidad. Los grandes perjudicados son los demás partidos de ambición estatal, sobre todo IU-ICV, y en menor medida UPyD. También resultan afectados ciertos partidos regionales. Pero, al margen de discusiones partidistas, los principales damnificados son los dos millones de ciudadanos que ven con impotencia cómo su voto carece de valor.


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