La Audiencia de Castellón ha declarado la prescripción de cuatro de los cinco delitos fiscales que se imputan al presidente de la Diputación y del PP provincial, Carlos Fabra. Gracias a esa decisión, el "ciudadano ejemplar" –como lo definió Mariano Rajoy– no tendrá que explicar el origen de varios millones de euros que ocultó a Hacienda entre 2000 y 2003, salvo que prosperen los recursos que han anunciado las acusaciones. Al Partido Popular apenas le faltó tiempo para celebrar el auto judicial como una victoria propia por la supuesta demostración de la inocencia de Fabra, sin importarle un bledo las consecuencias negativas que un carpetazo del expediente pueda tener para las arcas públicas y para la confianza de los ciudadanos en el sistema judicial.

El PP lleva ya mucho tiempo demostrando su escasa consideración por la justicia, entendida esta como un procedimiento para aclarar los hechos, no para enterrarlos por la desidia o la connivencia de las acusaciones públicas o los tribunales. Su declarada "colaboración con la justicia" consiste en buscar subterfugios para la prescripción de los delitos –como sucedió también con el caso Fundescam, de financiación ilegal de la campaña de Esperanza Aguirre de 2003– o el archivo por defecto de forma, como pretende hacer con el caso Gürtel. Que dichas estrategias tengan cobertura legal no las hace ejemplares, menos aún si quienes las utilizan son organizaciones o dirigentes políticos. Ningún buen demócrata debería regocijarse con la decisión de la Audiencia de Castellón.