Una democracia nunca será plena si carece de mecanismos eficaces que sometan a los representantes públicos al escrutinio de los ciudadanos. En ese sentido, hay que saludar como un paso en la buena dirección –aunque llegue con retraso y en un contexto de puja con el PP– la iniciativa de los presidentes del Congreso y el Senado, José Bono y Javier Rojo, para que los parlamentarios hagan públicos sus ingresos, actividades, patrimonios e intereses. La fórmula de referencia es la ley que el propio Bono impulsó en Castilla-La Mancha en 1995 cuando presidía esa comunidad y que constituye hoy la normativa más avanzada de España en materia de transparencia. Los presidentes de las dos cámaras legislativas han abierto un plazo de 15 días para que los distintos partidos presenten propuestas, de modo que aún es pronto para saber hasta dónde están dispuestos a llegar sus señorías en el compromiso. Cabe confiar en que actúen con sensatez y entiendan que la sociedad, bastante castigada por los efectos de la crisis, merece explicaciones claras sobre el destino de los recursos públicos y la actuación de sus representantes.

En contra de cierta opinión extendida, los políticos no son unos privilegiados ni ganan fortunas con la actividad pública. A lo que contribuiría una norma de transparencia es a que los ciudadanos puedan controlar que los parlamentarios se dedican en exclusiva a su tarea y no la ponen al servicio de intereses particulares. En este escenario, por cierto, no es nada ejemplar la decisión del PSOE y el PP de mantener la pensión pública para los ex presidentes con ingresos de empresas privadas.