En medio de un impresionante despliegue informativo, hoy comienza el rescate de los 33 mineros atrapados desde hace dos meses en una galería a casi 700 metros de profundidad. Si en algo existe unanimidad en estos momentos es en el deseo de que la operación culmine con éxito y en que los trabajadores puedan regresar junto a sus familias y amigos tras soportar con admirable entereza una experiencia espantosa que seguramente les marcará el resto de su existencia. Lo que cabría esperar, una vez se encuentren sanos y salvos, es que el drama por ellos vivido tenga consecuencias. Por ejemplo, que propicie un debate serio sobre las condiciones laborales en Chile y, de modo más general, sobre las enormes desigualdades sociales que caracterizan al país latinoamericano más alabado por los círculos neoliberales. El caso de los 33 mineros es paradigmático: ellos y otros 300 compañeros de la mina San José ganan, a lo sumo, 900 euros mensuales, llevaban dos meses sin cobrar –sin que el Gobierno se haya preocupado mucho por este detalle–, y la empresa que los emplea afronta varios expedientes por las condiciones de inseguridad en las minas.

En vez del necesario debate, lo que se ha visto por parte de las autoridades chilenas, con la ayuda de las grandes cadenas de televisión, es un intento descarado por rentabilizar el caso, convirtiéndolo en una exhibición de fervor nacional mediante la utilización de la más rancia retórica patriotera. Cuando los focos se apaguen y amaine el ruido, ya habrá tiempo de preguntar al ultraliberal presidente Piñera qué piensa hacer por los mineros, y por todos los trabajadores, de Chile.