En un clima de abierta confrontación social, Francia vivirá hoy una nueva jornada de protesta –la quinta de este otoño– contra la pretensión del Gobierno de aumentar la edad de jubilación. A menos que las movilizaciones consigan en el último momento doblegar al presidente Sarkozy, cosa bastante improbable, el Senado aprobará mañana la nueva normativa, que supone un claro retroceso en los derechos de los trabajadores. Desde el Gobierno y algunos influyentes medios de comunicación se está intentando desacreditar la protesta con admoniciones sobre su supuesta deriva radical. También se subraya con insistencia la pretendida irresponsabilidad de los sindicatos convocantes, con el argumento de que la reforma es "inevitable" para garantizar el sistema de pensiones en el futuro.

Sin embargo, esos discursos no convencen a los manifestantes ni al 70% de los franceses que apoya las movilizaciones. La posición predominante en la opinión pública parece indicar que, aunque en efecto se hayan producido indeseables brotes de violencia en las protestas, estos son consecuencia de un clima generado por una violencia mucho mayor: la de un liberalismo económico salvaje que, después de hundir al mundo en una terrible crisis y dejar exhaustas las arcas de los Estados, vuelve con arrogancia a imponer su ley.

Hace dos años, cuando empezaba la debacle, Sarkozy propuso "refundar" el capitalismo. Aquel discurso grandilocuente se esfumó. Ahora lo que se impone es quitar derechos a los ciudadanos y no molestar a "los mercados". Y tachar de "radicales" a los que se plantan.